Antonio Garcia Ibarra

Expediente 941/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
941/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
10/01/2022

Partes del expediente

  • Antonio Garcia Ibarra
  • Junta Especial Numero 2 de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Cabe precisar que aun cuando no obran la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que a continuación se cita para pronta referencia: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Antonio García Ibarra, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".El ilegal acuerdo admisorio de fecha tres de agosto del dos mil veinte, por no cumplir los requisitos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el consecutivo 941/2020, requirió a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: Acuerdo admisorio de tres de agosto de dos mil veinte, donde señala la parte quejosa no se proveyó respecto a fijar fecha para la audiencia bifásica, demanda que fue radicada bajo el expediente 01/214/2020. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su Presidente, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, sin embargo, a pesar de haber aceptado la existencia del acto que se le atribuye, este resolutor constitucional considera tenerlo por inexistente, en atención a lo siguiente. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Así, dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha de presentación la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de amparo), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Apoya la Jurisprudencia 1a./J. 36/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 5, titulada: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante al segundo supuesto la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Se cita la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En el caso, el disconforme reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, que, en el acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte no fijó fecha para desahogar la audiencia bifásica, con lo que señala se contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. De las constancias del expediente laboral remitido por la responsable como justificación a su informe, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: ". ACUERDO DE ADMISION. Cuernavaca, Morelos a tres de agosto dedos mil veinte y estando debidamente, integrada esta Junta Especial; Número Dos de la local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos POR RECIBIDO.- El escrito registrado en la oficialía de partes con el folio 0000226, presentado con fecha cuatro de junio de dos mil veinte, suscrito por el LIC. JOSÉ LUIS SALGAOO MÁRQUEZ, en representación, del C. ANTONIO GARCÍA IBARRA. Al QUE ACOMPAÑAN: CARTA PODER Y UNA COPIA SIMPLE DE TRASLADO. QUIEN DEMANDA A INDUSTRIA, LAMINERA S.A. DE C.V. QUIENES EXPLOTAN El NOMBRE COMERCIAL "INLASA" . . SE PREVIENE a las partes que en la audiencia bifásica y etapas subsecuentes deberá ajustarse a lo dispuesto por el. Artículo 692 de la ley Federal del Trabajo, debiendo registrar sus cédulas .profesionales o cartas de pasantes en el libro de gobierno, el cual se encuentra resguardado en la Secretaría General de la Junta Especial Número Cuatro, ASIMISMO SE ADVIERTE QUE LA CARTA PODER ANEXA AL ESCRITO DE DEMANDA NO CUMPUE CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL:DEL TRABAJO, PUESTO QUE LA CARTA PODER DEBE CONTENER, EL NOMBRE Y LA FIRMA DE DOS TESTIGOS QUE COMPARECEN AL ACTO JURÍDICO Y TODA VEZ QUE LA CARTA PODER ES PARTE INTEGRANTE DE LA DEMANDA Y AMBOS DDCUMENTOS SE ENCUENTRAN LIGADOS CONSTITUYENDO UN TODO, LO QUE OBLIGA AL ANÁLISIS INTEGRAL Y ARMONICO DE TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN ELLOS A FIN DE PRECISAR SU VERDADERO SENTIDO, DE IGUAL FORMA SE LE REQUIERE AL PROMOVENTE PARA QUE EXHIBA ESCRITO DE DEMANDA DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SUSCRIPTOR, ACOMPAÑADO DEBIDAMENTE DE SUS COPIAS, POR LO QUE SE PREVIENE AL PROMOVENTE PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA NOTIFICADO EL PRESENTE, EXHIBA DOCUMENTO CON EL QUE, ACREDITE FEACIENTEMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA, PUESTO QUE SI NO SE CUMPLE ESE REQUISITO DE RROCEDIBILIDAD NECESARIO ACORDE A LA ACCIÓN INTENTADA, ESTA ÚLTIMA NO PODRÍA CONFIGURARSE.". En este sentido, de la interpretación sistemática del artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo que prevé: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. Del precepto legal en cita, se desprende que la junta en caso de advertir alguna irregularidad en el escrito de demanda prevendrá a la parte actora para que en el término de tres días la subsane. Así, se infiere del auto admisorio de tres de agosto de dos mil veinte, pues la responsable previno a la parte actora, a fin de subsanar tanto el escrito inicial de demanda para que la firme debidamente, así como la carta poder al no estar avalada con la firma de dos testigos, lo que deberá subsanar en un plazo de tres días contados a partir de su notificación personal. De la reseñada disposición lleva a concluir que cuando la junta responsable advierta anomalías en el escrito de demanda prevendrá al actor para que las subsane, en un plazo de tres días, a fin de proseguir con el trámite del juicio laboral, de ahí que dicho auto admisorio no sea ilegal. Que si bien, es cierto el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, ante el obstáculo advertido por la Junta responsable, al observar las deficiencias del escrito de demanda, así como de la carta poder, requiere sean corregidas por la parte actora para su prosecución. Por ello, si el quejoso reclama que la autoridad responsable no señaló fecha para la audiencia bifásica en el auto admisorio de tres de agosto de dos mil veinte, que imputa de ilegal, tal acto no existe, en razón que del acuerdo de tres de agosto de ese año, esta autoridad advierte se encuentra en prevención, de ahí la legalidad del mismo; esto es, la parte quejosa no ha sido constante ante la autoridad, ni ha estado pendiente a fin de continuar con el procedimiento admisorio de su escrito de demanda. Es decir, para efectos de estudiar algún acto omisivo atribuido a determinada autoridad, en primer lugar es menester determinar si ésta se encontraba en aptitud u obligada a realizar tal actuación; lo que en el caso no acontece, ya que de acuerdo al estadio procesal del juicio de origen, se desprende que con motivo de la prevención formulada, no era factible el señalamiento de la fecha para la audiencia inicial. Así, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo contra el acto en estudio, por virtud de su inexistencia. Apoya lo anterior la tesis VII.1º.C.4 K, visible en la página 433, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Así como la Jurisprudencia número XVII. 2o. J/10, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Epoca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, como se ha señalado lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto previamente citado, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor acuerdo el informe justificado que rinde la Junta responsable, toda vez que el catorce de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el citado informe, dándose vista a las partes con el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que está transcurriendo el término para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; en esa virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se señalan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

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