Antonio García Lozano

Expediente 576/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
576/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Antonio García Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la determinación dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. - Se ordena archivar. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). - Relevancia documental. Luego, en atención al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (vigente a partir del día siguiente), este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. - Destino. Ahora bien, de conformidad con el inciso a) del artículo 21 del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se sobreseyó el presente juicio de amparo, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran ******************** de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la guía del servicio de mensajería "estafeta", mediante la cual devuelve el comunicado 28648/2021 de veinticuatro de agosto del año en curso, dirigido al Registro Público de Derechos de Agua señalando como motivo de su devolución "cambio de domicilio" misma que se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como corresponda. Se ordena reenviar oficio. En consecuencia, en óbice de mayores dilaciones procesales, se ordena reenviar el oficio en comento con sus respectivos anexos, al Registro Público de Derechos de Agua, a fin de se imponga de su contenido; lo anterior, tomando en consideración las medidas de precaución necesarias, dada la pandemia generada por la enfermedad del virus COVID- 19, por lo que dicho comunicado deberá ser enviado a través del servicio de mensajería "estafeta", servicio postal mexicano y/o al correo electrónico oficial de la autoridad de referencia para agotar los medios que este órgano jurisdiccional tiene al alcance para tal efecto. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable en comento, que de conformidad con el artículo 28, fracción I párrafo segundo, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio sean dirigidos, por lo que en caso de negarse a recibirlos, con excusa de una imprecisión en su denominación que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente su existencia, se tendrán por hechas las notificaciones respectivas y será responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan, en el sentido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta, al rendir su informe, por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, podrá imponérsele una multa de cien unidades de medida y actualizaciones.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio 1316 signado por Plazola, Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico en la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual, con relación a los requerimientos efectuados en autos, remite copias certificadas de la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno contenida en el oficio , con relación al trámite instaurado bajo expediente JAL-O-1238-09-04-19, así como de la notificación efectuada a consecuencia de ello; lo que se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como corresponda, y se tienen como pruebas documentales admitidas y desahogadas en este momento en razón de su propia naturales, a fin de ser tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. - Devuelve comunicado. Por otra parte, se tiene por recibida la guía del servicio de mensajería "estafeta", a través del cual devuelve el oficio 27278/2021 de doce de agosto de dos mil veintiuno, dirigido al Registro Público de Derechos del Agua, en razón de que "cambio de domicilio"; misma que se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como corresponda, sin que sea necesario reenviar el referido comunicado, en razón de que las constancias que le fueron solicitadas, ya fueron recibidas en el párrafo que antecede. - Estado procesal de autos. Ahora bien, de las pruebas allegadas por la responsable, recibidas en párrafos precedentes, concatenadas con el informe justificado rendido por la Directora de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (acordado el catorce de julio del año en curso), se advierte una causal de improcedencia, por lo que al respecto se provee: Fijación del acto reclamado: 1. Del Director de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, la omisión de dar respuesta en el expediente JAL-O-1238-09-04-19, con relación a la solicitud realizada por la quejosa para obtener la concesión por transmisión de derechos de agua y su registro en el Registro Público de Derechos de Agua. 2. Del Registro Público de Derechos de Agua, la inscripción y registro del Título de Concesión de Agua relativo al expediente JAL-O-1238-09-04-19. - Se advierte causal de sobreseimiento. Por tanto, al tomar en consideración las pruebas documentales de mérito, se viene en conocimiento que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, en el particular, el peticionario de amparo reclama como acto destacado la omisión de dar respuesta en el expediente JAL-O-1238-09-04-19, con relación a la solicitud realizada por la quejosa para obtener la autorización para transmitir el título de concesión de derechos de agua y su respectivo registro en el Registro Público de Derechos de Agua. En ese orden de ideas, de las constancias que integran el juicio constitucional, en particular de las recibidas en el presente auto, se desprende que el dieciocho de junio de dos mil veintiuno se emitió el oficio BOO.812.02.02/2568/2021, firmado por Daniel Alberto Arambula Montiel, en su carácter de Director de Administración del Agua, dirigido al quejoso Antonio García Lozano, en el que se resolvió la solicitud de transmisión parcial y definitiva de derechos con relocalización de volumen, relativo al título de concesión OBJAL161258/12AMDA18, expediente JAL-O-1238-09-04-19, determinando que tal solicitud no era procedente; lo cual se le hizo del conocimiento al promovente vía electrónica, el veintitrés de junio siguiente. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto de los indicados actos, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse impugnado la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta en el expediente JAL-O-1238-09-04-19, por lo que a la solicitud realizada por la parte quejosa para obtener la autorización para transmitir el título de concesión de derechos de agua y su respectivo registro en el Registro Público de Derechos de Agua, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado y el amparo resulta improcedente conforme a la fracción y artículo en estudio. En ese orden de ideas, al ya haberse emitido la respuesta de la cual se reclamaba su omisión, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez terminado ya se emitió una resolución respecto a lo solicitado por el promovente, aunado a que ésta le fue notificada vía electrónica, como se advierte de las constancias allegadas por la responsable; por lo que es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, que era precisamente obtener de la autoridad de que se ha venido hablando emitiera un pronunciamiento en torno a la pretensión del agraviado. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También es útil en este tema la jurisprudencia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Es corolario de lo expuesto, que en términos de lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio fuera de audiencia, toda vez que conforme a lo aquí apuntado, han cesado los efectos del acto reclamado en sede constitucional. Es de invocarse en apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". - Se sobresee fuera de audiencia. Por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia. - Se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional. En razón de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional a las doce horas del seis de septiembre de dos mil veintiuno. - Se informa. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la licenciada Ana Paula Baroccio González, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/2876/2021, de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE 24/08/2021, QUE DICE: Téngase por recibido el oficio 1316 signado por Plazola, Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico en la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual, con relación a los requerimientos efectuados en autos, remite copias certificadas de la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno contenida en el oficio , con relación al trámite instaurado bajo expediente JAL-O-1238-09-04-19, así como de la notificación efectuada a consecuencia de ello; lo que se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como corresponda, y se tienen como pruebas documentales admitidas y desahogadas en este momento en razón de su propia naturales, a fin de ser tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. - Devuelve comunicado. Por otra parte, se tiene por recibida la guía del servicio de mensajería "estafeta", a través del cual devuelve el oficio 27278/2021 de doce de agosto de dos mil veintiuno, dirigido al Registro Público de Derechos del Agua, en razón de que "cambio de domicilio"; misma que se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como corresponda, sin que sea necesario reenviar el referido comunicado, en razón de que las constancias que le fueron solicitadas, ya fueron recibidas en el párrafo que antecede.

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