Antonio Gordillo Gómez

Expediente 825/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
825/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Antonio Gordillo Gómez
  • Antonio Gordillo Gómez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de agosto de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso a), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha fijadas para que tenga verificativo la Audiencia Constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio citado al rubro, promovido por Antonio Gordillo Gómez, con apoyo en el artículo 34 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, y además privilegiando el trabajo a distancia a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, en el caso conferencia telefónica, se levanta la presente acta con la participación del licenciado Felipe Sifuentes Servín Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria con quien actúa y da fe, el licenciado Omar Maldonado Villafuerte, sin la comparecencia personal de ninguna de las partes, ni representantes de las mismas, la declaró abierta. Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, sin la participación de las partes, no obstante que en proveído de veinte de junio del año en curso, se les hizo del conocimiento sobre su derecho de estar presentes en la misma, sin que al efecto hayan manifestado su deseo de ejercer tal prerrogativa. A continuación el Secretario hace relación de las constancias del expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda; auto de veinte de junio de dos mil veintidós, por el cual se admitió la demanda de amparo; proveído de catorce de julio del año en curso, por el cual se tuvo por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable. EL JUEZ DE DISTRITO ACUERDA: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe justificado, el que será tomado en consideración al momento de resolver el presente juicio, para todos los efectos legales a que haya lugar. SE ABRE EL PERÍODO PROBATORIO. Donde el Secretario da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa anexas a su escrito de demanda y las remitidas por la autoridad responsable, en apoyo a su informe con justificación, consistentes en copias certificadas del folio de ejidos y comunidades enajenación de derechos parcelarios de ejido Agua Perla, con número de folio 07115013116041981R, y certificados de derechos sobre tierras de uso común 000001073030, 000001073031, 000001073032, 000001073033, 000001073036, 000001073037, 000001073039, y oficio D´CHIS/03646/2022, las cuales obran agregadas en autos. EL JUEZ DE DISTRITO ACUERDA: Ténganse en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, por ofrecidas, admitidas y en virtud de su especial naturaleza por desahogadas las pruebas documentales relacionadas anteriormente, sin perjuicio que sean tomadas en consideración de acuerdo a las reglas de adminiculación y valoración de la prueba. SE ABRE EL PERIODO DE ALEGATOS. El Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. SE CIERRA EL PERIODO DE ALEGATOS. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 825/2022, promovido por Antonio Gordillo Gómez, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional Delegación Chiapas, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ESCRITO DE DEMANDA. Mediante libelo de demanda presentada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; y, el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, se tuvo por recibida la demanda de amparo, signada por Antonio Gordillo Gómez, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que a continuación se precisan: Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. IV. ACTO RECLAMADO. El silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada a la Oficialía de Partes del Registro Agrario Nacional, a través del Servicio Postal Mexicano, Correos de México, de catorce de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, por violar el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas, las contenidas en los artículos 8 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISION DE DEMANDA Y TRÁMITE. En proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, a quien por razón de turno le tocó conocer de la demanda planteada, la tuvo por recibida, registrándola en el Libro de Gobierno bajo el número 825/2022, admitió a trámite, solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, dio la intervención que por ley corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, artículos 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2021 que complementa el Acuerdo General 3/2013, pronunciados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: La omisión de dar respuesta al escrito de catorce de marzo de dos mil veintidós. Es aplicable, la tesis que adelante se trascribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO: El Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas,, residente en esta ciudad, al rendir informe con justificación manifestó que es cierto el acto que le atribuye en esta vía. Sin embargo, informó que en atención a la solicitud de trámite 07220006407, expidió nuevos Certificados de Derechos Parcelarios números 000001073030, 000001073031, 000001073032, 000001073033, 000001073036, 000001073037, 000001073039, a favor del aquí quejoso y notificado a través del oficio D´CHIS/03646/2022, ocurre a Oficinas de la responsable, de once de julio de dos mil veintidós. Resulta aplicable, la jurisprudencia del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe, a la que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo. Aplica a lo anterior, la Jurisprudencia que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Sirve de apoyo, por las razones que la integran, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." Así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer el juicio, en relación con el numeral 63, fracción V, del ordenamiento citado, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior." De una interpretación a los preceptos legales transcritos, se arriba a la convicción que la causal de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La referida improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el numeral 77 de la ley reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución General de la República; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad, en el caso, que estaba incurriendo en la omisión de dar contestación a su escrito de catorce de marzo de dos mil veintidós; deja de afectar la esfera jurídica del quejoso de referencia, al cesar su actuación omisa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos negativos de la autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la referida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite declarar insubsistente o sin efecto por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo este tenor, se afirma que la citada causa de improcedencia se actualiza, pues, a la fecha de la presentación de la demanda de garantías, es decir, dieciséis de junio de dos mil veintidós, era evidente la existencia del acto reclamado a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Sin embargo, la autoridad responsable al rendir su informe de ley envió copias certificadas de las constancias de las que se advierte que expidió nuevos Certificados de Derechos Parcelarios números000001073030, 000001073031, 000001073032, 000001073033, 000001073036, 000001073037, 000001073039, a favor del aquí quejoso Antonio Gordillo Gómez; constancias que adquieren valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202, primera parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Así, es indudable que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a su escrito de catorce de marzo de dos mil veintidós a favor del quejoso Antonio Gordillo Gómez, como se dijo, de las constancias que remitió el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, las cuales han sido valoradas en términos de ley, quedó acreditado que dicha circunstancia ya aconteció. En tal virtud, es claro que tal situación actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, pues la omisión de la que se dolía desapareció, de ahí que, la autoridad responsable, dejó de agraviar la esfera jurídica de aquélla, en razón que el acto omisivo atribuido, ya no se encuentra surtiendo efectos. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la Jurisprudencia, del siguiente tenor: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." La razón que justifica el sobreseimiento de referencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que ya no afecta en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, como se dijo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que, PROCEDE ES SOBRESEER en el presente juicio de garantías respecto al acto reclamado a la autoridad Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la mencionada Ley de la Materia. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 825/2022-V, promovido por Antonio Gordillo Gómez, contra el acto reclamado, a la autoridad precisada y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada de conformidad a lo establecido en el considerando último de la misma. NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firman de manera electrónica, con fundamento en lo previsto por el artículo 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el licenciado Felipe Sifuentes Servín, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, quien actúa con el licenciado Omar Maldonado Villafuerte, Secretario que autoriza y certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la siguiente autoridad: Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado de referencia. Se tiene a la autoridad oficiante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita; y, como delegados, en términos del artículo 9, de la Ley de la Materia, a los profesionistas que indica. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, la documental que anexa la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. Con el contenido del informe y constancias de que se trata, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de junio de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, de esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al oficio 16760/2022, y en atención al requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, informa lo relativo a la suspensión de plano concedida al menor; asimismo, hace de conocimiento que en atención al oficio DAM/SAH/AJ/404/2022, signado por el Director de Atención Médica de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas e Instituto de Salud, informa que quedó programada para las doce horas del veintidós de junio de dos mil veintidós, la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, al menor quejoso; por lo que deberá presentarse en el área de gobierno del Hospital General "Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza", ubicado en Libramiento Norte S/N, esquina Boulevard Centenario del Ejército Mexicano, Fraccionamiento Las Torres, de esta ciudad. Al efecto, dese vista a la parte quejosa con copia del oficio que se provee con el objeto que el menor se presente en la hora y fecha señalada en el hospital asignado para la aplicación de la vacuna ordenada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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