Antonio Delgado Moreno
Expediente 1236/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Delgado Moreno
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Devolución documentos. Finalmente, se informa a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperar los documentos que adjuntó al escrito de demanda, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 3. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.CFLS/AEAA/vmv
- Principal
Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil veintidós. 1.1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Antonio Delgado Moreno; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1236/2022: 1.2. Examen de la demanda y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se aprecia que se reclama lo siguiente: El retraso de la Ejecución de la Sentencia. La omisión de requerir el cumplimento de la sentencia emitida en el juicio JA-0319/2021-III. La omisión de aplicar las sanciones a la demanda por la negación de dar cumplimiento a la sentencia. 2. Causal de improcedencia respecto de la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, respecto al acto reclamado se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa, recurso de queja previsto en el artículo 287 fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, ya que a través de esa vía se puede revocar, nulificar o modificar el acto reclamado. De la mencionada porción normativa se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En el caso, el quejoso controvierte la violación al derecho de tutela judicial efectiva y la omisión de cumplir con la sentencia definitiva dictada por el Juez Tercero del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán dentro del juicio JA-0319-2021-III. El artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, señala que contra la omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia dictada por los tribunales administrativos, procede el recurso de queja. Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con registro 2004565, ha establecido que el recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. Tesis de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. " En ese sentido, de los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte: El primero de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva dentro del juicio dentro JA-0319-2021-III, en la que resultó condenado el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo. El treinta de agosto de la presente anualidad, se emite sentencia interlocutoria en los expedientes RAA-0052/2022-1 y su acumulado RAA-0061/2022-1 en la que se amplía la condena a la demandada. El cuatro de octubre del año en curso, se emite acuerdo de requerimiento del cumplimiento de la sentencia. Y el cinco de octubre pasado, las demandadas presenta un pago parcial de la sentencia consistente en un cheque por la cantidad de $335,680.22 (trescientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta pesos 22/100 M.N.). De dichos antecedentes se advierte que la parte quejosa no agotado el recurso de queja previsto en el artículo 287 fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán; sin embargo, como ya quedó evidenciado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja, criterio que en el presente se actualiza por analogía. Bajo ese contexto, si la omisión reclamada puede ser impugnada ante el Magistrado responsable a través del recurso de queja, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. 2.1. Desechamiento de la demanda. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia antes analizado, lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. 3. Autorizado. Se tiene a la parte quejosa autorizando para tal efecto a las persona que nombra, en el entendido de que Miguel Ángel Carrillo Martínez, gozará de la facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene sus cédulas inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Usuario. Como lo pide el quejoso y con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, el personal relativo deberá dar de alta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el usuario "miguelangelcarrillo" que proporciona. 5. Notificación electrónica. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónica y físicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado; y en esos mismos términos firma también el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, quien da fe.SSCH/MARA/vmv
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