Antonio Diaz Agripin

Expediente 292/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
292/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
21/06/2017

Partes del expediente

  • Antonio Diaz Agripin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, contra la resolución dictada por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Finalmente, privilegiando el ahorro y racionalización de los recursos, así como de que resulta innecesario conservar las constancias que adjuntó a su informe justificado la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con el objeto de que las mismas puedan ser reutilizadas, devuélvanse las mismas. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6°, de los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de abril de dos mil catorce, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en la que se determina: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por... lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta de mayo del presente año

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil diecisiete. Vista la copia certificada del acuerdo pronunciado con esta misma fecha, en el expediente administrativo del índice de este Juzgado Federal, en cumplimiento al oficio número STCCNO/122/2015, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, por medio del cual informa que en esa Secretaria Ejecutiva determinó que el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, apoyará en el dictado de sentencias a éste Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, enviará cincuenta y cuatro juicios de amparo indirecto, los cuales se remitirán, dentro de los dos días hábiles siguientes al día que se tiene para generar la lista de asuntos por medio del "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares" y así sucesivamente y atendiendo las circulares CAR 9/CCNO/2011, 11/CCNO/2011, 14/CCNO/2011, 17/CCNO/2011 y 05/CCNO/2012, suscritas por el Secretario Ejecutivo y Técnico respectivamente, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos; este Juzgado Federal. Por consiguiente, como está ordenado en la copia certificada del proveído con que se da cuenta y en el que se determinó enviar el presente juicio de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y hágase del conocimiento el contenido del presente a las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos Jorge Carenzo Rivas, ante la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte este Juzgado Federal mediante acuerdo de veinte y veinticuatro de febrero del año en curso, se reservó acordar respecto de las pruebas confesional y testimonial a cargo de Ereck Eunise Carbajal Vega, Raquel Ortiz Torres e Itzel Abigail Díaz Ortiz, así como las inspecciones judiciales, a cargo del Actuario adscrito a este Juzgado Federal, hasta en tanto obraran en autos las constancias de emplazamiento de los terceros interesados, así como los informes justificados; cumplido dicho requisito, se provee lo conducente: Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 79, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desechan las pruebas que ofrece la parte quejosa consistentes en la confesional a cargo de Ereck Eunise Carbajal Vega y Erick Antonio Díaz Ortiz, toda vez esta, no está permitida por el artículo 119 de la Ley de la Materia. Con fundamento en el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. XXXVII/2015 (10a.). sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Mayo de 2015, materia Constitucional, visible en la página 1709, con el texto y rubro: "PRUEBA CONFESIONAL POR POSICIONES. LA PROHIBICIÓN DE SU ADMISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA, RESULTA ACORDE CON EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Las razones que el legislador federal tuvo para limitar la admisión de la prueba confesional por posiciones, entendida como la confesión expresa o confesión judicial provocada, consisten en la observancia de los principios de igualdad procesal entre las partes en el ofrecimiento de pruebas, idoneidad del instrumento probatorio y excepcionalidad en la procedencia del juicio de amparo. De esta manera, si la autoridad responsable fuese la absolvente, la prueba de posiciones no podría practicarse, ya que un hecho sobre el cual versara la confesión, es susceptible de ser realizado por diferentes órganos del Estado sin ser, por ende, exclusivamente propio del confesante y, en segundo término, debe atenderse a la imposibilidad de que cualquier autoridad recuerde con precisión y exactitud todas y cada una de las circunstancias en que se haya efectuado el acto reclamado, dada la multitud de casos y actos que conoce y emite en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conclusión que debe hacerse extensiva en favor de los gobernados, quejoso o tercero interesado, con apoyo en el principio de igualdad de oportunidades. Además cabe precisar que lo que pretende dilucidarse con el ofrecimiento de la absolución de posiciones, consta generalmente en documentos públicos, los cuales de conformidad con la ley, tienen eficacia plena. En este sentido la prohibición de admitir la confesional por posiciones en el juicio de amparo, encuentra justificación constitucional y legal en la medida en que con ello se evita que las partes estén en aptitud de interrogarse entre sí, afectando con ello la igualdad entre las partes, excepcionalidad y equidad procesal, en la tramitación del juicio de amparo, cuyo material probatorio se constriñe a aquellas pruebas que obran ante la autoridad señalada como responsable, considerando que no se tomarán en cuenta aquellos elementos de convicción que no hubiesen sido rendidos previamente ante dicha autoridad, sino cuando excepcionalmente no hubiesen tenido oportunidad de hacerlo.". Ahora, por lo que hace a la diversa testimonial a cargo de Ereck Eunise Carbajal Vega, Raquel Ortiz Torres e Itzel Abigail Díaz Ortiz, así como las inspecciones judiciales a cargo del Actuario adscrito a este Juzgado Federal, con fundamento en los numerales antes invocados, en razón de que resultan notoriamente improcedentes, se desechan las mismas, toda vez que el acto reclamado en esta contienda constitucional, se hace consistir esencialmente en la orden de embargo dictada dentro de la controversia del orden familiar sobre divorcio necesario 279/2015-3 y acumulado al 447/2014, en contra de la parte quejosa Antonio Díaz Agripin, a efecto de garantizar el pago de alimentos a cargo de Erick Antonio Díaz Ortiz, quien tiene como deudor alimentario al menor Neri Elizabeth Díaz Carbajal. Por tanto, las probanzas antes planteadas no resultan idóneas para el fin que su expresión procura, en todo caso, sería procedente diversa prueba; máxime que como se desprende del contenido del informe justificado que rindió, la autoridad responsable hizo del conocimiento de este órgano de control constitucional, que es cierto el acto que por esta vía se combate, por lo que, atendiendo a lo establecido en los artículos 75 y 93, fracción VII de la Ley de Amparo, que contienen el principio de limitación de pruebas en el juicio de amparo, implica que únicamente se debe analizar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; de ahí que al considerarse que las pruebas que ofrece, no son idóneas, por lo que, a ningún fin practico conduciría admitirlas en esta instancia constitucional. Toda vez que, si bien es cierto que el artículo 119 de la Ley de Amparo, prevé que son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho, ello no significa que se admitirán indiscriminadamente todas las pruebas que ofrezca la parte quejosa, sino, es menester que guarden relación con la litis constitucional establecida. Con fundamento en el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo, es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 13/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE. EL JUEZ DE DISTRITO ESTA FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo, así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2° de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es pleno sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del Código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en ese punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Así como la tesis visible en la página 296, XII, Septiembre de 1993, correspondiente a la Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR NO ENCONTRARSE RELACIONADAS CON LA LITIS CONSTITUCIONAL, NO CAUSA AGRAVIO. En términos del artículo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contrarias a la moral o contra el derecho; sin embargo, ello no significa que en todo caso deban admitirse indiscriminadamente todas las pruebas que ofrezca la parte quejosa, sino se requiere que tengan relación con la litis constitucional, y si en un caso el juez de Distrito no admitió la prueba pericial propuesta por los quejosos, por considerar que no guardaba relación directa con la litis constitucional, que se redujo a establecer si aquéllos tenían o no el carácter de arrendatarios del bien inmueble en disputa en el juicio natural y si los actos reclamados afectan o no su esfera de derecho, la determinación del juez federal es acertada y no causa agravio a los quejosos, porque para determinar tales elementos no se requieren conocimientos técnicos especializados, por lo que resultaría ocioso y dilatorio del procedimiento el desahogo de la prueba pericial propuesta, por no ser la idónea para acreditar los elementos de la litis constitucional." Al igual que el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 163 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186 Sexta Parte, correspondiente a la Séptima Época que dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBEN DESECHARSE TODAS AQUELLAS QUE SEAN INCONDUCENTES. El artículo 150 de la Ley de Amparo establece que en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra el derecho; sin embargo, este precepto debe interpretarse tomando en cuenta el principio general de derecho que faculta al Juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas; por ello, si se pretende acreditar por medio de una inspección judicial un hecho que es materia de prueba documental, debe desecharse aquélla pues de no hacerlo así equivaldría a dar a los artículos 151 y 152 de la ley en comento una interpretación indebida y convertir al Juez de Distrito en un colaborador del oferente de la prueba." Así también, la tesis I.1º.A.12 K, visible en la página 1112, Tomo XIX, Febrero de 2004, correspondiente a la Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO, LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LA, IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A ADMITIRLA. Los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de las de posiciones y de las que estén en contra de la moral y del derecho, y que con el fin de preparar su desahogo, la prueba pericial deberá ser anunciada (ofrecida) con cinco días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día de su ofrecimiento y el de la celebración de la audiencia. Sin embargo, no deben interpretarse tales preceptos en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir y desahogar las pruebas ofrecidas en todos los casos sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de los principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto y, el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que recibir una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." Por tanto para dar tiempo a que las partes se impongan del contenido del presente auto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, por lo que hace al presente acuerdo, se estima que el mismo no amerita de notificación personal a las partes, en consecuencia, se ordena practicar la citada notificación y las subsecuentes que no ameriten el citado tratamiento, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, incluidas las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2002576 , que establece "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

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