Antonio Gabriel Acosta Juarez

Expediente 206/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
206/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Antonio Gabriel Acosta Juarez
  • ANTONIO GABRIEL ACOSTA JUAREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos se advierte que en acuerdo diez de marzo de dos mil veintiuno se desechó la demanda de amparo, el cual fue notificado a la parte quejosa mediante lista publicada el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, sin que el mismo haya sido recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho proveído. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es DEPURABLE de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso a) del acuerdo general citado porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el actuario judicial de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el contenido del proveído dictado el diez de marzo de dos mil veintiuno, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista al quejoso el presente proveído, así como el diverso dictado el diez de marzo de dos mil veintiuno. EN MERITO DE LO ANTERIOR SE PROCEDE A NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ E MARZO DEL AÑO EN CURSO, LO QUE A LA LETRA DICE: Visto el contenido del acta de referencia se advierte que si bien el quejoso ***, ratificó la demanda promovida en su nombre por ***, también manifestó que no había sido torturado, ni se encontraba incomunicado o aislado, ni presentaba lesiones, tal como se advierte del texto de la diligencia de mérito en la que el actuario asentó: ".que no ha sido torturado, tampoco incomunicado o aislado, que el día de ayer estuvo en comunicación con el defensor público.", así como de lo asentado en la parte final de la misma por el propio quejoso en la cual se lee: "No presento lesiones (sic), ayer estuve (sic) en comunicación con mi defensor". Como se ve, el quejoso directo señaló que no se encuentra incomunicado, lo que hace presumir el hecho de que en la demanda formulada por ***, quien manifestó que promovía a su nombre porque el referido quejoso se encontraba incomunicado y siendo torturado, fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues María del Carmen Chavarría Flores, con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Antonio Gabriel Acosta Juárez, manifestó, bajo protesta de decir verdad, que éste se encontraba incomunicado. Es decir, la promovente invocó una situación que la legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el referido artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación y/o tortura- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser éste un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que María del Carmen Chavarría Flores, estuviera en aptitud de promover en nombre de Antonio Gabriel Acosta Juárez, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias de autos consistente en la diligencia efectuada en nueve de marzo del presente año, por el fedatario judicial de este órgano jurisdiccional, el aquí directo quejoso, señaló de manera expresa y categórica que no había sido torturado, tampoco incomunicado o aislado, y que no presentaba lesiones, y por ende no se encontraba imposibilitado para promover la demanda de amparo en que se actúa. Ante ello, resulta evidente que María del Carmen Chavarría Flores, carecía de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de Antonio Gabriel Acosta Juárez. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por tanto, se dejan sin efectos las medidas provisionales de suspensión que le fueron concedidas al quejoso respecto de los actos que reclamó. Sin que sea óbice a lo acordado en este auto, que al ser requerido por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, Antonio Gabriel Acosta Juárez haya manifestado que ratificaba la demanda promovida en su nombre, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultada para hacerlo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque al iniciarse el juicio de amparo por una persona no reconocida en la ley no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quien inició el juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, agréguense únicamente para que obren como constancias los oficios y anexo remitidos por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Investigación en Delitos de Alta Incidencia (Susana García Ortiz); dado lo acordado en párrafos anteriores. De igual forma, téngase a la autoridad oficiante proporcionando correo electrónico y número telefónico para establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional, de lo que se toma conocimiento. Finalmente, tomando en consideración que en la presente data se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, agréguese sin mayor acuerdo la razón actuarial de cuenta.

  3. Principal

    Visto el contenido del acta de referencia se advierte que si bien el quejoso ***, ratificó la demanda promovida en su nombre por ***, también manifestó que no había sido torturado, ni se encontraba incomunicado o aislado, ni presentaba lesiones, tal como se advierte del texto de la diligencia de mérito en la que el actuario asentó: ".que no ha sido torturado, tampoco incomunicado o aislado, que el día de ayer estuvo en comunicación con el defensor público.", así como de lo asentado en la parte final de la misma por el propio quejoso en la cual se lee: "No presento lesiones (sic), ayer estuve (sic) en comunicación con mi defensor". Como se ve, el quejoso directo señaló que no se encuentra incomunicado, lo que hace presumir el hecho de que en la demanda formulada por ***, quien manifestó que promovía a su nombre porque el referido quejoso se encontraba incomunicado y siendo torturado, fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues María del Carmen Chavarría Flores, con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Antonio Gabriel Acosta Juárez, manifestó, bajo protesta de decir verdad, que éste se encontraba incomunicado. Es decir, la promovente invocó una situación que la legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el referido artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación y/o tortura- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser éste un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que María del Carmen Chavarría Flores, estuviera en aptitud de promover en nombre de Antonio Gabriel Acosta Juárez, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias de autos consistente en la diligencia efectuada en nueve de marzo del presente año, por el fedatario judicial de este órgano jurisdiccional, el aquí directo quejoso, señaló de manera expresa y categórica que no había sido torturado, tampoco incomunicado o aislado, y que no presentaba lesiones, y por ende no se encontraba imposibilitado para promover la demanda de amparo en que se actúa. Ante ello, resulta evidente que María del Carmen Chavarría Flores, carecía de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de Antonio Gabriel Acosta Juárez. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por tanto, se dejan sin efectos las medidas provisionales de suspensión que le fueron concedidas al quejoso respecto de los actos que reclamó. Sin que sea óbice a lo acordado en este auto, que al ser requerido por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, Antonio Gabriel Acosta Juárez haya manifestado que ratificaba la demanda promovida en su nombre, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultada para hacerlo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque al iniciarse el juicio de amparo por una persona no reconocida en la ley no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quien inició el juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, agréguense únicamente para que obren como constancias los oficios y anexo remitidos por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Investigación en Delitos de Alta Incidencia (Susana García Ortiz); dado lo acordado en párrafos anteriores. De igual forma, téngase a la autoridad oficiante proporcionando correo electrónico y número telefónico para establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional, de lo que se toma conocimiento. Finalmente, tomando en consideración que en la presente data se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, agréguese sin mayor acuerdo la razón actuarial de cuenta.

  4. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen Chavarría Flores, en favor de Antonio Gabriel Acosta Juárez, recibida en el Panel de Promociones del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, con evidencia criptográfica a nombre de Alejandra Villegas Rodríguez, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 206/2021. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los actos que reclama María del Carmen Chavarría Flores, en favor de Antonio Gabriel Acosta Juárez, son aquellos de los prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo así como 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que hace consistir en la tormento físico y psicológico, penas inusitadas, incomunicación y aislamiento; los cuales atribuye al la Unidad de Alta Incidencia FEIDAI y a la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Alta Incidencia FEIDAI (Susana García Ortiz). No pasa desapercibido para el suscrito que el ocurso de mérito, no contiene la firma electrónica (FIREL) de la promovente sino de su autorizada; sin embargo, dado que los actos que reclama a favor del quejoso directo, son aquellos de los prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, así como 22 de la Constitución, en cuyo supuesto cualquier persona puede promover en nombre del quejoso directo en caso de estar imposibilitado para ello, lo que en el caso se infiere en razón de los antecedentes relatados. SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor del quejoso Antonio Gabriel Acosta Juárez, para el efecto de que cesen de inmediato los actos de tormento físico y psicológico, penas inusitadas, incomunicación y aislamiento, así como cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; lo anterior comuníquese de inmediato por medio de oficio a las autoridades responsables. REQUERIMIENTO DE ACATAMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Requiérase a las autoridades responsables, para que informen dentro del plazo de DIECIOCHO HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión; apercibidas que en caso contrario se les impondrá a cada una, una multa equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, aunado al hecho de que la violación a este mandato traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. Así mismo, la responsable ante quien se encuentre a disposición el quejoso directo ANTONIO GABRIEL ACOSTA JUÁREZ, deberá hacer del conocimiento de esta autoridad federal, en caso de haber sido detenido en caso de flagrancia o urgencia, el momento en que pone a disposición de la autoridad judicial o decreta su libertad, ello conforme al artículo 16 constitucional, debiendo para ello remitir constancia de ello, con el apercibimiento que de hacerlo de esa manera, se le impondrá una multa equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que el quejoso Antonio Gabriel Acosta Juárez, no puede promover por sí mismo, a fin de acordar lo procedente sobre la admisión de la demanda de amparo y no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo se comisiona al Actuario Judicial de este órgano jurisdiccional, para que: Se constituya en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública C5, Unidad de Alta Incidencia, con el objeto de notificar al quejoso directo Antonio Gabriel Acosta Juárez. Dé fe del estado físico del quejoso y le haga saber el motivo de la diligencia. Le notifique el contenido íntegro del presente proveído y le corra traslado con copia autorizada del mismo. Lo requiera para que manifieste si ha sido torturado, incomunicado y/o aislado. En caso de encontrarse a disposición de diversa autoridad a las señaladas como responsables, requiera al quejoso para que manifieste si es su deseo señalarla como responsable. En este supuesto, a efecto de que el actuario judicial adscrito se encuentre en aptitud de notificarle el contenido del presente proveído, gírese dos oficios abiertos a efecto de dar cumplimiento a lo anterior. Le haga del conocimiento la demanda de amparo promovida por María del Carmen Chavarría Flores en su nombre, y a cuya lectura de los hechos narrados en la misma deberá remitirse, y enterado de su contenido lo prevenga para que en el momento de la diligencia, o dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida en su nombre, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las medidas decretadas. Concluida la diligencia encomendada se solicita al actuario encargado de desahogarla asiente la razón correspondiente. DATOS DEL SECRETARIO DE GUARDIA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el Secretario de guardia encargado de recibir promociones fuera del horario de oficina es el Secretario José Julián Fierro Blanco, y que podrán remitir su correspondiente informe a las direcciones de correo electrónico siguientes: jose.fierro.blanco@correo.cjf.gob.mx 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Debiendo confirmar la recepción con el Secretario José Julián Fierro Blanco al teléfono móvil con número 22 23 23 16 71. En la inteligencia, que en el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas sea imposible remitirlas electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas. AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLÍOS Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandra Villegas Rodriguez. AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Como lo solicita el promovente, y con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones que se generen con la tramitación del presente juicio de amparo de manera personal, se realicen a través del usuario lic.ale; así mismo, y toda vez que solicita que el tramitación del presente juicio en línea, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para la consulta del expediente electrónico. Por otro lado, con relación al diverso domicilio al que hace referencia, hágase de su conocimiento que el mismo se tiene por señalado únicamente en el caso de que el usuario proporcionado sea incorrecto. FORMA DE NOTIFICACIÓN En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad proceda a notificarlos de manera física o, en su caso, realice la remisión vía telegráfica o por correo certificado (tratándose de autoridades foráneas), según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. INVITACIÓN A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, SE INVITA A LAS PARTES para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, para lo cual, se hace de su conocimiento que para seguir el trámite del "juicio en línea", es necesario que mediante una promoción electrónica soliciten a este juzgado la autorización para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, para lo cual deberán aportar el "nombre de usuario" que se genera en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se invita a las partes para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada "Firel" del Poder Judicial de la Federación ante el Portal de Servicios en Línea del propio Poder Judicial de la Federación; para mayor información puede seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx/ Incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR VÍA ELECTRÓNICA A LA AUTORIZADA DE LA PARTE QUEJOSA.

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