Antonio González Huerta
Expediente 883/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio González Huerta
- Antonio González Huerta y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la razón de entrega de documentos, de la que se advierte que el quince de noviembre pasado *********, autorizado de la parte quejosa, compareció ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que se adjuntaron al escrito inicial de demanda, tal como se ordenó en proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho; en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico para que haga las anotaciones correspondientes.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa la copia certificada de las constancias que indica y devuélvasele los documentos que solicita, dejándose en su lugar copia certificada, previa identificación y razón que de su entrega se deje en autos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 883/2018-I. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "(.)" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada(...) " . Como se desprende de la transcripción de la fracción XXIII del artículos 61, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados a contrario sensu, tal causa de improcedencia se actualiza debido a la carencia de legitimación activa para promover el juicio de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que los quejosos acuden en esta instancia constitucional ostentándose como terceros extraños al toca de apelación número 131/2016 del índice de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, del que deriva el acto reclamado, consistente en la orden de desposesión del predio denominado ********************, con una superficie de 2.80 hectáreas, ubicado en la Comunidad de Tierrafría del municipio de ********************, finca que forma parte de las parcelas identificadas con los número ******************** y ********************, pertenecientes al Ejido de ********** de dicha localidad; toca de apelación surgido de la carpeta de ejecución ********************, del índice del Juzgado Único de Ejecución del Sistema Oral de Celaya, Guanajuato. En ese sentido, se advierte que el citado acto de molestia se traduce en la sentencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 131/2016 de la estadística de la Sala responsable, donde se ordenó entregar en posesión el predio denominado ********************, ubicado en Cortázar, Guananuato, del que aducen los gestionantes que conforma las parcelas que refieren tener en posesión, por lo que es evidente que los solicitantes del amparo no están legitimados para impugnar esa decisión en su calidad de terceros extraños. Esto es así, porque el acto que reclaman los quejosos en su carácter de terceros extraños en el toca penal de mérito, no lo pueden reclamar en esta vía constitucional, en virtud que si bien los promoventes dicen ser poseedores de las parcelas que integran el predio que se pretende restituir; de las manifestaciones que vierten bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se advierte que se trata de una orden emitida en un procedimiento de naturaleza penal, que se siguió con el fin de definir la probable responsabilidad del inculpado en el procedimiento penal del que emana el acto reclamado, debido a su conducta constitutiva del delito y que con esta orden se pretende lograr la restitución del bien inmueble objeto de despojo. De ahí que, es evidente que tal acto no les ocasiona ningún perjuicio a los terceros extraños aquí quejosos quienes alegan tener derechos sobre el predio que forma parte de las parcelas que aducen les pertenecen, pues el efecto de esa determinación es declarativa y no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, porque en un procedimiento penal como el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado, logrando así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a la reparación pecuniaria por daños y perjuicios, por lo que debe decirse que la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble tiene el carácter de pena pública, razón por la cual dicho fallo es un acto que sólo perjudica a las partes que intervinieron en el procedimiento penal, esto es, el inculpado, el Ministerio Público o el ofendido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que obra su cédula ********************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******************** y/o ********************, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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