Antonio Flores Marín
Expediente 734/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2021
Partes del expediente
- Antonio Flores Marín
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo, y que no existen originales exhibidos por las partes. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida ******* por derecho propio, contra actos de la LX Legislatura del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 734/2021-I. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados, los siguientes: De la LX Legislatura del Estado de México. 1. La discusión e eminente aprobación para la celebración de contrato de obra, así como de servicios públicos, al Ayuntamiento de Metepec, derivado de la aprobación por veinticinco años, respecto a la prestación del servicio público de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos generados en dicho municipio, que fuera presentado el doce de agosto de dos mil veintiuno y aprobado el trece siguiente, en la nonagésima novena sesión de cabildo. Del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México. 2. La omisión de emitir una convocatoria pública quince días naturales previos a la celebración de cabildo tal y como estaba obligado conforme el artículo 28 párrafo octavo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; por virtud del cual, discutieron y aprobaron el proyecto de acuerdo respecto a la prestación del servicio público de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos generados en el municipio de Metepec. 3. La discusión y aprobación del proyecto de acuerdo respecto a la prestación del servicio público referido. 4. Como consecuencia de lo anterior, el inminente otorgamiento de la concesión municipal y publicación de convocatoria para la prestación del servicio público de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos, por un periodo de veinticinco años. 5. La autorización otorgada dentro del punto de acuerdo Segundo, inciso E de la nonagésima sesión extraordinaria de cabildo, para que la Presidenta Municipal de Metepec, realice el tramite correspondiente ante la Legislatura del Estado de México, para que se modifique el fideicomiso f/651 suscrito con monex grupo financiero, a fin de que se afecten las participaciones federales del ramo 28, hasta en un 30% con el objetivo de garantizar el pago por el servicio concesionado de servicio de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el municipio desde el inicio hasta la terminación de la concesión. 6. La omisión de haber girado petición como miembros del ayuntamiento de Metepec, para que se sesionara como asunto urgente el proyecto de acuerdo respecto a la prestación del servicio público de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos generados en el municipio de Metepec, tal y como los obligaba el artículo 2.5 del Código de Reglamentación de Metepec. 7. La inconstitucionalidad del artículo 2.7 del Código de Reglamentación de Metepec, por ser omisas en describir cuales son los asuntos urgentes que ameritan ser tratados en sesiones extraordinarias. De la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México. 8. La inminente ejecución del proyecto aprobado por el ayuntamiento de Metepec, en sesión de cabildo de trece de agosto de dos mil veintiuno, por virtud de la cual discutieron y aprobaron el proyecto de acuerdo respecto a la prestación del servicio público de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos generados en el municipio de Metepec, dentro de la nonagésima novena sesión extraordinaria de cabildo del ayuntamiento de Metepec, lo anterior por ser su atribución de conformidad con lo que estatuye el artículo 48, fracción II de la Ley Orgánica municipal del Estado de México. 9. La inminente solicitud de autorización que dirigirá a la LX Legislatura del Estado de México, tal y como lo estatuye el artículo 34 de la Ley Orgánica municipal a fin de que apruebe el proyecto aprobado por el ayuntamiento de Metepec, en sesión de Cabildo el trece de agosto del año en curso, por virtud de la cual discutieron y aprobaron el proyecto de acuerdo respecto a la prestación del servicio aludido. 10. Se reclama el inminente otorgamiento de la concesión municipal para la prestación del servicio público de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de residuos solidos no peligrosos, por un periodo de veinticinco años, por no reunir los requisitos estatuidos en el artículo 131 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 11. Como consecuencia de lo anterior, se reclama la inminente emisión de la convocatoria para que se otorgue concesión para la prestación del servicio público de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos, por el periodo referido. 12. La omisión de justificar que el proyecto de acuerdo respecto a la prestación del servicio público de mérito ameritaba una urgente resolución para ser tratada en sesión extraordinaria. 13. La omisión de notificar a todos los integrantes del Ayuntamiento de Metepec, tal y como lo dispone el artículo 2.27 del Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México, la convocatoria de sesión extraordinaria. 14. La omisión de haber convocado a sesión ordinaria abierta, por ser un tema de interés para la comunidad el proyecto de acuerdo respecto a la prestación del servicio público de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos generados en el municipio de Metepec, tal y como lo dispone el artículo 2.8 del Código de Reglamentación Municipal de Metepec. De la Secretaría del Ayuntamiento de Metepec: 15. La emisión de la convocatoria para sesión nonagésima novena extraordinaria de Cabildo, por no tener facultades para convocar. 16. La omisión de crear un registro quince días antes de la nonagésima novena sesión de cabildo celebrada el 13 de agosto del 2021, tal y como estaba obligada conforme el artículo 2.8 del Código de Reglamentación Municipal de Metepec, a fin de que el suscrito estuviera en aptitud de registrarse como participante. 17. La inminente publicación de convocatoria para concesionar la prestación del servicio público de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos generados en el municipio de Metepec, de conformidad con el punto de acuerdo Segundo, inciso A, resuelto dentro del Acta de la nonagésima sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Metepec, celebrada el trece de agosto de este año. Del Titular de la Segunda Regiduría del Ayuntamiento de Metepec. 18. La presentación al Ayuntamiento de Metepec de la propuesta del proyecto para la prestación del servicio público multicitado. En relación con los actos reclamados, se surte el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción de trato, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia, como la establecida en los numerales 5º, fracción I y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. En ese tenor, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional y por ende, resulta improcedente la demanda que promueva en esas circunstancias. En el caso, se considera que el promovente carece de legitimación para promover la acción constitucional, porque si bien el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza de los actos reclamados y a la de las autoridades que los emiten, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. De tal forma que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Atento a lo anterior, si bien el peticionario del amparo aduce que se transgrede su derecho a un medio ambiente sano, así como a ejercer su obligación y deber de proteger el ambiente, incluso de poder participar e inscribirse a la convocatoria relativa, lo cierto es que los actos reclamados no le causan agravio material en su esfera jurídica, por lo menos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior, además, tomando en cuenta que el mismo promovente precisa que se trata de actos "inminentes", es decir, aún no se materializan a la vida jurídica; sin embargo, aún de concretarse, en su caso, se reflejarían en una comunidad determinada, lo que podría considerarse como un derecho colectivo y no individual como lo pretende hacer valer el peticionario del amparo. Lo anterior tomando en consideración que, si bien el accionante del amparo hace valer que se transgrede su derecho a un medio ambiente sano, así como a ejercer su obligación y deber de proteger el ambiente, incluso de poder participar e inscribirse a la convocatoria relativa, lo cierto es que éste no precisó que se dedique a la prestación del servicio público de que se trata; pero aún en el caso de que así fuera, la "inminente" ejecución de la normativa reclamada no le priva del derecho de competir por la prestación del servicio en cuestión, y en caso de que, posteriormente, una vez que se materialicen los efectos de la normativa que se pretende reclamar, ésta le impida acceder a la participación en la prestación del servicio público en cuestión, es que podrá acudir al amparo respecto de tal acto de aplicación, y por consecuencia, de la norma misma. Ahora, tampoco se acredita el interés legítimo que aduce defender el accionante del amparo, pues su derecho a un medio ambiente se colma en tanto se le preste el servicio de recolección, traslado, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos, sea por parte del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México o de un tercero a quien se le concesione para ello. Además que, por los mismos motivos que se han reseñado, se aprecia que no se reúnen los requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la acreditación del interés legítimo, a saber: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada, expresamente, por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad por tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia, que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una disposición jurídica, pero basta que en ella se establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, aunque tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, el cual no puede ser derivado lejanamente, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso, en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) El quejoso tiene un interés propio distinto, del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico; cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la resolución del Pleno no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés; y, j) El interés debe responder a la naturaleza del proceso, del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En atención a lo cual, si en el presenta asunto no se advierte, ni se acreditó la intención del promovente del amparo de participar en la prestación del servicio público regulado por la norma reclamada (en tanto que no se han materializado los efectos de la misma y resultan futuros e inciertos), como ya se precisó previamente, es evidente que las mismas no contienen disposición alguna que pueda afectar al ahora quejoso; y por ende, tampoco puede acreditarse siquiera el interés legítimo que se aduce vulnerado por el promovente del amparo. Debiendo tomar en consideración que, se reitera, la emisión, ejecución y presuntas afectaciones que pretende reclamar el aquí quejoso son futuras y de realización incierta, ya que incluso éste refiere que los actos como "inminentes", lo que denota que no ha sufrido una afectación en su esfera de derechos, y la que aduce "podría" ocurrir, deriva únicamente de su apreciación subjetiva y no de hechos jurídicos o fácticos. Atento a lo anterior, no se surte el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, pues, se insiste, los actos combatidos ya descritos, no inciden en la esfera jurídica del promovente del amparo, de ahí que no esté legitimado para promover en esta instancia constitucional. Es aplicable al caso, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo CXXX, materia administrativa, Quinta Época, que se cita enseguida: "LEGITIMACIÓN PARA LA ACCIÓN DE AMPARO Y RECURSOS Y ACCIONES INCIDENTALES. La legitimación, para iniciar y seguir el recurso de garantías, debe fundarse en la ofensa, lesión o agravio, causado por acto de autoridad o por la ley, al interés del particular, moral o físico, sea de naturaleza jurídica o patrimonial; y esa legitimación para lo principal, lógicamente se requiere para todas las incidencias o recursos que puedan ser propuestos, durante el curso del juicio o terminado éste, así sean, por razón de legitimación y de igualdad, partes principales en la controversia constitucional, terceros perjudicados o terceros extraños; y de no llenarse esos requisitos básicos, surge ineludiblemente la improcedencia, sea también de la acción principal, recursos y acciones incidentales, en los términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, ya que puede ocurrir que no se compruebe la afectación de los intereses jurídicos del quejoso; que el acto reclamado haya sido consentido, tácita o expresamente; que haya cambiado la situación jurídica del acto impugnado o dejado este de surtir efectos por extemporaneidad de la demandada y otras causas. La legitimación por consecuencia, que requieren la acción de amparo, y los recursos o incidentes que surjan en la controversia o terminada ésta, no es otra, fundamentalmente que la lesión u ofensa de un derecho constitutivo del agravio que deba ser reparado por anticonstitucional o ilegítimo." Así como, por identidad de criterio, la tesis XXVII.3o.132 K (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3073, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO COLECTIVO EN EL AMPARO INDIRECTO. ASPECTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA DETERMINAR SI SE ACTUALIZA, CUANDO EL JUICIO SE PROMUEVE EN DEFENSA DEL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. Conforme al artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien comparezca al juicio de amparo deberá, en los supuestos en que no reclame actos o resoluciones de tribunales, ser titular de una facultad otorgada por el orden jurídico, que se afecta inmediata y directamente o, en caso de que no cuente con ese interés jurídico, aducir una ventaja o utilidad jurídica determinada y determinable, sin ser exclusiva a una entidad de base asociativa, fundada en un interés legítimo derivado de la reparación pretendida. Así, tratándose de la materia medioambiental, la legitimación requerida para promover el amparo indirecto se sienta sobre una base propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos; esto es, se requiere de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una posibilidad, ante lo cual, la obtención de una eventual sentencia de protección constitucional, implicaría la obtención de un beneficio determinado. En estas condiciones, la vinculación jurídicamente relevante y protegida de la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano en sede constitucional, no depende de la simple manifestación del interesado, en el sentido de que goza de un interés legítimo colectivo suficiente, sino que el Juez de Distrito debe arribar, por medio de inferencias lógicas, a la conclusión de que éste se actualiza, considerando que: (i) su ejercicio corresponde a un individuo y/o grupo de personas identificables, con proyección jurídica en sentido amplio y diferenciado del resto de la sociedad; (ii) ello ocurre, dada su directa vinculación con el objeto de la pretensión medioambiental, bien por circunstancias personales, como el lugar de residencia o ciudadanía, o por una regulación sectorial o grupal específica que les concierna; y, (iii) la obtención del beneficio pretendido no puede ser derivada, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse en beneficio de la colectividad a la que se pertenezca." Por consiguiente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que alude la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. Ahora, respecto a la autorización que solicita para la consulta del expediente electrónico, de la certificación de cuenta se aprecia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró registró del usuario "afloresm"; por lo tanto se autoriza; asimismo, con apoyo en el numeral 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones que deriven del presente asunto vía electrónica, en virtud de que así fue solicitado por el promovente. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Flores Fernández, ya que cuenta con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.
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