Antonio Domínguez Aragón
Expediente 2125/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2125/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Antonio Domínguez Aragón
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS, HA QUEDADO FIRME. ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO COMO CONCLUIDO, MISMO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 2125/2016-F, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente a este órgano judicial, de acuerdo con el numeral 62 de la Ley de la Materia. Lo anterior es así, pues del contexto de la demanda se advierte que los actos de molestia provienen de un procedimiento que se encuentra en la etapa de ejecución del laudo, donde el Ayuntamiento Municipal de Ayala, Morelos, que preside el promovente tiene la calidad de parte demandada y al que compareció por conducto de sus representantes en defensa de sus intereses, por lo que lo reclamado no es susceptible de combatirse por el momento ante esta potestad federal, porque no constituyen la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia a que se refiere la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, entendida ésta como aquélla que aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado, para que sea procedente el juicio de amparo que se intenta. En efecto, el numeral antes invocado establece en la parte que nos interesa, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Y que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Por lo que se reitera que no se está en alguna hipótesis de procedencia del juicio de amparo como el supuesto a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de la Materia, en cuanto dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera. Consecuentemente, no es dable tramitar el juicio constitucional que se intenta, y por consiguiente, de conformidad con los ordinales 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones IV y V, interpretadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata.
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