Antonio de la Cruz

Expediente 135/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
135/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Antonio de la Cruz
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de Ley de Amparo, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 26-29), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de conformidad con el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO QUE DICE Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, a través de su Presidente y secretario auxiliar de amparos, por medio del cual remiten copia certificada de los escritos de quince de agosto y veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, así como del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ******** de su índice, promovido por *********** contra ********** Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento, y señalar fecha y hora para el requerimiento de pago a la demandada, dentro del juicio laboral *********** del índice de la responsable. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de otorgar la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: 1. Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 3. Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, 4. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. Así, como se indicó con antelación, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad, de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma señalando fecha y hora para el requerimiento de pago a la parte demandada, en el juicio laboral ********** de su estadística. Luego, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y requirió a la parte demandada ********** el pago por la cantidad de ********* asimismo, precisó que en caso de no verificarse el pago por la cantidad citada, se embargarían bienes de la propiedad de la demandada, para garantizar el importe condenado en laudo, para la cual comisionó al Actuario de su adscripción, Por lo anterior, dentro del citado juicio laboral; la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, subsanó totalmente la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos de los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar el auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, señalando fecha y hora, en el juicio laboral ********** ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional los citados actos tildados de inconstitucionalidad, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercero interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO DE CINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO QUE DICE Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, a través de su Presidente y secretario auxiliar de amparos, por medio del cual remiten copia certificada de los escritos de quince de agosto y veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, así como del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ******** de su índice, promovido por *********** contra ********** Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento, y señalar fecha y hora para el requerimiento de pago a la demandada, dentro del juicio laboral *********** del índice de la responsable. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de otorgar la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: 1. Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 3. Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, 4. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. Así, como se indicó con antelación, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad, de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma señalando fecha y hora para el requerimiento de pago a la parte demandada, en el juicio laboral ********** de su estadística. Luego, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y requirió a la parte demandada ********** el pago por la cantidad de ********* asimismo, precisó que en caso de no verificarse el pago por la cantidad citada, se embargarían bienes de la propiedad de la demandada, para garantizar el importe condenado en laudo, para la cual comisionó al Actuario de su adscripción, Por lo anterior, dentro del citado juicio laboral; la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, subsanó totalmente la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos de los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar el auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, señalando fecha y hora, en el juicio laboral ********** ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional los citados actos tildados de inconstitucionalidad, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercero interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte, que ha transcurrido el término de tres días concedido al tercero interesado **********, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 7 a 9), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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