Antonio de Jesus Reyes Reyes

Expediente 476/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
476/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • Antonio de Jesus Reyes Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el veinticuatro de mayo dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por el cual desahoga la vista ordenada en auto de trece de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, se advierte que en la ejecutoria que recayó al recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, y resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo número de toca 39/2020, se dijo, en lo que interesa: "De este modo, si el otorgamiento del amparo, implicó un reconocimiento a favor del quejoso para mantenerse como Cabo de Infantería de las Fuerzas Armadas, debe asumirse que en términos del citado artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, las cosas deben volver al estado que guardaban antes de la violación de derechos humanos, esto es, antes de la destitución o separación del impetrante. En esta lógica, debe asumirse que sumado al efecto expreso de la ejecutoria de amparo, al determinarse la reinstalación del demandante, el cumplimiento del fallo protector debe comprender invariablemente el pago de salarios, prestaciones o haberes caídos, puesto que la restitución de que se habla sólo se logrará dejando sin efectos todas las consecuencias que trajo la indebida remoción del quejoso. Sólo actuando de esta manera, se generará al aquí inconforme la plena certeza de que su permanencia en la institución castrense será retribuida como legalmente corresponda, habida cuenta que la permanencia del quejoso en las Fuerzas Armadas debe mantener un trato igualitario con respecto a los derechos, prestaciones, obligaciones y responsabilidades a las de cualquier otro elemento activo adscrito a dicha institución. Y, en todo caso, la suspensión o privación de los haberes que dejó de percibir desde su baja hasta su reincorporación, sin mediar un procedimiento ni una orden escrita debidamente fundada y motivada, le coloca en una situación de incertidumbre con relación a las prestaciones que corresponden al ejercicio de sus funciones. Entonces, es claro, que la protección constitucional invariablemente implica reconocer a favor del quejoso el tiempo que se mantuvo separado por una determinación que resultó ilegal, considerando lo que dejó de percibir como consecuencia de esa decisión; caso contrario, al no hacerlo así, no sólo se vulnera en su perjuicio el derecho fundamental de seguridad jurídica, sino también los derechos fundamentales inherentes a la honra y a la dignidad, que establecen los artículos 1, 2 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José" Luego, se tiene que en el que en escrito recibido por este Juzgado en trece de abril de dos mil veintiuno, el quejoso realizó, en esencia, las siguientes manifestaciones: Que en ocho de abril de dos mil veinte, la pagaduría del 32º Batallón de Infantería realizó el pago de $476,144.12 (cuatrocientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 12/100 moneda nacional). Que se omitió cubrir en favor del quejoso el concepto de raciones alimentarias diarias por el periodo del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete al ocho de abril pasado. Con esas manifestaciones, se ordenó correr traslado a la autoridad responsable, a efecto de que se pronunciara en relación a que no se le enteró al quejoso la cantidad que corresponde por concepto de "raciones alimentarias". En ese sentido, la responsable ha indicado: "Al quejoso no se le adeuda el pago de raciones, toda vez que éstas no forman parte de sus percepciones, sino son cuotas para la alimentación que autorizó el presupuesto de egresos en vigor, las cuales fueron previstas como medidas de protección a las Tropas, ante el desgaste físico que tienen con motivo del cumplimiento de sus labores de campo o supervisión dentro del lugar de adscripción, derivadas de la ejecución de programas institucionales correspondientes al Ejército, Fuerza Área y Armada Mexicanos, de conformidad con lo establecido en el Clasificador /por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, en la partida presupuestal 22101. Aunado a lo anterior, debe precisarse que las raciones que se le proporcionan al personal militar perteneciente al 32/o Batallón de Infantería, incluyendo al quejoso, se cubren en especie, por el Servicio de Alimentación de la Citada Unidad y no en efectivo; es decir, al personal militar se le proporciona tres veces al día las raciones calientes de alimentos preparados (desayuno, comida y cena), sin que por ello se le cobre o rebaje cantidad alguna". De lo anterior, se advierte que la responsable señala que las raciones alimentarias diarias no conforman parte de las prestaciones, básicamente porque éstas no se cobran al personal militar y que además se cubren en especie; sin embargo este Juzgado considera que, en acatamiento a la ejecutoria pronunciada en el recurso de inconformidad 39/2020 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el fallo protector no se encuentra debidamente cumplimentado en sus efectos, ello, porque, la Superioridad indicó: "[.] el cumplimiento del fallo protector debe comprender invariablemente el pago de salarios, prestaciones o haberes caídos, puesto que la restitución de que se habla sólo se logrará dejando sin efectos todas las consecuencias que trajo la indebida remoción del quejoso". Por tanto, es incuestionable que el concepto de raciones alimentarias diarias también forma parte de las prestaciones que se deben pagar al quejoso, y solo así se lograrán observar en totalidad los efectos del fallo protector. Entonces: en acatamiento a lo ordenado por el órgano colegiado, tal como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución", de la Ley de Amparo, con fundamento en su artículo 192: requiérase a la autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento en que reciban el comunicado que de este acuerdo derive, de cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, esto es: Deberán acreditar haber realizado el pago de salarios y prestaciones caídos, desde el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en que se dio de baja al quejoso como elemento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano con el rango de como Cabo de Infantería, hasta su reincorporación ordenada en acuerdo número 33752 de tres de abril de dos mil veinte. En el entendido de que ya se enteró una parte del pago que le corresponde al quejoso; no así por el concepto de raciones alimentarias diarias, el que deberá efectuarse desde que se dio de baja hasta su reincorporación. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194, de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Secretario de la Defensa Nacional, quien resulta ser el superior jerárquico de la dependencia encargada del acatamiento del fallo protector, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en párrafos anteriores. Hágasele saber a las autoridades responsables y al superior jerárquico que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no la exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo. Para efecto de celeridad en esta etapa de ejecución se pone a disposición únicamente de la autoridad responsable el correo electrónico institucional priscila.barragan.castellanos@correo.cjf.gob.mx, para que por esa vía remitan las constancias necesarias para acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo; con la precisión de que de hacerlo por ese medio será innecesaria se remita vía ordinaria. Además, deberá al momento de dar cumplimiento a lo anterior y acompañar los documentos que así lo acrediten por la vía digital, bajo protesta de decir verdad, manifestar dichos documentos digitalizados son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, tal como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO. Comisiónese al Actuario que corresponda para que remita las misivas que derivan de este auto, a través de mensajería acelerada.

  3. Principal

    CÚMPLASE

  4. Principal

    Agréguese el oficio y anexo que remite el Delegado del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y téngasele informando el tratamiento dado a la suspensión decretada en autos, en relación al requerimiento efectuado en sentencia interlocutoria de veintiocho de abril de la presente anualidad.

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