ANTONIO EDUARDO FRANCISCO y Otros.
Expediente 507/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/07/2022
Partes del expediente
- ANTONIO EDUARDO FRANCISCO y Otros.
- Antonio Eduardo Francisco
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a uno de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual se acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 507/2022-IV del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, comunica que el citado Juzgado se avocó al conocimiento del asunto. Se levanta reserva Por otra parte, en razón que en esta data se tiene conocimiento que el Juzgado antes citado, aceptó la competencia declinada y se avoco al conocimiento del asunto en que se actúa, se ordena levantar la reserva decretada en diverso auto de quince de junio último, y en su atención se ordena remitir la razón actuarial registrada con el folio 12254, por medio de la cual el actuario judicial adscrito manifiesta la imposibilidad de notificar al quejoso la determinación de tres de junio último, a efecto que el juzgado oficiante acuerde lo procedente. Archivo Ahora bien, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración documental De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
En tres de junio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez con una constancia de notificación practicada al quejoso ]*********, registrada en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 11592. Conste.Ciudad de México, a tres de junio de dos mil veintidós. Vista la constancia de notificación practicada por la actuaria adscrita, de la que se advierte que el quejoso ratificó la demanda promovida en su favor; atento a lo anterior, glósese a los autos para que obre como corresponda, y téngase por ratificada la demanda. Competencia Ahora bien, en el caso a estudio como se precisó por diverso de dos de junio que transcurre, se advierte que en lo medular, el peticionario de amparo, en su escrito de demanda reclama el siguiente acto y autoridad: Acto reclamado: La orden de arresto ejecutándose. Autoridad Responsable: Secretaria de Seguridad Ciudadana CDMX sector UPC Tacuba. Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto de dicho acto y autoridad reclamados, por las siguientes consideraciones: Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, el acto que reclama el quejoso no se ubica en alguna de las hipótesis antes señaladas, ya que no se trata de un acto relacionado con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia de un hecho que la ley señale como delito, o bien, derive de un proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación, sino es un acto meramente administrativo, imputado a una autoridad administrativa. De ahí, que no se advierte que el acto del que se duele el ahora justiciable se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, ni mucho menos de denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. En efecto en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis que, de conformidad con el precepto antes citado, den competencia a este juzgado para conocer de la demanda, toda vez que el acto reclamado es un acto administrativo, atribuido a una autoridad de carácter administrativo; por ende se concluye la legal incompetencia de este órgano de control constitucional para conocer de este asunto, ya que por razón de la especialidad compete al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, al actualizar el supuesto previsto en el artículo 52, fracción IV de la ley de la materia que establece: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Tiene aplicación al caso en concreto la siguiente tesis: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL ARRESTO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO A UN REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y NO PENAL, AUN CUANDO EN SU CUMPLIMIENTO SE RECLAMEN ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Si el acto reclamado consiste en arresto hasta por treinta y seis horas e imposición de multa, derivados de la inobservancia a disposiciones contenidas en un reglamento de policía y buen gobierno, argumentándose tormento y tortura psicológica en su cumplimiento, aun cuando tales actos pudieran ubicarse dentro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por inusitados y trascendentes, la competencia para conocer del amparo se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa y no penal, si del análisis íntegro de la demanda, de la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades responsables se determina que se está en presencia de sanciones de índole administrativa, ejecutadas también por autoridades administrativas, y no ante conductas delictivas que impliquen sanción a imponerse por una autoridad del orden penal, sino que ambas sanciones están vinculadas a la materia administrativa.". En virtud de lo anterior, remítase el presente juicio de amparo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al Juez de Distrito en turno, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
- Principal
En dos de junio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez con una demanda de amparo recibida vía electrónica promovida en apariencia por Antonio Eduardo Francisco, contra actos de la autoridad responsable señalada en la demanda de amparo, registrada con el número de control de correspondencia interna 11539. Conste.Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibida vía electrónica la demanda de amparo promovida en apariencia por********, contra el acto y la autoridad que en la misma se precisan. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 507/2022-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la Litis Del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado por el quejoso se hace consistir en: El arresto ejecutándose Suspensión de plano por el arresto ejecutándose (privación de la libertad) Con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede a Antonio Eduardo Francisco la suspensión de plano del acto reclamado consistente en el arresto, dictado por la autoridad ordenadora señalada, así como su ejecución; sólo para el caso que en este momento se esté ejecutando; para el debido cumplimiento de esta medida suspensional, se previene a la autoridad que materialmente esté ejecutando el arresto que en esta vía se reclama, para que de inmediato se abstenga de ejecutar el acto anteriormente mencionado, en contra del peticionario de amparo, a quien deberá dejar en libertad inmediata, siempre y cuando no se trate del cumplimiento de una orden de aprehensión, reaprehensión o detención emitida por autoridad judicial o ministerial respectivamente, en apego al artículo 16 Constitucional. Se apercibe a la referida responsable para que dentro del término de doce horas, contadas a partir de que reciban el oficio que derive de este proveído, deberá informar a este Juzgado Federal el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión otorgada, en la inteligencia que la violación a esta suspensión entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme al numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito. En el entendido que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, la autoridad responsable supeditada a informar el resultado de la encomienda, incurre en responsabilidad, conforme a lo dispuesto por el citado numeral. Ratificación Así también, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que se constituya en las instalaciones de Sector UPC Tacuba, o en el lugar que se le informe que se encuentra el quejoso, siempre y cuando sea dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, a fin de llevar a cabo la búsqueda y localización de Antonio Eduardo Francisco, a efecto que le notifique personalmente este proveído, para que al momento de la notificación o por escrito en el plazo de tres días, ratifique la demanda promovida a su favor; apercibido que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente al quejoso.
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