Antonio Gonzalez de la Cruz
Expediente 916/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Antonio Gonzalez de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual comunica que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Antonio González de la Cruz, mismo que quedó registrado bajo el número 341/2023. En ese contexto, se toma nota de lo comunicado, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de once de octubre de dos mil veintitrés, se proveyó que una vez que esta juzgadora tuviera conocimiento del proveído que en su momento dictara la Superioridad antes apuntada, se le haría saber de inmediato la designación del Defensor Público Federal; por lo tanto, y además por haberlo solicitado el Tribunal de referencia en el oficio de cuenta, envíese vía interconexión el oficio CIS/1822/2023 firmado electrónicamente por la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a través del cual informó la designación del licenciado Germán García Gómez, Defensor Público Federal Bilingüe, con conocimiento de la lengua y cultura Tseltal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, como responsable de la asesoría jurídica del quejoso de mérito; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el correo electrónico que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual se informa que el oficio 22707, del índice de este juzgado, así como sus anexos, fueron turnados al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esa ciudad capital, para efecto de sustanciar el recurso de queja interpuesto por el quejoso Antonio González de la Cruz. Atento a ello, se toma nota de lo comunicado para los efectos legales a que haya lugar. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 DESIGNAN DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL Por otra parte, agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual informa que designó al licenciado Gérman García Gómez, Defensor Pública Federal Bilingüe, con conocimiento de la lengua y cultura Tseltal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, como responsable de la asesoría jurídica del quejoso Antonio González de la Cruz, en el presente juicio de amparo. En consecuencia, por conducto del Actuario Judicial adscrito a este juzgado, requiérase al Defensor Público Federal designado, para que se imponga de los presentes autos y gestione lo que considere conveniente para la defensa del quejoso, quien se encuentra privado de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Finalmente, una vez que se tenga conocimiento del proveído que en su momento dicte el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a quien le correspondió conocer del recurso de queja que interpuso el referido quejoso, según lo informado por correo electrónico que se agrega en párrafos anteriores, de inmediato se le hará saber la designación del Defensor Público Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso y al defensor público federal.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia de notificación personal que antecede practicada al quejoso Antonio González de la Cruz, se advierte que interpone recurso de queja en contra del proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el que se desechó la demanda de amparo origen del presente expediente. En atención a ello, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 101 de la Ley de Amparo, en su momento procesal oportuno, remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la substanciación de la impugnación interpuesta. Asimismo, con sustento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la impugnación, en el sentido de que: ES CIERTO que en proveído ocho de septiembre de dos mil veintitrés, esta juzgadora desechó la demanda de amparo interpuesta por Antonio González de la Cruz, contra actos del Director General del Centro de 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 Readaptación Social Número Siete, Comalcalco, Tabasco, y de otras autoridades, por los motivos precisados en esa pieza. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. SE REQUIERE DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL Finalmente, a fin de evitar dilaciones en el trámite del medio de impugnación interpuesto, se ordena girar atento oficio a la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, se sirva asignar a un defensor público o asesor jurídico, a fin de que asista al quejoso Antonio González de la Cruz en el presente juicio de protección de derechos fundamentales y así permitir el acceso efectivo a la justicia y defensa adecuada, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2020495, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Común, Tesis: 1a./J. 43/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1301, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, al que acompaña el original del juicio de amparo 838/2023, constante de sesenta y siete fojas útiles, de su índice. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE ESTE EXPEDIENTE Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído que antecede, de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se reservó acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto se resolviera la consulta planteada por el juzgado declinante ante la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por ser el 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 órgano facultado para regular los aspectos relativos al turno y distribución de los asuntos. Por lo tanto, como tal circunstancia ya aconteció y se resolvió que corresponde a este juzgado de Distrito del conocimiento de la demanda de amparo promovida por Antonio González de la Cruz, en contra de actos del Director General del Centro de Readaptación Social Número Siete, Comalcalco, Tabasco, y de otras autoridades. Con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este tribunal se avoca al conocimiento de dicho asunto. Acúsese de recibo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, esta juzgadora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, advierte de manera notoria y manifiesta que existe una causa que hace improcedente la promoción del juicio de amparo, ya que se actualiza la establecida en el artículo 61, fracción XX de la ley en cita. Para sustentar el aserto de mérito, conviene traer a cuenta, primeramente, lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 215188, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: V.2o. J/75, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 68, Agosto de 1993, página 77, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 4 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Enseguida, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: _ La emisión u orden de traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número 7 de Comalcalco, Tabasco al Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, el día 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 5 cuatro de agosto de dos mil veinte. _ Y su ejecución, esto es, la autorización del egreso e ingreso de los respectivos centros carcelarios. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 55/98, cuyos datos de localización son: Registro digital: 195745, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 55/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 181810, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P. VI/2004, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, Tipo: Aislada, que a la letra dice: 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 6 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido, a fin de acreditar dicho aserto, es pertinente señalar que en contra del acto reclamado, procede un medio de defensa, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, pues así lo dispone el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 7 los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.).". La anterior norma recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo, en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 8 Sobre ese tópico, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura.1 b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario.2 c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes.3 Como se puede advertir, respecto a la hipótesis referida en el inciso c), se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios; se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal4 , y son aquellos inician a petición del propio interno, 1 Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 2 Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. 3 Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. 4 "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 9 quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios; tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial5 , y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal6 , notificar al Juez Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución.". 5 "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código.". 6 "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 10 competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se colige que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente. Así, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior el traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.". 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 11 Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: ? La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena. A su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas. Esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. ? Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.7 7 "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad.". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 12 Así, de los precitados regímenes relacionados con las II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada.". "Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia.". "Artículo 119. Controversias sobre medidas de seguridad 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 13 personas internas en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto reclamado consistente en la orden de traslado forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 33, que se transcriben a continuación: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas.". "Artículo 33. Protocolos La Conferencia dictará los protocolos que serán observados en los Centros Penitenciarios. La Autoridad Penitenciaria estará obligada a cumplir con los protocolos para garantizar las condiciones de internamiento dignas y seguras para la población privada de la libertad y la seguridad y bienestar del personal y otras personas que ingresan a los Centros. La Conferencia dictará protocolos, al menos, en las siguientes materias: [.] XX. De traslados; [.]. Las controversias sobre la modificación, extinción o cesación de las medidas de seguridad, se resolverán de acuerdo con las normas previstas en el Código para personas imputables con los ajustes razonables que en el caso concreto acuerde el Juez de Ejecución, para garantizar su derecho a la defensa.". 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 14 Debe aclararse que si bien dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o., dispone lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I.- Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; [.].". Es decir, tratándose de actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena, será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, el artículo 115 de la ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 15 urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". En consecuencia, cuando las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, de no atenderse de inmediato, provoquen dejar sin materia la petición, y se constituyan un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Sobre ese orden de ideas, si la parte quejosa se duele de una orden de traslado a diverso centro de reclusión, tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de derechos fundamentales, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, máxime que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo; sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. Sustenta el criterio planteado, la tesis Tesis: 1a. XXIV/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2023190, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 16 Materias(s): Penal, Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, Tipo: Aislada, de rubro y texto: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 17 sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 18 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por su notoria improcedencia se desecha la demanda de amparo promovida por Antonio González de la Cruz, contra actos del Director General del Centro de Readaptación Social Número 7, Comalcalco, Tabasco, y de otras autoridades, para los efectos legales procedentes. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 19 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que el quejoso Antonio González de la Cruz, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, notifíquesele personalmente en el lugar de su reclusión, este acuerdo e incluso las subsecuentes, que así se orden expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 20 Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C8 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTRENCIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de 8 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 21 "juicio en línea", para lo cual, es menester que observen lo siguiente: Las personas interesadas en acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, forzosamente deberán contar con firma electrónica, que comprende a la certificada por el Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, y a la "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIEL). Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, registro federal de contribuyentes y clave única de registro de población, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema ese carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule una petición en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica gestión ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Ello permitirá presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 22 del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Adicionalmente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con el Comunicado 28/2020, del quince de julio del dos mil veinte, publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra disponible la aplicación -APP- para teléfonos móviles que utilicen los sistemas operativos iOS y Android, de modo que, a través de este medio también podrán tramitar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
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