Antonio Gil Sánchez
Expediente 219/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Antonio Gil Sánchez
Actuaciones
- Principal
Ha causado estado el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo por los actos ahí indicados; en consecuencia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, del arábigo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan una afectación directa, inmediata y definitiva a la esfera jurídica del impetrante del amparo. En el caso se estima que la parte quejosa carece de interés jurídico para combatir el acto reclamado, pues las actuaciones emitidas dentro de la carpeta de investigación, las emite en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación que no afecta derechos sustantivos del gobernado. En efecto, las actuaciones realizadas como parte de la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ésta se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos (lo cual no se advierte en la especie); lo mismo acontece cuando se acuerda sobre la consignación de la indagatoria y se ejerce la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que afectaría la esfera jurídica del quejoso. Bajo esas condiciones, el juicio de amparo es improcedente, contra actos y diligencias llevados a cabo por el Ministerio Público tendientes a la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales -derechos sustantivos-, aquellos inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita. Por ello, el actuar de la responsable, per se, no le causa perjuicio alguno al inconforme y menos aún a sus derechos fundamentales, pues el Ministerio Público, conforme a las atribuciones y obligaciones conferidas por los numerales 21 y 102 constitucionales, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para establecer posibles hechos delictuosos, integrar la correspondiente carpeta de investigación y ejercer la acción penal; determinación esta última que en todo caso tampoco, por sí misma, afecta la esfera jurídica del quejoso, ya que con ella no se ordena la privación de su libertad, posesiones o derechos, pues es al juez de control a quien le corresponde resolver sobre el pedimento de la Representación Social y la determinación que se emitiera al respecto, es la que podría afectar tales derechos, consecuentemente los actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación no vulneran las prerrogativas de los impetrantes. En tales condiciones, deviene incontrovertible que, en la especie, se actualizan las causas de improcedencia mencionadas; por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la nueva ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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