Antonio Fernández Quiñones

Expediente 138/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
138/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Antonio Fernández Quiñones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio promovido por el quejoso Antonio Fernández Quiñones, y en su segundo resolutivo se NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso de mérito; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase al Juez Civil de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco, las copias certificadas de diversas constancias que integran el cuadernillo de incidente de modificación de convenio, deducido del juicio ordinario civil de preferencia de guarda y custodia 448/2016, de su índice, que remitió como apoyo a su informe justificado, mismas que se manejaron por cuerda separada en un tomo. Notifíquese.

  2. Incidental

    mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  3. Principal

    En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de René Peña Morgan, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 138/2021-3, promovido por Antonio Fernández Quiñones. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las que ofreció la parte quejosa en su escrito inicial, consistentes en: 1. Copia simple del escrito de siete de marzo de dos mil veinte; 2. Copia simple del escrito de veintiuno de febrero de dos mil veinte; 3. Copia simple de la receta médica de fecha diecisiete de febrero del año pasado, expedida a favor del hoy quejoso Antonio Fernández Quiñones, con folio 0764565, las cuales obran glosadas en autos (fojas 12 a 18); y 4. Copias certificadas relativas al expediente 448/2016, relativo al juicio ordinario civil de preferencia de guarda y custodia, promovido por el ahora quejoso en contra de Sandy del Rosario Mosqueda Vargas, mismas que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 138/2021-3, promovido por Antonio Fernández Quiñones, contra actos del Juzgado Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 3, 4, párrafos noveno, décimo y onceavo, 8, 14, párrafo cuarto y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en el buzón judicial y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el diez de febrero de dos mil veintiuno y turnado a este órgano jurisdiccional el once siguiente, Antonio Fernández Quiñones, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La medida de apremio impuesta en el punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el expediente incidental de cambio de guardia y custodia 448/2016. 2 La sentencia interlocutoria de trece de enero de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de reconsideración promovido en contra de la precitada medida de apremio. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juzgado Civil de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El doce de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 138/2021-3; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se reservó respecto del llamamiento de la tercera interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. LLAMAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada por medio de despacho que se libró al Juez de lo Civil de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco. CUARTO. EMPLAZAMIENTO A LA TERCERA INTERESADA. Mediante comparecencia voluntaria de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el actuario judicial adscrito al Juzgado de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco, emplazó al presente juicio de amparo a la tercera interesada Sandy del Rosario Mosqueda Vargas, en las instalaciones que ocupa el Juzgado respectivo. QUINTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La medida de apremio impuesta en el punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el expediente incidental de cambio de guardia y custodia 448/2016, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco. La sentencia interlocutoria de trece de enero de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de reconsideración promovido en contra de la precitada medida de apremio. No pasa inadvertido que, en la demanda de amparo, el quejoso erróneamente refiere que la sentencia interlocutoria que reclama fue dictada el catorce de enero de dos mil veintiuno; sin embargo, de las constancias remitidas con el informe justificado, se advierte que fue emitida el trece del aludido mes y año. Lo mismo acontece respecto del acto que fue impugnado a través del mencionado recurso de reconsideración, citando que se trata del auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, cuando en realidad es de veintiuno de febrero de ese año. Lo anterior, se corrobora con los argumentos que vertió en sus conceptos de violación, que no dejan lugar a duda de la identidad de las determinaciones que se combate. Por tanto, en atención al principio de suplencia del error, previsto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se subsana dicha imprecisión en los términos apuntados. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco, al rendir su informe justificado, no admite ni niega el acto reclamado consistente en el punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte; sin embargo, de las constancias que adjuntó a su informe justificado, se advierte su existencia, por tanto, conforme lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto. De igual forma, es cierto el acto reclamado relativo a la sentencia interlocutoria de trece de enero de dos mil veintiuno, aun cuando la autoridad responsable lo negara, pues, como quedó establecido en el considerando que antecede, la imprecisión relacionada con la fecha de la misma, constituye un error que es subsanable en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. CUARTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, el suscrito advierte que, respecto del acto reclamado consistente en el punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, emitido en el incidente en cuestión, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Esta causal de improcedencia se traduce en que tratándose de una resolución judicial que resuelve el recurso interpuesto contra una determinación diversa, se está ante una sustitución procesal, puesto que, la segunda reemplaza a la primera, razón por la cual, ésta cesa en sus efectos por lo que ve al juicio constitucional en que ambas se reclaman, ya que la primigenia no puede ser materia de examen, sino, en su caso, la ulterior que la sustituye procesalmente, pues es la que reviste el carácter de definitiva y rige a lo determinado. En ese sentido, en el caso, el punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte fue sustituido procesalmente por la resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, dictada por el juez responsable al resolver el recurso de reconsideración que hizo valer en su contra Antonio Fernández Quiñones, pues al haber declarado improcedente el citado medio de impugnación y firme el auto primeramente citado, su validez ya no depende de ella, sino de la emitida por el juez de origen al resolver el citado medio ordinario. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Volumen 193-198, Segunda Parte, página 61, Séptima Época, Materias(s): Común, Registro digital: 234155, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación, bajo el siguiente rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, por lo que respecta al acto reclamado al Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco, consistente en el punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXI, del ordenamiento legal en comento. Atento al sentido del presente fallo, resulta jurídicamente imposible estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, respecto del acto materia de reclamo en estudio, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, por lo que ve a dicho acto, que resulta de estudio preferente al ser fundada, y por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, quien esto resuelve se encuentra vedado para analizar su fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Respalda esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Al no advertirse, de oficio, diversa causa de improcedencia a la ya analizada o algún motivo de sobreseimiento, se procede a examinar el fondo de la cuestión planteada, respecto del diverso acto reclamado, consistente en la resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual el Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco, resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el ahora quejoso, en contra del punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, es pertinente sintetizar las constancias más relevantes que constituyen el acto reclamado, de las que se advierte: En auto de tres de diciembre de dos mil dieciséis, el juez responsable tuvo a Guadalupe del Carmen Luna Méndez, perito designado por la parte incidentada, por aceptado y protestado el cargo conferido. En el mismo auto, a petición de la perito antes mencionada, señaló las diez horas del veinte de enero de dos mil veinte, para que Antonio Fernández Quiñones y Sandy del Rosario Mosqueda Vargas, así como la menor C. A. F. M., comparecieran al domicilio de la perito para la realización del dictamen pericial, apercibidos que para el caso de incumplimiento se aplicaría en su contra una medida de apremio consistente en una multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización (foja 16 del tomo de prueba). En acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinte, el juez responsable tuvo a Guadalupe del Carmen Luna Méndez, perito designada por la parte incidentada, informando la inasistencia de Antonio Fernández Quiñones a la cita de valoración psicológica, en la hora y fecha señalada, a la cual solo acudió Sandy del Rosario Mosqueda Vargas, así como la menor C. A. F. M., por lo que a petición de la incidentada hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de Antonio Fernández Quiñones y le impuso la medida de apremio consistente en una multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, girando el oficio respectivo a la Dirección Técnica de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. En el mismo proveído, a petición de la incidentada, el juez de origen señaló las diez horas del diecisiete de febrero de dos mil veinte, para que Antonio Fernández Quiñones compareciera al domicilio de la perito en psicología Guadalupe del Carmen Luna Méndez, para la realización de la prueba respectiva, bajo apercibimiento de multa de 100 (cien) unidades de medida de actualización, para el caso de incumplimiento (foja 21 del tomo de prueba). Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, el juez natural tuvo a Guadalupe del Carmen Luna Méndez, perito designada por la parte incidentada, informando la inasistencia de Antonio Fernández Quiñones a la cita de valoración psicológica, en la hora y fecha señalada, por lo que a petición de la incidentada hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de Antonio Fernández Quiñones y le impuso la medida de apremio consistente en una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, girando el oficio respectivo a la Dirección Técnica de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. En el mismo proveído, a petición de la incidentada, el juez de origen señaló las diez horas del veinte de marzo de dos mil veinte, para que Antonio Fernández Quiñones compareciera al domicilio de la perito en psicología Guadalupe del Carmen Luna Méndez, para la realización de la prueba respectiva, bajo apercibimiento de multa de 150 (ciento cincuenta) unidades de medida de actualización, para el caso de incumplimiento (foja 25 del tomo de prueba). Mediante escrito de cuatro de febrero de dos mil veinte, Daniela Paola Pérez Ara, abogado patrono de Antonio Fernández Quiñones, interpuso recurso de reconsideración en contra del punto segundo del auto de veintitrés de enero de ese mismo año (fojas 27 a 34 del tomo de prueba). El juez de la causa, en resolución interlocutoria de tres de marzo de dos mil veinte, resolvió el recurso de reconsideración antes aludido, el cual fue declarado improcedente y declaró firme el punto segundo, del auto de veintitrés de enero de dos mil veinte (fojas 35 a 39 del tomo de prueba). Posteriormente, mediante escrito de siete de marzo de dos mil veinte, Antonio Fernández Quiñones, interpuso recurso de reconsideración en contra del punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte (fojas 44 a 50 del tomo de prueba). Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el juez de origen admitió el recurso aludido y ordenó correr traslado a la parte incidentada por un término de tres días (foja 51). En acuerdo de seis de enero de dos mil veintiuno, el juez responsable, tuvo a la incidentada Sandy del Rosario Mosqueda Vargas, informando que el sábado diecinueve de diciembre de dos mil veinte, Antonio Fernández Quiñones no compareció a las instalaciones del DIF Municipal para la entrega-recepción de la menor de identidad reservada C. A. F. M., para la convivencia establecida en autos. Asimismo, tuvo a la incidentada Sandy del Rosario Mosqueda Vargas, contestando la vista que se le dio en relación al recurso de reconsideración interpuesto por Antonio Fernández Quiñones, en contra del punto segundo, del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte y citó a las partes para oír sentencia interlocutoria. De igual forma, ordenó dar vista a la parte incidentista con el dictamen pericial emitido por Guadalupe del Carmen Luna Méndez, por el término de tres días (foja 95 del tomo de prueba). Por último, mediante sentencia interlocutoria de trece de enero de dos mil veintiuno, el juez responsable resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por Antonio Fernández Quiñones, el cual fue declarado improcedente y firme el punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte (fojas 96 a 99 del tomo de prueba). Dicha determinación judicial constituye el acto reclamado. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los motivos de inconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora, del estudio integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa Antonio Fernández Quiñones, refiere como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan: Que la autoridad responsable al emitir la resolución que constituye el acto reclamado no toma en consideración la receta médica que presentó el veintiuno de febrero de dos veinte, con la cual acreditó estar imposibilitado para presentarse a la valoración psicológica, pues el médico que expidió el certificado prescribió veinticuatro horas de reposo por padecer descontrol en la presión arterial motivo, por el cual no le fue posible asistir el diecisiete de febrero de dos mil veinte a dicha valoración y no pudo presentar el justificante en esa misma fecha, ya que reside en Emiliano Zapata, Tabasco. Que la imposición de la medida de apremio carece de motivación y vulnera en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, pues su incumplimiento a la asistencia para la práctica de su valoración psicológica se debió al estado de salud, máxime que los asuntos del orden familiar no están sujetos al principio preclusivo, en términos del artículo 489, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, aduce el impetrante que se vulneran en su perjuicio los derechos humanos consagrados en el artículo 1° Constitucional, pues debió aplicar la interpretación normativa más benéfica, con la finalidad de que al momento de aplicar la medida de apremio no lesione su esfera patrimonial y, por el contrario, al imponerle la sanción pecuniaria, sin tomar en cuenta su estado de salud que le impidió comparecer a la valoración psicológica, le afecta económicamente, pues le impediría cumplir con su obligación alimentaria, así como el de sus propias necesidades. Del análisis de las constancias de autos, así como de las manifestaciones que aduce la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que los conceptos de violación que esgrime resultan inoperantes unos e infundado el restante, sin que haya necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Conviene precisar el contenido del considerando IV, de la resolución reclamada: "IV. Análisis. Los recursos son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan, mediante ellos, la revocación o modificación de una resolución judicial sea ésta auto o decreto. El artículo 17 de la Constitución Federal establece el derecho de toda persona a acudir a los tribunales del Estado Mexicano para que s ele administre justicia. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé que todo individuo tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. Ambos dispositivos consagran el derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva En este sentido, es de mencionar que el recurso de reconsideración sólo procede contra los decretos y los autos no apelables, y su objeto es que se rescinda la resolución contenida en el auto o decreto, sea para substituirla por otra que el recurrente considere legal o para que aquélla quede sin efecto. Como premisa normativa al caso concreto, tenemos el artículo 347 del código de Procedimientos Civiles en vigor, textualmente señala: ".En ningún caso las sentencias podrán ser sujetas al recurso de reconsideración. Los autos que no fueren apelables y los decretos podrán ser impugnados a través del recurso de reconsideración, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles.". En síntesis en incidentista ANTONIO FERNÁNDEZ QUIÑONES, señala que resulta violatorio de sus garantías individuales la determinación de esta autoridad de hacerle efectiva la multa con la que fue apercibido, porque además atenta contra sus esfera patrimonial. Ahora bien, el estudio efectuado a las constancias procésales, así como a los argumentos que esgrime como agravios el recurrente, éste juzgador llega a la firme determinación de no reconsiderar el punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el que se hizo efectiva la multa con la que fue apercibido por auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, por las siguientes consideraciones: En primer término tenemos, que el artículo 129 del código de Procedimientos Civiles en vigor, textualmente señala: Los juzgadores, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán emplear de los siguientes medios de apremio, el que sea más eficaz: I.- Multa de veinte y hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se duplicarán en caso de reincidencia; II.- El auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse en el momento en que sea solicitado; III.- El arresto hasta por treinta y seis horas, después de haberse aplicado la medida a que se refiere la fracción I; IV.- La ruptura de cerraduras por orden escrita; y V.- Cateo. Si la falta de cumplimiento llegare a implicar la comisión de un delito, se denunciarán los hechos a la autoridad competente. Los secretarios y actuarios podrán solicitar directamente y deberá prestárseles el auxilio de la fuerza pública, cuando actúen para cumplimentar una determinación del juzgador. En toda resolución que ordene a las partes y demás personas que intervengan en el proceso, llevar a cabo uno o varios actos procesales determinados, el juzgador deberá precisar el plazo o plazos dentro del cual deberán cumplir el acto ordenado, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, les impondrá el medio de apremio que corresponda conforme a lo previsto en este artículo, medio que también deberá indicarse en la propia resolución. De dicho precepto legal se tiene, que el Código de Procedimientos Civiles en vigor, prevé las medidas de apremio que puede ejercer el juez para hacer cumplir sus determinaciones, entre las que se encuentran la multa, que consiste en una sanción pecuniaria que debe pagar la persona que incumpla con dicho mandato, si ésta no justifica los motivos por los cuales no le fue posible llevar a efecto la carga procesal impuesta. También dicho numeral, es claro en precisar que el juzgador debe precisar el plazo o plazos dentro del cual deberá cumplir el acto ordenado, así como especificar la medida de apremio que corresponda. Sentado lo anterior, tenemos que efectivamente mediante auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, en el punto tercero, se hizo saber a las partes que se señalaban las DIEZ HORAS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, para que el incidentista ANTONIO FERNÁNDEZ QUIÑONES, compareciera ante GUADALUPE DEL CARMEN LUNA MÉNDEZ, perito de la parte demandada, con domicilio en la casa marcada con el número 639-A entre las calles veinticinco por cuarenta y seis, colonia Cocoyol de Tenosique, Tabasco, con la finalidad de llevarse a cabo su valoración psicología, con el apercibimiento de imposición de multa en caso de no comparecer en la hora y fecha señala, sin justa causa. Lo cual no sucedió, toda vez, que por escrito de dieciocho de febrero de dos mil veinte (folio 396), se tuvo a la incidentada SANDY DEL ROSARIO MOSQUEDA VARGAS, manifestando que el incidentista ANTONIO FERNÁNDEZ QUIÑONES, no asistió a la cita para su valoración psicológica programada por ésta autoridad, para esa fecha. En consecuencia, esta autoridad por auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el punto segundo, ordenó hacer efectiva la medida de apremio con la que fue apercibido el incidentista ANTONIO FERNÁNDEZ QUIÑONES, por auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, habiendo transcurrido cinco días con posterioridad a la fecha antes señalada, sin que el antes mencionado justificara sus inasistencia. Si bien, el incidentista exhibió una receta médica de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, expedida por el medico Díaz Padilla, adscrito a la Unidad Médica H-6, del municipio de Emiliano Zapata, a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 269, fracción III y 319 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, en la que asentó que ANTONIO FERNÁNDEZ QUIÑONES, requería reposo por veinticuatro horas, también lo es, que como se dijo con anterioridad, a la fecha de presentación de dicho documento, habían transcurrido cinco días. Luego, de las anteriores consideraciones, se desprende que contrario a lo manifestado por el incidentista de cuenta, tuvo la oportunidad de justificar su inasistencia a la valoración psicológica que se efectuaría el diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el domicilio de la licenciada GUADALUPE DEL CARMEN LUNA MÉNDEZ, perito en psicología nombrada por la incidentada SANDY DEL ROSARIO MOSQUEDA VARGAS, fecha que le fue comunicada mediante cédula de notificación personal, de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, por conducto de JOSÉ DEL CARMEN BARJAU MORALES, sin que haya señalado que no fue enterado de dicha notificación. (Foja 363). Lo anterior, porque desde la fecha en que se fijó para realizar la citada valoración (diecisiete de enero de dos mil veinte), hasta el auto en que se ordenó hacer efectiva la multa por incumplimiento a la determinación emitida por esta autoridad (veintiuno de febrero de dos mil veinte), transcurrieron cinco días hábiles, plazo suficiente para que el incidentista ANTONIO FERNÁNDEZ QUIÑONES, justificara el motivo de su inasistencia a dicha valoración psicológica, por tal motivo, sus argumentos resultan notoriamente infundados, pues en modo alguno ésta autoridad actuó de forma arbitraria en su contra, toda vez, que era conocedor que en caso de no comparecerá dicha diligencia, se le haría efectiva dicha medida de apremio, por tanto debió justificar su incomparecencia desde dicho momento en que no asistió. No asistiéndole la razón en cuanto a que esta autoridad no le concedió plazo para justificar su inasistencia, sino de un acto de comparecencia para desahogar un estudio social sobre su persona, y lo que causa suspicacia es el hecho de quererse amparar en una receta médica para no asistir a una diligencia que le fue señalada y notificada con mucha antelación, y lo que a todas luces parece es que pretende retrasar el procedimiento, por ende, resulta improcedente dicho agravio. En tal razón, y por los motivos antes citados, se declara improcedente el recurso de reconsideración, hecho valer por la parte incidentista ANTONIO FERNÁNDEZ QUIÑONES, en contra del punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, declarándose subsistente lo acordado en dicho auto con todos sus efectos legales" (sic fojas 97 y 98 del tomo de prueba). Por cuestión de importancia, se analiza el motivo de inconformidad vertido por la parte quejosa que se precisa con el número 2, que hace consistir en que el acto reclamado es carente de fundamentación y motivación. A ese respecto, es pertinente señalar lo establecido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." De la disposición transcrita derivan tres elementos que debe contener todo acto de autoridad que implique una molestia, para cumplir con las exigencias en él contenidas, a saber: a) la existencia de un mandamiento escrito; b) que haya sido emitido por una autoridad competente; y, c) que dicha autoridad funde y motive la cusa legal del procedimiento. En torno del elemento precisado en el inciso a), el Constituyente estableció que todo acto de autoridad debe reunir un requisito de forma que consiste en que el mandamiento u orden deba constar por escrito, a efecto de no dejar dudas sobre la voluntad de la autoridad y, a la vez otorgar certeza jurídica al gobernado sobre el proceder de ese ente público, que permite establecer en forma preliminar los alcances del mandamiento; exigencia que se cubre, además, cuando contenga firma autógrafa de la autoridad que la emite y, exista constancia que el acto se dio a conocer al gobernado, es decir, que se haya notificado al destinatario del mandamiento, con el fin de darle a conocer en forma cabal y completa el contenido de la providencia que permite la defensa y su posterior impugnación. En cuanto al elemento contenido en el inciso b), debe señalarse que la competencia de la autoridad se refiere a la aptitud o suficiencia que tiene ésta para emitir un acto que trascienda a los derechos de los gobernados, suficiencia o aptitud que debe estar previamente establecida en la norma jurídica a través de catálogos que primeramente reconozcan como autoridad al que emite el acto y, segundo, que indiquen cuáles son las atribuciones que puede desarrollar. Por tanto, una autoridad será competente cuando esté legalmente facultada para realizar una determinada función en nombre del Estado; es decir, debe haber disposiciones jurídicas precisas que le otorguen a una autoridad la posibilidad de dictar resoluciones que impliquen actos de molestia. Luego, se habrá de cumplir con el presente requisito si el acto de molestia cubre como mínimo lo siguiente: El órgano del Estado o autoridad que haga la molestia debe tener existencia legal, esto es, que debe ser una autoridad de iure y no de facto. Las facultades que se ejerzan sean expresas y suficientes para realizar el acto de molestia, pudiendo ser regladas, de arbitrio o discrecionales. Finalmente, por cuanto hace al elemento destacado en el inciso c), es de decirse que es el señalamiento preciso del precepto legal aplicable al caso, cuya cita debe ser íntegra y puntual, esto es, indicando el dispositivo legal y la ley que lo contiene, a fin de que se distinga en forma clara y contundente la normatividad aplicable, de tal forma que el gobernado pueda tener certeza jurídica en torno del acto de molestia; y, se invoquen las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que determinan la aplicación de ciertas hipótesis normativas al caso concreto. Son razonamientos que vinculan situaciones, hechos o actos al supuesto de la norma. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Acorde a lo expuesto en párrafos precedentes, se tiene que los requisitos destacados en los incisos a) y b), se cumplen, en virtud de que la resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, específicamente en el considerando cuarto, mediante el cual se resolvió el recurso de reconsideración que hizo valer el aquí quejoso en contra del punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, fue emitido por escrito, como se advierte de las constancias que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, consistentes en copia certificadas del incidente de cambio de guarda y custodia deducido del expediente 448/2016, relativo al juicio ordinario civil de preferencia de guarda y custodia, promovido por el aquí quejoso en contra de Sandy del Rosario Mosqueda Vargas, las cuales fueron previamente valoradas. Asimismo, dicha resolución fue dictada por el Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco, quien cuenta con las facultades previstas en los artículos 47, 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. De igual forma, se cumple el elemento destacado en el inciso c), ya que el juez responsable en el momento de resolver el recurso de reconsideración, en lo relativo al punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, se ciñó a lo previsto por los artículos 269, fracción III, 319, 347 y 129 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, por lo que precisó que el juez para hacer cumplir sus determinaciones puede imponer medidas de apremio, entre otras, la multa, que consiste en una sanción pecuniaria que debe ser cubierta por la persona que no cumpla con el mandato judicial y que no justifique los motivos por los cuales no le fue posible llevar a cabo la carga procesal. Asimismo, el juez natural analizó que al recurrente, aquí quejoso, se le requirió en el punto segundo del auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, para que compareciera al domicilio de Guadalupe del Carmen Luna Méndez, perito designada por la parte demandada, en la hora y fecha indicada, para el efecto de llevar a cabo su valoración psicológica, bajo el apercibimiento le Ley, el cual fue notificado oportunamente. De igual modo, la responsable precisó que al no haber dado cumplimiento el recurrente al citado mandato judicial, en el punto segundo, del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, hizo efectiva la medida de apremio con la cual fue apercibido y, si bien es cierto, el incidentista exhibió una receta médica de diecisiete del citado mes y año, a la cual le confirió valor probatorio; también lo es que fue exhibida cinco días posteriores a la fecha en que debió de presentarse a la mencionada prueba, motivo por el cual resultaron infundados sus argumentos. De lo que se desprende que la autoridad responsable, contrario a lo que arguye la parte quejosa, sí fundó y motivó su determinación para llegar a la conclusión de que resultó improcedente el recurso de reconsideración que hizo valer el aquí quejoso, respecto del punto segundo, del auto de veintiuno de dos mil veinte, razón por la cual deviene infundado dicho motivo de disenso. Ahora, en relación a los conceptos de violación reseñados en los puntos uno y tres, devienen inoperantes, en atención a lo siguiente: De la resolución reclamada se desprende que la responsable para declarar improcedente el recurso de reconsideración interpuesto en contra del punto segundo del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, como ya se mencionó, sostuvo que por auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, en el punto tercero, hizo saber a las partes que se señalaban las diez horas del diecisiete de febrero de dos mil veinte, para que Antonio Fernández Quiñones, compareciera ante Guadalupe del Carmen Luna Méndez, perito de la parte demandada, en el domicilio que en el mismo auto se precisó, con la finalidad de llevar a cabo su valoración psicológica, con el apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento a dicho mandato judicial. Asimismo, que por auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, punto segundo, se hizo efectiva la medida de apremio con la cual fue apercibido el incidentista, habiendo transcurrido cinco días con posterioridad al diecisiete de ese mismo mes y año, sin que Antonio Fernández Quiñones, justificara su inasistencia. Pues si bien exhibió una receta médica de diecisiete de febrero de dos mil veinte, expedida por el médico Díaz Padilla, adscrito a la Unidad Médica H-6, del municipio de Emiliano Zapata, a la cual le concedió valor probatorio, de conformidad con los artículos 269, fracción III y 319 del Código de Procedimientos Civiles, en la que se asentó que Antonio Fernández Quiñones, requería reposo por veinticuatro horas, también lo es, que a la fecha de presentación de dicho documento habían transcurrido cinco días. De igual modo, determinó la responsable que tuvo la oportunidad de justificar su inasistencia a la valoración psicológica señalada para el diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el domicilio de la perito designada por la incidentada, fecha que le fue notificada el veintinueve de enero de ese año, sin que haya señalado que no fue enterado de dicha notificación. Por lo que desde el día en que se debió realizar la valoración psicológica (diecisiete de enero de dos mil veinte) hasta el auto en que se ordenó hacer efectiva la medida de apremio (veintiuno de febrero de dos mil veinte), transcurrieron cinco días plazo suficiente para que Antonio Fernández Quiñones, justificara su inasistencia, por lo cual sus argumentos resultan infundados, ya que al tener conocimiento de la fecha en que se llevaría a cabo la valoración citada, debió justificar su incomparecencia desde el momento en que no asistió, en esa virtud declaró improcedente el recurso aludido y subsistente el auto recurrido. En efecto, la parte quejosa realiza diversas manifestaciones de manera general, con las que pretende destacar las presuntas violaciones que estima le fueron ocasionadas al declarar improcedente el recurso de reconsideración que hizo valer en contra del punto segundo, del proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte; sin embargo, en modo alguno van encaminadas a combatir las consideraciones en que se apoyó la citada autoridad responsable para estimar infundados los motivos de inconformidad que expuso el recurrente, lo que no se satisface con la argumentación de manera genérica, sino que es menester acreditar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, es decir, exponer el por qué la resolución impugnada se aparta del derecho y vulnera su esfera de derechos fundamentales, de modo tal que pudiera vislumbrarse la causa de pedir. Lo anterior es así, porque la parte quejosa sólo se limita a manifestar que el juez responsable no toma en consideración la receta médica que presentó el veintiuno de febrero de dos veinte, con la cual acreditó estar imposibilitado para presentarse a la valoración psicológica, pues el médico que expidió el certificado prescribió veinticuatro horas de reposo por padecer descontrol en la presión arterial, motivo por el cual no le fue posible asistir el diecisiete de febrero de dos mil veinte a dicha valoración y no pudo presentar el justificante en esa misma fecha, ya que reside en Emiliano Zapata, Tabasco. De igual forma, manifiesta que el juez natural debió aplicar la interpretación normativa más benéfica, con la finalidad de que al momento de aplicar la medida de apremio no lesione su esfera patrimonial y, por el contrario, al imponerle la sanción pecuniaria, sin tomar su estado de salud que le impidió comparecer a la valoración psicológica, le afecta económicamente, pues le impediría cumplir con su obligación alimentaria, así como el de sus propias necesidades. Por lo tanto, era necesario para que este órgano de control constitucional estuviera en la posibilidad de analizar el acto reclamado con base en los razonamientos esgrimidos en su contra; que la parte quejosa expusiera argumentos tendentes a combatir la parte medular en que la responsable apoyó su determinación, puesto que para emitir su determinación en el sentido en que lo hizo, no se basó en el hecho o circunstancia que se pretendió acreditar con la receta médica de diecisiete de febrero de dos mil veinte, expedida por un médico adscrito a la Unidad Médica H-6 del municipio de Emiliano Zapata; por el contrario, la autoridad se centró en que esa constancia médica no se presentó oportunamente, es decir en la fecha (diecisiete de febrero de dos mil veinte) en que debió presentarse ante la experta en psicología designada por la incidentada Sandy del Carmen Luna Méndez, para su valoración psicológica, pues fue presentada después de transcurrir cinco días, motivo por el cual no justificó su inasistencia al desahogo de la referida valoración. En ese tenor, no basta exponer argumentos de manera general, sino que es menester combatir el acto que se reclama a través de argumentos razonados que permitan poner de relieve las violaciones cometidas por la autoridad que lo emitió. En efecto, en el presente asunto no se está en el caso de que la emisora haya fundado el acto reclamado en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o se advierta que en perjuicio de la parte quejosa, se haya cometido una violación que la dejara en estado de indefensión por vulnerar los derechos fundamentales previstos en el numeral 1º de la Constitución General de la República, sino por el contrario, la autoridad responsable al analizar el recurso de reconsideración que interpuso en contra del punto segundo, del auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, hizo un estudio a la documental pública con la cual el aquí quejoso pretendió justificar el incumplimiento al mandato judicial decretado el veintitrés de enero de dos mil veinte, determinando que no fue presentada oportunamente. En esa virtud -se insiste-, los conceptos de violación deben contener los argumentos suficientes que tiendan a destruir las consideraciones en que se apoyó la responsable para resolver en la forma en que lo hizo, para así conocer las pretensiones de la parte quejosa, y de esa suerte verificar su constitucionalidad, lo que en modo alguno se suple con el solo hecho de alegar violaciones de manera genérica o imprecisas, por lo que, dichos conceptos de violación se estiman inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." De igual modo, es de aplicarse la jurisprudencia siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste." En las consideraciones apuntadas, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Antonio Fernández Quiñones, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Antonio Fernández Quiñones, contra actos de la autoridad responsable Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco, con residencia en esta ciudad, en los términos precisados en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y de la certificación de cuenta se advierte que concluyó el término de tres días concedido a la tercero interesada Sandy del Rosario Mosqueda Vargas, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hiciera lo propio, no obstante que se le requirió para tal fin. En ese contexto, tomando en consideración que ha fenecido el término concedido a dicha parte para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno; por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del presente proveído y los subsecuentes que deban notificarse de forma personal a la tercero interesada, por la lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado; hasta en tanto designe domicilio para tal fin. Notifíquese y cúmplase.

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