Antonio García Orozco
Expediente 467/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Antonio García Orozco
Actuaciones
- Principal
Colima, Colima, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días, previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * * * contra actos de la Segunda Sala Penal Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 17, 20, 72, apartado "F" y 107, fracción II constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 467/2021-I. Integración de expediente electrónico. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el toca de apelación 12/2021, del índice de la Segunda Sala Penal Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, que confirmó el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, que declaró procedente el incidente de acumulación de autos de las causas penales 359/2011 y 58/2018, en la causa penal 10/2019, radicada ante el Juzgado Penal de Tecomán, Colima. Desechamiento. En este contexto, es preciso destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo (en adelante: la ley) impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla, el cual previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los artículos 107, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la ley. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 107, fracción V, de la ley, prescriben lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De estos preceptos se obtiene que el amparo procede contra el acto que emane de un juicio que produzca una afectación irreparable a los derechos sustantivos de la persona reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en que México es parte. Para comprender el alcance de este supuesto de procedencia del amparo, a juicio de quien suscribe, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demandas de amparo contra los actosprocesales que provienen de un juicio y que esto produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Por tal motivo, consideró que hasta que se emita la resolución definitiva, resulta factible establecer si se materializaron violaciones a las leyes que rigen ese juicio, que afectaron las defensas de la persona y que todo esto trascendió al resultado del fallo. Sólo hasta ese momento, la persona afectada estará en posibilidad de controvertirlas mediante el amparo directo o el amparo adhesivo, según sea el caso. No obstante, de manera excepcional, previó la oportunidad de impugnar un acto dentro de un juicio conforme a la regla de procedencia, consistente en la irreparabilidad que produce un acto dentro del juicio. Para comprender el alcance interpretativo de estas normas con referencia a los actos de imposible reparación, conviene mencionar que han existido una gran variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", de tal suerte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el punto de vista jurisprudencial, determinó en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. En ese contexto, surgieron varios criterios que admitían la posibilidad de que el amparo resultara procedente contra violaciones procesales en grado predominante o superior, que, sin afectar propiamente los derechos sustantivos de la persona, producían un perjuicio de similar magnitud que justificaba la procedencia del amparo. Sin embargo, esta situación ya no es así, pues a partir de la vigencia del actual artículo 107, fracción V, de la ley, se precisa el alcance de la expresión "imposible reparación", contra actos dictados en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Al analizar la génesis de este precepto, se puede advertir que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión sólo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden resultar aplicables aquellas jurisprudencias del máximo tribunal del país en las que admitió la posibilidad de controvertir actos que afectaban derechos procesales o adjetivos en grado predominante o superior, ya que se originaron en el contexto de una legislación como la abrogada Ley de Amparo, que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual, a la fecha, ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente se deben prescindir de dichas jurisprudencias para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor. En tal virtud, el amparo indirecto es procedente exclusivamente contra actos en el juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, incluyendo los que produzcan una violación de carácter predominante, debe reclamarse, en su momento, a través del amparo directo, o bien, del amparo adhesivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10ª.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Enero 2017, Tomo I, página 5, Materia (s): Común, registro 2013364, cuyo rubro dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." A partir de las premisas apuntadas, se concluye que la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación en los términos del artículo 107, fracción V, de la ley, en razón de que no afecta materialmente derechos sustantivos, pues, en su caso, concurre en un plano procesal, ya que la misma confirma el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, que declaró procedente el incidente de acumulación de autos de las causas penales 359/2011 y 58/2018, en la causa penal 10/2019, radicada ante el Juzgado Penal de Tecomán, Colima. Lo anterior es así, porque el hecho de que la sala responsable no haya revocado el auto recurrido, no le trastoca algún derecho que rebase lo puramente procesal, que no sea susceptible de repararse, en su caso, cuando se impugne la resolución definitiva dictada en la causa penal de origen. En efecto, la afectación que dice resentir es meramente formal y reparable si obtiene una resolución favorable, o bien, combatible a manera de procesal cuando se impugne el fallo definitivo que dirima el expediente natural. De ahí que se estima que el acto reclamado no produce una afectación irreparable a derechos sustantivos, dado que se trata de cuestiones de naturaleza adjetiva o procesal. Por tanto, el amparo resulta manifiesta y notoriamente improcedente en términos del artículo 107, fracción V, de la ley, interpretado en sentido contrario, por lo que con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano la demanda. Notificación por lista. Respecto a la solicitud del quejoso para que las notificaciones se le realicen a través del correo electrónico * * o en el número telefónico que proporciona, dígasele que no es procedente, en virtud de que la Ley de Amparo no prevé esos medios para la realización de dichas comunicaciones, pues para ello precisamente se originó el expediente electrónico, no obstante no solicita el acceso al mismo ni proporciona el usuario respectivo, como tampoco señala domicilio procesal; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones, aún las de carácter personal, se realicen por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio en la circunscripción o zona conurbana de este órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.
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