Antonio García Orozco

Expediente 217/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
217/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Antonio García Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por la actuaria del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro y remite copia del acuerdo por el que causó estado el desechamiento del recurso de revisión 112/2021 de su índice. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. En consecuencia, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia del presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, último párrafo, 27, 28 y 29 del citado acuerdo. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.

  2. Principal

    Colima, Colima, veinte de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual acusa de recibo del oficio por el que se remitió el recurso de revisión interpuesto en autos, mismo que registró con el número 112/2021; asimismo, informa que desechó de plano el recurso en comento; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia. Cúmplase. Así lo firma Francisco Javier García Contreras, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, ante el Secretario que autoriza y da fe Luis Enrique Anaya Gálvez, quien certifica que la promoción y el acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual se interpone recurso de revisión contra el auto que desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito de cuenta, así como el original del juicio. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que la formación del mismo es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio [revisión de cuaderno de antecedentes] emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante ello, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * * contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado en Materia Penal de Tecomán, Colima; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 8º, 17 y 20 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 217/2021-III. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Tecomán, Colima, de acordar diversos escritos, presentados el uno de marzo de dos mil veinte, mediante los cuales contesta las conclusiones acusatorias formuladas por ministerio público referido y formula las de no responsabilidad en el proceso penal 10/2019. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, registro digital 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Desechamiento de la demanda. Este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de amparo de que se trata, en atención a lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 120/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Efectivamente, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, párrafo primero (interpretados a contrario sensu), de la Ley de Amparo. Tales preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, Y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del artículo parcialmente transcrito, se puede rescatar que autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídica. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es autoridad para efectos del juicio de amparo aquel ente de hecho o de derecho que, con apoyo en una norma jurídica, emite actos unilaterales que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular, dentro de una relación de supra a subordinación. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, las características que distinguen a una autoridad para los efectos del amparo, son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4) Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, si algún particular o ente estatal emite un acto que no reúna esas características, no debe ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo. Ahora bien, como se dijo la parte quejosa reclama la omisión del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en Tecomán, Colima, de acordar diversos escritos mediante los cuales contesta las conclusiones acusatorias formuladas por ministerio público referido y formula las de no responsabilidad en el proceso penal 10/2019. En ese sentido, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Resolver la contradicción de tesis 63/98, determinó que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público debe tomarse en cuenta las realiza como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial; en otras palabras, deja de tener el carácter de autoridad una vez dictado el auto de radicación. Lo anterior es así, pues al consignarse la averiguación previa integrada ante el juez penal, la radicación de esta última, como primer acto del juzgador en ejercicio de su facultad jurisdiccional, determina que el Ministerio Público deje de ser autoridad para convertirse en parte en la etapa de preinstrucción, y mayormente cuando en su momento se pronuncie la resolución de formal prisión o de sujeción a proceso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 40/2000 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 190299, que establece: "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO. La etapa de preinstrucción que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaración preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integración de la averiguación previa, y cuáles son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en razón de lo anterior, que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la consignación ante el Juez penal, no podrá legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucción, menos una vez que ha sido tomada ya la declaración preparatoria del inculpado, porque se tratará de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervención del órgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial, no tuvo conocimiento e intervención el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio Público, como parte, pueda aportar pruebas, mas las que proponga en esa etapa de preinstrucción, deben aportarse y recibirse ante el Juez con conocimiento del inculpado. En tal virtud, el Juez al dictar el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, deberá cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucción y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio Público, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableció, fueron hechas del conocimiento de éste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes." En ese sentido, como es preciso señalar que los por lo que ve al Título Segundo, Sujetos Procesales, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, señala como sujetos procesales al [i] Juez; [ii] Ministerio Público y la Policía de Procuración de Justicia; [iii] imputado y su defensa; y, [iv] las víctimas u ofendidos; tal y como se advierte de la siguiente transcripción: "TITULO SEGUNDO SUJETOS PROCESALES CAPITULO I EL JUZGADOR ARTICULO 9. La jurisdicción penal Estatal, que es por su esencia y naturaleza improrrogable e irrenunciable, se ejercerá por los Juzgados y tribunales que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado instituyan. CAPITULO II EL MINISTERIO PUBLICO Y LA POLICIA DE PROCURACION DE JUSTICIA Artículo 19. Compete al Ministerio Público llevar a cabo la preparación y el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales del Estado, en los casos que resulte procedente. Tratándose de delitos graves, y aquellos en que la víctima sea una persona menor de edad, inmediatamente que el Ministerio Público tenga conocimiento de los hechos deberá abocarse a su investigación y a la persecución del delito, y de no hacerlo así se incurrirá en responsabilidad conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Asimismo, compete al Ministerio Público llevar a cabo la preparación y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales del fuero común, en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 474 y demás relativos del Capítulo VII, del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud. EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR Artículo 25. Todo imputado gozará de los derechos que le otorgue la presente ley. CAPITULO IV LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS Artículo 34. En cualquier etapa del procedimiento, según corresponda, las víctimas o los ofendidos tendrán entre otros los siguientes derechos: I.- Ser enterados directa y oportunamente de los derechos que en su favor establecen la Constitución y las leyes aplicables, así como sus alcances y los medios para hacerlos valer; II.- Cuando lo soliciten, ser informados tanto del desarrollo del procedimiento penal como de las consecuencias legales de sus actuaciones dentro del mismo y a que se deje constancia en el expediente de esta atención; III.- A intervenir como coadyuvante del Ministerio Público durante la averiguación previa o en el procedimiento penal y designar personas de su confianza para que lo representen con ese mismo carácter; para poner a disposición del representante social, por sí, o por medio del representante legal todos los datos, indicios y medios de prueba conducentes a acreditar el cuerpo del delito, la probable responsabilidad del imputado, la existencia y el monto de los daños y perjuicios ocasionados por aquél y de su reparación, así como a que el Ministerio Público integre dichos datos a la averiguación; y se le expida copias fotostáticas simples o certificadas a su costa de la averiguación previa esto último con excepción de los casos en que se trate de alguno de los delitos contemplados como graves por la Ley y de los autos que ordenen aprehensiones, cateos, intervención de comunicaciones, embargos precautorios, aseguramientos, y demás técnicas especiales de investigación autorizadas por este Código y demás leyes aplicables, u otras diligencias análogas respecto de las cuales el Ministerio Público estime que debe guardarse reserva, en cualesquiera de los delitos. IV.- A comparecer activamente en los actos del juicio, por sí o por representante, y a que el Ministerio Público guarde confidencialidad respecto de los datos que permitan su localización, u otros datos que afecten su reputación, honor y buen nombre; V.- A que en caso de que sea menor de edad y el inculpado solicite ser careado con la víctima, su representante legal sea informado de que ésta tiene derechos a no ser obligada a someterse al careo; y VI.- No ser objeto de información por los medios de comunicación o presentado ante la comunidad sin su consentimiento; Inmediatamente que la víctima o el ofendido por el delito se presente o comparezca ante el agente del ministerio público, éste deberá practicar las diligencias siguientes: Tomar el nombre, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, así como los demás datos generales de la víctima u ofendido, cuidando en todo caso su seguridad; Explicar a la víctima u ofendido las etapas y desarrollo del procedimiento penal, atendiendo a las características y peculiaridades del delito materia de la investigación, así como el contenido y alcance de los derechos que la Constitución y demás leyes le otorgan. El agente del Ministerio Público deberá dejar constancia en la averiguación previa, del cumplimiento a lo dispuesto en éste artículo y recabará la firma de la víctima u ofendido si esto es posible. Cuando se encuentren involucradas personas discapacitadas como víctimas u ofendidos del delito, se deberán prever las medidas conducentes para la práctica de las declaraciones y de las diligencias que sean procedentes, tomando en consideración la naturaleza de la discapacidad. Para los efectos de la reparación del daño, cuando la víctima del delito haya fallecido o padezca lesiones que impliquen pérdida o disminución de sus facultades físicas o mentales, deberán considerarse como ofendidos al cónyuge, al concubino, y demás ascendientes o descendientes que dependan económicamente de ella. El Ministerio Público deberá notificar personalmente a la víctima u ofendido, las determinaciones que tome sobre el ejercicio o no de la acción penal, informándole de los derechos que a su favor establece la ley en materia de impugnación". Lo anterior pone de manifiesto, en lo que interesa, que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, le confiere al Ministerio Público (adscrito) la calidad de parte procesal en los procedimientos ante el Juez de Instancia, esto es, lo ubica en un plano de igualdad con las partes -imputado y su defensor, víctimas u ofendidos, etc.-, pues, quien tiene la dirección del procedimientos es el Juez de Instancia, a cuya disposición se encuentra el peticionario de derechos; además, que como consta del acto reclamado y documentales anexas, la peticiones en contestación a la conclusiones en el cierre de instrucción presente el Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Tecomán, Colima; así, el citado representante social adscrito se convierte en parte procesal y carece de atribuciones para actuar muto propio dentro del proceso penal donde se citaron las peticiones que alude el quejoso, como autoridad. Apoya lo anterior la tesis aislada, por identidad de razón, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, registro digital 299622, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CV, Materia(s): Penal, Página: 969, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO, AMPARO CONTRA SUS ACTOS. Si el acto reclamado del agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable, se hizo consistir en la solicitud que formuló para que se decretara el aseguramiento de un automóvil del que se ostenta poseedor y propietario el quejoso, como sólo instó la representación social en calidad de parte, no tiene el carácter de autoridad, ni ordenadora, y procede el sobreseimiento conforme a los artículos 1o., fracción I, contrario sensu, 73, fracción XVII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Así mismo, Ilustran por identidad de razón, las tesis aisladas clave I.8o.P.23 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de la Décima Época, con número de registro digital 2020129, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Materia(s): Común, Penal, Penal, Página: 5285, de rubro y texto: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional". En ese contexto, es inconcuso que la Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en Tecomán, Colima, le reviste la calidad de parte dentro del proceso penal 10/2019; en razón de que la misma se encuentra ya radicada y se citó a las partes para audiencia de vista; por lo que no se le puede considerar autoridad para efectos del juicio de amparo. En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, párrafo primero (interpretados a contrario sensu), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso numeral 113 del ordenamiento en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Lo anterior no desatiende la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; así como la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, en que la propia Segunda Sala aclaró el rubro de esa jurisprudencia para quedar en los términos siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". En la referida solicitud de modificación de jurisprudencia se estableció, en lo que interesa, lo siguiente: "(.)En primer término, del análisis en específico del contenido de la propia jurisprudencia, en relación con la consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011 que le dio origen, esta Sala no advierte que alguna de ellas (jurisprudencia o ejecutoria) transmitan la idea de que lo ahí sostenido sea aplicable, de manera generalizada, a cualquier juicio de amparo y, que por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario. Ello, pues tal como quedó fijado el punto de contradicción en la ejecutoria respectiva, se podrá apreciar con meridiana claridad, que la intención de esta Segunda Sala al precisar la interrogante a despejar consistente en "dilucidar si el auto inicial de trámite de la demanda de amparo era la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo", no fue establecer, de manera generalizada, que en dicha actuación, los Jueces están impedidos para determinar que un acto proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración, como pretende sustentarlo el Pleno solicitante. Sino por el contrario, lo que se advierte es que en todo momento se delimitó dicho punto de divergencia, tanto en la ejecutoria como en el texto de la jurisprudencia respectiva, a los supuestos que en concreto dieron origen a la contradicción de tesis, esto es, a los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público, resolviéndose en relación con tal acto, que el Juez Federal en el auto inicial de trámite que se dicte con motivo de su presentación, no está en condiciones jurídicas y materiales, para llevar a efecto el estudio de ese acto, con el propósito de resolver si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. (.) Además, tampoco es verdad que su redacción, impida que los Jueces de Distrito, determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se ponga a su consideración, lo cual sujeta a las partes y al órgano jurisdiccional a tramitar un procedimiento notoria e indudablemente improcedente; pues se insiste, la premisa de la que partió dicho criterio jurisprudencial, fue que si un motivo de improcedencia, manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones y se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no será posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, empero, en el caso, contrario a ello, el pronunciamiento correspondiente, exigió un análisis exhaustivo; entonces era claro que no se estaba frente a una causa notoria y manifiesta que autorizara al Juez a desechar la demanda de amparo. (.)". Como puede observarse, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado el Acuerdo de fijación de tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, el Juzgado de Distrito, en el auto inicial, no está en condiciones jurídicas y materiales para estudiar ese preciso acto, con el propósito de resolver si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sin embargo, no debe perderse de vista que la propia Segunda Sala, en el mencionado expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia, aclaró que el criterio sustentado en modo alguno impone una regla absoluta que impida al juez de Distrito, en todos los casos, examinar si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, la Segunda Sala enfatizó que no existe impedimento para que los jueces de Distrito determinen, desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, siempre y cuando se cuente con los elementos suficientes para hacerlo, pues en caso contrario será necesario esperar hasta que se rinda el informe justificado. Lo anterior, trasladado al caso, implica que sí es posible que desde el auto inicial este Juzgador estime que se actualizó de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia, lo que además lo autoriza el propio artículo 113 de la Ley de Amparo, pues puede estarse en el caso de que aun en el supuesto de admitirse a trámite la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Domicilio procesal e intervención de autorizados. En razón de que la parte quejosa no señala el domicilio en el que pueda ser notificado de los actos procesales, por los cuales se le deba de notificar personalmente; se ordena que con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se realicen por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio en la circunscripción o zona conurbana de este órgano jurisdiccional. Por lo que respecta a la solicitud de que las notificaciones se hagan de manera electrónica al correo personal ajenjible@hotmail.com; no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que la parte quejosa, no lo solicita conforme a lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedara sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica". Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.

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