Antonio Gomez Rodriguez

Expediente 1524/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1524/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • Antonio Gomez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en el artículo y 214 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 14 fracción II, y 17 fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido, es susceptible de conservación, por lo que remítase al archivo de trámite de este juzgado y una vez que transcurra la temporalidad de TRES AÑOS, transfiérase a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos, conforme al numeral 9 del citado acuerdo; asimismo, glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. No obstante, debido a que el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa se formó por duplicado, y el original se ordena agregar en autos ya obra agregado en autos, con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General, una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, se ordena la destrucción del duplicado de dicha pieza incidental. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1524/2022. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el siete de octubre siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la [1] Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos y [2] Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos y otra autoridad -la cual no se tuvo como autoridad responsable en este juicio-, por el acto reclamado siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La resolución interlocutoria de fecha ********************de agosto del año dos mil veintidós dictada dentro del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL número ********************radicado en la tercer secretaría del Juzgado Tercero Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el que las partes intervinientes son el C. Lic. ******************** Abel Valladares Barrer (sic) en su carácter de parte actora y el suscrito ********************en mi carácter de parte demandada." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de ********************de octubre de dos mil veintidós, este juzgado no tuvo como autoridad responsable al [3] Tercer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por considerar que su función se constriñe a dar fe de los actos de la Jueza responsable, de ahí que no podía ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo; y por otro lado, admitió a trámite la demanda por cuanto a las restantes autoridades señaladas como responsables, a las cuales pidió informe justificado, dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, tuvo con el carácter de tercero interesado a ******************** ********************y para llevar a cabo su emplazamiento al juicio, requirió a la autoridad responsable para que proporcionara el domicilio para tal efecto. Asimismo, en el citado auto, este juzgado hizo del conocimiento a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que alguna realizara manifestación al respecto; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El ********************de enero de dos mil veintitrés, este juzgado ordenó el emplazamiento del tercero interesado ******************** Abel Valladares Barrera, lo cual se realizó el veintiséis de enero siguiente, quien compareció al juicio y formuló alegatos; y, el veinte de febrero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio civil en materia mercantil, en el que se reclama una resolución interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de intereses, con ejecución material en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción en todas las materias. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos. a) La resolución interlocutoria de ********************de agosto de dos mil veintidós, emitida en el incidente de liquidación de intereses, derivado del juicio ejecutivo mercantil ********************del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, promovido por ******************** ********************-aquí tercero interesado-, endosatario en propiedad de ********************, en contra de ********************-aquí quejoso-; incidente en el cual se aprobó la planilla de liquidación sobre actualización de intereses moratorios hasta por la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), por concepto de intereses moratorios contabilizados a partir del once de febrero de dos mil diecinueve al once de febrero de dos mil veintiuno. [2] Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos. b) La ejecución de la resolución interlocutoria antes señalada. lll. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la [1] Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos y [2] Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues la primera lo aceptó al rendir su informe justificado y el segundo de los mencionados se adhirió al informe de la juzgadora de origen. Además, la jueza responsable remitió copias certificadas de la totalidad de las constancias del juicio ejecutivo mercantil ********************de su índice, entre las cuales se encuentra el incidente de liquidación de intereses en el que se emitió la resolución interlocutoria reclamada, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, pues el quejoso fue notificado de la resolución interlocutoria reclamada el trece de septiembre de dos mil veintidós (foja 259 del amparo indirecto); así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del diecinueve de septiembre al siete de octubre de dos mil veintidós, descontando el veinticuatro y veinticinco de septiembre, uno y dos de octubre del año citado, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo (sin considerar el catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, inhábiles para este órgano jurisdiccional); por lo que si la demanda fue presentada el cinco de octubre de dos mil veintidós, decimotercer día del plazo, es concluyente su oportunidad. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, el tercero interesado ******************** Abel Valladares Barrera, señaló que se actualizaba la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la improcedencia del juicio por actos consentidos tácitamente, por considerar que el quejoso se inconforma con el porcentaje de intereses, pero esa cuestión fue analizada en la sentencia definitiva del juicio de origen, en donde se reguló esa cuestión, pues incluso el tercero interesado reclamó el pago de un interés al ********************por ciento y la juzgadora condenó al pago del ********************por ciento; de ahí que señala que si el quejoso no estaba de acuerdo con esa determinación, debió inconformarse contra la sentencia definitiva y no en el incidente de liquidación de intereses. No se considera actualizada dicha causa de improcedencia, toda vez que lo señalado no se refiere a que el acto reclamado haya sido consentido por el quejoso al no presentar la demanda de amparo dentro del plazo legal de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo -que es la hipótesis prevista en la fracción antes señalada del artículo 61 de la Ley de Amparo-, sino que versa respecto a lo expresado en los conceptos de violación, cuestión que constituye el análisis de fondo del asunto, por lo que deberá ser abordado en su caso, en el estudio que se realice de los conceptos de violación planteados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Asimismo, el tercero interesado señaló que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del amparo contra actos consumados de modo irreparable, toda vez que refiere que la resolución reclamada ya se ejecutó, porque se mandó oficio a la fuente laboral del quejoso para que realice el descuento de la cantidad a la que fue condenado en el incidente de liquidación de intereses. No se actualiza tal causa de improcedencia, toda vez que no se advierte que el acto reclamado haya surtido en forma total todos sus efectos y que por ello ya no pueda ser reparado en la vía constitucional. Lo anterior, porque en este juicio también se reclama la ejecución de la resolución interlocutoria emitida en el incidente de liquidación de intereses, lo que en caso de una concesión de amparo no impediría que se restituyera al quejoso en el goce del derecho vulnerado; no obstante que, con independencia de esa consideración, no se advierte que la resolución interlocutoria se encuentre cumplida. Por otro lado, se considera procedente el presente juicio de amparo, pues si bien el artículo 1348 del Código de Comercio, señala que la resolución emitida en el incidente que nos ocupa será apelable en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, también es cierto que atendiendo a la cuantía del negocio principal (la suerte principal reclamada en el juicio de origen -sin considerar intereses y accesorios- es por la cantidad de $********************-********************pesos ********************moneda nacional-), no es procedente el recurso de apelación, de conformidad con lo señalado en los numerales 1339, 1340 y 1341 del citado ordenamiento legal, ya que al no ser apelable la sentencia definitiva, no es apelable la interlocutoria aquí reclamada. Sirve de sustento a lo anterior la tesis I.13o.C.41 C, con registro digital 166302, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. EN LOS JUICIOS INICIADOS CON POSTERIORIDAD A LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN VIGOR A PARTIR DEL 17 DE JULIO DE 2008, SÓLO ES APELABLE CUANDO EL MONTO DE LA SUERTE PRINCIPAL RECLAMADA EN EL JUICIO SEA MAYOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación sistemática de los artículos 1339, 1340 y 1348 del Código de Comercio reformados el diecisiete de abril de dos mil ocho se concluye, que la procedencia del recurso de apelación en contra de la resolución de un incidente de liquidación depende directamente de la cuantía de la suerte principal del juicio cuya sentencia definitiva se pretende liquidar; es decir, aun cuando se trate de sentencia que ponga fin a un incidente de liquidación, debe atenderse al monto del negocio; por ende, si en un juicio ejecutivo mercantil se reclamó una cantidad menor a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin tomar en cuenta intereses y accesorios, la sentencia definitiva no será apelable y, en consecuencia, tampoco lo serán los autos ni interlocutorias que se dicten en el mismo. De no interpretarlo así, las resoluciones recaídas a los incidentes de liquidación de sentencia resultarían apelables en cualquier caso, lo cual nulificaría la intención del legislador al proscribir el recurso de mérito contra los autos, interlocutorias y sentencias dictadas en los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal no exceda de doscientos mil pesos. Lo anterior es aplicable siempre y cuando la demanda hubiera sido admitida después del diecisiete de julio de dos mil ocho, fecha en que entraron en vigor las citadas reformas al Código de Comercio." En consecuencia, al no actualizarse las citadas causas de improcedencia y al no observarse de oficio alguna diversa, se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Antecedentes de los actos reclamados. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones jurídicamente relevantes en el juicio ejecutivo mercantil ********************y el incidente de liquidación de intereses derivado de éste, en la forma siguiente: Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la Oficialía de Partes Común del Cuarto Distrito Judicial, ******************** ********************-aquí tercero interesado-, endosatario en propiedad de ********************, presentó demanda en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de ********************-aquí quejoso-, en la cual reclamó: a) El pago de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), en concepto de suerte principal, derivado de un título de crédito denominado ********************. b) El pago de intereses moratorios a razón del ********************por ciento mensual, de los intereses vencidos y no pagados y los que se continuaran venciendo hasta su pago total. c) El pago de gastos y costas del juicio. De la demanda antes señalada correspondió conocer al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, que en auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, la admitió a trámite en la vía propuesta y la registró con el número de expediente ********************de su índice, ordenó requerir de pago al demandado para que en el momento de la diligencia hiciera pago a la parte actora o a quien sus derechos representara de la cantidad reclamada en concepto de suerte principal y accesorios legales, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le embargarían bienes de su propiedad bastantes para garantizar dicho adeudo, poniéndolos en depósito de la persona nombrada por la actora, bajo su más estricta responsabilidad; hecho lo cual, se le emplazara a juicio para que diera contestación a la demanda. La diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes y emplazamiento se realizó el trece de mayo de dos mil veintiuno, en la que entre otros aspectos, por virtud de que el demandado no realizó el pago de lo requerido ni señaló bienes, la parte actora solicitó el embargo del salario y demás prestaciones que percibía el demandado en su fuente laboral ******************** por el equivalente al ********************por ciento del excedente del salario y prestaciones, para lo cual el juzgado de origen giró el oficio correspondiente a la fuente laboral para que realizara el descuento -que con posterioridad el actor solicitó le fuera depositado en un cuenta bancaria a nombre del actor, cuyos datos proporcionó-. El juicio se llevó a cabo en rebeldía del demandado, toda vez que no compareció; y, el dos de julio de dos mil veintiuno, se emitió sentencia definitiva, en la cual, en lo que interesa, se condenó al demandado ********************-aquí quejoso-, a pagar a la parte actora o a quien sus derechos representara, la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional), en concepto de suerte principal que ampara el documento base de la acción, se le requirió para que en el plazo de cinco días diera cumplimiento voluntario a dicha sentencia, asimismo, se le condenó al pago de intereses moratorios a razón del ********************por ciento mensual, sobre la suerte principal amparada en el documento base de la acción, calculados a partir del día siguiente al de su vencimiento, más los intereses moratorios que se continuaran generando hasta el pago total del adeudo, previa liquidación que se formulara por la actora en ejecución de sentencia. Por otro lado, el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, ******************** ********************-aquí tercero interesado-, endosatario en propiedad de ********************, promovió incidente de liquidación de intereses en contra de ********************-aquí quejoso-, para lo cual exhibió la correspondiente planilla de liquidación. Mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la juzgadora de origen, admitió a trámite el incidente de liquidación de intereses propuesto, con el cual dio vista a la parte demandada por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera. El demandado incidentista -aquí quejoso-, dio contestación a la vista a través del escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el cual hizo valer defensas y excepciones y ofreció pruebas, entre ellas el informe a cargo de la empresa ******************** respecto del monto descontado al trabajador ********************-aquí quejoso-, por concepto del embargo del ********************por ciento sobre el excedente de su salario, prueba que se admitió a trámite y fue desahogada en dicho incidente. El ********************de agosto de dos mil veintidós, la juzgadora responsable emitió resolución interlocutoria en el incidente de liquidación de intereses, en el que aprobó la planilla de liquidación sobre actualización de intereses moratorios hasta por la cantidad de $********************(********************pesos ********************moneda nacional). Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Estudio de los conceptos de violación. Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación es necesario precisar que el presente juicio de amparo deriva de un juicio ejecutivo mercantil en el cual opera el principio de estricto derecho, por lo que el análisis se efectuará conforme a lo efectivamente planteado por el quejoso. Sirve de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/50, con registro digital 174859, de la Novena Época, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL. En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria." Precisado lo anterior, se tiene que en parte de los conceptos de violación el quejoso refiere que en la resolución interlocutoria reclamada la juzgadora responsable vulneró su derecho a la seguridad jurídica al tomar en consideración los pagos efectuados con motivo del embargo de su salario primeramente al pago de intereses y no a la suerte principal, porque las disposiciones aplicables para determinar tales pagos debieron ser las relativas a los artículos 1, 2 y 130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que trasgredió el último precepto legal al no determinar que fueran considerados como dación en pago, sino que la juzgadora responsable se basó en el artículo 364 del Código de Comercio, pasando por alto lo establecido en el artículo 2 de la citada Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es decir, refiere el quejoso que la juzgadora responsable primero debió tomar en cuenta el pago conforme lo estipula el artículo 130 de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y con posterioridad, por defecto, supletoriamente lo establecido en el Código de Comercio. Es inoperante el concepto de violación. Lo anterior, porque lo argumentado parte de una premisa falsa, como lo es considerar que el artículo 130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estipula que las cantidades del porcentaje del salario que fueron embargadas al quejoso se abonarán en primer término a la suerte principal y con posterioridad a los intereses; en consecuencia, las conclusiones a las que arriba relativas a que fue incorrecto que se aplicara el artículo 364 del Código de Comercio de aplicación supletoria en términos del numeral 1 y 2 de la ley señalada en primer término, son igualmente desacertadas. Tiene aplicación sobre el tema la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), con registro digital 2001825, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." Es así, pues el artículo 130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala: "ARTICULO 130.- El tenedor no puede rechazar un pago parcial; pero debe conservar la letra en su poder mientras no se le cubra íntegramente, anotando en ella la cantidad cobrada y dando por separado el recibo correspondiente." Del precepto legal transcrito se desprende que es relativo a la letra de cambio, y si bien en términos del artículo 174 de la citada Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, resulta aplicable en lo conducente al ******************** -que es el título de crédito consignado en el documento base de la acción del juicio ejecutivo mercantil de origen-, lo cierto es que no puede aplicarse dicho precepto legal en lo relativo a la preferencia del pago, es decir, primeramente al pago de la suerte principal y posteriormente a los intereses, en la forma que lo señala el quejoso, toda vez que la diferencia entre una letra de cambio y un ******************** estriba en que precisamente en la primera no se pactan intereses moratorios, lo que sí se permite en el ********************. Entonces, si el precepto legal que invoca el quejoso no resulta aplicable en los términos que señala, es incuestionable que la conclusión a la que arribó tampoco es correcta, en lo relativo a que en la resolución interlocutoria reclamada no se debió aplicar el artículo 364 del Código de Comercio, sino el 130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para establecer que las cantidades que le han sido descontadas por virtud del embargo de su salario ordenado en autos del juicio de origen, debieron ser aplicadas en primer lugar a cubrir el pago de la suerte principal y posteriormente a los intereses, de ahí lo inoperante del concepto de violación en estudio. Ahora bien, en otra parte de los conceptos de violación el quejoso señala que se vulneran en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que la resolución interlocutoria reclamada no analizó cada una de las excepciones planteadas por el demandado incidentista -aquí quejoso-, así como tampoco la totalidad de las constancias de autos. Resulta inoperante el concepto de violación. Es así en lo relativo a que la juzgadora responsable omitió analizar cada una de las excepciones planteadas, porque si bien de la contestación a la vista ordenada respecto del incidente de liquidación de intereses se advierte que el quejoso señaló diversos argumentos que denominó excepciones, lo cierto es que éstos se encontraban dirigidos esencialmente a solicitar que se respetaran sus derechos fundamentales, por lo que debían analizarse conforme a las pruebas ofrecidas para acreditarlos. Lo anterior, porque de conformidad con los artículos 1348, 1352, 1353 y 1354 del Código de Comercio, cuando la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo. Asimismo, prevén la posibilidad de que al proponerse el incidente o al darle contestación se ofrezcan pruebas, fijando los puntos sobre los que versarán las mismas, que de ser procedentes se mandarán preparar las que así lo ameriten, las cuales se recibirán en la audiencia incidental y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales, citando para dictar la interlocutoria que proceda. De ahí que, no pueden admitirse a trámite en un incidente, cuestiones que son constitutivas de excepciones y que como tales, su planteamiento deba efectuarse al contestar la demanda, salvo que se trate de hechos supervenientes, ya que de lo contrario se romperían los principios rectores del procedimiento como la seguridad jurídica, preclusión procesal y equilibrio entre las partes, ante la posibilidad de que la materia de la litis se viera modificada mediante el planteamiento de diversos incidentes. Orienta lo antes expuesto, la tesis I.8o.C.227 C, con registro digital 187206, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "INCIDENTES MERCANTILES. LAS CUESTIONES DE EXCEPCIÓN QUE ESTÁ OBLIGADA LA PARTE DEMANDADA A PLANTEAR EN SU CONTESTACIÓN, NO CONSTITUYEN SU MATERIA." Entonces, como se dijo, a pesar de que el demandado incidentista las denominó excepciones, en realidad constituyen argumentos que consideró convenientes para la defensa de sus intereses, los cuales debían analizarse conforme estuvieran demostrados con las pruebas ofrecidas, siempre que guardaran relación con las cuestiones planteadas en el incidente y no como excepciones. Lo anterior guarda congruencia con lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 53/2011, con registro digital 161042, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE ADMITIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SU TEXTO ABROGADO Y VIGENTE)", la cual si bien se refiere al incidente de liquidación de sentencia en un juicio civil, de las razones que la integran se considera aplicable a este asunto en lo conducente a que el incidente de liquidación tiene por objeto cuantificar la condena líquida decretada en sentencia ejecutoriada y determinar si el cálculo de la planilla de liquidación fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables, en donde es posible admitir y desahogar pruebas ofrecidas por las partes para poder resolverlo, siempre y cuando tales probanzas guarden relación con los hechos que se pretenden acreditar y con el fin mismo del incidente de liquidación. De ahí que se considere inoperante el concepto de violación, además porque en su caso, el quejoso debió señalar el perjuicio resentido con la falta de análisis de los argumentos que denominó excepciones, a efecto de evidenciar la afectación causada, lo cual no hizo en este juicio. Asimismo, es inoperante la parte restante del concepto de violación, en la que el impetrante de amparo refiere que en la resolución interlocutoria reclamada, no se analizaron la totalidad de las constancias de autos, toda vez que omitió señalar a qué constancias se refiere, pues la juzgadora responsable sí tomó en consideración lo determinado en la sentencia principal, por cuanto al monto para el cálculo de los intereses moratorios y la temporalidad de éstos, así como también analizó el informe rendido por ******************** a fin de establecer la cantidad que había sido garantizada a través del embargo realizado al demandado incidentista -aquí quejoso-, que fueron las pruebas ofrecidas en el incidente de mérito. Sin embargo, el quejoso no expone qué constancias se dejaron de analizar por la juzgadora responsable, cuál sería su alcance probatorio, ni evidenció en qué le beneficiaría tal análisis, de ahí lo inoperante del concepto de violación en estudio. Ahora bien, en otra parte de los conceptos de violación el quejoso señala que se vulneran en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorrecta aplicación del artículo 364 del Código de Comercio en relación con los artículos 1, 2 y 130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues en la resolución interlocutoria reclamada, la juzgadora responsable pasó por alto que al momento en que al quejoso le fue embargada la parte alícuota de su salario, solicitó que ésta se considerara como dación en pago, razón por la cual efectuó pagos desde el seis de septiembre de dos mil veintiuno al cinco de junio de dos mil veintidós; sin embargo, no se consideró así, pues arbitrariamente se le impuso dicho pago primero a intereses y después a la suerte principal, lo que señala lo deja en estado de indefensión. Es infundado el concepto de violación, pues contrario a lo afirmado por el quejoso, al momento de la diligencia de embargo, éste no solicitó que la cantidad que le fuera descontada se abonara al pago de la suerte principal, de ahí que la juzgadora responsable no estuviera obligada a tomarlo en consideración en esa forma. Es así, porque de la diligencia de trece de mayo de dos mil veintiuno que obra a fojas 44 a 48 del amparo indirecto, relativa al acta de requerimiento, embargo y emplazamiento de la parte demandada -aquí quejosa-, se desprende que el aquí impetrante de amparo únicamente manifestó que sí reconocía el adeudo y la firma contenida en el ********************, por haberla puesto de su puño y letra, y que no señalaba bienes para garantizar el embargo, razón por la cual se pasó el derecho a señalar bienes a la parte actora, la cual manifestó que por virtud de que el demandado negaba el acceso a su domicilio y no tenía bienes a la vista susceptibles de embargo, señalaba el salario y demás prestaciones que percibía el demandado de su fuente de laboral ******************** equivalente al ********************por ciento del excedente del salario y prestaciones, por lo que en el acto se trabó formal embargo sobre dicho salario. De ahí que, contrario a lo afirmado por el quejoso, de la citada diligencia no se advierte que haya solicitado que el embargo del porcentaje de salario señalado se abonara al pago de la suerte principal reclamada, lo que tampoco realizó con posterioridad durante el juicio, toda vez que no compareció a contestar la demanda ni ofreció pruebas, sustanciándose el procedimiento en su rebeldía, lo cual se desprende del auto de uno de junio de dos mil veintiuno (foja 56 del amparo indirecto), en el cual la juzgadora de origen hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de admisión de la demanda de veintiséis de abril de dos mil veintiuno y tuvo por perdido el derecho del demandado para contestar la demanda. Asimismo, del auto de admisión de la demanda se tiene que, entre otras cuestiones, se ordenó emplazar al demandado, para que en el término legal concedido hiciera pago llano de la cantidad reclamada, o bien diera contestación a la demanda oponiendo las excepciones que permitiera la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, ofreciera las pruebas relacionadas con los hechos y acompañara los documentos que exige la ley para las excepciones, lo que como se dijo, se hizo efectivo al quejoso en el diverso auto de uno de junio de dos mil veintiuno en el que se declaró la rebeldía en la que incurrió. En consecuencia, no se advierte que el impetrante de amparo al momento de la diligencia de embargo hubiere solicitado que la cantidad que le fuera descontada con motivo del embargo del salario percibido, se abonara al pago de la suerte principal ni que lo hubiera hecho durante el procedimiento, porque como se desprende de las constancias del juicio ejecutivo mercantil, el quejoso no compareció al juicio principal. En otra parte de los conceptos de violación el impetrante de amparo señala que se vulneran sus derechos, al considerar en la resolución interlocutoria reclamada que la cantidad que ha otorgado como pago -derivado del embargo realizado sobre el ********************por ciento de su sueldo-, se aplique primero a intereses y posteriormente al pago de la suerte principal, porque excede una racional y equitativa aplicación del derecho, ya que la firmeza de la cosa juzgada no puede ni debe prevalecer sobre la prohibición de usura, respecto de los intereses generados con posterioridad a la cosa juzgada, por lo que procedía su reducción a una tasa equitativa, lo cual inobservó la juzgadora responsable. En ese sentido, si bien entre uno de los argumentos que el quejoso realizó al contestar la vista del incidente señaló las circunstancias referidas en el párrafo que antecede, estudio que de la resolución interlocutoria reclamada no se advierte que haya sido abordado por la juzgadora responsable, también es cierto que esa circunstancia no es suficiente para conceder el amparo solicitado. Es decir, el concepto de violación es fundado por cuanto a que la juzgadora responsable omitió el análisis de lo alegado por el quejoso respecto a que considera que los intereses constituyen usura, pero es inoperante porque lo argumentado no es suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. Lo anterior es así, toda vez que en esencia el quejoso pretendía que a través de dicho argumento se realizara un estudio de los intereses en el incidente, a efecto de determinar si constituían usura, lo cual resultaba improcedente, toda vez que la sentencia definitiva de dos de julio de dos mil veintiuno, ya había abordado ese estudio, por ello, constituía cosa juzgada. Es así, porque como se advierte de la sentencia definitiva, la juzgadora de origen llevó a cabo el estudio de los intereses pactados y los redujo prudencialmente, toda vez que en el documento base de la acción se estableció un interés del ********************por ciento mensual y del análisis realizado en la sentencia se determinó que constituía usura, por lo que se reguló dicha condena de intereses a razón del ********************por ciento sobre la suerte principal amparada en el documento base de la acción, calculados a partir del día siguiente a su vencimiento y hasta el pago total del adeudo. En consecuencia, no resultaba factible el análisis en el incidente por cuanto al pago de intereses en la forma propuesta por el demandado incidentista -aquí quejoso-, pues lo determinado constituye cosa juzgada en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Sirve de aplicación la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.), con registro digital 2014920, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." En razón de lo anterior, es fundado pero inoperante el concepto de violación, pues si bien en la resolución reclamada no se analizó esa cuestión planteada por el quejoso, a nada práctico conduciría la concesión de amparo, ya que el único efecto sería que la autoridad responsable se pronunciara en torno a un aspecto respecto del cual emitió su determinación en la sentencia definitiva respectiva y que como se dijo, es inmutable al constituir cosa juzgada. Respecto a las manifestaciones realizadas por el tercero interesado en vía de alegatos, tales planteamientos no forman parte de la litis, por lo que es innecesario su análisis. En consecuencia, al resultar inoperantes, infundados y fundados pero inoperantes los conceptos de violación analizados, procede negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al [2] Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada el auto y/o resolución del diecinueve de mayo del dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: ...Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a *********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa de los cuales se advierte que con fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se emplazó al tercero interesado ********************; en consecuencia, toda vez que para la celebración de la audiencia constitucional señalada el día de hoy, no ha transcurrido el tiempo necesario para que dicho tercero interesado pueda imponerse del contenido de los autos. En consecuencia, a fin de cumplir con lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las doce horas con veinte minutos del día veinte de febrero de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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