Antonio Eduardo Pérez Cervantes

Expediente 139/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
139/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Antonio Eduardo Pérez Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de la Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinden su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9° de la nueva Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes designando como delegados de su parte a las personas que indican. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Antonio Eduardo Pérez Cervantes promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario adscrito, de quien reclamó la omisión de admitir la demanda presentada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, señalar día y hora para la celebración de la audiencia de ley, notificar a las partes y emplazar a la parte demandada dentro el expediente laboral D-4/546/2017. Al respecto, las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado a través de su Presidenta y Actuario adscrito, en su informe justificado negaron la existencia de los actos omisos reclamados. Por su parte, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuario adscrito, -a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, deriva que el uno de diciembre de dos mil diecisiete, fue admitida y dio trámite a la demanda presentada por el aquí quejoso, la cual se radicó con el número D-3/546/2017, fueron señaladas fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que las partes celebraron convenio el cual fue cumplimentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ordenado el archivo del asunto por carecer de materia para su prosecución. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refieren las autoridades responsables en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. De la disposición legal transcrita es factible advertir que el creador de la norma tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió (en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió), en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y la Actuaria adscrita, con fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, fue admitida y dio trámite a la demanda presentada por el aquí quejoso, la cual se radicó con el número D-3/546/2017, fueron señaladas fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que las partes celebraron convenio el cual fue cumplimentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ordenado el archivo del asunto por carecer de materia para su prosecución; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de la Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinden su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9° de la nueva Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes designando como delegados de su parte a las personas que indican. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Antonio Eduardo Pérez Cervantes promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario adscrito, de quien reclamó la omisión de admitir la demanda presentada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, señalar día y hora para la celebración de la audiencia de ley, notificar a las partes y emplazar a la parte demandada dentro el expediente laboral D-4/546/2017. Al respecto, las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado a través de su Presidenta y Actuario adscrito, en su informe justificado negaron la existencia de los actos omisos reclamados. Por su parte, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuario adscrito, -a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, deriva que el uno de diciembre de dos mil diecisiete, fue admitida y dio trámite a la demanda presentada por el aquí quejoso, la cual se radicó con el número D-3/546/2017, fueron señaladas fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que las partes celebraron convenio el cual fue cumplimentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ordenado el archivo del asunto por carecer de materia para su prosecución. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refieren las autoridades responsables en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. De la disposición legal transcrita es factible advertir que el creador de la norma tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió (en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió), en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y la Actuaria adscrita, con fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, fue admitida y dio trámite a la demanda presentada por el aquí quejoso, la cual se radicó con el número D-3/546/2017, fueron señaladas fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que las partes celebraron convenio el cual fue cumplimentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ordenado el archivo del asunto por carecer de materia para su prosecución; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la razón del actuario adscrito a este juzgado, de la cual se advierte su imposibilidad para notificar personalmente al quejoso José Armando Hernández Peñafiel, el acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, dictado dentro del presente juicio de amparo, por los motivos asentados en la misma; en tales condiciones, se ordena la notificación por medio de lista del acuerdo de referencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    1 OFICIO Agréguese a sus autos el oficio 259/2018-IV signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de la resolución pronunciada el nueve de marzo de dos mil dieciocho, en el recurso de queja 14/2018, interpuesto contra el auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes que en el recurso de queja se determinó lo siguiente ÚNICO. Es fundado el recurso de queja a que este toca se refiere. En ese tenor, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, se provee 2 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. 3 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no la solicitó de manera expresa como lo dispone la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. 4 SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, las que deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. Por otra parte, de conformidad con los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 251 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho; la cual, en su caso, será impuesta al momento de dictarse la sentencia que en derecho corresponda. 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el numeral 115 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. 6 TERCERO INTERESADO Dado el planteamiento de la demanda de amparo, se estima que no existe persona tercero interesada; ello en atención a que la parte demandada en el juicio de origen no ha sido emplazada; por tanto, no se surte la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 5 de la Ley de Amparo. 7 VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del numeral 5 y 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. 8 PRUEBAS Se hace constar que la parte quejosa no ofreció ningún medio de prueba.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano