Antonio Félix Martínez
Expediente 1294/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1294/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Antonio Félix Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Juicio 1294/2021-III-1 folios 1948 y 1950. dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguense a los autos los oficios signados por el Administrador de Correos de México, con sede en Ciudad Pemex, Tabasco, mediante los cuales remite copia certificada y el acuse original de la pieza postal del despacho 127/2021, orden 317/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido al Juez Civil del Décimo Noveno Distrito de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto los apercibimientos decretados en los acuerdo de dieciocho y, treinta y uno, ambos de enero de dos mil veintidós Notifíquese.
- Principal
Juicio 1294/2021-III-1 quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, en contra del auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Antonio Félix Martínez; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Juicio 1294/2021-III-1 folios 1538 y 1561. ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese sin hacer mayor pronunciamiento el telegrama y el oficio rendidos por la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Civil de Primera Instancia del Décimo Noveno Distrito Judicial de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, mediante los cuales informa que mediante oficio 397, se devolvió sin diligenciar el despacho 127/2021, con número de orden 317/2021, del índice de este órgano jurisdiccional; de lo que se corrobora a través del acuerdo de dos de febrero de esta anualidad (foja 93). Cúmplase.
- Principal
Juicio 1294/2021-III-1 folio 1371. dos de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Civil de Primera Instancia del Décimo Noveno Distrito Judicial de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 127/2021, con número de orden 317/2021, del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, glósese únicamente la misiva de cuenta y las actuaciones originales realizadas por el Juez remitente, regístrese la llegada en el libro de gobierno correspondiente y dese de baja en el libro de registro que se lleva en este Juzgado, para los efectos a que haya a lugar. Ahora, de la aludida comunicación se advierte que no fue posible efectuar la notificación encomendada, en razón de que no conocen al aquí quejoso en el domicilio proporcionado en su escrito de demanda; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase a la parte quejosa Antonio Félix Martínez, las notificaciones correspondientes a veinte de octubre y veintidós de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, así como el presente auto y las subsecuentes, aún las de carácter personal por MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para recibir citas y notificaciones; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Juicio 1294/2021-III-1 folio 13141. veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta; téngase por recibido el oficio signado por el Juez Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 109/2021, orden 288/2021, de nuestro índice, en el cual se ordenó notificar a la parte quejosa el auto de veinte de octubre de este año; en razón de que, manifestó que el domicilio señalado por el aquí promovente se encuentra fuera de su jurisdicción, por ende, no puede efectuar la diligencia encomendada, ya que le pertenece al Juez Civil del Décimo Noveno Distrito de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. En consecuencia, regístrese la llegada en el libro de gobierno correspondiente y dese de baja en el libro de registro que se lleva en este Juzgado, para los efectos a que haya a lugar. Por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, así como, los numerales 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, gírese despacho al Juez Civil del Décimo Noveno Distrito de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda para que con las reglas que para tal efecto dispone el artículo 27 de la Ley de Amparo, notifique al aquí quejoso Antonio Félix Martínez, el presente proveído y el diverso de veinte de octubre de esta anualidad. Requiriéndolo para que señale domicilio en esta ciudad para oír citas y notificaciones o persona (s) que la represente en este juicio, dentro del término de tres días hábiles que se contará a partir del siguiente al en que sea notificada de este proveído; con el apercibimiento que en caso contrario, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Finalmente, se hace conocer a las partes que mediante oficio SEADS/1063/2021, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal designó como titular de este órgano jurisdiccional a Arturo Gregorio Peña Oropeza, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Juicio 1294/2021-III-1 folio 11690 veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante el cual transcribe el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, del que se advierte que con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo que establece el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, remite los autos del juicio de amparo 1268/2021-IV-12, de su índice, promovido por Antonio Félix Martínez, contra actos del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Homicidio Doloso adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco. En consecuencia, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo de estilo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO. En ese contexto, prosígase con la secuela procesal; por lo que, comuníquese a las partes la radicación del presente juicio de amparo. Fórmese tanto el expediente impreso como el electrónico y regístrese en el libro de gobierno la demanda HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 de amparo que nos ocupa, bajo el expediente 1294/2021- III-1. Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al diverso numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. CONOCIMIENTO A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. Ahora, a efecto de realizar el registro y la compensación en el sistema de turno, envíese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, al que se anexe copia del escrito inicial de demanda a fin de que se obtengan los datos respectivos y remita la papeleta de turno. Lo anterior, a fin de mantener el equilibrio en las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales, del Acuerdo General sin número emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, específicamente en su artículo 460. HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte, que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la ley de la materia, es obligación del suscrito, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: ? La omisión de citarme dentro de la carpeta de investigación número CI-MA_283/2020, para recabarme mi entrevista. ? La omisión de recabarme mi entrevista, dentro de la carpeta de investigación CIMA_ 283/2020. ? La omisión de darme lectura de mis derechos constitucionales, dentro de la carpeta de investigación CI-MA_283/2020. ? La omisión de entregarme o darme copia de todo lo actuado de la carpeta de investigación CIMA_283/2020. Para este órgano opera la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte impetrante no demostró el interés legítimo que justifica la procedencia de la vía constitucional, desde luego, en función de los actos reclamados en el amparo. En ese orden de ideas, el artículo en comentario establece lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Pues bien, para evidenciar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, conviene primeramente explicar lo que debe entenderse por interés legítimo. Hasta antes de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en el sistema jurídico mexicano se siguió la idea de que para la promoción del amparo, era no indispensable sino realmente inexcusable la existencia de un interés jurídico del promovente del juicio, lo cual, sin duda, convertía a tal interés en uno de los principales requisitos de procedencia de esta vía. HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? Este requisito se encontraba previsto en el artículo 107, fracción I, de la carta magna, antes de aquella reforma, conforme con el cual el juicio de amparo exclusivamente podía promoverse a instancia de parte agraviada, la cual debía ser titular del derecho afectado por el acto de autoridad respectivo, de ahí, pues, que el interés jurídico necesario para acudir a la vía constitucional sólo lo tenía la persona o personas, físicas, jurídicas, morales u oficiales, directamente agraviadas por el acto correspondiente. Tal precepto constitucional era del tenor que sigue: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;." Desde luego, la existencia de este interés jurídico limitaba a los gobernados la posibilidad de acudir al juicio de amparo, en tanto que condicionaba su procedencia no sólo a la titularidad de un derecho jurídicamente tutelado, sino también a la afectación que de dicho derecho debía ocasionar el acto de autoridad, lo que de suyo permitía que muchos de esos actos escaparan del examen constitucional en el juicio de que se trata. Sin embargo, tal limitación se atenuó con la reforma al artículo 107, fracción I, constitucional, contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, ya en vigor, pues al concepto de interés jurídico, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, se incorporó el de interés legítimo, como quedó reflejado en el texto del precepto de que se trata. Ese numeral dice así: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; .". Importa destacar que la incorporación del interés legítimo como presupuesto de procedencia del amparo, tuvo como objeto abrir nuevas posibilidades de impugnación de actos de autoridad a través del amparo y, con ello, ampliar su ámbito de protección, tal como se advierte en la exposición de motivos de la iniciativa que dio pie a la reforma de que se trata. En lo que hoy interesa, dicha iniciativa es del tenor siguiente: ". Por otro lado, la presente iniciativa contiene una serie de modificaciones y ajustes de redacción al texto vigente del artículo 107, las cuales se precisarán a continuación.--- En la fracción II se establece quién tiene el carácter de "parte agraviada" en el juicio de amparo, señalándose que es aquella titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola las garantías o los derechos previstos en el artículo 103 y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- En efecto, además del objeto de protección y los efectos de las sentencias, la cuestión más relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado con el derecho subjetivo.--- Si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fuera correcta, toda vez que se pensaba a la sociedad mexicana como altamente homogénea cuando la forma de representación de la sociedad de nuestros tiempos es la pluralidad política y cuando existe una lucha social para lograr la incorporación al orden jurídico de una serie de demandas sociales, no es posible seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello nos conduce a concluir que la forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia.--- Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus términos actuales o abrir nuevas posibilidades de impugnación, HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? se propone introducir la figura del interés legítimo. Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico -interés jurídico- o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico.--- No obstante lo anterior, se propone limitarlo en tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener.". Como es fácil advertir a partir de tal reforma constitucional, para la promoción del juicio de amparo en unos casos se requiere que el quejoso acredite la afectación al interés legítimo y, en otros, solamente la afectación a su interés jurídico, lo que, por disposición del legislador federal, depende de la naturaleza de la autoridad del acto contra el que se acuda a esta vía. Efectivamente, cuando el acto sea emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de algún derecho subjetivo que se afecte de forma personal y directa, lo que no es otra cosa que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo. A primera vista este supuesto no representa mayor problema para efectos del juicio de amparo, porque se advierte que fue clara la intención del legislador federal, en cuanto a mantener el esquema de procedencia prevaleciente hasta antes de la reforma constitucional de que se trata, que radica en el hecho de que el quejoso demuestre su interés jurídico, desde luego, cuando el acto derive de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en relación con lo cual, por cierto, es innecesario ahondar HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 a ese efecto, pues, aparte de que el concepto de interés jurídico ha sido desarrollado de manera abundante por nuestro más Alto Tribunal del País, inclusive a partir de su evolución desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, debe tenerse presente que los actos en este juicio no se emitieron por autoridades de esta naturaleza. En cambio, tratándose de actos provenientes de autoridades diferentes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, para efecto de la procedencia del juicio de amparo el impetrante debe aducir ser titular de un derecho o un interés legítimo, ya sea individual o colectivo, siempre que manifieste que el acto vulnera derechos reconocidos en nuestra carta magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Aquí es donde la reforma constitucional de que se trata, impacta en la función jurisdiccional de los órganos que conocen del juicio de amparo, pues aunque es evidente la intención del legislador de ampliar el abanico de impugnación de actos de autoridad a través del amparo, claro está, con la introducción del interés legítimo como elemento de procedencia de esta vía, lo cierto es que el legislador federal no precisó lo que debe entenderse por interés legítimo, porque en el texto constitucional reformado y en la exposición de motivos relativa, no se aprecia una definición sobre ese particular. Ante ello, este tribunal estima conducente definir el concepto de interés legítimo para efecto de la procedencia del amparo. Para tal fin, conviene acudir a algunas posturas que la doctrina ha acuñado respecto del concepto de interés legítimo, a la cual se atiende como elemento de apoyo y análisis en esta ejecutoria. Sobre el particular, cabe citar la tesis 2a. LXIII/2001, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? cuatrocientos cuarenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Mayo de 2001, que es del tenor que sigue: "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."; mientras que en su párrafo tercero dispone que "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.". Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen." Así, Pablo Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, en su obra Derecho Procesal Constitucional y HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 Protección de los Intereses Colectivos y Difusos, editorial Porrúa, tercera edición, tomo II, páginas 2205 y 2206, señala que el interés legítimo es: "la situación jurídica material favorable cualificada por una facultad impugnatoria otorgada a quien sufre en su esfera jurídico-protegida una afección o injerencia producida por una actuación antijurídica. En España ha destacado insistentemente la jurisprudencia que es un concepto más amplio que el de interés directo. Y puede decirse que ello es así ya que no sólo el particular lesionado de manera directa, inmediata y actual en su esfera jurídica privativa, exclusiva, está legitimado para acudir a los tribunales y obtener la tutela jurisdiccional con respecto a una determinada situación o estado jurídico". Sobre el particular, el autor agrega que: "el interés legítimo, como situación jurídico-sustancial protegida que legitima para el ejercicio de la acción tiene también unos límites que es preciso dilucidar para diferenciar esta posición de la del interés simple o el interés en la mera legalidad. En cuanto a ello ha de destacarse que el interés legítimo existe cuando una actuación incide en la esfera jurídico-protegida propia quien ejerce la pretensión. Por ello, aun siendo un concepto diferente y más amplio que el de interés directo, ha de entenderse referido a un interés cualificado o específico, aunque sea compartido, distinto del que tiene cualquier ciudadano". Lorenzo Bujosa Vadell, en su libro intitulado La Protección Jurisdiccional de los Intereses de Grupo, José María Bosch Editor, Sociedad Anónima, primera edición, página 35 a 37, precisa que los intereses legítimos: "no son, por definición, derechos subjetivos, pero intrínsecamente no son entidades distintas: puede decirse, en principio, que son situaciones jurídicosubjetivas relacionadas con normas que regulan, en el interés general, el desarrollo de la actividad de la administración pública. Pero esta posición jurídicosubjetiva que denominamos 'interés legítimo' ha sido objeto de una larga elaboración en la que se han demostrado sus dificultades. ... se trata de un concepto muy discutido, pero referido, en términos generales, a un interés individual que se tutela a través del interés público". Agrega que: "puede afirmarse, si queremos hallar el núcleo de este confuso concepto, que 'legitimidad' equivale a 'juridicidad'. El 'interés legítimo' se sitúa como una de las diversas formas de concretarse las situaciones jurídicas subjetivas surgidas de la relación entre la norma jurídica y el individuo; entendiéndose 'legítimo', simplemente, como protegido por el ordenamiento jurídico o como conforme a derecho. Así 'los intereses legítimos' no serían más que HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? aquellos que son aceptados por el ordenamiento jurídico como dignos de tutela, aun de forma indirecta o refleja." En opinión de Miguel Sánchez Morón, en la Enciclopedia Jurídica Básica, tomo III, editorial Civitas, primera edición, página 3661, el interés legítimo es, en términos generales: "todo interés de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista más estricto, como concepto técnico y operativo, el interés legítimo es una situación jurídica activa que se ostenta en relación con la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se le deriven. En otras palabras, existe interés legítimo, en concreto en derecho administrativo, cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, siendo así que éste no tiene un derecho subjetivo a impedir esa conducta o a imponer otra distinta, pero sí a exigir de la administración y a reclamar de los tribunales la observancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle. En tal caso, el titular del interés está legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales relacionados con el mismo, al objeto de defender esa situación de interés". Para Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en su libro intitulado Juicio de Amparo e Interés Legítimo: La Tutela de los Derechos Difusos y Colectivos, editorial Porrúa, segunda edición, México 2004, páginas 19 y 20, el interés legítimo: "adquiere relevancia en lo jurídico a pesar de no descansar en un derecho subjetivo conforme a su concepción tradicional. Pero tampoco se trata de un mero interés en la legalidad (interés simple). Es en realidad una situación intermedia entre ambas situaciones." Al respecto, el autor añade que: "el interés legítimo es una situación jurídica activa que se ostenta por relación a la actuación de un tercero y HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación le deriven". En último orden, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su obra Hacia una Nueva Ley de Amparo, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, página 62, sostiene que: "por virtud del interés legítimo se abre la puerta para la defensa de afectaciones a la esfera jurídica de los gobernados que no violentan un derecho subjetivo pero que tampoco se trata de intereses difusos o colectivos, lo que constituye una ventaja frente a la previsión exclusiva de procedencia en contra de la afectación de intereses difusos. En este sentido, la legitimación a través del interés legítimo es más amplia que la que se lograría con la sola defensa de los intereses difusos y colectivos." El propio autor apunta que los elementos del interés legítimo son los siguientes: "a) No es un mero interés por la legalidad de la actuación de la autoridad, requiere la existencia de un interés personal, individual o colectivo que, de prosperar la acción, se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante.--- b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo, no hay potestad frente a otro.--- c) Debe haber una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole. Lo contrario es la acción popular, en la cual no se requiere afectación alguna a la esfera jurídica.--- d) Los titulares tienen un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento, cuando con motivo de la persecución de fines de carácter general incidan en el ámbito de ese interés propio.--- e) Se trata de un interés cualificado, actual y real, no potencial e hipotético; en suma, es un interés jurídicamente relevante.---f) La anulación produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica del gobernado". Con estos elementos se pone en claro que, desde una óptica doctrinaria, el interés legítimo es una institución por la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad relativo, o sea, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen un interés en que la violación del derecho se repare, HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? cuyas características que permiten identificarlo son las siguientes: i. Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del promovente. ii. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. iii. Debe existir una afectación a la esfera del particular. iv. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y diferente de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés, se ajusten a derecho. v. Es un interés cualificado, actual y real, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. vi. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, atento a la clara intención que tuvo el legislador federal con la reforma de seis de junio de dos mil once, en torno a abrir nuevas posibilidades de impugnación a través de la vía de amparo, así como a los fines perseguidos por el propio juicio, contraídos al control constitucional de los actos de autoridad y a la restitución del derecho afectado por éstos, este tribunal estima que para efecto de la procedencia del amparo, el interés legítimo es aquel interés personal, ya sea individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico en favor del quejoso, el cual debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a uno subjetivo, pero siempre con una afectación a la esfera jurídica del impetrante en sentido amplio, ya directa o derivada de su situación particular en el orden jurídico. HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 Esta conclusión se torna lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que los principios y reglas de carácter adjetivo que ordenan al juicio de amparo, como lo es, sin duda, la contenida en el artículo 107, fracción I, de la carta magna, tienen como fin esencial respetar el carácter institucional del propio Derecho, que en uno de sus sentidos alude a la calidad regimentada de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas, o sea, para que la maquinaria del Derecho funcione, es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como lo es el caso del principio de parte agraviada, el cual, sin duda, se contravendría si se admitiera como presupuesto de procedencia del amparo algún interés simple o jurídicamente irrelevante, que aun de prosperar la acción no se traduciría en algún tipo de beneficio personal para el interesado, porque en esas condiciones el amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con los fines para los que fue creado, que no son otros que el control constitucional de los actos de autoridad y la restitución del derecho afectado por éstos, lo cual, sin duda, es inadmisible desde cualquier perspectiva. Sólo resta decir que este interés, desde luego, debe acreditarse plenamente en el amparo, no sólo porque está concebido como un elemento que gravita en la procedencia de la vía respectiva, sino también por el carácter excepcional que lo caracteriza y los efectos que debe tener el fallo concesorio del amparo, en tanto que encierra una declaración de restitución del derecho afectado, o bien, violado por el acto de autoridad. Sobre el particular, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Por tanto, tratándose de los actos provenientes de autoridades diferentes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, para efecto de la procedencia del juicio de amparo el quejoso debe demostrar la existencia de un interés legítimo -individual o colectivo-, o sea, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico en su favor, desde luego, derivado de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o proveniente de su situación particular en relación con el orden jurídico. A partir de estas directrices jurídicas es fácil concluir en que la parte inconforme carece del interés legítimo indispensable para atacar, a través de la presente vía, en razón de que reclama las omisiones de, citar al aquí quejoso, recabarle entrevista, darle lectura de sus derechos constitucionales y entregarle copia de todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación CIMA_ 283/2020, del índice del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Homicidio Doloso adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco. HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? En principio, se tiene que la parte impetrante acudió al amparo, ostentándose con la calidad de imputado en una carpeta de investigación seguida bajo el procedimiento oral acusatorio penal, con el fin de cuestionar las aludidas omisiones por parte del fiscal responsable, con la que, por cierto, basa su reclamo en esta vía. Para este órgano, sin duda, los actos no afectan de forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna, pues de ninguna manera son constitutivos de derechos ni de condena, sino que sólo son actuaciones que forman parte del procedimiento penal relativo, en lo particular, en una de las fases como lo es la investigación desformalizada. Por si esto fuera poco, debe tenerse presente que dichos actos no conllevan una situación relevante para el procedimiento de que se trata, sin duda en la etapa que nos ocupa, pues, aparte de que el quejoso está en aptitud de intervenir en el propio procedimiento con las oportunidades que la ley de la materia le otorga para la exposición y la prueba de sus derechos, lo cierto es que, como quiera, la autoridad está constreñida a examinar, oficiosamente, la procedencia de la acción penal y, con esto, si la pretensión se ajusta a los lineamientos legales que la ley de la materia establece para tal efecto, de ahí que, claro está, esos actos no ocasionan a la parte inconforme un perjuicio de forma actual o presente. Incluso, aunque subsista el acto reclamado en el juicio, sus efectos y las consecuencias que procesalmente puedan provocar en la esfera de la parte promovente, aún existe la posibilidad de que obtenga un fallo favorable. Por lo anterior, si aún existe la posibilidad de que la violación contenida en el acto atacado en el juicio, sea jurídicamente intrascendente en la esfera legal de la parte impetrante, es claro que en el caso no se da el perjuicio HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 que justifica la procedencia de la vía indirecta que nos ocupa. Como corolario se tiene que la investigación, como tal, no es más que una serie de actuaciones realizadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con el objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o la inexistencia de un hecho ilícito, así como, en su caso, a su probable responsable, de ahí que, así, no se sabe de antemano cuál será el resultado de la indagatoria condigna, motivo por el cual, desde luego, su trámite y resolución -ejercicio de la acción penal-, como tal, no propician alguna afectación reparable por los medios de control constitucional. Por lo demás, sólo resta mencionar que el acto reclamado, por su naturaleza, contenido y alcance, no resulta definitivo y menos aún vinculante, porque no son las propias autoridades las jurídicamente facultadas para decidir en definitiva al efecto, por lo cual la autoridad encargada -judicial-, que puede o no adoptar la propuesta relativa, es la que, en su caso, ocasionaría un perjuicio a la parte quejosa, lo que no ocurre en la especie. En lo conducente, resulta ilustrativa la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página setecientos doce del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXV, que dice así: "ORGANISMOS CONSULTIVOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE LOS. Los organismo de esa índole son de simple consulta, ya que su finalidad es producir sus opiniones respecto de los asuntos que les son sometidos, más sin estar dotados de capacidad para decidir y resolver sobre los mismos, ni para ejecutar los acuerdos o determinaciones del Titular de la Secretaría respectiva. Por tanto, el amparo es improcedente contra estas de dichas organizaciones." En esas condiciones, propiamente no cabe sostener que la parte quejosa se encuentra en la situación personal HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? y jurídica en la que adujo estar frente al acto reclamado en el amparo, en la cual, por cierto, sustentó su pretensión en este juicio, de ahí que, desde luego, carece de la calidad de parte agraviada para efectos de la vía constitucional. A consideración de este juzgdo, la parte impetrante no demostró que el acto reclamado en este juicio de amparo, lesione en sentido amplio su esfera jurídica. Incluso, tampoco acreditó de modo concreto, como lo exige el interés legítimo, que se le impide o imposibilita, por virtud de los actos, alcanzar alguno de los fines y objetos constitucional y razonablemente permitidos por nuestra carta magna. En tal tesitura, es evidente que en este caso no surge la lesión o afectación indispensable que da pie al interés legítimo como presupuesto de procedencia de la vía constitucional. Por lo que, es patente que en el caso, aun de prosperar la acción ejercida por la parte inconforme, esto no se traduciría en un beneficio jurídico en su favor, porque en nada variaría ni beneficiaría la situación jurídica en la que ya se halla frente al acto reclamado en el amparo. En verdad no. Sólo resta mencionar que en la especie no se detecta en el sistema jurídico un derecho objetivo que tutele el interés de la parte impetrante. Desde luego, esto es de capital importancia para efecto de la vía constitucional, justamente porque la existencia de aquel derecho es necesaria para justificar la procedencia del amparo, aunque no diera lugar a un derecho subjetivo sobre el particular. Así, las razones anteriores conducen a considerar que, en este caso, la parte quejosa no probó un interés legítimo para atacar, a través de la vía constitucional, el acto reclamado que nos ocupa, por lo cual no cabe estimar HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 que se encuentra en alguna situación de afectación o lesión en sentido amplio, que permita a este juzgado federal tener por acreditado el principio de parte agraviada. Al respecto, cabe citarse las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XX, Diciembre de 2004. Tesis: P. LXIII/2004. Página: 1113). "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XX, Diciembre de 2004. Tesis: 1a. CXXXV/2004. Página: 351). En suma, para este órgano de control constitucional opera la causa de improcedencia del artículo 61, fracción HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no demostró el interés que justifica la procedencia de la vía que hoy nos ocupa -legítimo-, desde luego, en función del acto reclamado de que se habla. Sobre ese particular, se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página mil setenta y ocho de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, que es del tenor que sigue: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 En congruencia con lo anterior, lo conducente en el caso es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Antonio Félix Martínez, contra actos del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Homicidio Doloso adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en vinculación con el numeral 113, ambos de la Ley de Amparo; lo cual es, lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ni aun con el curso y trámite del juicio de amparo, se modificaría la naturaleza y los efectos del acto reclamado, por lo menos, respecto de la procedencia en esta vía indirecta. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." De lo antes expuesto, se sustenta con el testimonio emitido en el recurso de queja 27/2020, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, en el cual declaró infundado el aludido recurso, interpuesto por Juan José Martínez Pérez, a través de su autorizado Víctor Manuel Barrera Hernández, en contra del auto dictado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, en el juicio de amparo 312/2020-III, de su estadística. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en lo dispuesto por el HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de la adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO POR LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir citas y notificaciones: calle Gil y Sáenz, esquina circunvalación sin número, colonia Centro, de la Villa Benito Juárez, Macuspana, Tabasco; y por autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio César Reyes Chable y Cristell Ruby Montero Trinidad; lo anterior, por no tener registrada sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Atento a lo anterior, en razón de que el domicilio del quejoso se ubica fuera de la residencia de esta ciudad, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, numerales 1, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, gírese despacho al Juez Civil en Macuspana, Tabasco, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda para que con las reglas que para tal efecto dispone el artículo 27 de la Ley de Amparo, notifique al quejoso Antonio Félix Martínez, el presente proveído. Requiriéndolo para que señale domicilio en esta ciudad para oír citas y notificaciones o persona (s) que la represente en este juicio, dentro del término de tres días hábiles que se contará a partir del siguiente al en que sea notificada de este proveído; con el apercibimiento que en caso contrario, las subsecuentes notificaciones, aún las de HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de medios electrónicos, para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.98.63 09/07/22 12:41:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1294/2021-III-1 ??????????????? de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.
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