Antonio García Marchán

Expediente 276/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
276/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Antonio García Marchán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado procesal se advierte que mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por feneció el plazo de cinco días otorgado a ***** en proveído de cuatro de octubre pasado, para que exhibiera documento idóneo que lo facultara para instar la demanda de amparo en nombre y representación de ****, sin que diera cumplimiento al respecto; en consecuencia, se provee lo siguiente. Sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia. En efecto, este órgano jurisdiccional estima que, en el caso en particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, de la Ley de Amparo, y el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vista de que ****** carece de facultades para instar la acción constitucional en nombre del directo agraviado. Esto es así, ya que de la interpretación conjunta de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 de la Ley de Amparo, se deduce que en el juicio de amparo rige el principio de agravio personal y directo, pudiendo promoverse por la persona directamente agraviada, por su representante legal o su defensor. Pues de acuerdo a la nueva estructura y funcionamiento del juicio de amparo que surgió con motivo de las reformas constitucionales del seis de junio de dos mil once, en los asuntos que se rigen conforme a las nuevas reglas que establece la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en lo relativo a la legitimación activa, el artículo 107 Constitucional, en su fracción I, establece, en lo que interesa, que son partes en el juicio de amparo, entre otros, el quejoso, entendiéndose por tal, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; por lo que, el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho que se afecte de manera personal y directa, lo que implica que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional, puede demandar la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, en el caso particular, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada, en vista de que ****, instó la vía constitucional en su calidad de abogado patrono del directo agraviado *****, sin que dicha personalidad lo legitimara para promover el presente juicio de amparo. En efecto, los artículos 94 y 95 del código adjetivo civil local indican lo siguiente: "Artículo 94. Patrocinio o representación en juicio. Las partes pueden hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o procuradores. La intervención de los abogados o procuradores para la asistencia técnica de las partes podrá llevarse a cabo en dos formas: I.- Como patronos de los interesados; y II.- Como procuradores, en los términos del mandato judicial respectivo. Las partes podrán revocar en cualquier tiempo la designación de abogados y de procuradores y los poderes que hubieren otorgado a éstos, y a su vez, los abogados y los procuradores tendrán siempre el derecho de renunciar al patrocinio o mandato, debiendo continuar la defensa hasta la designación de sustitutos, en un plazo razonable. Artículo 95. Actos de los abogados y procuradores. Los abogados y los procuradores, por el solo hecho de su designación, podrán llevar a cabo, directamente en beneficio de la parte que los designe, todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, observándose para ello lo que dispone la ley reglamentaria para el ejercicio profesional, excepto aquéllos que impliquen disposición del derecho de litigio, y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados. La designación de abogados patronos o de procuradores podrá hacerse por escrito dirigido al juzgador, o verbalmente, durante el desarrollo de cualquier diligencia judicial, haciéndose constar en el acta respectiva. En el escrito o actas respectivos, el que haga la designación puede limitar o ampliar las facultades que correspondan al abogado patrono o al procurador de acuerdo con el párrafo anterior. Cuando los abogados o los procuradores actúen como mandatarios, tendrán las facultades que les asignen de una manera expresa las partes en el mandato. El mandato en procuración para un juicio determinado podrá otorgarse en la forma prescrita por el Código Civil. También podrán otorgar el poder verbalmente durante el desarrollo de cualquier diligencia judicial haciéndose constar en el acta respectiva." De los artículos referidos se advierte que cuando los abogados o los procuradores actúen como mandatarios, tendrán las facultades que les asignen de una manera expresa las partes en el mandato. El mandato en procuración para un juicio determinado podrá otorgarse en la forma prescrita por el Código Civil. En ese tenor, de los artículos en comento se advierte que las partes contendientes en los juicios civiles pueden ser representadas por abogados patronos o procuradores, quienes serán designados verbalmente o por escrito, cuya asistencia técnica les permite desempeñar los actos procesales que correspondan a su autorizante, excepto los que involucren disposición del derecho en litigio y los que estén legalmente reservados a los interesados, por lo que, al no existir restricción alguna para los autorizantes en los preceptos citados, pueden ampliar las facultades del abogado patrono al designarlo, lo que significa que pueden otorgarles atribuciones especiales, como sería la de promover el juicio de amparo. Por lo que un abogado patrono designado en juicio en términos de los artículos 94 y 95 aludidos, sin facultades ampliadas, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, toda vez que la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, ya que el alcance de las facultades de defensa de los derechos del autorizante sólo se circunscriben al juicio civil, pues la limitante de que se trata deriva del artículo 95 indicado. Lo anterior, considerando que el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladado a persona distinta de la parte quejosa, pues la promoción del juicio de amparo se encuentra reservada a la persona física o moral a quien le afecte el acto, lo que puede hacerlo por sí, o por medio de su representante o apoderado, sin que al abogado patrono designado en términos de los artículos 94 y 95 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se le pueda considerar con tal carácter. Máxime que, en el caso, no existe constancia que evidencie a ***** como representante legal o apoderado de *****. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.XXI. J/7 C, del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 1729, con registro digital 2010807, de la Décima Época, que señala: "ABOGADO PATRONO DESIGNADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 94 Y 95 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. SÓLO PUEDE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE, SI SE LE FACULTÓ EXPRESAMENTE PARA ELLO. De los artículos referidos se advierte que las partes contendientes en los juicios civiles pueden ser representadas por abogados patronos o procuradores, quienes serán designados verbalmente o por escrito, cuya asistencia técnica les permite desempeñar los actos procesales que correspondan a su autorizante, excepto los que involucren disposición del derecho en litigio y los que estén legalmente reservados a los interesados, por lo que, al no existir restricción alguna para los autorizantes en los preceptos citados, pueden ampliar las facultades del abogado patrono al designarlo, lo que significa que pueden otorgarles atribuciones especiales, como sería la de promover el juicio de amparo directo; por lo que se concluye que un abogado patrono designado en juicio en términos de los artículos 94 y 95 aludidos, sin facultades ampliadas, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, toda vez que la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, ya que el alcance de las facultades de defensa de los derechos del autorizante sólo se circunscriben al juicio civil, pues la limitante de que se trata deriva del artículo 95 indicado, de ahí que la demanda de amparo directo en materia civil, deba provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo". Asimismo, se citan los criterios verificados en las diversas entidades federativa, tales como en los estados de Coahuila y Veracruz, los cuales son coincidentes con la determinación emitida por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, respecto a que la figura del abogado patrono sólo está legitimada para intervenir en el procedimiento de origen; además de que, en caso de que quisiera actuar como mandatario de su representado, dicha facultad deberá ser otorgada de manera expresa. Jurisprudencia VIII.2o.C.T. J/1, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, consultable en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1615, registro digital 2010036, de rubro y texto: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO EN NOMBRE DE SU REPRESENTADO. Del artículo 119 citado, se advierte que las partes deben hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o licenciados en derecho y que la intervención de los abogados puede realizarse de dos formas: a) como patronos de los interesados; y, b) como procuradores en los términos del mandato judicial respectivo; por su parte, el artículo 120 indicado prevé la designación de abogados patronos y procuradores. En ese contexto, la designación de la figura del procurador se efectúa mediante mandato, en los términos que establezca el Código Civil o por escrito ratificado ante el Juez; mientras que la de abogado patrono y defensor de oficio, se hace mediante escrito presentado al juzgador, y con el solo hecho de su designación, lo que les faculta para llevar a cabo todos los actos que correspondan a la parte que los designó, excepto los que impliquen disposición del derecho en litigio y aquellos que por ley estén reservados a la persona del interesado. De esta forma, su distinción estriba en que el procurador actúa mediante mandato y el abogado patrono o defensor de oficio únicamente con la designación mediante ocurso presentado al juzgador, por lo que el primero es un mandatario o representante legal y los segundos sólo tienen el carácter de autorizados para efectuar todos los actos en juicio que correspondan a la parte que los designó, con la excepción mencionada; lo anterior permite concluir que un abogado patrono designado en términos de los citados artículos 119 y 120, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, porque la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de las facultades de defensa se circunscriben al juicio civil; lo que no puede ni debe entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente como es la presentación de la demanda de amparo, en la que, conforme al principio de parte agraviada y acorde con la porción conducente del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 6o. de la Ley de Amparo, la demanda en materia civil debe suscribirse por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por quien es titular de la acción, ya sea por sí mismo o por su representante legal". Y jurisprudencia PC.VII. J/1 C, emitida por el Pleno del Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 1177, registro digital 2006435, que sostiene: "ABOGADO PATRONO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DEL QUEJOSO. Partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige la materia del juicio de amparo, se puede establecer que tratándose de esta clase de juicios, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, lo anterior ya que el análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo". En ese tenor, si sólo la parte directamente afectada con alguna determinación jurisdiccional es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo; es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo (con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo); es de concluirse que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo -que en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen-, evidentemente, los autorizados en términos amplios conforme a los numerales 94 y 95 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero cuya participación, como se dijo, se limita a la defensa de su autorizante, únicamente en la jurisdicción ordinaria, carecen de legitimación para instar la acción constitucional. En consecuencia, al no haber justificado **** ser apoderado o representante legal de ****, este órgano jurisdiccional estima que carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo en nombre del referido agraviado. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, 6 de la Ley de Amparo y el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, en vista de que el promovente del amparo no exhibió constancia con la que evidenciara su carácter de representante legal o apoderado del directo agraviado, a pesar de que se le dio la oportunidad para ello; razón por la que procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Anotaciones. Por último, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, comuníquese a las partes que la fecha y hora programadas para la audiencia constitucional, prevista para las diez horas del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se deja sin efectos por las consideraciones expuestas anteriormente. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Visto el estado procesal se advierte que feneció el plazo de cinco días concedido al promovente del amparo por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, para que exhibiera documento idóneo que lo faculte para instar demanda de amparo en nombre y representación de ***, sin que a la fecha lo haya hecho. En consecuencia, tomando en consideración que no se exhibió el referido documento dentro del plazo concedido para tal efecto, este órgano jurisdiccional proveerá lo que en derecho corresponda en el momento procesal oportuno Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    Visto el estado procesal del sumario constitucional, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta minutos de esta data, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se requirió al promovente del amparo para que en el plazo de cinco días, constados a partir de la legal notificación del presente proveído, exhiba documento idóneo que lo faculte para instar demanda de amparo en nombre y representación de ***. Diferimiento de audiencia constitucional En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo de la ley de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, se advierte que la persona que instó la vía constitucional fue ****, quien se ostenta como abogado patrono del directo agraviado ****; calidad que ostenta en términos de los artículos 94 y 95 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, tal y como se advierte del proveído de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente civil 97/2019 (foja 23 y 24), del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo. Sin embargo, conforme a los numerales 94 y 95 del Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se advierte que cuando los abogados o los procuradores actúen como mandatarios, tendrán las facultades que les asignen de una manera expresa las partes en el mandato. El mandato en procuración para un juicio determinado podrá otorgarse en la forma prescrita por el Código Civil. En ese tenor, de los artículos en comento se advierte que las partes contendientes en los juicios civiles pueden ser representadas por abogados patronos o procuradores, quienes serán designados verbalmente o por escrito, cuya asistencia técnica les permite desempeñar los actos procesales que correspondan a su autorizante, excepto los que involucren disposición del derecho en litigio y los que estén legalmente reservados a los interesados, por lo que, al no existir restricción alguna para los autorizantes en los preceptos citados, pueden ampliar las facultades del abogado patrono al designarlo, lo que significa que pueden otorgarles atribuciones especiales, como sería la de promover el juicio de amparo. Por lo que un abogado patrono designado en juicio en términos de los artículos 94 y 95 aludidos, sin facultades ampliadas, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, toda vez que la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, ya que el alcance de las facultades de defensa de los derechos del autorizante sólo se circunscriben al juicio civil, pues la limitante de que se trata deriva del artículo 95 indicado. En ese preciso sentido se pronunció el Pleno del Vigésimo Primer Circuito en la jurisprudencia PC.XXI. J/7 C (10a.), registro digital 2010807, Décima Época, Materias Común, Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 1729, que es de rubro y texto siguientes: "ABOGADO PATRONO DESIGNADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 94 Y 95 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. SÓLO PUEDE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE, SI SE LE FACULTÓ EXPRESAMENTE PARA ELLO. De los artículos referidos se advierte que las partes contendientes en los juicios civiles pueden ser representadas por abogados patronos o procuradores, quienes serán designados verbalmente o por escrito, cuya asistencia técnica les permite desempeñar los actos procesales que correspondan a su autorizante, excepto los que involucren disposición del derecho en litigio y los que estén legalmente reservados a los interesados, por lo que, al no existir restricción alguna para los autorizantes en los preceptos citados, pueden ampliar las facultades del abogado patrono al designarlo, lo que significa que pueden otorgarles atribuciones especiales, como sería la de promover el juicio de amparo directo; por lo que se concluye que un abogado patrono designado en juicio en términos de los artículos 94 y 95 aludidos, sin facultades ampliadas, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, toda vez que la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, ya que el alcance de las facultades de defensa de los derechos del autorizante sólo se circunscriben al juicio civil, pues la limitante de que se trata deriva del artículo 95 indicado, de ahí que la demanda de amparo directo en materia civil, deba provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo." Por tanto, la demanda de amparo en materia civil, como en el caso puesto a consideración, debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Bajo tales consideraciones, requiérase al promovente del amparo para que en el plazo de cinco días, constados a partir de la legal notificación del presente proveído, exhiba documento idóneo que lo faculte para instar demanda de amparo en nombre y representación de ****; se hace de su conocimiento que en caso de no exhibir el referido documento, este órgano jurisdiccional proveerá lo que en derecho corresponda. Al efecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 1/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, página 47, con registro digital número 200657, de la Novena Época, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese por lista.

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