Antonio Duarte Lazaro
Expediente 751/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Antonio Duarte Lazaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; consecuentemente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del arábigo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), y archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso a), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo. Del mismo modo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, de acuerdo al inciso a), fracción I, del artículo 18 referido Acuerdo.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta firmados vía electrónica por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante los cuáles informa que en veintinueve de septiembre de este año, se celebró audiencia de procedimiento abreviado dentro de la causa penal 270/2021, de su índice, de la que se advierte que el aquí quejoso Antonio Duarte Lázaro, fue sentenciado a dos años de prisión y multa de treinta y cuatro Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalente a la cantidad de $3,047.08 (tres mil cuarenta y siete pesos 08/100 moneda nacional); además, se le concedieron los beneficios de trabajo en favor de la comunidad o semilibertad y condena condicional, anexando al efecto copia certificada de dicha determinación; manifestando además que por lo anterior se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado vía electrónica por Erick Verdugo Elguea, en su carácter de Defensor Público Federal de la parte quejosa, mediante el cual hace del conocimiento la resolución emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en veintinueve de septiembre de este año, relativa a la audiencia de procedimiento abreviado dentro de la causa penal 270/2021, referida en el párrafo anterior, por lo que el quejoso Antonio Duarte Lázaro, se acogió al beneficio de condena condicional; asimismo, refiere que en el caso se ha actualizado la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, visto lo informado por el Juez responsable y por lo manifestado por el defensor público del quejoso, conviene recapitular que en diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se admitió la presente demanda de amparo interpuesta por Erick Verdugo Elguea, en su calidad de Defensor Público Federal de Antonio Duarte Lázaro, contra actos del Congreso de la Unión, con sede en Ciudad de México y otras autoridades, el cual hizo consistir en: ".IV.-ACTOS RECLAMADOS. 1) El proceso legislativo del Decreto de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación la Ley de Vías Generales de Comunicación. 2) La resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno emitida por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos de la causa penal 270/2021, mediante la cual impuso la medida cautelar de prisión preventiva, con motivo del decreto reclamado. De acuerdo con lo anterior, y del análisis de las constancias remitidas por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, permite advertir que durante la tramitación del presente juicio ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;; [.]" En el caso, se desprende que la parte quejosa promovió la acción constitucional contra resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos de la causa penal 270/2021, mediante la cual se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, con motivo del Decreto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en consecuencia, se advierte que se surte la causal de improcedencia antes citada, la cual prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; en tal virtud, toda vez que el quejoso Antonio Duarte Lázaro, reclamó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta dentro de la causa penal referida y, estando en trámite el presente juicio, el Juez responsable, remitió copia autorizada de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, relativa a la audiencia de procedimiento abreviado dictado dentro de la causa penal aludida, de la que se advierte que éste fue sentenciado a dos años de prisión y multa de treinta y cuatro Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalentes a la cantidad de $3,047.08 (tres mil cuarenta y siete pesos 08/100 moneda nacional), acogiéndose al beneficio de condena condicional en esa misma fecha, por lo que obtuvo su libertad ese mismo día. Documentales a las que se les atribuye valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Poniéndose de manifiesto que en el juicio que nos ocupa, existe un cambio de situación jurídica del peticionario de amparo, lo que imposibilita el examen constitucional de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación derivada de sentencia emitida en veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, relativa a la audiencia de procedimiento abreviado, en la que le fueron concedidos diversos sustitutivos de la libertad, acogiéndose al beneficio de la condena condicional como lo refiere el propio Defensor Público Federal en su ocurso acordado en esta data; de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causal de improcedencia prevista en el primer párrafo, fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que deberá sobreseerse en el presente juicio de garantías, con fundamento en la fracción V, del dispositivo 63, de la propia Ley. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia con número de registro 169410, consultable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del dispositivo 63, de la Ley de amparo procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del once de octubre de dos mil veintiuno; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
se notifica por lista a al parte quejosa el auto de cuatro de octubre del año en curso: Ténganse por recibidos los oficios de cuenta firmados vía electrónica por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante los cuáles informa que en veintinueve de septiembre de este año, se celebró audiencia de procedimiento abreviado dentro de la causa penal 270/2021, de su índice, de la que se advierte que el aquí quejoso Antonio Duarte Lázaro, fue sentenciado a dos años de prisión y multa de treinta y cuatro Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalente a la cantidad de $3,047.08 (tres mil cuarenta y siete pesos 08/100 moneda nacional); además, se le concedieron los beneficios de trabajo en favor de la comunidad o semilibertad y condena condicional, anexando al efecto copia certificada de dicha determinación; manifestando además que por lo anterior se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado vía electrónica por Erick Verdugo Elguea, en su carácter de Defensor Público Federal de la parte quejosa, mediante el cual hace del conocimiento la resolución emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en veintinueve de septiembre de este año, relativa a la audiencia de procedimiento abreviado dentro de la causa penal 270/2021, referida en el párrafo anterior, por lo que el quejoso Antonio Duarte Lázaro, se acogió al beneficio de condena condicional; asimismo, refiere que en el caso se ha actualizado la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, visto lo informado por el Juez responsable y por lo manifestado por el defensor público del quejoso, conviene recapitular que en diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se admitió la presente demanda de amparo interpuesta por Erick Verdugo Elguea, en su calidad de Defensor Público Federal de Antonio Duarte Lázaro, contra actos del Congreso de la Unión, con sede en Ciudad de México y otras autoridades, el cual hizo consistir en: ".IV.-ACTOS RECLAMADOS. 1) El proceso legislativo del Decreto de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación la Ley de Vías Generales de Comunicación. 2) La resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno emitida por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos de la causa penal 270/2021, mediante la cual impuso la medida cautelar de prisión preventiva, con motivo del decreto reclamado. De acuerdo con lo anterior, y del análisis de las constancias remitidas por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, permite advertir que durante la tramitación del presente juicio ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;; [.]" En el caso, se desprende que la parte quejosa promovió la acción constitucional contra resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos de la causa penal 270/2021, mediante la cual se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, con motivo del Decreto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en consecuencia, se advierte que se surte la causal de improcedencia antes citada, la cual prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; en tal virtud, toda vez que el quejoso Antonio Duarte Lázaro, reclamó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta dentro de la causa penal referida y, estando en trámite el presente juicio, el Juez responsable, remitió copia autorizada de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, relativa a la audiencia de procedimiento abreviado dictado dentro de la causa penal aludida, de la que se advierte que éste fue sentenciado a dos años de prisión y multa de treinta y cuatro Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalentes a la cantidad de $3,047.08 (tres mil cuarenta y siete pesos 08/100 moneda nacional), acogiéndose al beneficio de condena condicional en esa misma fecha, por lo que obtuvo su libertad ese mismo día. Documentales a las que se les atribuye valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Poniéndose de manifiesto que en el juicio que nos ocupa, existe un cambio de situación jurídica del peticionario de amparo, lo que imposibilita el examen constitucional de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación derivada de sentencia emitida en veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, relativa a la audiencia de procedimiento abreviado, en la que le fueron concedidos diversos sustitutivos de la libertad, acogiéndose al beneficio de la condena condicional como lo refiere el propio Defensor Público Federal en su ocurso acordado en esta data; de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causal de improcedencia prevista en el primer párrafo, fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que deberá sobreseerse en el presente juicio de garantías, con fundamento en la fracción V, del dispositivo 63, de la propia Ley. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia con número de registro 169410, consultable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del dispositivo 63, de la Ley de amparo procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del once de octubre de dos mil veintiuno; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Incidental
AUTO. Mexicali, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense con vista a las partes, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, los informes previos rendidos por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Directora General de Procedimientos Constitucionales, en representación de la Secretaría de Gobernación, ambos con residencia en Ciudad de México; sin perjuicio de dar nueva cuenta con los mismos al momento de celebrarse la audiencia incidental. Asimismo, se les tiene señalando domicilio procesal y designando delegados en términos del precepto 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indican en sus oficios. Finalmente, se tiene a la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, manifestando la imposibilidad en que se encuentra para proporcionar correo electrónico y número telefónico, por los motivos que expone; de lo cual se toma el debido conocimiento.
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