Antonio de la Rocha Zazueta y Otros.

Expediente 988/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
988/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Antonio de la Rocha Zazueta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    ... Téngase recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada el once de febrero de dos mil veintidós, en el conflicto competencial 14/2021 de su índice, la que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Sí existe el conflicto de competencia. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, para continuar conociendo del juicio de amparo promovido por ***** , contra actos del Director Local de la Comisión Nacional del Agua y otra autoridad; al que deberá remitirse el expediente relativo." Se instruye al secretario que da fe del presente acuerdo, para que dentro del día hábil siguiente a su publicación, acuse recibo a la Superioridad vía interconexión. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. ... dado que este órgano jurisdiccional declinó competencia para conocer del presente juicio, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  3. Principal

    León, Guanajuato, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Tribunal colegiado admite conflicto competencial y otorga vista. Agréguese el oficio signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, bajo el número 14/2021. Ahora, en relación a la vista otorgada, este órgano jurisdiccional, por las razones expuestas en el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, insiste en declinar la competencia legal por territorio planteada al considerar que es el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, quien debe conocer de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Lo anterior porque, guardando la consideración debida al criterio que la Superioridad adopte, se estima que en el caso estamos en presencia de una demanda de amparo compleja en la que la parte quejosa reclama expresamente actos de naturaleza mixta, esto es, susceptibles de ejecución y otros que no lo son; de manera que en el caso son aplicables los lineamientos relativos a la teoría de los actos mixtos establecidos en jurisprudencia obligatoria por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por número 1a./J. 22/2013 (10a.) y que fue invocada en el acuerdo por el cual esta juzgadora federal determinó no aceptar la competencia declinada por el órgano jurisdiccional requirente. Ahora bien, en atención a la oportunidad procesal concedida por el tribunal colegiado del conocimiento y con absoluto respeto al criterio jurídico adoptado por el juez requirente, la suscrita no se adhiere a sus razones jurídicas: En el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el juez federal requirente señaló que, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa -y que se añadió a la litis constitucional con motivo de la prevención formulada- en específico, la omisión de responder el escrito veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, con folio 02603, fue planteado ante esta juzgadora, entonces, ello configura la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca la competencia en favor del juez ante quien se promueve la demanda. Sin embargo, ello no se comparte, porque dicho reclamo adicional (mas no novedoso) no tuvo origen en una nueva demanda o nueva oportunidad para formular su reclamo en el juicio, sino que tal acto ya formaba parte de las manifestaciones vertidas por el quejoso desde su escrito inicial, tal como se aprecia del siguiente extracto. Lo anterior pone en evidencia que era posible desentrañar la existencia de ese reclamo desde el momento en que fue recibido por el órgano jurisdiccional de amparo, tanto así que la suscrita procedió a prevenir al quejoso para que aclarara su demanda de amparo y, éste por su parte, así lo hizo, indicado que sí era su deseo señalar ese acto. Adicionalmente, es de mencionarse que el juzgado requirente analizó su competencia legal solo en función de los actos reclamados que dejó precisados en su acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, de manera que si esta juzgadora afirmó que se avocó al conocimiento de la demanda, ello fue en aras de aclarar su contenido mediante la prevención conducente, debido a que se detectó un acto que no había sido materia de análisis con anterioridad y que era menester determinar su reclamo expreso o no, para estar en aptitud legal de proveer lo conducente acerca de la competencia legal de este órgano, o bien, la admisión, desechamiento de aquélla, en su caso. Por tanto, al haberse aclarado su reclamo (aunque planteado desde el escrito inicial de demanda) es que se defiende la existencia de una causa superveniente a la que alude el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que torna legalmente incompetente a este juzgado federal para conocer de aquélla en razón de territorio, y que surgió a la vida jurídica en virtud del resultado de la prevención formulada por el promovente del amparo. Aunado a que dicha causa superveniente no trastoca la regularidad procesal del juicio de amparo en detrimento de los intereses jurídicos del quejoso, toda vez que fue advertida con anterioridad a la admisión de la demanda, y menos le perjudica, pues tal determinación igualmente se estima que es acorde con las obligaciones contenidas en el artículo 17 de la Constitución Federal, que pugnan por una impartición de justicia pronta y además asertiva en torno a dejar establecido lo antes posible cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de aquélla; esto último que -se reitera- no lo es este juzgado, por estar ante la existencia de un reclamo de naturaleza mixta, tal como se ha pretendido justificar desde el acuerdo de no aceptación. Aunado a que el reclamo constitucional podrá variar en cuanto a su existencia o no, según lo informen las autoridades responsables o lo compruebe el quejoso, pero no en cuanto su integración como litis inescindible, siendo esta última la manera en que cabría ser apreciada para efectos de determinar la competencia territorial del órgano que la deba resolver. Incluso, esta postura igualmente encuentra asidero en la circunstancia de que, pese a que el pozo cuya afectación refiere estar padeciendo el quejoso, se encuentra en la ciudad de León, éste prefirió acudir a la ciudad de Celaya, Guanajuato, en aras de plantear su acción de amparo; lo cual pone en evidencia la funcionalidad de la dinámica competencial establecida en las tres fracciones del artículo 37 de la Ley de Amparo, en aras de privilegiar el lugar a donde el promovente acude a presentar su demanda cuando el reclamo es de naturaleza mixta (segundo supuesto del referido numeral tal como fue interpretado en la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.) referida con antelación). Por último, esta juzgadora considera que en el caso no se está ante una revocación oficiosa de la competencia asumida, en términos de lo que indica el numeral 34 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque, para que ello se diera, sería menester que quien resuelve se hubiere manifestado competente para conocer de la demanda en su integridad, esto es, incluyendo el acto reclamado a virtud de la prevención y, entonces, sí, haber desconocido esa determinación. Sin embargo, ello no aconteció así, en primer lugar, porque el ejercicio de avocación tuvo solo como propósito integrar debidamente la litis constitucional, el cual cumplió plenamente su propósito y además en beneficio del quejoso. En segundo lugar, porque esta juzgadora federal no ha aceptado la competencia legal para conocer de la totalidad de los actos expresamente reclamados por el quejoso, incluyendo la omisión de la responsable de dar respuesta a su escrito; de manera que, si éste aclaró que era su intención reclamar esa omisión destacada, entonces, debe considerarse que dicho acto igualmente integra el todo de una misma litis y es en función de esta última que debe analizarse la competencia del juzgado que la deba resolver; sin que resulte jurídicamente factible fraccionarla en función del momento o territorio en el cual dicha integración tuvo lugar como sugiere el órgano jurisdiccional requirente en el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Lo anterior, máxime que ha sido criterio reiterado de los tribunales constitucionales el evitar escindir la demanda de amparo, salvo los supuestos expresamente autorizados por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, este órgano tampoco ha planteado oficiosamente una cuestión competencial, sino que el juicio aún se encuentra cursando el proceso obligado de integración de la litis constitucional, tal como lo ordena el artículo 114 de la Ley de Amparo; de manera que, si aún no se ha admitido la demanda y, sobre todo, al traer el quejoso a cuenta su decisión expresa de reclamar actos que no habían sido tomados en consideración en decisiones jurisdiccionales previas, es que se estima que fue pertinente el análisis de la competencia legal por territorio efectuado por este juzgado federal. Por estas razones, se considera además que no se surte el supuesto analizado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 14/2019 de su índice (que menciona el juzgador requirente) pues parte de un supuesto fáctico distinto, en el cual, el órgano requerido había admitido la demanda de amparo y, por tanto, el juicio de amparo se encontraba en trámite, y además, había aceptado la competencia legal por territorio luego de imponerse de la demanda de amparo vista en su totalidad, esto es, una vez integrada debidamente la litis constitucional, lo cual -se insiste- no aconteció así en el presente caso. En mérito de lo anterior, y tan solo en contestación a la vista otorgada por el tribunal colegiado del conocimiento y, desde luego, en espera de lo que dicha Superioridad tenga a bien resolver, se sostiene la incompetencia legal por territorio de este juzgado federal para conocer de la demanda de amparo origen del conflicto. Notifíquese.

  4. Principal

    CÚMPLASE

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