Antonio García Gutierrez
Expediente 556/2012 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2012
- Año
- 2012
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Antonio García Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toda vez que feneció el término de 90 días concedido a la parte quejosa para que recogiera los documentos originales, se le informa que se hace efectivo el apercibimiento hecho, y que los mismos seguirán la suerte del principal.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se desprende que por auto de siete de agosto de dos mil quince, se tuvo por cumplido el fallo protector, mismo que fue notificado el once siguiente al quejoso Fruvas Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Antonio García Gutiérrez; por lo que a la fecha, transcurrió el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que hubiera promovido inconformidad; consecuentemente, queda firme dicho auto, razón por la cual procede ordenar el archivo del expediente como asunto concluido. En consecuencia, en acatamiento al segundo párrafo del artículo decimoprimero del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. Así mismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse otorgado la medida cautelar de manera definitiva. Por último, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Finalmente, en el presente juicio existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por tanto, hágase de su conocimiento para que dentro del término de noventa días solicite la devolución de los mismos, previniéndosele que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior conforme lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo del acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
..........procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado al quejoso Antonio García Gutiérrez, apoderado legal de FRUVAS, S. de R.L. DE C.V., en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 30 de la Ley de Amparo el proveído de tres de septiembre de dos mil quince........Vista la certificación que antecede de la que se desprende que por auto de siete de agosto de dos mil quince, se tuvo por cumplido el fallo protector, mismo que fue notificado el once siguiente al quejoso Fruvas Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Antonio García Gutiérrez; por lo que a la fecha, transcurrió el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que hubiera promovido inconformidad; consecuentemente, queda firme dicho auto, razón por la cual procede ordenar el archivo del expediente como asunto concluido. En consecuencia, en acatamiento al segundo párrafo del artículo decimoprimero del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. Así mismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse otorgado la medida cautelar de manera definitiva. Por último, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Finalmente, en el presente juicio existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por tanto, hágase de su conocimiento para que dentro del término de noventa días solicite la devolución de los mismos, previniéndosele que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior conforme lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo del acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015, EN EL QUE: Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de julio del año en curso, misma que fue notificada por lista el treinta y uno del mismo mes y año; por tal razón, se hace efectivo el apercibimiento decretado, consistente en que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad Por consiguiente, este tribunal de control constitucional procede a analizar las constancias que obran en los autos, a fin de determinar sí el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En apoyo de lo expresado se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, marzo de dos mil, Novena Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de catorce de marzo de dos mil trece, se concedió a Fruvas, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, representada por Antonio García Gutiérrez, en su carácter de administrador único, el amparo y protección de la justicia federal, por lo cual se requirió a las autoridades responsables Oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el punto de verificación fitosanitario de San Luis Río Colorado, Sonora y Director de la Dirección General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en México, Distrito Federal, para que dieran cumplimiento a dicha sentencia. En cumplimiento a dicho requerimiento la autoridad responsable Dirección General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con residencia en México, Distrito Federal, en dos de julio de la presente anualidad, emitió los oficios B00.01.01.06557/2015 y B00.01.01.06556/2015, en los que determinó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos legales las actas de retención de fechas ocho y treinta de agosto de dos mil doce, emitidas en el Punto de Verificación e Inspección interna de San Luis Río Colorado, Sonora. 2. Fundó y motivo dicha determinación indicando que la mercancía consistente en 23.04 toneladas de uva fresca, transportada en el tráiler FL, placas 819DT/582UJ9, modelo 2005 conducido por Daniel García Corral fue retenida debido a que no se exhibió el Certificado Fitosanitario de Movilización Nacional (CFMN), para la movilización de dicha mercancía de zona bajo control a zona libre. 3. Especificó los fundamentos legales por los cuales se retuvo y devolvió la mercancía y los razonamientos lógicos jurídicos con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución. Por lo tanto, es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia constitucional pronunciada, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; motivo por el cual debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado debidamente cumplido. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos del primer párrafo del precepto 202 de la Ley de Amparo. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 27904, 27905, 27989, 27990, 27991, 27992, 27993, 27994, 27995, 27996, 27997, 27998, 27999 y 28000.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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