Antonio González Arcadia
Expediente 973/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/09/2018
Partes del expediente
- Antonio González Arcadia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Ténganse por recibidos los oficios signados por los Regidores del Cabildo del Ayuntamiento, Tesorero y Síndico, todos del Municipio de San Blas, Nayarit, a través de los cuales dan contestación a los oficios 37216/2018, 37215/2018 y 37214/2018, en lo que les fue requerido el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; al respecto, informan que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se dio cumplimiento a la sentencia concesoria, dicho que puede constatarse con el quejoso; asimismo, las dos últimas autoridades en mención refieren que dicho cumplimiento se realizó mediante un convenio de pago. En consecuencia, agréguense a los autos los comunicados de cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngase a las autoridades de trato por hechas sus manifestaciones. En ese tenor, requiérase a la responsable denominada Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes al en que reciba el oficio, informe el acatamiento dado a la ejecutoria de amparo y allegue las constancias con las que acredita lo anterior. Apercibida que de no realizar lo anterior, en el plazo otorgado, se hará acreedora a una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), conforme lo establecen los arábigos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se le hace del conocimiento al ente responsable que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico (fojas 101 a 103), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de siete de septiembre de la presente anualidad (foja 104), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio del año en curso (fojas 66 a la 84), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder al quejoso Antonio González Arcadia, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Los artículos 21, fracción I, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de $8,664.00 (ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarado inconstitucional, así como también, realice la devolución de los impuestos adicionales erogados por el quejoso. No pasa inadvertido, que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit no fue señalada como autoridad responsable; sin embargo, ésta, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligada a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora. . Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el accionante de garantías deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlos de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el inmueble que inscribió y que dio origen al acto reclamado, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, al igual que el monto por impuestos adiciones, deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. .." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $8,664.00 (ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), restándole la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro inscripción de documento público o privado; asimismo, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio DJC/4910/2018 de cinco de septiembre del año actual (fojas 101 a 103), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que entregó un cheque generado a favor de la parte quejosa por la cantidad de $8,419.13 (ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 13/100 Moneda Nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $8,664.00 (ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional),, menos $280.00 (doscientos ochenta pesos), que corresponden al cobro de inscripción de documento público o privado, da como resultado un total de $8,384.00 (ocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el diez de abril del año en curso y el cuatro de septiembre del año actual, fue entregado el cheque generado a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo del presente año a julio de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo del año actual entre el índice para el mes de julio de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho, aun no se publicaba en el Diario Oficial de la Federación, pues dicho movimiento bursátil se llevó a cabo el tres de septiembre de la presente anualidad (foja 102), por lo que es evidente que al momento en que se realizó la transferencia de fondos referida todavía no se publicaba el citado índice para el mes de agosto, entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de julio del año en cita. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436; y para el mes de julio de la presente anualidad fue de 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00419. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $8,419.13 (ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 13/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $35.13 (treinta y cinco pesos 13/100 moneda nacional). Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
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TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta, signado por ***********, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de diez de agosto del año en curso, en el que se le solicitó compareciera ante la presencia judicial a ratificar el escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal el nueve del presente mes y año; sin embargo, como se advierte del ocurso de mérito, el promovente ratificó dicho escrito el veinte del mes y año en curso ante el Notario Público Número Cuarenta y Tres, de la municipalidad de Zapopan, Jalisco; por tanto, téngase por ratificado en todas y cada de sus partes el líbelo en comento. Lo anterior, encuentra sustento por analogía en la la Tesis Aislada 1ª.CCXLIII/2017 (10ª.) emitida por la Primera Sala, visible en la página cuatrocientos catorce, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo l, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE ES ADMISIBLE SU RATIFICACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO de los artículos 63, fracción I, 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 373, fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos debe hacerse mediante alguna actuación que genere certeza de la voluntad del promovente de desistir, pues implica la pérdida del derecho de acción o del recurso que se había ejercido. En ese sentido, como la ley prevé que el tribunal de amparo ordenará la ratificación del escrito de desistimiento, ordinariamente se entiende que dicho acto tiene lugar ante ese tribunal, por ser el que requiere y ante quien se presenta el escrito respectivo; circunstancia que genera certeza en dicho órgano sobre la voluntad del compareciente. Sin embargo, hay casos en que la comparecencia ante el tribunal de amparo por la parte que desiste resulta difícil o gravosa, como cuando, a pesar de haber señalado algún domicilio para recibir notificaciones ante dicho órgano jurisdiccional, esa parte es plural y cada uno de los sujetos tiene su domicilio en lugares distantes entre sí y también respecto del lugar de residencia del tribunal, por lo que para lograr la comparecencia ante la autoridad judicial sería necesario el envío de comunicación a diversos órganos jurisdiccionales del país, o incluso carta rogatoria a algún juez extranjero. Para casos como ése, podría resultar admisible, excepcionalmente, alguna otra forma de ratificación que genere suficiente certeza sobre la voluntad de desistimiento, sin forzar a las partes a acudir ante el órgano jurisdiccional, como sería la que se hiciera ante un notario público que goza de fe pública cuya actuación, por tanto, se tiene por cierta, salvo prueba en contrario." Por tanto, con sustento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral antedicho a César Omar Saca Cárdenas y con fundamento en el arábigo 27, fracción I, de dicha Ley, téngasele señalando como domicilio procesal el que indicó, en su escrito de cuenta. En otro orden de ideas, se advierte que mediante escrito y anexos presentados en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinte de agosto del año en curso dentro del juicio 1374/2013, el quejoso ********, solicitó que la titular de este Juzgado Federal se excuse de seguir conociendo del indicado juicio de garantías, ya que en su opinión no se garantiza la imparcialidad y la equidad procesal que se requiere en el mismo, dado que en similitud de juicios promovidos por el mencionado quejoso se han sobreseído, lo que ha generado una violación de sus derechos humanos; lo anterior se invoca como hecho notorio al tenor del arábigo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria al ordinal 2 de la Ley de Amparo. Lo cual se encuentra sustentado, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y cinco, del Tomo XXV, Junio de dos mil siete, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido literal siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En relación a lo anterior se acuerda: DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial. Por su parte, el artículo 51 de la Ley de Amparo prevé que los Jueces de Distrito que estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo cuando se encuentran en cualquiera de las situaciones previstas en las fracciones I a VIII de ese numeral. En tal virtud, como se adelantó, la suscrita estima encontrarse impedida para conocer y resolver el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:. VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." De la porción normativa que antecede se advierte que el juzgador de amparo se encuentra imposibilitado para conocer y resolver algún asunto cuando exista una situación que sea diversa a las que enumera las primeras siete fracciones que implique elementos objetivos de los que pueda derivarse un riesgo de pérdida de imparcialidad. Para dilucidar lo anterior, es necesario tener presente que si bien es cierto que la designación de los funcionarios jurisdiccionales está rodeada por una serie de garantías, de modo que, en principio, está asegurada la máxima idoneidad del sujeto para el cumplimiento de la función encomendada, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, quién desempeña la función no sea la persona más apropiada para resolver respecto de una litis determinada, en virtud de las relaciones personales que de hecho y de manera particular genere directa o indirectamente el funcionario judicial. Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso Eduardo Valencia Castellanos señaló que en su opinión, cualquier resolución que se emita podría ser imparcial, dados los diversos sobreseimientos que se han determinado en los juicios de amparo que ha promovido en similitud de términos. La antedicha circunstancia conlleva a concluir, razonablemente, que la suscrita debe excusarse de sustanciar y resolver el presente juicio de amparo ante la posibilidad de que exista alguna situación que pueda comprometer la decisión o que pudiera ser cuestionada por el promovente del amparo, que provocara la actualización de una causa de responsabilidad; pues, la circunstancia de que éste promoviera una queja administrativa contra la suscrita, genera, en su concepto, que se actuara con parcialidad, esto es, considera que quien esto resuelve perdió la condición esencial que debe revestir a todo Juzgador, a saber, el principio de imparcialidad. Máxime que el objeto del impedimento previsto en la legislación de amparo es que las circunstancias objetivas que deriven en un riesgo de pérdida de la imparcialidad impactan directamente en la labor jurisdiccional, cuya naturaleza es de interés público y la cual se debe ejercer con legitimidad, eficacia e imparcialidad, para emitir sentencias ajenas a cualquier influencia interna o externa. A su vez, cabe decir que la imparcialidad, al igual que los otros principios, rige la ética que todo juzgador debe denotar en la resolución de los asuntos sometidos a su potestad legal. Ante tales circunstancias, considero encontrarme legalmente impedida para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en aras de preservar la legitimidad, independencia e imparcialidad que rigen la función jurisdiccional de los juzgadores constitucionales, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquéllos y una afectación al justiciable. Al respecto, se cita por identidad jurídica substancial y en su parte conducente, la jurisprudencia 1a./J. 1/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 460, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de dos mil doce, Tomo I de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal". DECISIÓN Consecuentemente, al estimar actualizado el supuesto de impedimento previsto en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente notificado el quejoso, mediante oficio remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno para que tenga a bien dictar la resolución correspondiente, solicitando que de no existir inconveniente acuse de recibo de los autos, con fundamento en el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 66 a 84); en consecuencia; con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, visto el sentido de dicha sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de diez días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. En el entendido de que dicho cumplimiento deberá efectuarse debidamente actualizado conforme al ordinal 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo; asimismo, la autoridad debe allegar las operaciones aritméticas que realice para obtener la actualización de la cantidad a devolver. Asimismo, con sustento en el precepto 192, párrafo tercero de legislación de la materia, y del artículo 33, fracción LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas de la citada dependencia, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los dispositivos 193 y 258 de la Legislación invocada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.
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