Antonio Gonzalez Ruiz

Expediente 33/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
33/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
15/01/2016

Partes del expediente

  • Antonio Gonzalez Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA II-B "... Agréguese los oficios... rinden informe justificado, por el plazo de ocho días, se da vista a las partes... Para dar margen a lo anterior, de manera anticipada se difiere la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, y se fijan las DIEZ HORAS CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo..."

  2. Principal

    MESA 3-B "... Visto el estado procesal actual de los autos y la certificación secretarial; toda vez que, en la especie, por auto de veintisiete de enero de este propio año (fojas 29 y 30), se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de garantías y dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para los efectos legales consiguientes. Hágase del conocimiento de lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente y el original del incidente de suspensión, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo..."

  3. Principal

    MESA III-B "... Visto el estado procesal actual de los autos, se advierte que este expediente se encuentra integrado, con los informes de las autoridades responsables; quienes negaron categóricamente la existencia de los actos que les reclama la parte quejosa ANTONIO GONZÁLEZ RUIZ, consistentes en la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos Treclamados, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulta innecesario esperar a la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, para resolver este juicio de garantías; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el contenido de tales informes rendidos por las autoridades responsables de inexistencia de los actos reclamados, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de m anera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Sobreseimiento que comprende el diverso acto de ejecución que, en vía de consecuencia se reclama a la autoridad ejecutora; por cuanto que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo desprender del acto de ordenamiento del cual deriva. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contradice a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si estos no se combaten por vicios propios". (Publicada con el número VI2°. J/7, visible a foja 690, Tomo II, Tribunales Colegiados de Circuito, Segunda Parte-2, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época). No obstante lo anterior, SI por cualesquiera situación, no reflejada AHORA en estos autos; resultara la existencia de los actos reclamados; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de esos actos de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de garantías. Sin que obste, para llevar a cabo esta audiencia, que las autoridades responsables; no rindieron su informe justificado, con la anticipación de ocho días, a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo; pues en el caso no existe un fin práctico, que pudiera favorecer al quejoso, ya que en el presente caso, no se advierte que el diferimiento de esta audiencia, genere beneficio al peticionario de amparo, pues diferida o no la audiencia constitucional, el contenido del informe justificado rendido por dichas autoridades responsables, de inexistencia del acto reclamado, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo, en tanto no ocurre supuesto de probar en contra de la "justificación" del informe; y, particularmente, en el caso, la parte quejosa no concurre a la audiencia, ni promueve para proponerse desvirtuar el tenor negativo, tampoco solicita el diferimiento de esta audiencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO QUE SEÑALÓ PARA SER NOTIFICADO EL 04 DE FEBRERO DE 2015. CONSTE. 9

  4. Incidental

    ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil quince. Como está ordenado en el cuaderno principal, en auto de esta fecha, con dos copias de la demanda; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 115, 125, 128, 130, 136, 138, 140, 150 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; fórmese por separado y por duplicado, el incidente de suspensión del juicio de amparo número 84/2015, promovido ISMAEL ALEJANDRO GARCÍA GONZÁLEZ, contra actos del Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, residente en esta ciudad, y otras autoridades; DEBIENDO CONSERVARSE EL DUPLICADO, COMPLETO con TODAS las CONSTANCIAS que conforman el cuaderno ORIGINAL; en el entendido que las prescripciones que el legislador estableció en el numeral 128, párrafo último, inclusive han de ser así las PROMOCIONES de las partes y los ANEXOS que se acompañen. Pídase a las autoridades responsables informe previo, que deberán rendir, por duplicado y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, como lo dispone el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, siguientes a su legal notificación; por su parte, las autoridades judiciales deberán precisar cuáles son los delitos que se imputan a la parte quejosa y si éstos, están catalogados como graves, incluyendo sus modalidades, la penalidad legal aplicable y la cuantía de los daños causados, o beneficio económico obtenido, en caso de que se trate de delitos de carácter patrimonial, o el monto estimado de la reparación del daño. Se señalan las NUEVE HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. En principio, cabe precisar que tomando en consideración que, en el caso, la parte quejosa solicita la medida cautelar de un acto en materia penal, únicamente el pronunciamiento de la suspensión de fondo, no así el trámite, se regirá conforme a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; ello, en términos del artículo décimo transitorio, en relación con el diverso segundo, parte última de la Ley de Amparo en vigor . Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el Estado de Oaxaca ha adoptado el sistema procesal penal acusatorio, también lo es ha sido de manera parcial, sin que haya entrado en vigor donde residen las autoridades responsables; máxime que su denominación tampoco se ajusta a la de aquéllas, es decir, que se trate de Jueces de Garantía. Así las cosas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, para el caso de que el delito por el que se sigue el proceso relativo a la parte quejosa, permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme a lo establecido en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho (en adelante Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), se concede la suspensión provisional, contra la EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, reclamada a las autoridades judiciales señaladas como responsables, para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y la parte quejosa no sea privada de su libertad personal con motivo de la orden citada, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal y a la del juez de la causa para la continuación del proceso penal de donde emana el acto reclamado. Medida precautoria que surte efectos desde este momento, pero dejará de surtirlos si no se cumple con los requisitos de eficacia siguientes: a) Que la parte quejosa, conforme al artículo 136, en relación con el diverso 138 de la Ley de Amparo vigente, a partir del día siguiente al de la notificación del presente auto, EXHIBA a disposición de este Juzgado, dentro del plazo de cinco días, garantía económica por la cantidad de DOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($2,000.00); suma que se fija en uso de la facultad discrecional con que cuenta este Juzgador, en billete de depósito, fianza, hipoteca o en cualquiera de las formas establecidas por la ley, legal y formalmente constituida; cantidad que al momento de emitirse resolución definitiva en el presente incidente, podrá ser modificada, ajustándola al monto estimado del probable daño causado con la comisión del hecho delictuoso, si es que éste existe, sin aún garantizar y las probables sanciones pecuniarias a imponer que se desprendan de los informes previos de las responsables; además, tomando en cuenta la situación económica que acredite la parte quejosa en esta incidencia, con cualquiera de los medios legales que la ley establezca, sus dependientes económicos y las pruebas existentes; para apreciar sobre la factibilidad de que la parte quejosa se sustraiga a la acción de la justicia. Cabe precisar que de exhibir billete de depósito se deberá externar de quién es dicho numerario; en el entendido que de no realizar expresamente dicha manifestación, se entenderá que es del depositante. b) Obligadamente COMPAREZCA ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA, dentro del plazo de tres días, PARA QUE RINDA SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, cuya actuación resulta necesaria para LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO PENAL NATURAL; medida de aseguramiento obligatoria, como lo dispone el artículo 138, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, el plazo de tres días concedido, se computará a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del informe previo, u otra constancia en la que aparezca la existencia de la orden (es) judicial de aprehensión, y el juez que la dictó; en términos de los artículos 24, fracción II y 34, fracción II, de la Ley de Amparo, para que entonces, esté en aptitud y obligación legal y material, de acatar la medida de aseguramiento referida. Además, dentro de las siguientes setenta y dos horas de dicho plazo, la parte quejosa deberá acreditar ante este Juzgado el cumplimiento de la obligación fijada en el inciso b); con apercibimiento que de no realizar la comparecencia o no acreditarla aquí, en su caso, se hará efectiva la garantía pecuniaria a favor del Erario Federal, en términos del artículo 48, párrafo segundo, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Medidas de aseguramiento de la parte quejosa, que se implementan a efecto de que, de esa manera, pueda ser devuelta a la autoridad responsable ordenadora, en caso de no concedérsele el amparo. Al respecto, las autoridades responsables que conozcan de la causa de la que emana el acto de ordenamiento reclamado, deberán informar si la parte quejosa comparece o no, ante ellas, dentro de los plazos fijados; cuyo informe, ha de rendirse hasta cuarenta y ocho horas después de fenecido cada plazo. En la inteligencia que, de no exhibir garantía económica o de no comparecer ante las autoridades responsables, o no acreditarlo en los plazos apuntados, dejará de surtir efectos la suspensión que ahora se concede y quedarán expeditas las facultades de las mismas para ejecutar la orden judicial de aprehensión combatida; respecto de lo cual, en su oportunidad y en su caso, COMUNÍQUESE a las autoridades responsables correspondientes. EN TANTO QUE SI EL DELITO POR EL QUE SE INSTRUYE EL PROCESO A LA PARTE QUEJOSA; NO PERMITE EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, CONFORME AL PRECEPTO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; CON APOYO EN EL NORMATIVO 136, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DE AMPARO, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SÓLO SE OTORGA, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN; PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE, UNA VEZ DETENIDA LA PARTE AQUÍ QUEJOSA, QUEDE A DISPOSICIÓN DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, POR LO QUE RESPECTA A SU LIBERTAD PERSONAL, EN EL LUGAR DONDE SEA INTERNADA, ASÍ COMO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE SU CAUSA, POR LO QUE ATAÑE A LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO PENAL. La presente medida suspensional tampoco surtirá efectos, si se sorprende a la parte quejosa en flagrancia (propia), cuasiflagrancia o presunción de flagrancia (o equiparada) de delito (s), o si se trata del cumplimiento de orden de: reaprehensión, comparecencia no acatada voluntariamente, arraigo, o arresto; ni respecto de orden de APREHENSIÓN, dictada por autoridades judiciales distintas a las señaladas aquí como responsables; y tampoco si el acto reclamado cuya certeza reconozcan las responsables, ya fue objeto de análisis en diversa medida cautelar de amparo. Esta medida cautelar, durará, hasta que se firme la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, y la denominación que indica; de resultar que no existen, se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales; y en su oportunidad, se resolverá la litis incidental, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o señalamiento corregido. Asimismo, se ordena al Secretario correspondiente que en caso de que la autoridad responsable reproduzca sus comunicaciones, sin diverso acuerdo, realizando únicamente la certificación respectiva, deberán glosarse a los autos. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizadas a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada del presente auto, se tienen por autorizados para recibirla a las personas que nombra." MESA II-A

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