Antonio de Jesus Peralta Solano
Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Antonio de Jesus Peralta Solano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), y 21, párrafo primero inciso c) del citado, del Acuerdo General citado; por tanto, el principal y el cuadernillo original de la incidencia ambos son susceptibles de destrucción Destrucción del expediente principal y del original del cuaderno del incidente de suspensión. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal y el original del cuaderno del incidente de suspensión dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de constancias. Finalmente, hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Acuse de recepción de comunicaciones innecesario. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que se abstengan de acusar recibo del oficio que derive del presente proveído, pues basta el sello de recepción que se estampe en la minuta respectiva. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de once de abril de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las diez horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Actuaria adscrita a la Segunda Secretaría del Juzgado Civil Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.
- Incidental
V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 382/2022, promovido por *******; R E S U L T A N D O: Único. La parte quejosa *********** solicitó la suspensión definitiva contra los actos que reclama del Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito del Estado de Morelos y otra autoridad, los cuales hizo consistir en: a) La sentencia interlocutoria de diez de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente **** del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la que se determinó sobre las providencias precautorias de guarda y custodia, así como pensión alimenticia solicitadas por *********, y su ejecución. C O N S I D E R A N D O S [.] Cuarto. Negativa de la suspensión definitiva. Ahora bien, con fundamento en los artículos 128, 138 y 146, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados consistentes en la sentencia interlocutoria de diez de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente ****** del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la que se determinó sobre las providencias precautorias de guarda y custodia, así como pensión alimenticia solicitadas por Míguela Cruz Espinoza, y su ejecución. Lo anterior, en virtud de que el acto que reclama ya fue emitido, en ese tenor, estamos en presencia de un acto consumado, en contra del cual no es procedente conceder la medida cautelar solicitada, en virtud de que implicaría otorgarle efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde emana el presente incidente de suspensión. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia número 12, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917- 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Asimismo, respecto de los efectos y consecuencias que derivan de la resolución impugnada, que se traducen en la guarda y custodia otorgada a la progenitora de la menor en cuestión, así como las fijación de alimentos a favor de dicha infante, con soporte en lo previsto en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva, en razón de que se estima que al resolver acerca de dichas cuestiones familiares, la autoridad responsable contó con elementos necesarios para arribar a dicha determinación, máxime que la parte impetrante de amparo no manifiesta o prueba circunstancia que ponga en riesgo fehaciente la integridad de su menor hija con tal determinación. De igual manera, no procede conceder la medida cautelar que se solicita, al no reunirse los requisitos que al efecto establece el numeral 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que de concederse se produciría con ello, un perjuicio al interés social y disposiciones de orden público, al consistir los actos reclamados un mandato judicial, considerado de naturaleza insuspendible. En ese sentido, cabe precisar que pudiera darse el supuesto de que le asista la razón a la parte quejosa; sin embargo, eso es una cuestión del fondo del asunto que deberá dilucidarse en la sentencia que se emita en el cuaderno principal de donde emana este incidente, por lo que, de ser así, podrían retrotraerse los derechos que en su caso le fueron violentados o de los que no fueron tomados en cuenta al resolver, máxime que de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, incluso podría ser restituida en el goce de sus derechos de la forma en que lo propone. En ese sentido, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CII, página 74, que dice: "SUSPENSION, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados." No obstante lo anterior, en atención al interés superior de la menor afectada, instrúyase a la autoridad responsable a efecto de que, de considerarlo procedente, con base en los elementos con que cuente, dicte las medidas necesarias, a fin de que el infante, pueda convivir con ambos progenitores, ello en virtud de que es un derecho del mismo, consagrado en los numerales 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. De ahí que, deberá adoptar, como se explicó, los medios necesarios a fin de garantizar la sana convivencia y vinculación afectiva con sus padres, ya que es una cuestión de suma importancia para el adecuado desarrollo del menor. En relación con el tema interés superior de la menor, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece lo siguiente: "Artículo 3. (.). En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas." "Artículo 4. (.). Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención." "Artículo 19. (.). Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo." "Artículo 24. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud (...)." De conformidad con lo anterior, puede desprenderse que el Estado Mexicano, al ratificar la Convención sobre los Derechos de los Niños (conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno), asumió, entre otras, las siguientes obligaciones: a) Imponer como principio rector el interés superior de los menores, esto es, que cualquier actuación del Estado, incluyendo las decisiones de los tribunales, se garantice y proteja su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos. b) Asegurar el bienestar de los menores y adoptar cualquier medida (de cualquier índole), para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Convención, especialmente, medidas para proteger a los menores contra cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo su subsistencia o su salud física y mental. Este principio ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) en los siguientes términos: la expresión interés superior del niño implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño, niña o adolescente es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de alguna persona menor de dieciocho años. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para dar sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de niños, niñas y adolescentes y los derechos especiales de estos previstos en la Constitución, Tratados Internacionales y leyes de protección de la niñez. Mientras que, cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de la infancia, el interés superior del niño, niña o adolescente, demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. El anterior criterio se desprende de la tesis 1ª CXXI/2012, de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 261, del libro IX, junio de 2012, tomo 1, de la décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS." También es aplicable la tesis 1ª LXVII/2013 (10ª.), de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, publicada en la página 824, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, de la décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." Según lo hasta aquí expuesto, resulta dable concluir que los encargados de impartir justicia deberán hacer lo posible para que el niño o niña quede exento de todo formalismo procesal o, incluso, adecuar los procedimientos a las capacidades de los niños, niñas o adolescentes, a fin de resguardar sus derechos. Como corolario a lo anterior, el juez responsable, en atención al interés superior de la menor, de considerarlo pertinente y procedente, deberá emitir las medidas necesarias, a fin de que el infante, pueda convivir con ambos padres; pues, se reitera, es un derecho consagrado en los artículos 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otra parte, en relación a los efectos y consecuencias del acto reclamado consistente en la fijación de pensión alimenticia provisional a cargo de la quejosa, correspondiente a la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, este órgano de control constitucional niega la suspensión definitiva solicitada, debido a que la naturaleza del acto reclamado no permite ser suspendido, en virtud de que no se actualizan los requisitos previstos por el artículo 128, fracción II, en relación con el diverso 129, fracción IX, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen en la parte que interesa lo siguiente: [.] Lo anterior, en atención a que el acto reclamado deriva del cumplimiento a un mandato dictado por la autoridad responsable emitido en un sumario promovido en la vía de las providencias cautelares, alimentos provisionales, guarda y custodia, en el que se decretó una pensión alimenticia de manera provisional en favor de la menor de iniciales *********, a cargo de la solicitante de amparo a razón de la cantidad de $******* (******* pesos **/100 moneda nacional) mensuales. En efecto, resulta improcedente conceder la suspensión solicitada, por no satisfacerse el requisito establecido por el numeral 128, fracción II, en relación con el diverso 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, en virtud de que de concederla se atacaría el orden público y se afectaría el interés social, pues equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia, y los perjuicios que con tal resolución se ocasionaran al acreedor alimentista serían irreparables, además, de acuerdo a lo sostenido por el Máximo Tribunal del País, con los alimentos se protege la subsistencia del acreedor alimentario, aunado que son de orden público y constituyen un derecho establecido por la ley. Por ello, debe atenderse no sólo al estado de necesidad del acreedor, sino al riesgo en que se pone al dejar de cubrirle su provisión vital; además, como se dijo en líneas que anteceden, de concederse dicha suspensión se controvertirían disposiciones de orden público que establecen el pago de alimentos y consecuentemente se afectaría el interés social. De ahí, que es importante para la sociedad en general que los deudores alimentistas cubran oportunamente su obligación de pago, pues con su suministro contribuyen a atemperar las necesidades elementales de los acreedores. Cobra aplicación, en lo conducente, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 81/2002, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, página 357, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO." Máxime que, en el caso concreto, no se advierte que sea una pensión desproporcionada que deje en estado de insolvencia del deudor alimentario, aquí quejosa, lo anterior, aunado a que, de manera indiciaria, se presume que la responsable contó con elementos suficientes para sustentar su postura, en atención, como ya se adelantó, uno de los principios de rigen a la figura protectora del derecho familiar, como lo son los -alimentos-, a saber, la proporcionalidad, en el que se analiza la necesidad del acreedor y la posibilidad del deudor. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Civil, página: 1594, del rubro que a continuación se precisa: "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO." De igual manera resulta ilustrativa, la tesis aislada I.5o.C.71 C sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 23, Enero de 1998, Tomo VII, Materia Civil, página 1052, que al rubro estatuye: "ALIMENTOS. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL AUMENTO DE LA PENSIÓN. En virtud de que al decretarse el aumento de la pensión alimenticia que reclama la recurrente, se tuvo en cuenta que la pensión concedida a la acreedora era insuficiente, resulta inconcuso que de concederse la suspensión al aumento decretado, se causarían perjuicios irreparables a dicha acreedora, por su incapacidad para cubrir sus necesidades con la primera pensión que se le fijó, independientemente de que se controvertirían disposiciones de orden público que establecen el pago de alimentos suficientes para sufragar las necesidades de los acreedores, y se afectaría el interés social, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que no procede la suspensión." Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis jurisprudencial XVIII.2°.1.C del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito visible en la página 966, tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2006, Materia Civil, Novena Época, de la literalidad siguiente: "ALIMENTOS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN SI SE TRATA DEL PAGO DE PENSIONES VENCIDAS CON POSTERIORIDAD A SU RECLAMO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL." Finalmente, cabe precisar que pudiera darse el supuesto de que le asista la razón a la parte quejosa; sin embargo, eso es una cuestión del fondo del asunto que deberá dilucidarse en la sentencia que se emita en el cuaderno principal de donde emana este incidente, por lo que, de ser así, podrían retrotraerse los derechos que en su caso le fueron violentados, máxime que de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, incluso podría ser restituida en el goce de sus derechos de la forma en que lo propone. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en la fracción IV del artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa ********, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución interlocutoria. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
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