Antonio González García
Expediente 734/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio González García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó en el plazo concedido el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Así lo acordó y firma Mario César Flores Muñoz, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistido de Pedro Armando Seijas Lugo, secretario que da fe. Doy fe. ADRIANA RG Firmado electrónicamente.
- Principal
SE REANUDAN PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Mediante Circulares CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 y SECNO/12/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del LUNES VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL MIÉRCOLES TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, por lo que no corrieron plazos procesales ni se celebraron audiencias. Asimismo, mediante acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veinte, ante las circunstancias ahí destacadas que impidieron la prosecución del asunto, se suspendieron los plazos y términos procesales y se dejó sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, en cumplimiento a la Circular SECNO/13/2021 emitida el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente asunto. SE ACUERDA PROMOCIÓN RECIBIDA DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, respecto a la promoción de cuenta, recibida durante el periodo en que se encontraban suspendidos los plazos, se acuerda: QUEJOSO DESAHOGA PREVENCIÓN Téngase recibido el escrito signado por el quejoso a través del cual cumple con la prevención formulada en auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia se provee: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio se precisa que los actos reclamados consisten en: La citación al procedimiento de remate en tercera almoneda a celebrarse en el expediente ***, del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato; y, La celebración de la audiencia de remate en tercera almoneda en el que se subastó y adjudicó el inmueble materia del procedimiento de origen. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales; 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ***, contra actos del titular del Segundo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, y otra autoridad. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se verifica la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, en virtud del cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto en la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Como se precisó, el quejoso reclama la citación al procedimiento de remate en tercera almoneda, así como la audiencia en la que se subastó y adjudicó el inmueble materia del juicio de origen. Cabe destacar que la parte quejosa no es tercero extraño a juicio por equiparación al procedimiento de ejecución del expediente *** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil en León, Guanajuato, ya que como lo manifestó en el escrito inicial de demanda, en aquel tiene reconocido el carácter de acreedor, lo cual constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno en su contra de acuerdo con los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, al estar integrado a la relación jurídica procesal, se encuentra obligado a impugnar las resoluciones que le afectaban. Por lo tanto, se estima que ello no releva al promovente de agotar el medio de defensa ordinario pertinente, contra la citación al procedimiento de subasta, así como la audiencia en que se fincó el remate del bien controvertido, lo que en el caso se traduce en la obligación de promover el incidente de nulidad de notificaciones en contra de la primera actuación e interponer el recurso de apelación en contra del segundo acto combatido, los cuales se encuentran previstos en los artículos 328, 236 y 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establecen: "Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto. Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. Artículo 515. Los acreedores citados conforme al artículo anterior y los que se presenten con certificados de Registro posteriores tendrán derecho de intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos y apelar del auto en que se finque el remate, pero sin que su intervención pueda dar lugar a que el juez mande suspender la almoneda." De lo anterior se obtiene que la legislación adjetiva civil local, establece medios de defensa ordinarios en virtud de los cuales pueden ser nulificados y revocados las actuaciones combatidas. En efecto, por lo que toca a la citación al procedimiento de remate en tercera almoneda es susceptible de combatirse a través del incidente de nulidad de notificaciones, mientras que en contra de la audiencia en la que se fincó el remate procede el recurso de apelación. Bajo este contexto, si contra los actos reclamados resulta procedente el incidente de nulidad de notificaciones y el recurso de apelación respectivamente, es evidente que en términos de lo establecido por el artículo reproducido emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada la citación al procedimiento de remate y revocado el remate del bien controvertido, el peticionario debió interponer los medios de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta que no ha respetado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Se arriba a la conclusión que antecede ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que sólo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y sólo en el supuesto de que no fuera así promover el juicio de amparo cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. Por tanto, se actualiza dicha causa de improcedencia toda vez que la parte quejosa, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa concedido por los artículos 236 y 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Sin que el quejoso se encuentre relevado de respetar el principio de definitividad dado que no opera algún supuesto de excepción previstos en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sino que se trata de la determinación de la autoridad en citar al quejoso al procedimiento de remate en tercera almoneda, así como a la celebración de ésta en la que se subastó y adjudicó el inmueble materia del procedimiento de origen. La decisión controvertida no afecta la libertad personal del quejoso porque en ella no se decidió sobre ese aspecto. El promovente del amparo no es ajeno al procedimiento de origen pues tiene reconocido el carácter de acreedor. Además, la procedencia del recurso de apelación y del incidente de nulidad de notificaciones no se encuentra sujeta a la interpretación adicional de diverso ordenamiento, ni el que lo prevé es insuficiente para determinarla dado que los artículos citados son enfáticos en prever que esos medios de defensa proceden contra las notificaciones y el auto que finque el remate. Por tanto, se materializa el motivo de inviabilidad analizado pues el quejoso, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó los medios ordinarios de defensa en contra de los actos reclamados, concedidos en la legislación en comento. En ese orden, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia, se impone desechar la demanda de amparo de que se trata.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte tercero quejosa, el auto de once de marzo de dos mil veintiuno que en resumen dice: ... .... SE REANUDAN PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Mediante Circulares CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 y SECNO/12/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del LUNES VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL MIÉRCOLES TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, por lo que no corrieron plazos procesales ni se celebraron audiencias. Asimismo, mediante acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veinte, ante las circunstancias ahí destacadas que impidieron la prosecución del asunto, se suspendieron los plazos y términos procesales y se dejó sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, en cumplimiento a la Circular SECNO/13/2021 emitida el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente asunto. SE ACUERDA PROMOCIÓN RECIBIDA DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, respecto a la promoción de cuenta, recibida durante el periodo en que se encontraban suspendidos los plazos, se acuerda: QUEJOSO DESAHOGA PREVENCIÓN Téngase recibido el escrito signado por el quejoso a través del cual cumple con la prevención formulada en auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia se provee: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio se precisa que los actos reclamados consisten en: La citación al procedimiento de remate en tercera almoneda a celebrarse en el expediente ***, del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato; y, La celebración de la audiencia de remate en tercera almoneda en el que se subastó y adjudicó el inmueble materia del procedimiento de origen. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales; 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ***, contra actos del titular del Segundo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, y otra autoridad. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se verifica la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, en virtud del cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto en la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Como se precisó, el quejoso reclama la citación al procedimiento de remate en tercera almoneda, así como la audiencia en la que se subastó y adjudicó el inmueble materia del juicio de origen. Cabe destacar que la parte quejosa no es tercero extraño a juicio por equiparación al procedimiento de ejecución del expediente *** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil en León, Guanajuato, ya que como lo manifestó en el escrito inicial de demanda, en aquel tiene reconocido el carácter de acreedor, lo cual constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno en su contra de acuerdo con los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, al estar integrado a la relación jurídica procesal, se encuentra obligado a impugnar las resoluciones que le afectaban. Por lo tanto, se estima que ello no releva al promovente de agotar el medio de defensa ordinario pertinente, contra la citación al procedimiento de subasta, así como la audiencia en que se fincó el remate del bien controvertido, lo que en el caso se traduce en la obligación de promover el incidente de nulidad de notificaciones en contra de la primera actuación e interponer el recurso de apelación en contra del segundo acto combatido, los cuales se encuentran previstos en los artículos 328, 236 y 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establecen: "Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto. Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. Artículo 515. Los acreedores citados conforme al artículo anterior y los que se presenten con certificados de Registro posteriores tendrán derecho de intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos y apelar del auto en que se finque el remate, pero sin que su intervención pueda dar lugar a que el juez mande suspender la almoneda." De lo anterior se obtiene que la legislación adjetiva civil local, establece medios de defensa ordinarios en virtud de los cuales pueden ser nulificados y revocados las actuaciones combatidas. En efecto, por lo que toca a la citación al procedimiento de remate en tercera almoneda es susceptible de combatirse a través del incidente de nulidad de notificaciones, mientras que en contra de la audiencia en la que se fincó el remate procede el recurso de apelación. Bajo este contexto, si contra los actos reclamados resulta procedente el incidente de nulidad de notificaciones y el recurso de apelación respectivamente, es evidente que en términos de lo establecido por el artículo reproducido emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada la citación al procedimiento de remate y revocado el remate del bien controvertido, el peticionario debió interponer los medios de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta que no ha respetado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Se arriba a la conclusión que antecede ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que sólo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y sólo en el supuesto de que no fuera así promover el juicio de amparo cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. Por tanto, se actualiza dicha causa de improcedencia toda vez que la parte quejosa, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa concedido por los artículos 236 y 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Sin que el quejoso se encuentre relevado de respetar el principio de definitividad dado que no opera algún supuesto de excepción previstos en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sino que se trata de la determinación de la autoridad en citar al quejoso al procedimiento de remate en tercera almoneda, así como a la celebración de ésta en la que se subastó y adjudicó el inmueble materia del procedimiento de origen. La decisión controvertida no afecta la libertad personal del quejoso porque en ella no se decidió sobre ese aspecto. El promovente del amparo no es ajeno al procedimiento de origen pues tiene reconocido el carácter de acreedor. Además, la procedencia del recurso de apelación y del incidente de nulidad de notificaciones no se encuentra sujeta a la interpretación adicional de diverso ordenamiento, ni el que lo prevé es insuficiente para determinarla dado que los artículos citados son enfáticos en prever que esos medios de defensa proceden contra las notificaciones y el auto que finque el remate. Por tanto, se materializa el motivo de inviabilidad analizado pues el quejoso, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó los medios ordinarios de defensa en contra de los actos reclamados, concedidos en la legislación en comento. En ese orden, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia, se impone desechar la demanda de amparo de que se trata.
- Principal
Se suspenden plazos y términos procesales. Mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó como medida especial el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1º, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus Covid-19, con vigencia del VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, el referido Acuerdo General 13/2020, establece los casos en que deben reanudarse los plazos. En el caso, de la certificación secretarial que antecede se desprende un impedimento para la prosecución del asunto; en consecuencia y en cumplimiento al último párrafo del artículo 2 del citado Acuerdo General, se suspenden los plazos y términos procesales. Déjese sin efecto la audiencia constitucional y provéase lo relativo a la continuación de la tramitación del juicio una vez que se reanuden las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
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