Antonio Dugarel González
Expediente 249/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Antonio Dugarel González
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cuatro de junio de dos mil veintiuno. I. Acepta competencia. Ténganse por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se remitió el original del juicio de amparo 249/2021, promovido por **************e informa que en auto admisorio de treinta de abril del año en curso, admitió la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado bajo el número 242/2021; en consecuencia, agréguese el comunicado de referencia para los efectos legales a que haya lugar. II. Anotaciones. III. Destrucción del expediente. IV. Información reservada. V. Oposición de datos personales. VI. Devolución de documento. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. I. Estado procesal de autos. solicítese al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para que de no existir inconveniente legal alguno, informe a este órgano jurisdiccional, si aceptó o no la competencia planteada para conocer del juicio de amparo 249/2021, promovido por Antonio Dugarel González, del índice de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 746/2019, promovido por Marvels Maeyvi Lomelí Páez, por propio derecho y en representación de sus dos hijas menores de edad ambas de iniciales M.P. de L.L. contra actos de la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Mazatlán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el once de noviembre de dos mil diecinueve por el secretario de guardia del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en Mazatlán, se solicitó amparo contra las siguientes: Autoridades responsables: Presidente Municipal de Mazatlán, con sede en esta ciudad. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de lo Penal Especializada en Atención a Mujeres y Menores Víctimas del Delito, con sede en esta ciudad. Síndico Procuradora y Comisionada de la Oficina de Transparencia y rendición de Cuentas del Gobierno del Estado en el Sur de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Presidenta del Sistema DIF Municipio de Mazatlán, Sinaloa. Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Mazatlán, con sede en esta ciudad. Directora de la Guardería infantil denominada "Mi ángel de la guarda", con sede en esta ciudad. Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. Vicefiscal Regional de Justicia en la Zona Sur del Estado, en esta ciudad. Juez Segundo de Primera Instancia de del Ramo Familiar, en esta ciudad. Actos reclamados: La privación de la libertad e incomunicación (retención) de ambas menores de edad. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En propia fecha se admitió la demanda, requirieron informes justificados, dio intervención a la representante social adscrita, designó un representante especial a favor de las menores de edad, y concedió la suspensión de plano, entre otros efectos, para que cesara de inmediato la alegada privación de la libertad e incomunicación de las menores. Durante el trámite, se admitió la ampliación de demanda siguiente: Autoridad responsable: Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, en esta ciudad. Acto reclamado: El proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, que tuvo por ratificada la medida urgente de protección impuesta por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán, Sinaloa, en favor de las menores de edad, así como el acta de entrega de aquéllas, quedando bajo el resguardo provisional de su progenitor Octavio Ponce de León González; asimismo, decretó de manera provisional la suspensión del cuidado, guarda y el depósito provisional que tenía la progenitora sobre las menores de edad. Asimismo, desestimó la inhibición planteada por la quejosa y descartó impedimentos; declaró parcialmente fundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano porque no se había demostrado que se remitiera al área de psicología del DIF, para brindar asesoría a Consuelo González González, abuela paterna de las menores, para conservar el vínculo afectivo entre las niñas y su progenitora. Finalmente, la audiencia constitucional inició, previos diferimientos, en el acta precedente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el juicio, conforme a los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La privación de la libertad e incomunicación o retención de ambas menores de edad. La resolución emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, en esta ciudad, de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 2453/2019 de actividad judicial no contenciosa, promovido por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán, Sinaloa, donde se ratificó la medida urgente de protección de veintiséis de octubre de dos mil diecinueve, impuesta por dicha institución, en favor de las menores de edad, ambas niñas de iniciales M. P. de L.L.; ratificó el acta de entrega de las niñas para quedar bajo el resguardo provisional de su progenitor Octavio Ponce de León González; decretó de manera provisional la suspensión del cuidado, la guarda y el depósito provisional que tenía a su favor Marvels Maeyvi Lomelí Páez progenitora de las niñas de ocho años de edad, y requirió a su progenitor para que dentro de sesenta días promoviera juicio sumarísimo familiar por guardia y custodia de las niñas, con fundamento en el artículo 190 del Código de Procedimientos Familiares en el Estado de Sinaloa, apercibido que de no hacerlo, cesarían las medidas de protección ordenadas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierta la privación de la libertad e incomunicación o retención de ambas menores de edad; porque la totalidad de las autoridades negaron su existencia. Más bien, antes de la promoción del amparo [once de noviembre de dos mil diecinueve], el veintiséis de octubre de dos mil diecinueve la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán, Sinaloa, adoptó medida urgente de protección en favor de las menores de edad de iniciales M. P. de L.L., en el expediente 656/2019, lo siguiente: i. El resguardo provisional de las niñas quedó bajo responsabilidad de su progenitor Octavio Ponce de León González. ii. La convivencia de aquéllas con Raymundo Rosendo Ríos Hernández, se restringió en su totalidad. iii. La convivencia de las menores con su progenitora Marvels Maeyvi Lomelí Páez quedó bajo supervisión y con previa autorización del progenitor. Tras la promoción del amparo, el veintiuno de noviembre siguiente, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, en esta ciudad, en el expediente 2453/2019 de actividad judicial no contenciosa, promovido por tal institución, dispuso: i. Ratificó la medida urgente de protección de veintiséis de octubre anterior, impuesta por tal institución, a favor de las niñas. ii. Ratificó el acta de entrega de las niñas bajo el resguardo provisional de su progenitor Octavio Ponce de León González. iii. Decretó de manera provisional la suspensión del cuidado, la guarda y el depósito provisional que tenía a su favor Marvels Maeyvi Lomelí Páez progenitora de las niñas. iv. Requirió a su progenitor para que dentro de sesenta días promoviera juicio sumarísimo familiar por guardia y custodia de las niñas, conforme al artículo 190 del Código de Procedimientos Familiares en el Estado, apercibido que de no hacerlo, cesarían las medidas de protección ordenadas. Con todo, no se trata de privación de la libertad e incomunicación o retención de ambas menores de edad. Además, la parte quejosa no aportó pruebas que desvirtuara dicha aserción. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, respecto de los actos y autoridad precisadas al inicio de este considerando. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, en esta ciudad, aceptó la existencia de la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, lo cual se corrobora con las copias certificadas inherentes al expediente 2453/2019 de actividad judicial no contenciosa de su índice, y 656/2019 de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán, Sinaloa, que remitieron las autoridades en apoyo a sus informes justificados. Tales documentos públicos tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. QUINTO. Causa de improcedencia. El juicio de amparo es improcedente porque los actos reclamados se consumaron de manera irreparable al haberse ejecutado plenamente la medida de protección para las menores de edad. En particular, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVI, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable. Los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, de conformidad con el artículo 77, fracción I, siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]" Es aplicable, por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." [Registro digital: 171537, Segunda Sala, Novena Época, Administrativa, 2a./J. 171/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, Jurisprudencia] En el caso, como se vio, la parte quejosa reclama la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, en esta ciudad, dentro del expediente 2453/2019 de actividad judicial no contenciosa, promovido por dicha institución, donde ratificó la medida urgente de protección de veintiséis de octubre de dos mil diecinueve, impuesta por dicha institución, en favor de las menores de edad; ratificó el acta de entrega de las niñas bajo el resguardo provisional de su progenitor Octavio Ponce de León González; decretó de manera provisional la suspensión del cuidado, la guarda y el depósito provisional que tenía a su favor Marvels Maeyvi Lomelí Páez progenitora de las niñas. Lo relevante fue la temporalidad de sesenta días de su duración, en tanto requirió a su progenitor para que dentro de dicho plazo promoviera juicio sumarísimo familiar por guardia y custodia de las niñas, apercibido que de no hacerlo, cesarían las medidas de protección ordenadas. Ahora, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que para decidirlo así, el juzgado responsable, tuvo a la vista lo siguiente: 1. Acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve sobre inicio del expediente 656/2019, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán, Sinaloa, por Octavio Ponce de León González, progenitor de las menores de edad. 2. Entrevista y reporte de sesión psicológica de las menores expedido por Martha Patricia Flores Peñuelas, en su carácter de psicóloga adscrita a dicha institución, quien recomendó que las menores vivieran en un ambiente propicio para su bienestar físico y emocional, fuera del ambiente en que se encontraban inmersas viviendo, ante una posible situación de abuso sexual. 3. Copia de los oficios 10261/2019 y 10262/2019, expedidos por la Agente del Ministerio Público de lo Penal, Titular de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, Región Sur del Estado de Sinaloa, deducido de las carpetas de investigación MAZTL/AEDSEX/3958/2019/CI y MAZTL/AEDSEX/3951/2019/CI, ambos en contra de Raymundo Rosendo Ríos Hernández, por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado, en perjuicio de las menores de edad. 4. Medida de protección urgente de veintiséis de octubre de dos mil diecinueve, donde dicha institución acordó el resguardo provisional de las niñas quedó bajo responsabilidad de su progenitor Octavio Ponce de León González; la convivencia de aquéllas con Raymundo Rosendo Ríos Hernández se restringió en su totalidad; y la convivencia de las menores con su progenitora Marvels Maeyvi Lomelí Páez quedó bajo supervisión y con previa autorización del progenitor. En suma, la autoridad ratificó dicha medida de protección, ante los probables delitos que las niñas podrían ser objeto por parte de Raymundo Rosendo Ríos Hernandez, padrastro de las menores por ser pareja sentimental de la progenitora, y otorgó a Octavio Ponce de León González progenitor de las niñas, el resguardo provisional de las mismas, a consideración de que existía peligro al lado de su progenitora y de su pareja sentimental, suspendiéndole de manera provisional a la progenitora del cuidado, de la guarda y el depósito de sus menores hijas, ante su alegada falta de cuidado. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, recabó la opinión de las menores de edad involucradas en el proceso, por conducto del personal especializado en psicología de sede judicial, estando presente el Juez, secretario de Acuerdos y Agente del Ministerio Público. En ese contexto, se concluye que en la especie ha quedado irreparablemente consumado el acto reclamado en estudio, toda vez que a la presente fecha [treinta de abril de dos mil veintiuno], ya no debe encontrarse vigente la medida de protección decretada en expediente 2453/2019 de actividad judicial no contenciosa, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, en esta ciudad, pues únicamente tuvieron una temporalidad de sesenta días. En otras palabras, si el acuerdo reclamado en que se ratificó la medida de protección en favor de las menores de edad se notificó e hizo del conocimiento de Octavio Ponce de León González progenitor las niñas, para su continuación, es evidente que a la fecha en que se resuelve el presente juicio de amparo han transcurrido en exceso los sesenta días contemplados en el acuerdo reclamado, como vigencia de las medida de protección ahí ratificada. De ahí que, las circunstancias o modalidades posteriores no constituyen la materia del presente juicio. Máxime que pudieran incluso ser inciertas, lo único evidente es la periodicidad de la duración de la medida urgente, pero, su continuación no se tornaba inminente, ya que dependería de la conducta que adoptara el progenitor a quien se impuso la condición. Con todo, ningún fin práctico tendría analizar el fondo del asunto, no se diga a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que de las constancias que remitió el juzgado responsable en su apoyo, se advierte que el acto reclamado se ubicó en un expediente de actividad judicial no contenciosa, y, a lo sumo estuvo vigente por sesenta días hábiles, de conformidad con el artículo 190 del Código de Procedimientos Familiares en el Estado de Sinaloa, que dice: "Artículo 190. En la resolución se señalará el plazo de que dispondrá el solicitante para presentar la demanda, denuncia o querella que podrá ser hasta de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de efectuada la separación, salvo el caso de violencia familiar que será hasta de sesenta días hábiles, que se computarán a partir del día siguiente de consumada la medida. A juicio del juez, podrá concederse por una sola vez una prórroga por igual plazo. En la misma resolución ordenará la notificación al otro cónyuge, previniéndole que se abstenga de impedir la separación o causar molestias a su cónyuge, bajo apercibimiento de precederse en su contra en los términos a que haya lugar. El juez determinará la situación de las hijas y los hijos menores de edad atendiendo a las circunstancias del caso tomando en cuenta las obligaciones señaladas en el artículo 70 del Código Familiar, así como las propuestas de los cónyuges, si las hubiere. En todo trámite de esta naturaleza, siempre será oída la opinión de la niña o del niño." A lo más, con motivo de la suspensión de plano del presente juicio, continuó la situación o statu quo de las menores de edad: al cuidado del progenitor y convivencia con ambos progenitores, pero asistiendo a la escuela; a falta de indicios suficientes sobre la conveniencia de que las niñas volvieran a casa de su progenitora; sin perjuicio de que con las constancias allegadas se modificara o revocara, con base en el artículo 139, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero esto no ocurrió. Máxime que, dadas las máximas de experiencias, subsisten diversas medidas en torno a la protección de las menores de edad. Por ejemplo, es un hecho notorio que el doce de marzo de dos mil veinte se negó el amparo en el juicio 807/2019 del índice, contra la orden de aprehensión de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por violación equiparada agravada por afinidad, cometido en contra de la seguridad sexual y el normal desarrollo de la menor víctima con resguardo de identidad de iniciales M.P. de L.L.; la cual causó ejecutoria el once de septiembre siguiente. De esta forma, si se considera que las medidas de protección base del acto de reclamo en análisis se autorizaron judicialmente el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y cuya vigencia específica fue de sesenta días hábiles, prorrogables hasta por igual plazo, al momento en que se dicta el actual fallo constitucional ya no tiene validez jurídica alguna, en tanto que, de esa fecha a la diversa que se realiza esta sentencia, transcurrió un año aproximadamente, lo que excede tal vigencia. En tal contexto, el juez responsable se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para efecto de retrotraer el tiempo objeto de la vigencia del acto de reclamo, pues atiende a una cuestión de irreversibilidad en un contexto cronológico atinente a su validez jurídica, por lo que, si ya no tiene ese valor ejecutivo. De las constancias de autos no se advierte lo contrario. En ese tenor, se sobresee en el juicio, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en su artículo 61, fracción XVI. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, al reclamarse por vía de consecuencia y no por vicios propios. Intervención del asesor jurídico federal. Dado el sentido de la resolución, es innecesario mayor pronunciamiento respecto a la intervención del propio asesor jurídico federal de las menores de edad; quien en todo caso, manifestó que debía negarse el amparo a consideración de que las autoridades responsables fundaron y motivaron su actuación atendiendo a su interés superior (registro 20624). Desestima vista a Ministerio Público Se levanta la reserva de veinte de diciembre de dos mil veinte, respecto a la solicitud de parte quejosa, de dar vista al Ministerio Público de la Federación. Al efecto, la conducta de las autoridades no se subsume en lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; sobre todo porque durante el trámite del juicio, la propia parte precisó o aclaró que su pretensión se refería más bien a la intervención como parte procesal establecida en el artículo 5 de la ley de la materia, lo cual, desde luego ocurrió de un inicio. Por lo expuesto y fundado en los artículos 74 a 79, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marvels Maeyvi Lomelí Páez, por propio derecho y en representación de sus dos hijas menores de edad de iniciales M.P. de L.L., contra los actos reclamados y autoridades responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en esta sentencia. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal. Se instruye al secretario o secretaria, y al oficial administrativo respectivo para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda. Así lo resuelve y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, hoy treinta de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Anel Peña Solis, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Dugarel González; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 249/2021 e intégrese expediente electrónico. Decisión sobre la instancia constitucional (incompetencia). Del escrito de demanda promovida por Antonio Dugarel González, se advierte que señala como autoridades responsables, entre otras a este Juzgado Décimo de Distrito; a quien reclama en su carácter de ordenadora, la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Ahora, el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." De lo anterior se desprende que los juzgados de distritos son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueve contra los actos de otro Juez del mismo distrito y especialización en su caso, y si no hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En tales condiciones, si de la lectura de la demanda de amparo se advierte que este órgano jurisdiccional y el Juzgado Noveno fueron señalados como responsables, pero no el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por tanto, se estima que la autoridad competente para conocer del amparo indirecto en que se actúa, es el titular del órgano federal citado en último orden. En tales condiciones, de conformidad con el arábigo 48 de la materia, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, al haber sido señalado con el carácter de autoridad responsable y no poder ser en el juicio respectivo juez y parte. Aunado a lo anterior, en el presente caso no se trata de actos de los mencionados por el numeral 15 de la Ley de Amparo, por consistir éste en la orden de aprehensión y su ejecución. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." (Novena Época; Registro: 173362; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV; Febrero de 2007; Materia(s): Penal; Tesis: 1a./J. 88/2006; Página: 75.). Cuaderno de antecedentes. Con una copia del escrito de demanda fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio procesal, el que indica en su escrito de cuenta y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Martín Hernández Zaragoza, Luis Fernando Figueroa Sandoval y Mónica Arciniega Rocha; y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Claudia Patricia Alatorre Castillo, por no contar con registro en dicho sistema. Además, se le tiene señalando para entablar comunicaciones no procesales, en términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 el siguiente correo electrónico fco_zaragoza@yahoo.com y número de celular 3411113313. Ello, a fin de evitar poner en riesgo al personal, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. V. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VI. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza al actuario que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID- 19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. VII. Reproducción electrónica. De conformidad con la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, el uso de los medios electrónicos para obtener copia de las constancias que integran el presente, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. IX. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. X. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el actuario judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal.
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