Antonio Dichi Mohana
Expediente 932/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2022
Partes del expediente
- Antonio Dichi Mohana
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con residencia en Mérida, Yucatán, al cual se adjuntan los autos originales del juicio de amparo 5221/2014 y el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 303/2017. Acúsese el recibo correspondiente. Atento a su contenido, hágase del conocimiento de las partes que el referido tribunal determinó: ". CONSIDERANDO: . CUARTO. Reposición del procedimiento. Resulta innecesario analizar los agravios formulados y la resolución emitida por el Juez de Distrito, por cuanto este Tribunal advierte que debe ordenarse la reposición del procedimiento en el presente asunto. . En consecuencia, procede revocar el documento incorporado a manera de sentencia y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto que se dicte sentencia en el juicio de amparo indirecto materia de revisión, observando lo previsto por el artículo 74 de la Ley de Amparo y demás disposiciones aplicables. Al actualizarse una violación a las reglas que norman el procedimiento en el juicio de amparo indirecto, no es necesario realizar un pronunciamiento en relación a los agravios vertidos por la recurrente. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E PRIMERO. SE REVOCA la resolución recurrida. SEGUNDO. Se ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo indirecto 5221/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para los efectos precisados en esta ejecutoria. TERCERO. Se declara SIN MATERIA la revisión adhesiva interpuesta por la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese." De lo anterior se toma conocimiento. Háganse las anotaciones respectivas en el expediente electrónico, para los efectos legales conducentes. Desglósense las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación aludido y agréguense al expediente principal que se recibe para su debida integración. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad en la ejecutoria en cita, se provee lo siguiente: Se deja insubsistente la sentencia terminada de engrosar el tres de noviembre de dos mil dieciséis, quedando subsistente la audiencia constitucional celebrada el veintitrés de octubre de dos mil quince, y una vez que se cuente con las constancias de notificación del presente proveído, realícese el acuerdo respectivo para que se turne los presentes autos, al área de proyecto a fin de que se dicte la sentencia que en derecho corresponda, conforme a lo ordenado por el Tribunal de Alzada. Finalmente, se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con residencia en Mérida, Yucatán, la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 303/2017 Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la quejosa.
- Principal
Ciudad de México, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones y al efecto denuncia la repetición del acto reclamado; atento a su contenido, se provee: Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en acuerdo emitido el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remitió los autos originales del juicio de amparo 1102/2020 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo presentada por *********, por propio derecho, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades; y, en dicha determinación, de conformidad con el Acuerdo General 13/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, y ordenó su registro bajo el número 932/2021; y entre otras cuestiones, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, el dieciocho de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, y el once de mayo siguiente se dictó la sentencia correspondiente, en la que se resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio, y por otra, conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Inconforme con la sentencia, la autoridad responsable Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, interpuesto recurso de revisión, medio de defensa que se tuvo por interpuesto en acuerdo de treinta y uno de mayo del año que transcurre; ordenando remitir el original del oficio de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para su substanciación y resolución. Ahora bien, resulta necesario tomar en consideración que el Máximo Tribunal del país, ha establecido que el sistema dispuesto por la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias que concedan la protección federal se compone de diversos procedimientos, excluyentes entre sí, cuya procedencia depende de que se actualice alguno de los siguientes supuestos: 1. Desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad responsable, abiertamente o con evasivas, se abstiene totalmente de obrar en el sentido ordenado por la sentencia, o bien no realiza la prestación de dar, hacer o no hacer que constituye el núcleo esencial del derecho que se estimó violado en la sentencia, sino que desarrolla actos que resultan intrascendentes, secundarios o poco relevantes para dicho cumplimiento. En este supuesto: a) Si el juez o tribunal que conoce del asunto declara que no se ha cumplido la sentencia a pesar de los requerimientos dirigidos a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, remitirá de oficio el asunto al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte, iniciándose el incidente de inejecución que puede conducir a la destitución de la autoridad responsable; b) Si el juez o tribunal resuelve que la responsable cumplió la sentencia, procede la inconformidad en contra de su decisión, cuya resolución podría conducir a la destitución de la autoridad responsable y su consignación ante un juez de Distrito, si la Suprema Corte comprueba que ésta incurrió en evasivas o procedimientos ilegales para incumplir, dando la apariencia de acatamiento; c) Si el quejoso elige que la sentencia de amparo se dé por cumplida mediante el pago de una indemnización, procede el incidente de pago de daños y perjuicios. 2. Cumplimiento excesivo o defectuoso de la sentencia de amparo. En este supuesto, el quejoso puede acudir al recurso de queja en contra de los actos de la autoridad responsable y en contra de la resolución que llegue a dictarse, procede el llamado recurso de queja de queja, cuya resolución no admite a su vez medio de impugnación alguno. 3. Repetición del acto reclamado cuando la autoridad reitera la conducta declarada inconstitucional por la sentencia de amparo. En este supuesto: a) Si el juez o tribunal resuelve que la autoridad incurrió en esta repetición, procede el envío de los autos a esta Suprema Corte para que determine si es el caso de imponer la sanción de destitución y su consignación ante un juez de Distrito; b) Si el juez o tribunal resuelve que la autoridad no incurrió en repetición del acto reclamado, procede la inconformidad en contra de su decisión, cuya resolución podría conducir, en caso de ser fundada, y una vez agotados los trámites legales, a la destitución de la autoridad y a la consignación señalada. En estos supuestos, los procedimientos que podrían conducir a la destitución de la autoridad responsable se tramitarán sin perjuicio de las medidas que deban tomarse hasta obtener el cumplimiento del fallo protector. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P. LXIV/95, con número de registro digital 200311, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, página 160, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. El sistema dispuesto por la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias que concedan la Protección Federal se compone de diversos procedimientos, excluyentes entre sí, cuya procedencia depende de que se actualice alguno de los siguientes supuestos: 1o. Desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad responsable, abiertamente o con evasivas, se abstiene totalmente de obrar en el sentido ordenado por la sentencia, o bien no realiza la prestación de dar, hacer o no hacer que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó violada en la sentencia, sino que desarrolla actos que resultan intrascendentes, secundarios o poco relevantes para dicho cumplimiento. En este supuesto: a) Si el juez o tribunal que conoce del asunto declara que no se ha cumplido la sentencia a pesar de los requerimientos dirigidos a la autoridad responsable y a su superior jerárquico (artículo 105, primer párrafo), remitirá de oficio el asunto a la Suprema Corte, iniciándose el incidente de inejecución (artículo 105, segundo párrafo) que puede conducir a la destitución de la autoridad responsable en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional; b) Si el juez o tribunal resuelve que la responsable cumplió la sentencia, procede la inconformidad en contra de su decisión (artículo 105, tercer párrafo), cuya resolución podría conducir a la destitución de la autoridad responsable y su consignación ante un juez de Distrito, si la Suprema Corte comprueba que ésta incurrió en evasivas o procedimientos ilegales para incumplir, dando la apariencia de acatamiento; c) Si el quejoso elige que la sentencia de amparo se dé por cumplida mediante el pago de una indemnización, procede el incidente de pago de daños y perjuicios (artículo 105, último párrafo). 2o. Cumplimiento excesivo o defectuoso de la sentencia de amparo. En este supuesto, el quejoso puede acudir al recurso de queja en contra de los actos de la autoridad responsable (artículo 95, fracciones II y IV) y en contra de la resolución que llegue a dictarse, procede el llamado recurso de queja de queja (artículo 95, fracción V), cuya resolución no admite a su vez medio de impugnación alguno. 3o. Repetición del acto reclamado cuando la autoridad reitera la conducta declarada inconstitucional por la sentencia de amparo. En este supuesto: a) Si el juez o tribunal resuelve que la autoridad incurrió en esta repetición, procede el envío de los autos a esta Suprema Corte para que determine si es el caso de imponer la sanción de destitución y su consignación ante un juez de Distrito; b) Si el juez o tribunal resuelve que la autoridad no incurrió en repetición del acto reclamado, procede la inconformidad en contra de su decisión (artículo 108), cuya resolución podría conducir, en caso de ser fundada, y una vez agotados los trámites legales, a la destitución de la autoridad y a la consignación señalada. En estos supuestos, los procedimientos que podrían conducir a la destitución de la autoridad responsable se tramitarán sin perjuicio de las medidas que deban tomarse hasta obtener el cumplimiento del fallo protector." Señalado lo anterior, de autos se advierte que en diversos acuerdos emitidos el dieciocho y veinticinco de mayo, veintiuno y veintiocho de junio, todos de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos sendos oficios registrados con los números de correspondencia interna 10487, 10545, 13522 y 14139, presentados, respectivamente, por el Director de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, adscrito a la Subtesorería de Administración Tributaria, y por el Subtesorero de Administración Tributaria, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio de los cuales realizaron diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en este sumario constitucional y al efecto exhibieron copia de diversas constancias con las que pretendieron acreditar los efectos del fallo. Al respecto, se dijo que la sentencia estaba pendiente de causar ejecutoria, dado que no ha sido resuelto el recurso de revisión interpuesto en su contra por la autoridad responsable Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; por lo que, al encontrarse sub-judice la sentencia de amparo, las constancias remitidas en pretendido cumplimiento que se exhiban antes de que la sentencia de amparo quede firme, no pueden ser tomadas en consideración para dichos efectos. Ilustra lo anterior, en la parte que interesa, la tesis: VI.2o.P.12 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, consultable en la página 2575, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UNA RESOLUCIÓN PARA DARLE CUMPLIMIENTO, ÉSTA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. El artículo 192 de la Ley de Amparo establece el procedimiento de cumplimiento de las sentencias en amparo indirecto, y señala que será "cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo" a partir de que el órgano jurisdiccional requerirá a la responsable el cumplimiento del fallo, por lo que no hay duda de que el legislador introdujo la condicionante de que dicho requerimiento estaría precedido de la declaratoria de firmeza, pues si ello no fuera relevante, el texto de la norma sería distinto. Lo anterior tiene sentido en la medida en que considerar válido el hecho de que las responsables pudieran acatar el fallo en cualquier momento posterior a su emisión, equivaldría a privar de un derecho legalmente otorgado a las partes y dejarlas en estado de indefensión, al no permitírseles ser escuchadas a través del recurso correspondiente. Por ende, si la sentencia de la que emana el medio de impugnación que se resuelve, causa ejecutoria únicamente por la correspondiente declaración judicial, y ésta sólo puede darse una vez que se resuelva el recurso respectivo, sólo a partir de ese momento puede exigirse su cumplimiento y, concomitantemente, atenderse al cumplimiento que dé la autoridad responsable. Así, mientras no exista ese pronunciamiento, no deja de ser una resolución que, si bien define una litis, no tiene fuerza legal, esto es, no ha alcanzado el valor de cosa juzgada, por estar sujeta a la resolución del recurso que se interpuso en su contra, debido a que aún se halla en situación de expectativa, y hasta que no cause ejecutoria, no es ni imperativa ni obligatoria para las partes, por lo que el cumplimiento anticipado no puede considerarse legal, porque hacerlo implicaría reconocer valor a una resolución emitida en vía de cumplimiento a una sentencia no vinculatoria y, a la par, dejar a la voluntad de la autoridad responsable la procedencia del medio de impugnación ordinario; por tanto, si la autoridad responsable dictó una resolución para cumplir una sentencia de amparo indirecto que no ha causado ejecutoria, ésta debe dejarse insubsistente." Ahora bien, mediante el escrito de cuenta, el quejoso denuncia la repetición del acto reclamado en este juicio, y al efecto realiza diversas manifestaciones, las que, en lo que interesa, son las siguientes: ". [.] [.] [.] [.] ." En relación con lo anterior, se estima necesario tomar en consideración que conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días, la que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector; consecuentemente, el justiciable tiene el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Ilustra lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 10/2018 (10a.), de la Décimo época, con número de registro digital 2016694, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 12, de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considere que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional, dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo." Ahora bien, la naturaleza procesal de todo incidente contiene presupuestos básicos sin los cuales resulta improcedente su tramitación, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ese es el espíritu que orienta al numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su precepto 2, al disponer: "Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.". Si bien es cierto que los requisitos de procedencia del incidente de repetición del acto reclamado no los establece expresamente la ley de la materia, también lo es que éstos se infieren de los diversos criterios jurisprudenciales que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: a) Que exista una sentencia de amparo en la que se haya concedido la protección de la Justicia Federal al impetrante de garantías; b) Que la emisión del nuevo acto que se estima reiterativo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, se emita con posterioridad a la fecha en que la sentencia de amparo cause ejecutoria; y, c) Que la promoción del incidente la lleve a cabo la parte que se encuentre legitimada para ello. Por ende, si falta uno de estos requisitos básicos de procedencia, el Juez de Distrito puede desechar de plano el incidente, pues a nada práctico conduciría tramitarlo, sabiendo de antemano que al dictar la resolución correspondiente se declarará su improcedencia. Ilustra lo anterior, el criterio contenido en la tesis XXI.1o.P.A.66 K, con número de registro digital 167074, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, página 1098, de rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR DE PLANO DICHO INCIDENTE ANTE LA FALTA DE UNO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE PROCEDENCIA. La naturaleza procesal de todo incidente contiene presupuestos básicos sin los cuales resulta improcedente su tramitación, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ese es el espíritu que orienta al numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su precepto 2o., al disponer: "Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.". Ahora, si bien es cierto que los requisitos de procedencia del incidente de repetición del acto reclamado no los establece expresamente la ley de la materia, también lo es que éstos se infieren de los diversos criterios jurisprudenciales que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: a) Que exista una sentencia de amparo en la que se haya concedido la protección de la Justicia Federal al impetrante de garantías; b) Que la emisión del nuevo acto que se estima reiterativo de las violaciones por las cuales se otorgó la protección constitucional, se emita con posterioridad a la fecha en que la sentencia de amparo cause ejecutoria; y, c) Que la promoción del incidente la lleve a cabo la parte que se encuentre legitimada para ello. Por ende, si falta uno de estos requisitos básicos de procedencia, el Juez de Distrito puede desechar de plano el incidente, pues a nada práctico conduciría tramitarlo, sabiendo de antemano que al dictar la resolución correspondiente se declarará su improcedencia." En relatadas consideraciones, como se ha hecho mención, a la fecha en que se actúa, la sentencia está pendiente de causar ejecutoria, dado que no ha sido resuelto el recurso de revisión interpuesto en su contra por la autoridad responsable Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; por lo que, al encontrarse sub-judice la sentencia de amparo, las constancias remitidas en pretendido cumplimiento exhibidas antes de que la sentencia de amparo quede firme, no pueden ser tomadas en consideración para dichos efectos. Además de que, el Pleno del Máximo Tribunal del país, en diversos criterios jurisprudenciales ha establecido que los efectos de una sentencia que otorga el amparo a la parte quejosa, pueden ser exigibles en su acatamiento, a las autoridades obligadas y/o vinculadas, una vez que la sentencia protectora adquiera firmeza y constituya cosa juzgada. Por su parte, si bien, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada, independientemente de que exista un pronunciamiento respecto del cumplimiento del fallo protector o de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, o bien, que se trate de un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo; también lo es que, como presupuesto procesal es que, para que se pueda denunciar la repetición del acto reclamado, el juicio debe encontrarse en etapa de cumplimiento una vez que la sentencia ha quedado firme, mas no antes, y como se ha dicho, ésta -la sentencia- se encuentra sub-judice dado que no ha sido resuelto el recurso de revisión interpuesto en su contra por la autoridad responsable Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Y, que el acto de autoridad contra el que procede realizar la denuncia respectiva -por tildarlo de repetitivo en violaciones-, tiene que ser aquel que fue emitido por la autoridad obligada y/o vinculada, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que en el caso no acontece, dado que, como se ha precisado, las constancias remitidas en pretendido cumplimiento que se exhiban antes de que la sentencia de amparo quede firme, no pueden ser tomadas en consideración para dichos efectos, situación que en el caso se actualiza, al encontrarse sub-judice la sentencia emitida en este juicio de amparo. De ahí que, atento al estado procesal que guarda el juicio, resulta improcedente tramitar la denuncia de repetición del acto reclamado presentada por la parte quejosa; por lo que, se encuentra expedito el derecho del quejoso para que lo haga valer en la vía que estime conveniente, o en el momento procesal oportuno, es decir, una vez que la sentencia haya adquirido firmeza, se haya requerido el cumplimiento de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, las autoridades obligadas y/o vinculadas remitan las constancias en pretendido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y que, considere, que el nuevo acto de autoridad es reiterativo del declarado inconstitucional; lo que se precisa para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas en el escrito inicial de demanda y, en su caso, en escritos posteriores, sin perjuicio de que en el momento que promueva alguno de los señalados por la parte quejosa en términos amplios, se le reconozca dicho carácter en el acuerdo que recaiga, siempre y cuando cumpla con los requisitos del precepto legal citado. Respecto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones y a la solicitud de la consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, donde se proveyó lo conducente; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual solicita se le remitan los autos originales correspondientes al amparo en revisión 364/2017 de su índice. En atención a su contenido, de la revisión de las constancias que integran el juicio de amparo citado al rubro, se advierte que ya le fue remitido el expediente que solicita, por lo que de la manera mas atenta, solicítese acuse de recibo para poder acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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