Antonio Díaz Ponciano

Expediente 69/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
69/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2021

Partes del expediente

  • Antonio Díaz Ponciano

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/51/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción del Juez Jesús Cortez Sandoval a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de febrero del año en curso. En consecuencia, hágase del conocimiento lo anterior a las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." En ese sentido, infórmese que podrán hacer valer ese derecho mediante escrito presentado por la vía ordinaria o al correo electrónico oficial 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por la parte quejosa, por el cual solicita la devolución de los documentos que acompañó a su escrito inicial de demanda; en ese sentido, cotéjese, compúlsese y certifíquese las mismas. Por lo tanto, acorde con lo establecido en elartículo 6 fracción I y 26 del Acuerdo General 21/2020,se señalan las once horas del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, para hacer entrega al licenciadoFelipe Hernández Domínguez, las documentales que refiere en su escrito de cuenta, previa constancia que por su recibo obre en autos para constancia; por tanto, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que notifiquen personalmente el presente proveído al autorizado de la parte quejosa; y realicen la entrega del código QR generado para su comparecencia. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    En virtud de que la parte quejosa, no compareció a notificarse de forma personal del proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en el término otorgado, se hace efectivo el apercibimiento asentado en el aviso entregado en diecisiete de febrero de este año, por lo que notifico por lista que se fija en los estrados de este Juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa el auto referido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el 29, de la Ley de Amparo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/51/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción del Juez Jesús Cortez Sandoval a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de febrero del año en curso. En consecuencia, hágase del conocimiento lo anterior a las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." En ese sentido, infórmese que podrán hacer valer ese derecho mediante escrito presentado por la vía ordinaria o al correo electrónico oficial 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por la parte quejosa, por el cual solicita la devolución de los documentos que acompañó a su escrito inicial de demanda; en ese sentido, cotéjese, compúlsese y certifíquese las mismas. Por lo tanto, acorde con lo establecido en elartículo 6 fracción I y 26 del Acuerdo General 21/2020,se señalan las once horas del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, para hacer entrega al licenciadoFelipe Hernández Domínguez, las documentales que refiere en su escrito de cuenta, previa constancia que por su recibo obre en autos para constancia; por tanto, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que notifiquen personalmente el presente proveído al autorizado de la parte quejosa; y realicen la entrega del código QR generado para su comparecencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a once de febrero de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Antonio Díaz Ponciano, contra actos del Secretario de Seguridad y Protección ciudadana Municipal del municipio de Tijuana, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por propio derecho, fórmese los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 69/2021-G. Estudio de la demanda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa reclama de las autoridades que señaló como responsables Secretario de Seguridad y Protección ciudadana Municipal del municipio de Tijuana y Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tijuana, ambos con sede en esta ciudad, lo siguiente: "De todas y cada una de ellas reclamo toda acción u omisión encaminada a llevar a cabo en mi perjuicio el CAMBIO DE COMISION, así como la disminución de mi sueldo y demás prestaciones que recibo como SUBOFICIAL COMISIONADO con incapacidad permanente adscrito a la secretaria de seguridad y protección ciudadana municipal del municipio de Tijuana Baja California, solicitando que me sean restituidos mis derechos y se me siga pagando mi sueldo íntegro, conforme al último sueldo devengado al momento de sufrir el riesgo de trabajo. Análisis de procedencia. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Desechamiento. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con el procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público. En efecto, el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Bajo ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacione con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el caso, quien aquí promueve, se duele de los actos reclamados consistentes en: Toda acción u omisión encaminada a llevar a cabo en su perjuicio el cambio de comisión. Así como la disminución de su sueldo y demás prestaciones que recibe como Suboficial Comisionado con incapacidad permanente adscrito a la secretaria de seguridad y protección ciudadana municipal del municipio de Tijuana Baja California. Sin embargo, el hecho de que el quejoso, Antonio Díaz Ponciano, sea integrante de dicha dependencia policiaca, no implica que todos los actos de la misma vinculados con la prestación de servicios se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: (i) las reguladas por el artículo 123, Apartado A, entre los patrones y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, (ii) las reguladas por el apartado B, que se refieren el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que, aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Si bien las relaciones laborales que regula el apartado A se suscitan entre particulares, y las relaciones laborales que regula el apartado B se suscitan entre particulares y órganos públicos, lo cierto es que, con independencia de las partes que las configuran, ambos tipos de relaciones laborales tienen la misma naturaleza (relaciones de coordinación). Ahora, el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas, no incide en forma alguna en la naturaleza de la relación; es decir, el hecho de que el patrón sea un ente público no significa que automáticamente la relación laboral se convierta en una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues más allá de la subordinación jerárquica estrictamente laboral derivada de una relación de trabajo, entre las partes de ésta (patrón y trabajador) no existe una relación de supra a subordinación, sino de mera coordinación en la que ambas partes se encuentran en un mismo plano. Así, tratándose de las relaciones laborales que el Estado establece con sus trabajadores, se obliga como cualquier patrón lo podría hacer, por lo que en dichas relaciones no ejerce su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que ahí surgen deben entenderse en un plano de coordinación; de ahí que ambos tipos de relaciones, tanto las relaciones que se rigen por el apartado A, como las que se rigen por el apartado B, constituyan en ambos casos relaciones de coordinación. Tal como lo ha sostenido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/2015, en el sentido de que para la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos del Estado dentro de las relaciones 'administrativas', aquél no actúa en calidad de autoridad, sino en un 'plano de coordinación', en tanto que se exige que se agote la instancia respectiva, cuya parte considerativa en lo que aquí interesa señala lo siguiente: Finalmente, es conveniente destacar criterios relevantes que sobre la materia, ha fijado la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en similares análisis de la evolución legislativa y jurisprudencial del tema en estudio: La relación que se establece entre el Estado y los servidores públicos referidos en la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 constitucional es de índole administrativa; sin embargo, a fin de conciliar dicho régimen de excepción con el demás marco normativo, sea constitucional, sea secundario, se ha procurado matizar tal afirmación para efecto de aducir que tal naturaleza deviene propiamente de la naturaleza de las normas que rigen tales vínculos; el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional prevé que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias normas, excluyendo la aplicación de los derechos generales del Apartado B y, en consecuencia, de la aplicación, en principio, de la legislación secundaria de mérito, a saber, la Ley Burocrática y, por mayoría de razón, de la Ley Federal del Trabajo. Empero, la Segunda Sala, en ejercicio de esa labor interpretativa, ha reconocido que, para efecto, por ejemplo, de la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos del Estado dentro de estas relaciones 'administrativas', aquél no actúa en calidad de autoridad, sino en un 'plano de coordinación', en tanto que, se exige, se agote la instancia respectiva, para efecto de promover el juicio constitucional, actualizándose la excepción cuando el acto reclamado sea el acuerdo de inicio del procedimiento, puesto que tal criterio responde a la irreparabilidad del daño que se ocasiona al servidor público si se inicia el procedimiento y se le separa de su cargo, en virtud de que no podrá ser posible, aun ante lo injustificado de tal separación, reincorporarlo al servicio, al existir una restricción constitucional. Asimismo, la propia Segunda Sala de este Alto Tribunal, ha matizado los criterios sobre la naturaleza de las relaciones entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado para efecto de no desconocer que, en ocasiones, es posible, con la finalidad de conceptualizar la indemnización prevista en el párrafo segundo de la fracción XIII del Apartado B del precepto 123 constitucional, la aplicación de lo establecido en las diversas fracciones del citado apartado B, e incluso del Apartado A -así como de su ley reglamentaria Ley Federal del Trabajo-, para concluir que dicha indemnización comprende el pago de 3 meses y 20 días por año efectivamente laborado. Esto, no por considerar que la relación se torna laboral, sino atendiendo a criterios de equidad respecto de situaciones jurídicas similares, ante la ausencia de norma expresa. De lo argumentado hasta este momento, es posible concluir que antes de la reforma de cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, la relación entre los trabajadores y el estado no era considerada de naturaleza laboral, sino administrativa, derivado ello, entre otras cosas, de la distinta manera de acceso al puesto para un servidor público, frente al de un trabajador privado; el primero como consecuencia de un acto administrativo de nombramiento (acto condición), el segundo como consecuencia de la celebración de un contrato o de la simple realización en el tiempo de un trabajo personal subordinado. Incluso, el apartado "B" del artículo 123 constitucional adicionado en mil novecientos setenta, deriva de la idea de equiparar la relación del Estado con sus trabajadores, a una relación de trabajo, pero precisamente partiendo de la diferencia que existe entre empleados del Estado y trabajadores en general. Lo anterior, en principio, deja a los citados grupos de servidores públicos (considerados en la fracción XIII), fuera de la cobertura de los derechos laborales del apartado "B", del artículo 123. El criterio se contiene en la tesis P./J. 24/95, arriba transcrita, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA". -postura que se ha reiterado hasta la presente Décima Época-, aunque conviene aclarar que, en suma, si bien ha prevalecido la idea de que los funcionarios referidos en la propia fracción XIII están regulados en un régimen distinto al del resto de los servidores públicos, esto es, que no están sujetos a una relación simple y pura de servidor público y Estado, lo cierto es que dicha relación, en el caso, por su especialidad y características propias, presenta matices administrativo-laborales. Por tanto, el artículo 123, apartado "B", fracción XIII, debe entenderse en el sentido de que los seis grupos enunciados se regirán por sus propias leyes y se encuentran bajo un régimen de exclusión del propio apartado, sujeto a restricciones constitucionales expresas e implícitas. Expresas en lo que se refiere al rubro de permanencia, e implícitas en lo que se refiere a lo que cada ley especial prevea respecto a cada grupo regulado. Entonces, la idea fundamental de este régimen de exclusión es particularmente el que este tipo de servidores públicos no pertenece a ninguna de las situaciones en las que está regulado ni el apartado "A" ni el apartado "B", sino que se establece una regulación específica en relación a sus propias leyes, mismas que tendrían además que considerar las bases que la propia fracción XIII que nos ocupa contiene y ha empezado a desarrollar con mayor precisión. Ahora bien, el que este tipo de servidores públicos no cuenten con derechos laborales propiamente dichos, no impide como se ha dicho, que puedan gozar de garantías mínimas en el desempeño de su función, y por ello, la fracción en análisis ha concedido a este tipo de servidores públicos determinadas prestaciones e incluso, el derecho a una posible indemnización. Prestaciones que desde luego, pueden ampliarse o precisarse en la ley especial correspondiente. Conviene en ello citar la Tesis 2a./J. 8/2013 (10a.) de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se afirma que los policías tienen una relación administrativa con el estado, lo cual los excluye del régimen de trabajo: "AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. Ante lo señalado, no queda duda que quienes son miembros de las instituciones policiales, están sujetos a un régimen de excepción constitucional expreso, que impide a los mismos disfrutar de los derechos que los trabajadores del Estado contempla el apartado "B" del artículo 123 constitucional, pues como reiteradamente se ha dicho, la naturaleza que rige la relación del Estado con los policías es de orden administrativo y no laboral. En efecto, si bien, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores; lo cierto es que en la fracción XIII, se establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior, implica que los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa con el Estado, esto es, que no se trata de una relación de índole laboral en sentido estricto [que se rija por el derecho del trabajo], sino que dichos servidores públicos están excluidos, por disposición constitucional, de la aplicación de las normas de trabajo para los demás servidores públicos del Estado. Esto quiere decir que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, sólo que son designados mediante actos condición y no mediante contratos de trabajo y, por ende, no tienen derecho a reclamar estabilidad en el empleo ni a la inmutabilidad en las condiciones de permanencia. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso del Estado por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa. En la especie, uno de los motivos de los que se duele el quejoso es la reducción de su salario efectuada con motivo del cambio de comisión distinto al que desempeñaba; asimismo, de la narrativa de antecedentes del acto reclamado, rendida bajo protesta de decir verdad, se desprende que manifestó ser "empleado" de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, desempeñando el cargo de suboficial comisionado; ya que desde el veintinueve de enero del año que transcurre, al presentarse en las inmediaciones de su fuente laboral para recibir el pago de prestaciones como suboficial comisionado con incapacidad permanente, se percató de la reducción del sueldo y prestaciones. Atento a lo expuesto, ello no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se considera autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin posibilidad de acudir a los órganos de impartición de justicia ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, al emitirse en un plano de supra a subordinación. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el propio juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Por consiguiente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública municipal el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (la reducción de su salario, derivada del cambio de comisión que desempeñaba como suboficial comisionado con incapacidad permanente adscrito a la Secretaria de Seguridad y protección ciudadana Municipal del municipio de Tijuana), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (reducción del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento administrativo correspondiente y no a través del amparo. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico aquí planteado únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con un procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público, tan es así que refiere que cobró su salario con un descuento. No obstante, en el caso, aun cuando el quejoso se desempeña como Suboficial Comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y está sujeto al régimen de excepción previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, lo cierto es que la disminución de su salario que reclama no se vincula con "el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él" que la Segunda Sala del Alto Tribunal pretendió tutelar con la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) -mencionada con anterioridad-, lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo para dilucidar controversias relacionadas con aspectos suscitados con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues para ello existen vías ordinarias. Entonces, en el juicio de amparo no se pueden analizar esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias correspondientes. Al respecto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia I.6o.T. J/39 (10a.), que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA)". De igual manera, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 31/2019 (10a.), que lleva por rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES" Dicho de otra manera, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la dependencia para la que prestan sus servicios, con motivo del desarrollo de éstos, cuando no se vinculan con el procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público, que se tramita ante la autoridad respectiva. Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria (de supra a subordinación); sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante un Tribunal Administrativo, se da porque es un órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias (en substitución de un tribunal laboral), más no por un tema de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con el procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Domicilio y autorizados. Así también, como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Cabuto Medina, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. No así a Maritza Janeth Martínez Huitzacua, Luis Alberto Herrera y Felipe Hernández Domínguez, toda vez que no cuentan con su cédula profesional que los acredite o faculte para ejercer la licenciatura en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; se les autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones; asimismo téngase como domicilio procesal el señalado en el escrito de demanda que se atiende. Asimismo, proporciona correo electrónico, siendo gcabuto@outlook.com, así como teléfono móvil 664-17-77-531. Lo anterior, a fin de establecer el contacto respectivo; de lo que se toma conocimiento. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Las facultades que la ley otorga a los juzgadores como directores del proceso están sujetas al cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo acto de autoridad debe respetar; por tanto, si los artículos 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1065 del Código de Comercio, establecen igualmente que "el Juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.", es evidente que en atención a los requisitos constitucionales aludidos y a la literalidad de la norma, el Juez debe señalar la causa urgente en que sustenta su determinación, así como las diligencias que deberán practicarse; requisito que debe cumplir de manera expresa y no en forma implícita o tácita, por ser su obligación constitucional fundar y motivar sus determinaciones, con el objeto de que las personas, al conocer las causas que dieron origen a su determinación, puedan impugnarla a través de los medios de defensa que la legislación correspondiente establezca a su favor; ello, en aras de respetar a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídicas." Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Expedición de Copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Medios electrónicos Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Expediente electrónico Finalmente, en atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En virtud de que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente del auto de once de febrero de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento asentado en el aviso fijado en doce de febrero pasado, por lo que se le notifica éste mediante lista que se fija en los estrados del edificio del Poder Judicial de la Federación y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, a once de febrero de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Antonio Díaz Ponciano, contra actos del Secretario de Seguridad y Protección ciudadana Municipal del municipio de Tijuana, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por propio derecho, fórmese los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 69/2021-G. Estudio de la demanda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa reclama de las autoridades que señaló como responsables Secretario de Seguridad y Protección ciudadana Municipal del municipio de Tijuana y Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tijuana, ambos con sede en esta ciudad, lo siguiente: "De todas y cada una de ellas reclamo toda acción u omisión encaminada a llevar a cabo en mi perjuicio el CAMBIO DE COMISION, así como la disminución de mi sueldo y demás prestaciones que recibo como SUBOFICIAL COMISIONADO con incapacidad permanente adscrito a la secretaria de seguridad y protección ciudadana municipal del municipio de Tijuana Baja California, solicitando que me sean restituidos mis derechos y se me siga pagando mi sueldo íntegro, conforme al último sueldo devengado al momento de sufrir el riesgo de trabajo. Análisis de procedencia. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Desechamiento. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con el procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público. En efecto, el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Bajo ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacione con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el caso, quien aquí promueve, se duele de los actos reclamados consistentes en: Toda acción u omisión encaminada a llevar a cabo en su perjuicio el cambio de comisión. Así como la disminución de su sueldo y demás prestaciones que recibe como Suboficial Comisionado con incapacidad permanente adscrito a la secretaria de seguridad y protección ciudadana municipal del municipio de Tijuana Baja California. Sin embargo, el hecho de que el quejoso, Antonio Díaz Ponciano, sea integrante de dicha dependencia policiaca, no implica que todos los actos de la misma vinculados con la prestación de servicios se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: (i) las reguladas por el artículo 123, Apartado A, entre los patrones y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, (ii) las reguladas por el apartado B, que se refieren el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que, aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Si bien las relaciones laborales que regula el apartado A se suscitan entre particulares, y las relaciones laborales que regula el apartado B se suscitan entre particulares y órganos públicos, lo cierto es que, con independencia de las partes que las configuran, ambos tipos de relaciones laborales tienen la misma naturaleza (relaciones de coordinación). Ahora, el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas, no incide en forma alguna en la naturaleza de la relación; es decir, el hecho de que el patrón sea un ente público no significa que automáticamente la relación laboral se convierta en una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues más allá de la subordinación jerárquica estrictamente laboral derivada de una relación de trabajo, entre las partes de ésta (patrón y trabajador) no existe una relación de supra a subordinación, sino de mera coordinación en la que ambas partes se encuentran en un mismo plano. Así, tratándose de las relaciones laborales que el Estado establece con sus trabajadores, se obliga como cualquier patrón lo podría hacer, por lo que en dichas relaciones no ejerce su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que ahí surgen deben entenderse en un plano de coordinación; de ahí que ambos tipos de relaciones, tanto las relaciones que se rigen por el apartado A, como las que se rigen por el apartado B, constituyan en ambos casos relaciones de coordinación. Tal como lo ha sostenido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/2015, en el sentido de que para la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos del Estado dentro de las relaciones 'administrativas', aquél no actúa en calidad de autoridad, sino en un 'plano de coordinación', en tanto que se exige que se agote la instancia respectiva, cuya parte considerativa en lo que aquí interesa señala lo siguiente: Finalmente, es conveniente destacar criterios relevantes que sobre la materia, ha fijado la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en similares análisis de la evolución legislativa y jurisprudencial del tema en estudio: La relación que se establece entre el Estado y los servidores públicos referidos en la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 constitucional es de índole administrativa; sin embargo, a fin de conciliar dicho régimen de excepción con el demás marco normativo, sea constitucional, sea secundario, se ha procurado matizar tal afirmación para efecto de aducir que tal naturaleza deviene propiamente de la naturaleza de las normas que rigen tales vínculos; el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional prevé que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias normas, excluyendo la aplicación de los derechos generales del Apartado B y, en consecuencia, de la aplicación, en principio, de la legislación secundaria de mérito, a saber, la Ley Burocrática y, por mayoría de razón, de la Ley Federal del Trabajo. Empero, la Segunda Sala, en ejercicio de esa labor interpretativa, ha reconocido que, para efecto, por ejemplo, de la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos del Estado dentro de estas relaciones 'administrativas', aquél no actúa en calidad de autoridad, sino en un 'plano de coordinación', en tanto que, se exige, se agote la instancia respectiva, para efecto de promover el juicio constitucional, actualizándose la excepción cuando el acto reclamado sea el acuerdo de inicio del procedimiento, puesto que tal criterio responde a la irreparabilidad del daño que se ocasiona al servidor público si se inicia el procedimiento y se le separa de su cargo, en virtud de que no podrá ser posible, aun ante lo injustificado de tal separación, reincorporarlo al servicio, al existir una restricción constitucional. Asimismo, la propia Segunda Sala de este Alto Tribunal, ha matizado los criterios sobre la naturaleza de las relaciones entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado para efecto de no desconocer que, en ocasiones, es posible, con la finalidad de conceptualizar la indemnización prevista en el párrafo segundo de la fracción XIII del Apartado B del precepto 123 constitucional, la aplicación de lo establecido en las diversas fracciones del citado apartado B, e incluso del Apartado A -así como de su ley reglamentaria Ley Federal del Trabajo-, para concluir que dicha indemnización comprende el pago de 3 meses y 20 días por año efectivamente laborado. Esto, no por considerar que la relación se torna laboral, sino atendiendo a criterios de equidad respecto de situaciones jurídicas similares, ante la ausencia de norma expresa. De lo argumentado hasta este momento, es posible concluir que antes de la reforma de cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, la relación entre los trabajadores y el estado no era considerada de naturaleza laboral, sino administrativa, derivado ello, entre otras cosas, de la distinta manera de acceso al puesto para un servidor público, frente al de un trabajador privado; el primero como consecuencia de un acto administrativo de nombramiento (acto condición), el segundo como consecuencia de la celebración de un contrato o de la simple realización en el tiempo de un trabajo personal subordinado. Incluso, el apartado "B" del artículo 123 constitucional adicionado en mil novecientos setenta, deriva de la idea de equiparar la relación del Estado con sus trabajadores, a una relación de trabajo, pero precisamente partiendo de la diferencia que existe entre empleados del Estado y trabajadores en general. Lo anterior, en principio, deja a los citados grupos de servidores públicos (considerados en la fracción XIII), fuera de la cobertura de los derechos laborales del apartado "B", del artículo 123. El criterio se contiene en la tesis P./J. 24/95, arriba transcrita, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA". -postura que se ha reiterado hasta la presente Décima Época-, aunque conviene aclarar que, en suma, si bien ha prevalecido la idea de que los funcionarios referidos en la propia fracción XIII están regulados en un régimen distinto al del resto de los servidores públicos, esto es, que no están sujetos a una relación simple y pura de servidor público y Estado, lo cierto es que dicha relación, en el caso, por su especialidad y características propias, presenta matices administrativo-laborales. Por tanto, el artículo 123, apartado "B", fracción XIII, debe entenderse en el sentido de que los seis grupos enunciados se regirán por sus propias leyes y se encuentran bajo un régimen de exclusión del propio apartado, sujeto a restricciones constitucionales expresas e implícitas. Expresas en lo que se refiere al rubro de permanencia, e implícitas en lo que se refiere a lo que cada ley especial prevea respecto a cada grupo regulado. Entonces, la idea fundamental de este régimen de exclusión es particularmente el que este tipo de servidores públicos no pertenece a ninguna de las situaciones en las que está regulado ni el apartado "A" ni el apartado "B", sino que se establece una regulación específica en relación a sus propias leyes, mismas que tendrían además que considerar las bases que la propia fracción XIII que nos ocupa contiene y ha empezado a desarrollar con mayor precisión. Ahora bien, el que este tipo de servidores públicos no cuenten con derechos laborales propiamente dichos, no impide como se ha dicho, que puedan gozar de garantías mínimas en el desempeño de su función, y por ello, la fracción en análisis ha concedido a este tipo de servidores públicos determinadas prestaciones e incluso, el derecho a una posible indemnización. Prestaciones que desde luego, pueden ampliarse o precisarse en la ley especial correspondiente. Conviene en ello citar la Tesis 2a./J. 8/2013 (10a.) de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se afirma que los policías tienen una relación administrativa con el estado, lo cual los excluye del régimen de trabajo: "AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. Ante lo señalado, no queda duda que quienes son miembros de las instituciones policiales, están sujetos a un régimen de excepción constitucional expreso, que impide a los mismos disfrutar de los derechos que los trabajadores del Estado contempla el apartado "B" del artículo 123 constitucional, pues como reiteradamente se ha dicho, la naturaleza que rige la relación del Estado con los policías es de orden administrativo y no laboral. En efecto, si bien, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores; lo cierto es que en la fracción XIII, se establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior, implica que los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa con el Estado, esto es, que no se trata de una relación de índole laboral en sentido estricto [que se rija por el derecho del trabajo], sino que dichos servidores públicos están excluidos, por disposición constitucional, de la aplicación de las normas de trabajo para los demás servidores públicos del Estado. Esto quiere decir que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, sólo que son designados mediante actos condición y no mediante contratos de trabajo y, por ende, no tienen derecho a reclamar estabilidad en el empleo ni a la inmutabilidad en las condiciones de permanencia. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso del Estado por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa. En la especie, uno de los motivos de los que se duele el quejoso es la reducción de su salario efectuada con motivo del cambio de comisión distinto al que desempeñaba; asimismo, de la narrativa de antecedentes del acto reclamado, rendida bajo protesta de decir verdad, se desprende que manifestó ser "empleado" de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, desempeñando el cargo de suboficial comisionado; ya que desde el veintinueve de enero del año que transcurre, al presentarse en las inmediaciones de su fuente laboral para recibir el pago de prestaciones como suboficial comisionado con incapacidad permanente, se percató de la reducción del sueldo y prestaciones. Atento a lo expuesto, ello no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se considera autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin posibilidad de acudir a los órganos de impartición de justicia ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, al emitirse en un plano de supra a subordinación. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el propio juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Por consiguiente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública municipal el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (la reducción de su salario, derivada del cambio de comisión que desempeñaba como suboficial comisionado con incapacidad permanente adscrito a la Secretaria de Seguridad y protección ciudadana Municipal del municipio de Tijuana), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (reducción del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento administrativo correspondiente y no a través del amparo. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico aquí planteado únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con un procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público, tan es así que refiere que cobró su salario con un descuento. No obstante, en el caso, aun cuando el quejoso se desempeña como Suboficial Comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y está sujeto al régimen de excepción previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, lo cierto es que la disminución de su salario que reclama no se vincula con "el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él" que la Segunda Sala del Alto Tribunal pretendió tutelar con la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) -mencionada con anterioridad-, lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo para dilucidar controversias relacionadas con aspectos suscitados con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues para ello existen vías ordinarias. Entonces, en el juicio de amparo no se pueden analizar esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias correspondientes. Al respecto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia I.6o.T. J/39 (10a.), que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA)". De igual manera, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 31/2019 (10a.), que lleva por rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES" Dicho de otra manera, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la dependencia para la que prestan sus servicios, con motivo del desarrollo de éstos, cuando no se vinculan con el procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público, que se tramita ante la autoridad respectiva. Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria (de supra a subordinación); sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante un Tribunal Administrativo, se da porque es un órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias (en substitución de un tribunal laboral), más no por un tema de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con el procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Domicilio y autorizados. Así también, como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Cabuto Medina, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. No así a Maritza Janeth Martínez Huitzacua, Luis Alberto Herrera y Felipe Hernández Domínguez, toda vez que no cuentan con su cédula profesional que los acredite o faculte para ejercer la licenciatura en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; se les autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones; asimismo téngase como domicilio procesal el señalado en el escrito de demanda que se atiende. Asimismo, proporciona correo electrónico, siendo gcabuto@outlook.com, así como teléfono móvil 664-17-77-531. Lo anterior, a fin de establecer el contacto respectivo; de lo que se toma conocimiento. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Las facultades que la ley otorga a los juzgadores como directores del proceso están sujetas al cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo acto de autoridad debe respetar; por tanto, si los artículos 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1065 del Código de Comercio, establecen igualmente que "el Juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.", es evidente que en atención a los requisitos constitucionales aludidos y a la literalidad de la norma, el Juez debe señalar la causa urgente en que sustenta su determinación, así como las diligencias que deberán practicarse; requisito que debe cumplir de manera expresa y no en forma implícita o tácita, por ser su obligación constitucional fundar y motivar sus determinaciones, con el objeto de que las personas, al conocer las causas que dieron origen a su determinación, puedan impugnarla a través de los medios de defensa que la legislación correspondiente establezca a su favor; ello, en aras de respetar a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídicas." Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Expedición de Copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Medios electrónicos Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Expediente electrónico Finalmente, en atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente.

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