Antonio de Jesús Castro Del Río

Expediente 144/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
144/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Antonio de Jesús Castro Del Río

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la cual se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, diecisiete de julio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del juicio de amparo 144/2021-III, promovido por *******, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua; y, R E S U L T A N D O: Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el día hábil siguiente, el quejoso *******, promovió demanda de amparo contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua, de quien reclamó lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: "De la responsable, se reclama el inconstitucional auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal *******, dictado en mi contra, el día 8 de febrero de 2021, como probable responsable del delito de *******." SEGUNDO.- Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 259, 265, 314 y 315, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO.- De la tramitación del juicio constitucional. En proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 144/2021-III, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se llevó a cabo el emplazamiento de las terceros interesadas y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con base en la constancia que antecede. CUARTO.- De los terceros interesados. En el acuerdo antes precisado, se tuvo como terceros interesados en el presente asunto a las víctimas *******, *******, *******, ******* y la menor de iniciales *******, representada por su madre y representante legal de nombre *******, las cuales fueron emplazadas al presente Juicio; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Del análisis de la competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO.- De la precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el arábigo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, la diversa tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión. Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que la parte impetrante en esencia reclama: El auto de vinculación a proceso, dictado por el Juez de Control responsable, en audiencia celebrada el ocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******. TERCERO.- De la existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso, de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal *******, en contra del aquí quejoso, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación en fecha seis de abril del dos mil veintiuno, certeza que se corrobora con los discos ópticos que al mismo acompañó, así como con la copia certificada de la transcripción de dicha resolución, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226.). Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO.- Del análisis de las causales de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Cabe señalar, que no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el accionante de la tutela constitucional, toda vez que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO.- Estudio oficioso. Previo a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio de la declaración de legalidad del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control responsable en contra del aquí quejoso, dentro de los autos de la causa penal *******. En tal virtud, de la reproducción en tiempo real de los discos ópticos que acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: 1.- En cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el licenciado *******, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, aperturó la audiencia inicial dentro de la causa penal *******, la cual se llevó a cabo a través del videoconferencia, y pidió a las partes que se identificaran ante el Tribunal, entre ellos la Representante Social licenciada *******, así mismo la defensora penal pública del imputado, licenciada *******, con cedula profesional registrada bajo el número *******, cédulas registradas ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Asimismo identificó a la persona que se encontraba presente en la audiencia, quien manifiestó ser el imputado y dijo llamarse *******, quien a pregunta expresa del juez, manifestó que contaba con defensora particular, a lo cual, una vez que la misma compareció a la audiencia, el juez hizo un receso para efecto de que se apersonara la misma. (video1). 2.- Reanudada la audiencia, la responsable cuestionó al imputado *******, si deseaba nombrar defensores particulares, a lo cual manifestó que deseaba nombrar a los abogados que se encontraban presentes en la sala de audiencia, quienes se identificaron como: Licenciado *******, con cedula profesional número *******, así como la Licenciada *******, con cedula profesional número con número de registro de la S.E.P. *******, cédulas registradas ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua; en el mismo acto los profesionistas en comento aceptaron y protestaron el cargo conferido. (video 3). 3.- Posteriormente, el Juez de Control, cuestionó al imputado respecto a sus datos generales, así como si conocía sus derechos como imputado, a lo cual se manifestó que era sabedor de los mismos. (minuto 2:00 del video 3). 4.- Previa autorización del Juez de Control, la Representación Social formuló imputación a *******, haciéndole saber los hechos por los cuales se seguía una investigación en su contra, indicándole lo siguiente: (minuto 3:30): 4.1 "que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno aproximadamente a las diecisiete horas, ******* ingresó al establecimiento denominado "*******" ubicado en *******, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, quien ingreso al establecimiento antes referido y después de solicitar información de un servicio, sacó de entre sus ropas un arma de fuego color negro tipo escuadra y con la cual amenazó a los presentes diciendo: "todas al suelo, esto es un asalto, no griten" en eso, detrás de él ingresan dos sujetos del sexo masculino de quien hasta el momento se desconoce su identidad y paradero, y mientras tanto el imputado *******, continuaba amagando a las empleadas y clientes, los sujetos que le acompañaban despojaban de sus pertenencias a las empleadas de nombre *******consistente en una computadora de la marca ******* con un valor aproximado de ******* (*******);******* consistente en un celular ******* color ******* con un valor aproximado de $******* (*******), así como a las clientas de nombre *******, logrando sustraer lo siguiente: en relación a la víctima de nombre ******* la cantidad en efectivo de $******* (*******), en relación a la víctima de nombre ******* un celular *******, este con un valor aproximado de la cantidad de $******* (*******) y en relación a la víctima de nombre ******* la cantidad en efectivo de $******* (*******), unas llaves de su vehículo con un valor de ******* dólares dando un valor de $******* (*******), unos lentes de valor aproximado de $******* (*******) dando un total en relación a esta víctima la cantidad de $******* (*******), dando una suma total de la cantidad de $******* (*******), para una vez apoderándose usted, *******, junto con los diversos sujetos que lo acompañaban, con ánimo de dominio de los objetos descritos y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlos, dándose a la fuga en un vehículo sin rumbo conocido". (minuto 06:50 video 3). Hechos consumados de manera instantánea, a título de dolo, en calidad de coautor y se le informó de las personas que depusieron en su contra, que son; *******, ******* la menor de edad *******, representada por su madre, *******, *******, así como *******, quien es agente de la Agencia Estatal de Investigación. (Minuto 08:04 video 3). Clasificación jurídica. Los hechos que se le atribuyen al imputado constituyen el delito de robo calificado, previsto y sancionado en el arábigo 208, fracción I, 211 fracción VI, en relación con el artículo 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. 7. Posteriormente, el Juez natural obsequió oportunidad al imputado para declarar, quien desestimó hacerlo, posteriormente, otorgó el uso de la voz a la representación social quien solicitó vincular a proceso al aquí quejoso, por lo que la responsable la conminó a que narrara los antecedentes obrantes en la carpeta de investigación a fin de cuestionar al imputado respecto cuándo era su deseo resolver su situación jurídica. (minuto 10:00 video 3) 8. Acto seguido, la Representación Social narró los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación. (minuto 11:56 al 01:04:00 video 3) 9. Se preguntó al imputado, respecto al término para resolver su situación jurídica, a lo cual previa consulta con sus defensores, indicó que solicitaba la duplicidad del término constitucional, para lo cual se señalaron las once horas, del ocho de febrero de dos mil veintiuno para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. 10. Hecho lo anterior, la Agente del Ministerio Publico, solicitó la imposición de medidas cautelares; una vez escuchado a las partes, el Juez de Control resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prevista por el artículo 155 Fracción XIV, en relación con el 167, párrafo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un plazo que no debía exceder de doce meses. (minuto 01:14:50 video 3). 11. Así, en fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia señalada para efecto de resolver la situación jurídica del imputado hoy quejoso, el Juez de Control Resolvió vincular a proceso a *******, por el delito de *******. Reseñados los antecedentes, y con el objeto de dar mayor ilustración a la decisión asumida en este juicio de control constitucional, es indispensable fijar la litis radicada en este asunto, la que, a la luz de la pretensión perseguida por la parte quejosa, en función de los actos reclamados, es dable determinar la legalidad del auto de vinculación a proceso. Así, se destaca que el auto de vinculación a proceso emitido por la autoridad responsable dentro de la causa penal *******, se ajusta a las directrices jurídicas exigidas por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre tal punto conviene traer a cita el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)" Así como el referido arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De lo transcrito, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, como elementos de forma los siguientes: a. Se haya verificado imputación (formalización o judicialización del procedimiento) y escuchado la declaración del imputado o que éste haya manifestado su deseo de abstenerse a declarar. b. Precisión del delito que se imputa. c. Las circunstancias de ejecución, tiempo y lugar. d. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación. Asimismo, deben considerarse como elementos de fondo, los siguientes: Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. La ley señale como delito a ese hecho. Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos del arábigo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos del tipo penal, es decir, el doctrinalmente denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo cometió o participó en su comisión. De ello se colige, que el Juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad de los factores expuestos por las partes, para concluir si se justifican o no las consecuencias que aducen, teniendo siempre como factor principal la duda razonable. Expuesto lo anterior, conviene señalar que de la reproducción de los discos ópticos remitidos por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que se cumplió con los requisitos formales aludidos, ya que de manera previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, en audiencia de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso, por su probable participación en la comisión del ilícito de Robo Calificado, previsto y sancionado en el arábigo 208, fracción I, 211 fracción VI, en relación con el artículo 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. De igual modo, se constató por parte del Juez de Control, que el imputado conociera los derechos que establece a su favor el artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constató que contara con defensa técnica por parte de profesionales licenciados en derecho, los cuales se identificaron con copia certificada de su cedula profesional, se le dieron a conocer los hechos que se le imputaron y se le dio oportunidad de rendir su declaración, asimismo, previo conocimiento de los datos de prueba que obran agregados en la carpeta de investigación, el Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. En cuanto a los requisitos de fondo, se estima que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, concretamente el delito de Robo Calificado, previsto y sancionado en el arábigo 208, fracción I, 211 fracción VI, en relación con el artículo 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Porciones normativas que en lo conducente establecen: "Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrá: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de quinientas veces el salario, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien veces el salario. (.) Artículo 211. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de seis meses a tres años, cuando el robo: (.) VI. Se cometa con la intervención de dos o más personas. (.) Artículo 212. Además de las sanciones que correspondan conforme al artículo 208 se aplicarán de uno a diez años de prisión, cuando el robo: (.) II. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. (.)" En efecto, los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso, arrojaron una evidencia razonable de que aconteció un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, conducta cuya descripción típica se encuentra en los numerales anteriormente reproducidos. Así mismo, en la audiencia de vinculación a proceso, la defensora particular del hoy quejoso, desahogó el medio de prueba ofertado, consistentes en la entrevista realizada a un menor, queja ante la Comisión de Derechos Humanos, signada por *******, copia del nombramiento de defensor, e impresión de la página de consulta de detenciones. Ahora bien, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación, así como los proporcionados por la defensa particular y que fueron todos tomados en cuenta por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso que se analiza, son específicamente los siguientes: 1). Denuncia de fecha veintitrés de enero de dos mil veintiuno, presentada por *******, en la que indicó que: el veintiuno de enero del dos mil veintiuno, recibió una llamada telefónica de *******, quien le informó que habían entrado a robar a su negocio de uñas, que se ubica en *******, que como a las diecisiete horas llegaron tres sujetos, que había entrado primero uno de ellos para preguntar por un servicio, que sacó una pistola y les dijo que se tiraran al suelo, y preguntó que donde estaba la caja, que después entraron otros sujetos, uno traía un cuchillo en las manos, y amenazó a una clienta y le quito el celular, y otro sujeto se había quedado en el exterior del local, que a ella le robaron un teléfono celular y la cantidad de siete mil pesos en efectivo. En fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, mediante comparecencia, llevo a cabo la ampliación de su denuncia, en la cual hizo saber que su negocio se llama "*******" y es de uñas acrílicas y pestañas, acreditó ser la propietaria de ese negocio, con la siguiente documentación. 1.1- Acuse de movimiento de actualización de situación fiscal del negocio, que se encuentra a su nombre. 1.2- Contrato de arrendamiento del local comercial en el cual se encuentra la negociación "*******". 1.3- Reporte general de ventas, consistente en arqueo de las ventas del día de los hechos, del cual se desprende que la cantidad que se llevaron fue $******* (*******). 2). Denuncia de hechos, de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, presentada por *******, la cual manifestó que es empleada de la negociación "*******" ubicado en calle venus número, 1689 del fraccionamiento satélite, de esta ciudad y que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, se encontraba en su lugar de trabajo, a donde entró un sujeto que preguntó por un servicio y luego sacó de atrás de su pantalón un arma de fuego, les apuntó a las cinco personas que estaban en el local y les dijo que se tiraran al piso, que en ese momento entraron otros dos sujetos, que una de las clientas se quedó sentada en una silla cerca de la mesa de trabajo y su bolsa la tenía arriba de sus piernas, por lo que uno de los sujetos le quitó la bolsa a la clienta, la cual dijo que traía veinte mil pesos, identificaciones, tarjetas y las llaves de su carro, que el mismo sujeto agarró el teléfono de ******* de la mesa donde estaba trabajando ella, luego, que a una clienta le esculcó la chamarra y le quitó su teléfono celular, que un sujeto preguntó que donde estaba el dinero y ******* le contestó que en la recepción, que luego el tercer sujeto se fue hacia donde está el mostrador y abrió la caja de metal y sacó todo el dinero que estaba ahí, siendo aproximadamente la cantidad de siete mil pesos moneda nacional, en efectivo, después el primero sujeto que entró al negocio les dijo a los otros dos sujetos que agarraran la computadora y todos los teléfonos celulares y se salieron los tres del negocio, agrega que la computadora que se llevaron es de su propiedad, marca *******, color *******. Menciona que pudiera reconocer al sujeto que entró en primer lugar al local. 3). Denuncia de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, presentada por *******, narró que: es empleada de la negociación "*******", ubicada en *******, de esta ciudad, que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, eran aproximadamente las diecisiete horas, se encontraba en su lugar de trabajo, con varias clientas, en eso entraron dos mujeres preguntando por una cita y cuando salieron, ingresó un sujeto y preguntó por un servicio, luego sacó de entre sus ropas un arma de fuego, y les apuntó a las cinco personas que estaban en el local, dijo que se tiraran todas al piso, que ella no se tiró al piso, que se quedó sentada en su mesa de trabajo, inmediatamente escuchó que se abrió la puerta del negocio y observó que entraron dos sujetos, que un sujeto agarró su teléfono celular que estaba en la mesa, que después le pidió la bolsa de mano a la clienta con la que se encontraba, que después preguntó que dónde estaba el dinero y como no le contestó, empezó a esculcar los cajones de su mesa y nuevamente preguntó que donde estaba el dinero y fue cuando le dijo que estaba en la recepción en una caja, que no se fijó quien de los otros dos sujetos agarró el dinero, pero tomó la cantidad aproximada de siete mil pesos, que un sujeto flaco que traía un cuchillo le exigió a ******* su teléfono celular y como ******* le dijo que no, este sujeto la empezó a esculcar y le quitó el teléfono que traía en una de las bolsas de su chamarra, luego, el sujeto robusto que traía el arma de fuego le dijo a los otros dos que agarraran la laptop, la cual estaba en la recepción al igual que un teléfono, que luego se fueron del lugar. Menciona que pudiera reconocer al sujeto que entró en primer lugar al local. 4.) Declaración testimonial de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, a cargo de *******, en su calidad de testigo de preexistencia respecto del mueble consistente en una *******, color *******, con un valor aproximado de $******* (*******), la cual pertenece a la *******, que es su esposa, computadora que fue sustraída del local comercial antes señalado. 5). Oficio número ******* de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, elaborado por la Licenciada *******, Agente del Ministerio Público de la Unidad especializada en investigación del delito con persona detenida, dirigido a la coordinadora de la unidad con imputado desconocido Licenciada *******, agente del Ministerio público de la unidad de imputados desconocidos, en el cual hace de su conocimiento para que informe si los ciudadanos ******* y otra, tienen algún investigación pendiente a su cargo y en caso de ser así comunicar su respuesta. Así mismo informó que dichas personas se encontraban detenidos por el delito de desobediencia y resistencia de particulares. 6). Denuncia de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, interpuesta por *******, ante el agente del ministerio Público, señaló que el día veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, acudió a un negocio de uñas de nombre "*******", ubicado en ******* en esta ciudad, que estaba junto con ella su sobrina de nombre *******, que cuando le estaban realizando el trabajo, a dicho sitio ingresó un sujeto, después de preguntar por un servicio, de la parte media de la cintura saca un arma de fuego color negro, y dice que es un asalto, que se tiren al suelo, que ese sujeto agarró una laptop que estaba en un mostrador, y le dijo que le diera su bolsa y se la entregó, la cual contenía $******* (*******) en efectivo, las llaves de su carro, su credencial de elector, licencia, tarjetas de crédito y de débito, sus lentes, una funda de terciopelo, que entró otro sujeto que traía un cuchillo, al que el sujeto de la pistola le da la orden de que le sacara el celular a su sobrina ******* y el sujeto que traía un cuchillo empezó a tocar a su sobrina en su cuerpo como buscando el celular, que el sujeto del cuchillo le quitó a ******* el celular que traía en la chamarra, que el sujeto que traía el arma de fuego le quita a Eunice su teléfono celular y este mismo sujeto del arma empieza a esculcar los cajones del mostrador, y otro sujeto que era el más bajo de los tres sujetos, le dijo a ******* que le abriera el registro y el sujeto tomó el dinero que había en la caja registradora, que el del cuchillo toma el teléfono celular que estaba en la recepción y se sale, que el sujeto que trae el arma de fuego les dice que no se salgan y se van en un vehículo tipo ******* como ******* o *******. Sujetos a los cuales pudo ver claramente pues los tuvo de frente durante los hechos. 7). Denuncia de menor de edad, fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, en la cual compareció *******, de dieciséis años de edad, la cual comparece en compañía de su madre *******, asi como de la Licenciada *******, quien es psicóloga de la comisión ejecutiva de atención a víctimas, de la Fiscalía General del Estado, informó la menor que en fecha veintiuno de enero del dos mil veintiuno, su papá la llevó a donde generalmente se hace las uñas de nombre "*******", que se ubica en *******, que la alugar también arribó su tía de nombre *******, que recuerda que al estar esperando a su tía para que le hicieran su trabajo, ingresaron unas mujeres pidiendo cita para un trabajo, que luego, ingresó un sujeto quien llegó preguntando por un servicio, que le llamó la atención que un hombre preguntara por ese servicio, lo describe físicamente, luego sacó de entre sus ropas una pistola y grito "esto es un asalto, todos al suelo", que después ingresó un sujeto que traía un cuchillo, el cual le exigió la bolsa a su tía, quien había ido al banco a sacar dinero, que el sujeto que traía el arma de fuego le quitó su bolsa, que ella ocultó su celular entre sus ropas, pero el sujeto de la pistola la vio y el sujeto del cuchillo, se acercó y empezó a esculcarla y como la empezó a tocar en el cuerpo, mejor le dio el celular, agrega que los activos posteriormente se fueron y ella se quedó tirada llorando, porque no reaccionaba. Acto seguido, la madre de la declarante, la señora de nombre *******, manifestó que interponían la denuncia de robo en contra de quien resultase responsable. 8). Comparecencia de fecha dos febrero del año dos mil veintiuno, de *******, ante el agente del Ministerio Público, en la cual interpone denuncia por robo y buso sexuales en perjuicio de su menor hija de iniciales *******, así mismo menciona el hecho que vieron en la televisión una nota respecto a unos sujetos que aprehendieron por robo, que al ver la nota su menor hija, se puso nerviosa puesto que reconoció a los sujetos de la noticia como quienes cometieron los hechos narrados por dicha menor pues reconoció la complexión, las características físicas y la voz de los mismos. 9). Parte informativo de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, realizado por el Licenciado *******, Suboficial de la Policía Investigadora de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo, con imputado desconocido, en la cual informa que inició una investigación, con número de carpeta *******, por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de las víctimas, *******, *******, *******, *******, y la menor de edad *******, representada por su madre. 9.1. Agrega el agente a su parte informativo, entrevistas de todas estas víctimas, en las cuales menciona los mismos hechos que en sus respectivas denuncias. 9.2. Anexa oficio de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se recibió una vista derivada de la carpeta *******, la cual se sigue por el delito de desobediencia y resistencia de particulares simple, toda vez que se tenía conocimiento de la probable participación de las personas detenidas en esa carpeta en la comisión de algún delito, *******, y otra persona, quienes cumplen con las características físicas dadas de las personas que intervinieron en los actos. 9.3. Así mismo, informa el agente que esas personas se encontraban detenidas en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, por lo cual ingresó la ficha de identificación de *******, y de la otra persona detenida. 9.4. Así mismo anexó las entrevistas realizadas a las víctimas, así como serie fotográfica donde aparecen las fotografías del negocio donde sucedieron los hechos, que consta de siete fotografías. 9.5. Reconocimiento de persona en cámara ******* de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la ciudadana *******, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, la cual en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos narrados con anterioridad. 9.6. Se cuenta también con diverso reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, en cámara *******, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la ciudadana *******, constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, la cual en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos denunciados con anterioridad. 9.7. Así mismo, se cuenta con diverso reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, en cámara *******, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la ciudadana *******, constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, la cual en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos denunciados con anterioridad. 9.8. Así mismo, se cuenta con diverso reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, en cámara *******, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la menor de iniciales *******, en compañía de la licenciada *******, psicóloga adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como de su madre *******, las cuales una vez constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, y en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos denunciados con anterioridad. 10. Dictamen pericial del estado psicológico, de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el licenciado *******, perito en materia de Psicología, adscrito a servicios periciales y ciencias forenses, hizo evaluación psicológica sobre la menor de iniciales *******, cuya conclusión fue en el sentido de que refiere afectación psicológica derivada de la exposición a los hechos delictivos a que fue sometida, requiriendo sesiones de terapia para tal situación. Así mismo, en audiencia de vinculación a proceso de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, la defensa particular del hoy quejoso, desahogó los medios de prueba ofertados, consistentes en: La entrevista realizada a un menor, de edad *******, de quince años de edad, quien es hijo de *******, persona que dio entrevista ante la defensora particular, en su despacho particular, la cual le manifestó que se encontraba en el lugar donde detuvieron al hoy imputado, por lo cual, la defensora acredita la pertinencia de la entrevista puesto que al declarante le consta los hechos de la detención pues los presenció, a lo cual manifestó: que el día primero de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dos de la tarde, iban en a camioneta de su mamá, su mamá, Antonio y él, que cuando iban ingresando al estacionamiento de soriana las torres, se les atravesaron unas camionetas de policías ministeriales, y se bajaron como cuatro personas con sus armas y con sus armas les apuntaron , dos hombres y dos mujeres, que con palabras fuertes bajaron a su mamá de la camioneta, pegándole y luego bajaron a Antonio, y también lo golpean y por último lo bajaron a él, y a él y a ******* los suben en una misma camioneta, y en el transcurso a fiscalía iban torturando a ******* preguntándole que donde estaba el dinero, que cuando llegaron a fiscalía, bajaron a ******* de la camioneta y a su mama se la llevaron otros agentes, que los policías se repartían las cosas que había en la camioneta de su mamá, manifiesta que su mamá y ******* de dedican a vender ropa nueva y usada desde hace mucho tiempo. Queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, con oficio *******, signada por *******, quien es concubina del quejoso y fue detenida juntamente con él. Sellado de recibido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, queja en la cual manifiesta que el día primero de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a la una de la tarde, iban entrando a plaza las torres en su camioneta, *******, ******* color *******, en compañía de su pareja y de su hijo *******, cuando se les cerraron al paso dos camionetas de policías ministeriales, y se bajaron dos hombres y dos mujeres, apuntándoles con sus armas, y les gritaron que se bajaran, que se bajaron y los agentes se les fueron encima para esposarlos, incluyendo a su hijo, lo subieron a una camioneta y se fueron a fiscalía, que a ella la golpeaban y le preguntaban a que se dedicaban, y la amenazaban con llevar a sus hijos al DIF, si no confesaba que se dedicaban a robar celulares, y la seguían maltratando, que le pidieron hacer su declaración por escrito, haciendo un trato que sí lo hacía, le entregarían a su hijo, que le negaron la llamada. Luego la pasaron al área de celdas, donde la siguieron amenazando, y vio como en otra celda estaba detenido *******, al cual sacaban muchas veces de su celda y lo regresaban muy golpeado, incluso que los otros detenidos lo golpearon y los guardias no hicieron nada al respecto, lo alcanzaba a ver muy golpeado de su cara y con la nariz abierta. Sigue mencionando que no le regresaron la totalidad de la cantidad de dinero que traía al momento de la detención, así mismo, que no le devolvieron la ropa que traía en su camioneta. Copia del nombramiento de defensor, ante la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del delito con Personas Detenidas, dentro de la carpeta de investigación *******, donde ******* y *******, el día dos de febrero nombran como defensores particulares, a los Licenciados *******, así como la Licenciada *******, nombramiento que se encuentra firmado únicamente por *******. Impresión de la página https://consultadedetenciones.sspc.gob.mx/, en el cual, obra el dato de la detención del imputado, la cual fue llevado a cabo en Ciudad Juárez, en la colonia San Antonio, calle Eje Víal, entre Calle Aserradero, en la fiscalía general del estado, el día tres de febrero de dos mil veintiuno a las a las cuatro treinta p.m. por policías ministeriales. Acto seguido, la Agente del Ministerio Público, hizo manifestaciones respecto a los datos de prueba expuestos por la defensa: por lo que hace al escrito mediante el cual se nombra defensores particulares, este escrito fue exhibido en la carpeta de investigación *******, sin embargo, aclara que la audiencia de vinculación a proceso en que se actúa, se resuelve respecto a la investigación seguida bajo número de carpeta *******. Así mismo, manifiesta que respecto a las manifestaciones vertidas por *******, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que respecta a que ******* se veía muy lastimado en su cara, nariz y chichones en la cabeza, se desvirtúan, puesto que existe certificado medico por parte de la Médico Legista Doctora *******, la cual manifiesta en dicho certificado, que el imputado, al estar detenido en las instalaciones de la fiscalía, no presenta huellas de lesiones físicas recientes visibles, únicamente se observa una escoriación menor en columna nasal de antigua data. Acto seguido, la defensa manifiesta que el imputado desea hacer uso de su derecho a declarar, por lo cual, el juez responsable, lo hizo sabedor de su derecho a hacerlo, así mismo le pidió que lo manifestara de su propia voz, a lo cual el imputado así lo manifestó. El juez lo invitó que se condujera con verdad, así mismo le preguntó si entendió sus derechos a lo cual el imputado manifestó que sí, por lo cual el imputado declaró lo siguiente: A preguntas del defensor: "¿Le puedes decir al juez como fue que te detuvieron? Nos dirigíamos, mi esposa *******, mi hijastro ******* y yo, a plaza las torres a hacer un depósito de una mercancía que nos había llegado, nos detuvieron unos ministeriales con armas de fuego, lo subieron a la patrulla junto con su hijastro y los comenzaron a golpear en la cabeza, para decirles que donde traía el dinero, esto lo presenció mi hijastro, una vez que llegaron a fiscalía lo siguieron golpeando y preguntando que donde estaba el dinero, me lastimaron la nariz, luego me bajaron a las celdas. ¿En la audiencia anterior aquí ante el juez traías tu nariz abierta y los ojos inflamados? Sí, de hecho ahorita los traigo inflamados. ¿Qué día ocurrió esta detención? Fue el día primero, como a la una de la tarde. ¿Y en el vehículo que iban que llevaban? Pantalones de varios tipos, un porta bebe, una carreola, zapatos de Andrea, unas botas personales, herramienta, chamarras, y otras cosas. ¿Recuerdas que te hayan llevado a una cámara de Gessel a que te reconocieran? No, siempre estuve solo. ¿En algún momento te pusieron frente a otras personas para que te reconocieran? No, siempre estuve solo, recuerdo que como de la una hasta las cinco o cinco y media que fue mi entrada ya legal a fiscalía. ¿Desde que te golpean hasta que te ponen en libertad por ese problema, fue algún defensor a hablar contigo? No, porque al día siguiente los mismos ministeriales me sacaron, de hecho, cuando fueron a llevarme a mi reconocimiento pues yo sabía que tenía una licenciada, que me estaba buscando y nunca me encontró, pues me sacaron unas tres o cuatro veces para preguntarme que donde estaba el dinero. Son todas las preguntas por parte de la defensa". A continuación se corrió traslado a la Agente del Ministerio Público, la cual manifestó su interés por formular preguntas al imputado. El imputado manifestó que no era su deseo contestar las preguntas de la Agente del Ministerio Público. A pregunta expresa por parte del Juez, el imputado refirió que quería dar por concluido su declaración. Siendo dichos medios de convicción, la totalidad de los datos de prueba ofrecidos por parte de la defensa. En esa tesitura, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado los cometió. Es así, ya que las víctimas son coincidentes en sus declaraciones vertidas ante la representación social, mismas que se encuentran adminiculadas con otros medios de convicción. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es: El esclarecimiento de los hechos; Proteger al inocente; Procurar que el culpable no quede impune; y, Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por ello -en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- lo que se busca es dar cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Así, de los datos narrados por la fiscalía y de las pruebas ofrecidas y desahogadas en la audiencia de vinculación a proceso por parte de la defensa, que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control, se estiman suficientes, para considerar que se cometieron los hechos que se atribuyen a la parte quejosa y la probabilidad de que cometió el ilícito o participó en su comisión. Es así, toda vez que contrario a lo vertido por el quejoso, esta Resolutora Federal considera que el auto de vinculación a proceso emitido en ocho de febrero de dos mil veintiuno, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que satisface los requisitos de fondo que derivan del arábigo 19 constitucional, pues se advierte que el Juez responsable, al evaluar los datos reseñados y la declaración del imputado, todos en la audiencia de vinculación a proceso, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 356. Libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código." "Artículo 359. Valoración de la prueba. El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado." Dispositivos legales que norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica, y de esa valoración expuso los razonamientos correctos que lo condujeron a estimar que los datos expuestos, son eficaces y suficientes para tener por demostrado en términos del artículo 316 del ordenamiento procesal aludido, la existencia del hecho delictivo tipificado por las leyes ordinarias como Robo Calificado, imputado al hoy quejoso *******, así como la probable participación de éste en su comisión. Lo anterior, aunado a la circunstancia que ciertamente los hechos por los que se decretó su vinculación a proceso, se adecuan a esa figura delictiva, pues, como se dijo, hasta este momento procesal está acreditado que de manera probable el quejoso participó en su comisión, desplegando la conducta típica y antijurídica que se le reprocha. Ello es así, dado que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, valoró en su conjunto y adminiculó entre sí, en su enlace lógico y natural concatenado, los datos reseñados por la agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, en específico el contenido en las declaraciones en sede ministerial, por las víctimas *******, *******, *******, ******* y la menor de iniciales *******, representado por su madre y representante legal de nombre *******, quienes fueron contestes al señalar al quejoso como la persona que el día veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, ingresó al negocio de uñas de nombre "*******", ubicado en ******* en esta ciudad, y luego de sacar de entre sus ropas un arma de fuego, las amagó, detrás de él entraron dos sujetos más al establecimiento, entre los cuales despojaron de las pertenencia a las personas que se encontraban en ese lugar. Así mismo, tuvo por acreditado el desapoderamiento de los objetos pertenecientes a las víctimas presenciales del hecho, así como del dinero en efectivo perteneciente a una de las victimas presenciales como a la propietaria de la negociación señalada con antelación, con las declaraciones de las víctimas, así como de la testigo referencial, quien es propietaria de la negociación denominada "*******", ubicado en ******* en esta ciudad. Lo anterior lo concatenó de igual manera con la información rendida mediante Parte informativo de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, realizado por el Licenciado *******, Suboficial de la Policía Investigadora de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo, con imputado desconocido, del cual se desprenden entrevistas realizadas a las testigos así como serie fotográfica del lugar en el cual fueron realizados los hechos. Con el objeto de establecer los objetos que sufrieron el apoderamiento por parte de los sujetos activos del hecho ilícito en comento, aún y cuando las víctimas reclaman diversos artículos, lo cierto es que algunos de ellos no fueron considerados por la Representación Social, quien en su imputación limitó el desapoderamiento de los bienes siguientes: De ******* a una computadora de la marca *******; de ******* a un celular *******; de ******* a un celular *******; al negocio de *******, al numerario en efectivo y a ******* a $******* (*******), unas llaves de su vehículo y unos lentes. Bienes los apuntados que fueron reclamados por las denunciantes y que coinciden con los objetos que se refieren las presenciales, pues del dicho de *******, *******, y ******* se advierte que a ******* la desapoderaron de una bolsa, cuyo contenido refirió la pasivo, como numerario, llaves y lentes, entre otros, informando *******, que su tía había ido al banco; ahora bien, ******* reclama un celular *******, del que dio cuenta *******; mientras que esta última reclamó una computadora, de la cual dieron cuenta ******* y *******; Siendo que las tres últimas citadas y *******, dijeron haber advertido cómo los activos sustrajeron la cantidad en efectivo, precisando ******* y *******, que la suma era aproximadamente de $******* (*******) y que la propietaria de la negociación es *******. Por último, del celular de ******* dio cuenta *******, ******* y *******. Por lo que hace al tema del ánimo de dominio, por parte de los activos respecto al apoderamiento de los objetos antes mencionados, el Juez de Control lo tuvo por satisfecho dado a que los sujetos activos del hecho, se retiraron del lugar llevándose consigo los objetos, sin dato alguno que revele que las denunciantes hayan recuperado los artículos que reclaman, por lo que debe entenderse que los agentes se apropiaron de los objetos, y al llevárselos consigo se condujeron como propietarios de los mismos. De igual manera, respecto a la ajeneidad de dichos objetos, consideró el juez responsable, tener por demostrado que los bienes muebles, cuya desposesión, dio origen a la causa penal, le era ajenos a los activos, ya que, hasta ese momento procesal, no obra dato de prueba alguno que revele que a quien se le atribuye el injusto, detentara el derecho de propiedad sobre los objetos, por el contrario, dicha propiedad debe entenderse que se acredita a favor de *******, *******, *******, *******. Ello es así, ya que la primera, apoyada en el Reporte general de ventas, reclamó la cantidad de $******* (*******), como producto de las actividades del negocio de su propiedad denominado "*******", acreditando estas particularidades con el contrato de arrendamiento, las actualizaciones fiscales y el dicho de las empleadas de nombre ******* y *******, quienes se dijeron empleadas de dicha negociación a donde ingresaron los activos y sustrajeron un numerario en efectivo, además de que reconocieron a ******* como la propietaria del establecimiento; Así mismo, la propiedad de la computadora que reclama *******, fue avalada por ******* y *******; por otro lado, ******* reclamó la propiedad de un celular marca *******, en color *******, acreditándose dicha particularidad con los testimonios de ******* y *******, objetos que han sido valorados con antelación; en cuanto al celular ******* de *******., ésta acreditó la propiedad con el dicho de *******, quien a su vez reclamó la propiedad de $******* (*******), unas llaves y lentes, que son objetos que dijo se encontraban en su bolsa, cuya existencia refirieron *******, *******, y *******, pues dijeron que advirtieron que a ******* le quitaron la bolsa, informando *******, que su tía había ido al banco. Así mismo, establece que toda vez que no obran datos que revelen que los declarantes se conducen con falsedad y conforme lo establece el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las documentales son soporte de información la cual es conteste con el dicho de *******, es por lo que tuvo por cierto, que los bienes muebles que reclama las denunciantes, son de su propiedad y con ello, ajenos a los activos. En lo concerniente a la ausencia del consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, para el apoderamiento de los objetos descritos en párrafos anteriores, el Juez de Control lo tuvo por acreditado puesto que las victimas *******, *******, *******, ******* y *******, son quienes en su calidad de dueñas, legalmente podían disponer de los bienes muebles en cita, u otorgar su consentimiento a persona diversa para tal efecto, y no se demostró que las sujetos pasivos, hubieran brindado su anuencia para que los activos dispusieran de los bienes muebles que nos ocupa o que aquellos estuvieran facultados por algún mandato judicial o ejercicio de un derecho para ello, sino por el contrario, debemos entender que era ilegítima la aprehensión material de los bienes, pues de otra forma no hubiese sido necesaria la violencia sobre las víctimas, al amagarlas con un arma de fuego y un objeto punzo cortante, según refieren las propias víctimas. De lo anterior, el Juez de Control responsable, tuvo por acreditado el hecho de que alrededor de las diecisiete horas del día veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, en el interior del establecimiento denominado "*******" ubicado en *******, en esta Ciudad, alguien, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, se apoderó con ánimo de dominio de los bienes descritos en párrafos anteriores, una computadora de la marca *******; un celular *******; un celular *******; la suma de $******* (*******), unas llaves de un vehículo, unos lentes y $******* (*******), que son bienes muebles que le eran ajenos, con el consiguiente perjuicio patrimonial de los propietarios de los objetos, a saber, de manera respectiva de *******, *******, *******, *******, y menor de iniciales *******. De ahí que habiéndose fijado los bienes muebles que cada una de las denunciantes reclama, es por lo que ese juzgador tuvo por acreditado el hecho que la Ley señala como delito de *******, revisto por el numeral 208 del Código Penal, que atendiendo el valor que cada una de las pasivos le brinda a sus artículos, se debe ubicar en la fracción I, del citado cardinal. Ilícito que debe considerarse contrario al orden jurídico, ya que el Juez de Control no encontró norma que autorizara a los activos para producirse en los términos en que lo hicieron; además, tampoco advirtió ninguna causa de exclusión del delito, por el contrario, de la mecánica de los hechos consideró patente que al menos un activo, estaba provisto de un arma de fuego y otro, con un cuchillo, por lo que consideró que los activos conocían la ilicitud de sus actos y no obstante que pudieron ajustar su conducta a la norma, voluntariamente decidieron vulnerarla, y para ello, ejecutaron los medios comisivos hasta lograr el apoderamiento de los bienes. Ahora bien, a criterio de está resolutora, el Juez de Control consideró de manera correcta, que el injusto se agrava en términos de los cardinales 211, fracción VI y 212 fracción II, ambos del Código Penal, ya que del dicho de *******, *******, ******* y la menor de iniciales ******* se desprende que fue más de un sujeto el que participó en el desapoderamiento que denuncian, pues ubican a un individuo con un arma de fuego con la cual las sometió, para luego ingresar un sujeto con un cuchillo, estableciendo algunas de las declarantes que existió un tercer individuo; siendo precisas en señalar que el primero de los individuos que ingresó, las violentó moralmente al grado de doblegar su voluntad con el amago que le brindaba el portar un arma de fuego, tan es así que ******* presenta una alteración emocional moderada, en razón a los hechos materia de la imputación, según se colige de la impresión diagnóstica realizada sobre su persona; de ahí que como las declarantes manifiestan hechos que conocieron a través de los sentidos y dan a conocer sin reticencia alguna el evento del que tuvieron conocimiento, es por la que la unión de todas sus manifestaciones, dirigidas en el mismo sentido, llevaron a la responsable a tener por cierto que: en el hecho intervinieron dos o más personas y que se ejerció violencia moral sobre las víctimas, al utilizarse un arma de fuego y un objeto punzo corto penetrante. Por lo que hace a la probable responsabilidad del hoy quejoso. La autoridad responsable, en su resolución de vinculación a proceso, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada en términos del artículo 21 fracción III, del Código Penal del Estado, la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de ******* en estudio, ya que en su contra obran las diligencias de reconocimiento realizadas con las exigencias del cardinal 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las que *******, *******, *******, *******, reconocieron al imputado como la persona que las sometió con el amago que le brindaba el portar un arma de fuego, sin que se desconozca que de dichas declaraciones también existieron otros intervinientes, entre ellos, uno provisto por un objeto punzo corto penetrante. Así mismo el Juez de Control, atendió a las manifestaciones vertidas por el Defensor Particular, en las que argumentó lo siguiente: La imposibilidad de que fuera reconocido su representado en razón del atuendo que lo cubría. Manifiesta el Juez responsable, que las denunciantes narran los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, además, no obran datos que sugieran que tienen un motivo espurio, como resentimiento, venganza o enemistad contra el imputado, para declarar en la forma en que lo hacen, por lo que la unión de dichas afirmaciones, hacen probable que *******, haya intervenido con otros individuos, bajo un plan común, por lo que cada uno de ellos debe responder por la totalidad del evento, al haber participado bajo la división de tareas. Reiterando ese Juzgador, que no soslaya que las denunciantes indicaron que los activos al momento de los hechos, portaba cubre bocas; empero, ello no es suficiente para considerar que estaban imposibilitadas para realizar el reconocimiento de referencia, ya que las mismas exponentes fueron precisas en indicar que pese a dicha particularidad, estaban en condiciones de identificar a la persona que atribuyen el hecho. En ese sentido, consideró de manera probable, la intervención en calidad de coautor de ******* en la comisión del delito de ******* analizado en esa audiencia de vinculación. La Defensa incorporó datos de prueba que fueron tomados en consideración por ese Juzgador, a saber: 1.- El dicho de un menor de edad, y el contenido de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por *******, además de la declaración de la persona detenida, de cuyas manifestaciones, en conjunto, se advirtió que fueron detenidos el día primero de febrero del año dos mil veintiuno por elementos Ministeriales que atravesaron sus unidades para detener su marcha, bajando cuatro agentes que, con armas de fuego, los amagaron para luego someterlos y detenerlos, refiriéndose en la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, así como la declaración del señor *******, que existieron actos que trasgredieron la integridad física de los detenidos. 2.- También, se destacó, por parte de la defensa, un nombramiento particular de los profesionistas que actualmente llevan la representación del señor *******, y una impresión de una página sobre la consulta de la detención. Bajo esos datos y argumentos, la defensa solicitó un auto de no vinculación a proceso en favor de su representado; sin embargo, el Juez responsable no concordó con las apreciaciones de la defensa en razón de lo siguiente: Manifiesta ese Juzgador, quedarle claro, por los datos que proporciona la defensa, la detención llevada a cabo del día primero de febrero de dos mil veintiuno, así como la posibilidad de la existencia de actos de tortura, tan es así que dio vista a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para su investigación y se ordenó el inicio del llamado Protocolo de Estambul, sobre a persona del señor *******. Destacó la defensa también, que existió una falta de registro de la detención de *******, señaló la defensa la posibilidad que ello haya sido para generar esa tortura, en esa tesitura, dijo el responsable, que aun y cuando es cierto que el numeral 357 del Ordenamiento Procesal de la Materia, establece la legalidad de la prueba y señala que debe ser considerada nula aquella obtenida a través de violaciones a Derechos Humanos, menciona que lo cierto es que de esa tortura o de esa falta de registro de la detención, no se advierte ninguna prueba directa, no se advierte ninguna confesión que haya sido utilizada para incriminar en el hecho que nos ocupa al señor *******. Por lo que hace a la falta del registro que menciona el defensor particular, el juez responsable, determinó que la misma Ley que prevé precisamente su registro de detención, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, en su artículo 21 en su segundo párrafo indica "Las instituciones de procuración de justicia o aquellas que conozcan de faltas administrativas, a quienes les sea puesta a disposición una persona detenida, van a proceder de inmediato a actualizar la información de ese Registro" Y establece en su segundo párrafo "En caso de que no existiese un registro preexistente deberá iniciar uno; dejando constancia de esa negligencia y se dará vista a la autoridad competente". Menciona la responsable, que ha cumplido con esa vista al indicar que también por ello se de vista al Fiscal General del Estado; sin embargo, de ese numeral no se advierte que tenga como efecto directo declarar alguna prueba ilícita, si bien es cierto, en el siguiente párrafo establece "El Juez de control o la autoridad correspondiente, debe valorar la demora o la imposibilidad del registro", lo cierto es que como se ha dicho, no se advierte que se haya obtenido alguna probanza de esa retención y de los actos de tortura que se reclaman, en ese sentido debe de establecerse que la Primera Sala de la Suprema Corte ha señalado o ha establecido que la prueba en cita no es algo que pueda tomarse de manera amplia, pues tiene límites. Luego, la responsable invoca la tesis señalada en la décima época, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, página 993, con registro número 2010354 con el rubro "PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN". donde señala precisamente lo atenuado de un acto ilícito, ello atendiendo a la lejanía que puede ocurrir entre el evento. Luego entonces, indicó la responsable, de esa detención, tortura, o de esa falta de registro, no se produjo una prueba que haya sido tomada directamente ante ese Tribunal, no hay prueba que haya tomado en cuenta ese resolutor, por lo tanto, no accede a lo solicitado bajo esa consideración. Por otra parte, señaló el defensor en la audiencia, que no hay un nexo causal entre la forma en que fue presentado *******, a una diligencia de reconocimiento, sin embargo, manifiesta el Juez de Control, que tampoco comparte dicha consideración, pues manifiesta que el agente policial, que lo es *******, anexó ficha de identificación de personas, ello tomando en cuenta que las características de la persona detenida, que lo era el señor *******, coincidía con los datos que le proporcionaron las víctimas y a través de un oficio emitido por la Licenciada *******, se tuvo conocimiento de la detención de dicha persona, por lo que contrario a lo que sostiene el señor defensor, la responsable consideró que sí existe un nexo que permita justificar precisamente como se tuvo conocimiento de la persona. Hizo señalamiento el defensor particular, en el sentido de que había un nombramiento para que él llevara la representación legal de *******, sin embargo, también destaca la defensa, que dicho nombramiento no estaba signado por el hoy quejoso, de ahí que el juez responsable, consideró que el nombramiento del licenciado *******, Defensor Penal Público, se debe reconocer como legítimo, pues los defensores que participaron en la audiencia de vinculación a proceso, así como en la audiencia inicial, no tenían esa calidad al momento de las diligencias de reconocimiento. Por lo que hace a las diligencias de reconocimiento, argumentó el defensor particular que no se llevaron adecuadamente, pues una persona que lo reconoce, primero hizo una identificación, después fue retirado el imputado y posteriormente se presentaron las personas y volvieron a la diligencia. En ese sentido, manifestó la responsable, que el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no establece, con el rigor que destaca el señor defensor, lo destacado por éste, por lo que, el requerimiento de dicho numeral, es que se debe de hacer constar cómo se desarrolló el reconocimiento, y aunque es cierto que el señor Defensor ha destacado que las personas que se presentaron junto con su representado no corresponden a las mismas características que la persona que se reconoció por parte de las denunciantes, lo cierto es también que el numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece esa posibilidad, señala que deberá presentarse al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan. Así, al existir esa salvedad, es que el juez responsable no compartió el argumento de la defensa de dejar de forma tajante, una actuación como la que se destaca por parte de la representación social, sin la valoración adecuada, armónicamente con los demás datos. Por lo que respecta a lo manifestado por el defensor, en cuanto a que no pudieron haber reconocido a *******, ya que traía el cubrebocas y traían otras vestimentas que cubrían su rostro y su cabeza, según el dicho de las propias víctimas, eso lo hace imposible de su reconocimiento; considera la responsable, que como lo indicó con anterioridad, las propias víctimas refieren que estaban en condiciones de identificar a las personas a las que les atribuyen el hecho y también las mismas dieron cuenta de datos que cualquier persona en su misma posición pudiera haber brindado, de ahí que insiste que existen datos que revelan la probable participación del señor *******, máxime que en cuanto a la identificación que hace la de nombre *******, aduce que la madre de ésta dio cuenta como al tener a la vista una nota periodística a través de medios electrónicos sufrió una alteración emocional, por lo que se hace creíble que pueda hacer el reconocimiento de que se trata. En ese sentido, considera la responsable, satisfecha la probabilidad de intervención del imputado en el hecho que se le atribuye. Por lo que respecta a las causas de extinción de la acción penal o excluyente del delito. La autoridad responsable manifiesta que, en la causa penal en estudio, no se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En consecuencia, concluyó el Juez de Control, como el artículo 19 de nuestra Carta Magna, no requiere que esté plenamente demostrada la responsabilidad del inculpado, sino únicamente que se haga probable, y al no estar acreditada, hasta ese momento procesal, ninguna excluyente de incriminación, a favor de *******, quien rechazó inicialmente su derecho, para posteriormente ejercerlo en la audiencia de vinculación a proceso, en cuanto a la facultad de rendir declaración, es por lo que el Juez responsable, consideró dictar en su contra AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO por el delito de ROBO AGRAVADO previsto por el numeral 208 fracción I, en relación con los numerales 211 fracción VI y 212 fracción II, todos del Código Penal Estado de Chihuahua, cometidos en perjuicio de *******, *******, *******, *******, Y *******. No pasa inadvertido el Juez de control en su resolución, el hecho de que la persona detenida alegue en su descargo que nunca se verificaron los reconocimientos con los cuales se llega a la determinación de vinculación a proceso; sin embargo, en apoyo a su manifestación no se allegó dato alguno, por el contrario, señala la responsable, obran los datos de prueba destacados por la Representación Social, y no basta la sola manifestación del imputado, de tener por cierto ello, pues sería desvirtuar todo un mecanismo lógico y primar a todo aquel que niegue un hecho sin confirmación alguna. De la resolución anteriormente analizada, se desprende que los antecedentes narrados por la Representación Social, y declaración del imputado, a los que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, correctamente les otorgó valor al haber sido vertidos ante una autoridad competente como lo es el agente del Ministerio Público, los antecedentes de investigación y ante dicho juzgador, por lo que hace a la declaración del propio imputado, así como los medios de prueba aportados por la defensa particular del mismo. En ese tenor, tal y como lo señaló el Juez responsable, dada la mecánica de los hechos, conducen a afirmar racionalmente que el sujeto activo fue la persona que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno aproximadamente a las diecisiete horas, ingresó al establecimiento denominado "*******" ubicado en *******, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, y después de solicitar información de un servicio, sacó de entre sus ropas un arma de fuego color negro tipo escuadra, con la cual amenazó a los presentes diciendo: "todas al suelo, esto es un asalto, no griten", para posteriormente, junto con la intervención de dos sujetos más, despojarlas de sus pertenencias. OCTAVO.- Del análisis de los conceptos de violación. Culminado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de amparo. Ahora, por técnica jurídica, en el examen de los conceptos de violación, no se respetará el orden en el que fueron propuestos, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. Razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, esta juzgadora considera pertinente establecer que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte inconforme inserta razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Sin embargo, debe destacarse que esos aspectos no serán objeto de un pronunciamiento específico por parte de este tribunal federal, en la medida en que no constituyen razonamientos en los que se haga valer un auténtico concepto de violación o que, por sí solos, puedan llevar a la convicción de que el acto reclamado es inconstitucional. En efecto, el examen de los actos reclamados en el juicio de amparo debe ceñirse a los razonamientos jurídicos que, a título de conceptos de violación, se hagan valer en su contra, sea que para ello se destine un apartado específico o se advierta del análisis integral del escrito de demanda, por lo cual si tales planteamientos no reflejan, por sí, la inconstitucionalidad aseverada mediante la expresión de un agravio o perjuicio causado en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sólo sirven como un complemento o marco de referencia para ilustrar la postura que asume en torno a un tópico o tema, es patente que no ameritan una calificación, ni un análisis sobre ese particular. En tal virtud, si a partir de esas consideraciones la hoy parte impetrante expone razonamientos jurídicos que, en concreto, haga valer en calidad de conceptos de violación, respecto de los cuales esta resolutora está obligada a emitir un pronunciamiento particular, tales manifestaciones sólo serán tomadas en cuenta para el efecto de clarificar la causa de pedir y, a la postre, para que este tribunal adopte un criterio sobre las cuestiones propuestas por la parte quejosa. Al efecto, cabe citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis: 1341. Página: 1503.) "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Mayo de 2007. Tesis: 1a. CVIII/2007. Página: 793.) Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 todos de la Carta Magna, mediante conceptos de violación que van dirigidos a la resolución en que se resolvió su situación jurídica, los cuales son los siguientes: 1.- En esencia la parte quejosa manifiesta que se viola el derecho humano al debido proceso, debido a una inexacta valoración de los datos de prueba, toda vez que el Juez de Control se apartó de las reglas establecidas en los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber utilizado como elemento toral de su resolución los cuatro reconocimientos de personas llevados a cabo por las víctimas, puesto que esos reconocimientos se encuentran viciados de origen, toda vez que, aduce, que el imputado fue puesto a la vista de las victimas previamente a ser puesto junto con las diversas tres personas en la diligencia de reconocimiento. 2.- La detención del hoy quejoso, jamás fue registrada en el registro nacional de detenciones, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 17, 21 y 28 de la ley Nacional de Registro de Detenciones, pues con ello deviene ilícita la detención y los datos de prueba emanadas de la misma. 3.- La diligencia de reconocimiento de persona, se llevó a cabo sin presencia del defensor penal público, puesto que el designado al quejoso para tal efecto, se encontraba presente en la diligencia de reconocimiento de persona, el mismo día y a la misma hora, por lo cual deben ser nulas dichas diligencias. Por lo que hace al motivo de señalado por la responsable, cono número uno, aduce el quejoso, viola el derecho humano al debido proceso, contemplado en el artículo 16 Constitucional, toda vez que esa determinación no fue debidamente fundada, puesto que existe una inexacta valoración de los datos de prueba. Se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, toda vez que a criterio de quien resuelve el auto de vinculación a proceso satisface dicha prerrogativa pues, contrariamente a lo que sostiene la parte quejosa, la autoridad responsable, ciñó su resolución a los parámetros procesales correspondientes. En efecto, para fundar dicho acto el juez responsable en el auto de vinculación a proceso, citó los artículos 19 y 104, fracción I, de nuestra carta magna, artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 208 fracción I, en relación con el 211 fracción VI y 212 fracción II, todos del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Igualmente, para motivar los propios actos, el Juez de Control expuso que, en el caso, los datos en la causa resultan aptos y suficientes para estimar que se cometió el hecho ilícito de Robo Calificado y que existe la probabilidad de que la parte quejosa participó en su comisión en el caso concreto. En último orden, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la responsable para sustentar la decisión asumida en los actos que nos ocupan, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuraron las hipótesis jurídicas, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. Por tanto, contra lo estimado por la parte quejosa, se estima que la responsable, al momento de analizar la probable responsabilidad del quejoso en la realización de los hechos que originaron la causa penal, y valorar los datos y antecedentes derivados de la causa penal, no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. De dicha resolución se advierte que la responsable, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada en términos del artículo 21 fracción III, del Código Penal del Estado, la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de robo agravado. Pues adujo, que las diligencias de reconocimiento fueron realizadas bajo las exigencias del cardinal 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las que *******, *******, ******* y *******, reconocieron al imputado como la persona que las sometió al amagarlas con un arma de fuego. En ese sentido, manifestó la responsable, que el requerimiento que ordena el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que se debe de hacer constar cómo se desarrolló el reconocimiento, y si bien es cierto como lo destacó el señor Defensor, que las personas que se presentaron junto con su representado no corresponden a las mismas características que la persona que se reconoció por parte de las denunciantes, lo cierto es también que el numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece esa posibilidad, pues señala que deberá presentarse al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan. Así, ante esa salvedad, es que el juez responsable determinó darle la valoración adecuada, a una actuación de investigación como la que se destaca por parte de la representación social, máxime que la valora armónicamente con los demás datos de prueba ante él vertidos. Por lo que respecta a lo manifestado por el defensor, en cuanto a que no pudieron haber reconocido a *******, ya que traía el cubrebocas y traían otras vestimentas que cubrían su rostro y su cabeza, según el dicho de las propias víctimas, considera la responsable, que como lo indicó con anterioridad, las propias víctimas refieren que estaban en condiciones de identificar a las personas a las que le atribuyen el hecho puesto que lo tuvieron de frente todo el tiempo en que estuvo dentro del local, ya que a una de ellas, a *******, el hoy quejoso le pidió la bolsa por lo que ésta, se la entregó en su propia mano. Aunado a lo anterior, es que también las victimas dieron cuenta de datos que cualquier persona en su misma posición pudiera haber brindado, de ahí que insiste que existen datos que revelan la probable participación del señor *******, máxime que en cuanto a la identificación que hace la de nombre *******, aduce que la madre de ésta dio cuenta cómo al tener a la vista una nota periodística a través de medios electrónicos sufrió una alteración emocional, por lo que se hace creíble que pueda hacer el reconocimiento de que se trata. Así mismo, el Juez de Control, refiere que las denunciantes narran los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, además dijo, no obran datos que sugieran que tiene un motivo espurio, como resentimiento, venganza o enemistad contra el imputado, para declarar en la forma en que lo hacen, por lo que la unión de dichas afirmaciones, hacen probable que el hoy quejoso, haya intervenido con otros individuos, bajo un plan común, por lo que cada uno de ellos debe responder por la totalidad del evento, al haber participado bajo la división de tareas. Reitera ese Juzgador en su resolución, que no soslaya que las denunciantes indicaron que el quejoso al momento de los hechos, portaba cubre bocas; sin embargo, ello no es suficiente para considerar que estaban imposibilitadas para realizar el reconocimiento de referencia, ya que las mismas exponentes fueron precisas en indicar que pese a dicha particularidad, estaban en condiciones de identificar a la persona que atribuyen el hecho puesto que los tuvieron a corta distancia. En ese sentido, consideró de manera probable, la intervención en calidad de coautor de ******* en la comisión del delito de ******* analizado en esa audiencia de vinculación. Así pues, la responsable correctamente concedió valor a los datos de prueba emanados de la diligencia de reconocimiento de personas, llevados a cabo en sede ministerial en la llamada cámara *******, puesto que, como ya se dijo, cumplió con los parámetros establecidos en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor. Ahora bien, aduce la quejosa en sus conceptos de violación, que *******, fue puesto a la vista de las victimas previamente al desarrollo de la diligencia de reconocimiento, esto es, primeramente se puso solo ante las victimas para que los reconocieran y posteriormente en compañía de los otros tres sujetos ante la cámara de *******, sin embargo, de los antecedentes narrados por la representación social en la audiencia de formulación de imputación, los cuales se tuvieron por reproducidos en la audiencia de vinculación a proceso, no se advierte tal situación tal y como la menciona la parte quejosa. Así, de la reproducción de los discos de audio y video, en los cuales constan las audiencias antes mencionadas, del disco número 1 (audiencia de cuatro de febrero de 2021), en el video 4, se observa a la Agente del Ministerio Público, narra ante el Juez de Control, así como ante la defensa particular y el hoy quejoso, los antecedentes de investigación, entre los cuales, describe las diligencias de reconocimientos de personas llevadas a cabo en sede ministerial, de lo cual se desprende lo siguiente: Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, Comparece la ciudadana de nombre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, cumpliendo con los requisitos establecidos por el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la fiscalía zona norte, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona que había mencionado participó en los hechos el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, narrados en su denuncia, a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de estatura de ******* metros, tez ******* y de complexión *******, refiriendo que lo había tenido a una distancia de un metro y medio, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Acto seguido se pidió al imputado que eligiera un número, a lo cual eligió el número 3, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pidió a las personas que pasaran de manera secuencial, de características físicas similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenia a la vista se encontraba la persona que entro con un arma de fuego tipo escuadra y que la asaltó el veintiuno de enero del año en curso, a lo que la víctima señaló que reconocía sin temor a equivocarse a la persona que portaba el número tres, en ese momento la representación social le hizo saber el nombre de la persona que portaba el número tres, que es el hoy quejoso. Se le concedió el uso de la voz al defensor público, el Licenciado *******, quien preguntó que cuánto tiempo lo tuvo a la vista, la compareciente dijo que por unos segundos, preguntó que a qué distancia, a lo que la compareciente respondió que a metro y medio. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 50:20 al 54:12, del disco 1, video 4). Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, comparece la ciudadana de nombre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona que había mencionado participó en los hechos narrados en su denuncia el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de estatura de *******metros, tez ******* y de complexión *******, traía puesta chamarra negra, cubreboca de color negro, refiriendo que lo había tenido cerca por varios minutos, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Se le cuestionó si lo había visto con posterioridad a los hechos, y dijo que sí, en las noticias. Acto seguido se pidió al imputado que eligiera un número, del uno al cuatro, a lo cual eligió el número 3, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pidió a las personas que pasaran de manera secuencial, de características similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenía a la vista se encontraba la persona que entro con un arma de fuego tipo escuadra y que la asaltó el veintiuno de enero del año en curso, a lo que una vez que observó detenidamente a las personas, la víctima señaló que reconocía plenamente y sin temor a equivocarse a la persona que portaba el número tres, en ese momento la representación social le hizo saber el nombre de la persona que portaba el número tres, que es el hoy quejoso. Se le concedió el uso de la palabra al defensor público, el Licenciado *******, quien preguntó que cuánto tiempo lo tuvo a la vista, la compareciente respondió que seis minutos, que lo vio a los ojos. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 54:10 al 56:15, del disco 1, video 4). Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, Comparece la ciudadana de nombre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, cumpliendo con los requisitos establecidos por el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la fiscalía zona norte, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona que la asaltó y le quitó el teléfono *******, el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de tez morena clara y de complexión robusta, 1.65 metros de estatura, traía puesta sudadera negra, cubreboca de color negro, pantalón de mezclilla, un gorro negro, refiriendo que lo había tenido cerca por varios minutos, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Se le cuestionó si lo había visto son posterioridad a los hechos, y dijo que sí, en un video en redes sociales. Posteriormente, se pidió al imputado que eligiera un número, del uno al cuatro, a lo cual eligió el número 1, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pidió a las personas que pasaran de manera secuencial, de características similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenía a la vista se encontraba la persona que había mencionado reconocía por su de tez ******* y de complexión *******, ******* metros de estatura, por sus ojos y sus características físicas, y mencionó que reconocía plenamente y sin temor a equivocarse a la persona que portaba el número uno, en ese momento la representación social le hizo saber que esa persona responde al nombre de *******, el. Se le concedió el uso de la palabra al defensor público, el Licenciado *******, quien no hizo preguntas. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 56:15 al 58:36, del disco 1, video 4). Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, Comparece la menor de dada *******, acompañada por la licenciada Psicóloga *******, así como de su madre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, ingresó al negocio "*******" a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de tez morena clara y de complexión robusta, 1.66 metros de estatura, traía un arma de fuego entre sus ropas y la apuntó con el arma, y se tiró al suelo, que lo reconocía porque lo vio a los ojos, las entradas de su cabello que lo miró a los ojos por dos minutos, que lo tuvo cerca como a tres metros de distancia aproximadamente, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Se le preguntó si lo había visto posteriormente a los hechos, y dijo que sí, en unas noticias de tv azteca. Posteriormente, se pidió al imputado que eligiera un número, del uno al cuatro, a lo cual eligió el número 2, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pusieron a la vista las cuatro personas de manera secuencial, de características similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenía a la vista se encontraba la persona que mencionó que el veintiuno de enero del dos mil veintiuno, ingresó al negocio "*******" con un arma de fuego, dijo que reconocía plenamente y sin temor a equivocarse al que portaba el número dos, se le informó a al compareciente que este responde al nombre de *******, el. Se le concedió el uso de la palabra al defensor público, el Licenciado *******, quien preguntó que cuanto tiempo lo tuvo a la vista, la compareciente respondió que aproximadamente dos minutos, que lo vió a los ojos. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 58:36,al 1:00:54 del disco 1, video 4). De lo anterior se advierte, que en los antecedentes de investigación presentados por la Representación Social, ante el Juez de Control en ningún momento se advierte que el imputado haya sido puesto, de manera individual, a la vista de alguna de las victimas que llevaron a cabo dicho reconocimiento, sino que fue puesto a la vista de ellas una vez que eligió número y junto con personas de similares características físicas, cumpliendo con ello con lo establecido en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así mismo, la quejosa hace referencia a la imposibilidad de haber sido reconocido en la cámara *******, puesto que se encontraba lesionado a tal grado que le haría irreconocible para las víctimas que llevaron a cabo la diligencia de reconocimiento de persona, sin embargo, la Representación Social hizo referencia a la existencia de dictamen médico de integridad física, emitido por la Médico Legista Doctora *******, en el cual establece que el imputado hoy quejoso, no presentaba lesiones recientes, únicamente presentaba escoriación menor en la columna nasal de data antigua, así mismo, de la reproducción de los discos de audio y video de la audiencia inicial, se puede apreciar en el disco número 1, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el video 4, en el minuto 59:00 al 01:01:38, se puede observar claramente el rostro del imputado, en el cual no se advierte huellas de lesiones que hicieran imposible su reconocimiento, así mismo, en el disco 2, de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, en el video 2, en el minuto 30:00, el imputado se quita el cubrebocas con el fin de ser escuchado de una mejor manera al momento de rendir declaración en la audiencia de vinculación a proceso, momento en el cual, se puede observar su rostro completo y no se advierte ni en los ojos, nariz o boca, huella de lesión alguna que pudieran derivar de golpes recibidos recientemente en la humanidad de dicha persona. Por lo que hace al motivo de disenso señalado con número dos, aduce también la quejosa que la detención del hoy quejoso, jamás fue registrada en el registro nacional de detenciones, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 17, 21 y 28 de la ley Nacional de Registro de Detenciones. Deviene fundado pero inoperante el motivo de disenso, puesto que, como señala la responsable en su resolución de vinculación a proceso, aun y cuando es cierto que el numeral 357 del Ordenamiento Procesal de la Materia, establece la legalidad de la prueba y señala que debe ser considerada nula aquella obtenida a través de violaciones a Derechos Humanos, menciona que lo cierto es que de esa falta de registro de la detención, no se advierte alguna prueba directa, no se advierte alguna confesión que haya sido utilizada para incriminar en el hecho que nos ocupa, al hoy quejoso. El artículo 357 del del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 357. Legalidad de la prueba La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código." Por lo que la falta del registro que menciona el defensor particular, la misma Ley que prevé precisamente su registro de detención, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, en su artículo 21 en su segundo párrafo indica: "Artículo 21. Las instituciones de procuración de justicia o aquellas que conozcan de faltas administrativas, a quienes les sea puesta a disposición una persona detenida, procederán de inmediato a actualizar la información en el Registro sobre la situación que guarda dicha persona bajo su custodia, utilizando como referencia el número de registro de la detención que la autoridad aprehensora hubiere especificado en el informe. En caso de que no existiese un registro preexistente deberá iniciar uno; dejando constancia de la omisión o negligencia por parte de la autoridad, dando vista a la autoridad competente para determinar las responsabilidades que en derecho correspondan. Cuando exista demora o resulte imposible generar el registro, la autoridad aprehensora, bajo su más estricta responsabilidad, deberá motivar dicha circunstancia. El Juez de control o la autoridad que corresponda, deberán considerar dicha situación al momento de resolver sobre el particular.". Menciona la responsable, que ha cumplido con esa vista, al indicar que de ello se dio vista al Fiscal General del Estado; sin embargo, de ese numeral no se advierte que tenga como efecto directo declarar nula alguna prueba, si bien es cierto, en el último párrafo establece "El Juez de control o la autoridad correspondiente, debe valorar la demora o la imposibilidad del registro", lo cierto es que como lo indicó, no se advierte que se haya obtenido alguna probanza de esa retención. Por lo que respecta a los actos de tortura que hace alusión el abogado defensor, en ese sentido debe de mencionarse, que la presente causa penal, emana de una orden de aprehensión dictada por diverso Juez de Control, en contra del aquí quejoso, por los hechos narrados en la audiencia inicial de la causa penal *******, por lo que, de los actos de tortura a que hace referencia la parte quejosa, el Juez de Control responsable en el presente juicio de amparo, dio vista al Fiscal General del Estado de Chihuahua, para su investigación y ordenó dar inicio al Protocolo de Estambul, sobre la persona de nombre *******, como quedó asentado en el auto de vinculación a proceso en estudio. Luego entonces, indicó la responsable, de esa detención, tortura o falta de registro de detención, no se produjo una prueba que hubiera sido tomada directamente ante ese Tribunal, no hay dato de prueba que haya tomado en cuenta ese resolutor, por lo tanto, no accedió a lo solicitado bajo esa consideración. Por lo que hace al motivo de disenso señalado con número tres, aduce también la quejosa que la diligencia de reconocimiento de persona, se llevó a cabo sin presencia del Defensor Penal Público, puesto que el designado al quejoso para tal efecto, se encontraba presente en la diligencia de reconocimiento de persona, el mismo día y a la misma hora, por lo cual deben ser nulas dichas diligencias. Argumento el anterior que deviene de igual manera infundado, pues de lo expuesto por la agente de Ministerio Público en la audiencia inicial, se desprende el nombramiento del Defensor Penal Público, licenciado *******, como defensor de *******, por lo cual se debe reconocer como legítimo, pues al momento de las diligencias de reconocimiento, quedó establecido que dicho profesionista se encontraba presente, tan es así, que le dieron la voz e intervino en las cuatro diligencias de reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno. "Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor. Por lo cual, correctamente, el Juez de Control, tuvo por satisfecho el requisito establecido por el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a que debe cumplirse con el procedimiento para reconocer personas, esto es, debe llevarse a cabo en presencia del defensor del imputado, ya que, según lo refiere la representante social al reseñar los antecedentes de investigación ante el Juez responsable, firmaron al calce quienes intervinieron en dichas audiencia, motivo por el cual no le asiste la razón a la parte quejosa en su argumento. Por lo anterior, esta resolutora considera que la responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados por las partes, pues, adverso a lo sostenido por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable omitió valorar correctamente los datos de prueba expuestos en el juicio, el tribunal responsable no sólo valoró los datos existentes en la causa penal, sino también los valoró correctamente, según lo expuesto ya, en líneas superiores. Esto se debe a que el Juez responsable, al valorar los datos y antecedentes de la causa penal no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. En tal virtud, no tiene razón jurídica la parte quejosa, pues, contra lo que sostiene, al valorar los propios datos y antecedentes la juez del conocimiento se ajustó a los lineamientos que para ello contempla el artículo 20, en su apartado A, fracción II, constitucional y el diverso 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual carece de sustento jurídico lo alegado sobre ese particular, de ahí que lo conducente es desestimar, por infundado, los conceptos de violación analizados. Ahora bien, debe decirse que es verdad que la reforma al artículo 1o. de la carta magna de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, ni siquiera con intención de establecer la interpretación más amplia o extensiva, a final de cuentas porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro: XXV, octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.), del tenor literal que siguen: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.) En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio el auto de vinculación a proceso, reclamado en esta vía de control constitucional al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de que se ha dado noticia, e infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra, los conceptos de violación esgrimidos, como se puntualizó en párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, bajo el texto y rubro siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, y se, R E S U E L V E: PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, consistentes en el auto de vinculación a proceso, dictado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:diecisiete de julio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del juicio de amparo 144/2021-III, promovido por *******, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua; y, R E S U L T A N D O: Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el día hábil siguiente, el quejoso *******, promovió demanda de amparo contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua, de quien reclamó lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: "De la responsable, se reclama el inconstitucional auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal *******, dictado en mi contra, el día 8 de febrero de 2021, como probable responsable del delito de *******." SEGUNDO.- Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 259, 265, 314 y 315, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO.- De la tramitación del juicio constitucional. En proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 144/2021-III, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se llevó a cabo el emplazamiento de las terceros interesadas y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con base en la constancia que antecede. CUARTO.- De los terceros interesados. En el acuerdo antes precisado, se tuvo como terceros interesados en el presente asunto a las víctimas *******, *******, *******, ******* y la menor de iniciales *******, representada por su madre y representante legal de nombre *******, las cuales fueron emplazadas al presente Juicio; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Del análisis de la competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO.- De la precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el arábigo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente:"ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, la diversa tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice:"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión. Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que la parte impetrante en esencia reclama: El auto de vinculación a proceso, dictado por el Juez de Control responsable, en audiencia celebrada el ocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******. TERCERO.- De la existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso, de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal *******, en contra del aquí quejoso, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación en fecha seis de abril del dos mil veintiuno, certeza que se corrobora con los discos ópticos que al mismo acompañó, así como con la copia certificada de la transcripción de dicha resolución, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226.). Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO.- Del análisis de las causales de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Cabe señalar, que no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el accionante de la tutela constitucional, toda vez que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO.- Estudio oficioso. Previo a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio de la declaración de legalidad del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control responsable en contra del aquí quejoso, dentro de los autos de la causa penal *******. En tal virtud, de la reproducción en tiempo real de los discos ópticos que acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: 1.- En cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el licenciado *******, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, aperturó la audiencia inicial dentro de la causa penal *******, la cual se llevó a cabo a través del videoconferencia, y pidió a las partes que se identificaran ante el Tribunal, entre ellos la Representante Social licenciada *******, así mismo la defensora penal pública del imputado, licenciada *******, con cedula profesional registrada bajo el número *******, cédulas registradas ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Asimismo identificó a la persona que se encontraba presente en la audiencia, quien manifiestó ser el imputado y dijo llamarse *******, quien a pregunta expresa del juez, manifestó que contaba con defensora particular, a lo cual, una vez que la misma compareció a la audiencia, el juez hizo un receso para efecto de que se apersonara la misma. (video1). 2.- Reanudada la audiencia, la responsable cuestionó al imputado *******, si deseaba nombrar defensores particulares, a lo cual manifestó que deseaba nombrar a los abogados que se encontraban presentes en la sala de audiencia, quienes se identificaron como: Licenciado *******, con cedula profesional número *******, así como la Licenciada *******, con cedula profesional número con número de registro de la S.E.P. *******, cédulas registradas ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua; en el mismo acto los profesionistas en comento aceptaron y protestaron el cargo conferido. (video 3). 3.- Posteriormente, el Juez de Control, cuestionó al imputado respecto a sus datos generales, así como si conocía sus derechos como imputado, a lo cual se manifestó que era sabedor de los mismos. (minuto 2:00 del video 3).4.- Previa autorización del Juez de Control, la Representación Social formuló imputación a *******, haciéndole saber los hechos por los cuales se seguía una investigación en su contra, indicándole lo siguiente: (minuto 3:30): 4.1 "que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno aproximadamente a las diecisiete horas, ******* ingresó al establecimiento denominado "*******" ubicado en *******, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, quien ingreso al establecimiento antes referido y después de solicitar información de un servicio, sacó de entre sus ropas un arma de fuego color negro tipo escuadra y con la cual amenazó a los presentes diciendo: "todas al suelo, esto es un asalto, no griten" en eso, detrás de él ingresan dos sujetos del sexo masculino de quien hasta el momento se desconoce su identidad y paradero, y mientras tanto el imputado *******, continuaba amagando a las empleadas y clientes, los sujetos que le acompañaban despojaban de sus pertenencias a las empleadas de nombre *******consistente en una computadora de la marca ******* con un valor aproximado de ******* (*******);******* consistente en un celular ******* color ******* con un valor aproximado de $******* (*******), así como a las clientas de nombre *******, logrando sustraer lo siguiente: en relación a la víctima de nombre ******* la cantidad en efectivo de $******* (*******), en relación a la víctima de nombre ******* un celular *******, este con un valor aproximado de la cantidad de $******* (*******) y en relación a la víctima de nombre ******* la cantidad en efectivo de $******* (*******), unas llaves de su vehículo con un valor de ******* dólares dando un valor de $******* (*******), unos lentes de valor aproximado de $******* (*******) dando un total en relación a esta víctima la cantidad de $******* (*******), dando una suma total de la cantidad de $******* (*******), para una vez apoderándose usted, *******, junto con los diversos sujetos que lo acompañaban, con ánimo de dominio de los objetos descritos y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlos, dándose a la fuga en un vehículo sin rumbo conocido". (minuto 06:50 video 3). Hechos consumados de manera instantánea, a título de dolo, en calidad de coautor y se le informó de las personas que depusieron en su contra, que son; *******, ******* la menor de edad *******, representada por su madre, *******, *******, así como *******, quien es agente de la Agencia Estatal de Investigación. (Minuto 08:04 video 3). Clasificación jurídica. Los hechos que se le atribuyen al imputado constituyen el delito de robo calificado, previsto y sancionado en el arábigo 208, fracción I, 211 fracción VI, en relación con el artículo 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. 7. Posteriormente, el Juez natural obsequió oportunidad al imputado para declarar, quien desestimó hacerlo, posteriormente, otorgó el uso de la voz a la representación social quien solicitó vincular a proceso al aquí quejoso, por lo que la responsable la conminó a que narrara los antecedentes obrantes en la carpeta de investigación a fin de cuestionar al imputado respecto cuándo era su deseo resolver su situación jurídica. (minuto 10:00 video 3) 8. Acto seguido, la Representación Social narró los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación. (minuto 11:56 al 01:04:00 video 3) 9. Se preguntó al imputado, respecto al término para resolver su situación jurídica, a lo cual previa consulta con sus defensores, indicó que solicitaba la duplicidad del término constitucional, para lo cual se señalaron las once horas, del ocho de febrero de dos mil veintiuno para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. 10. Hecho lo anterior, la Agente del Ministerio Publico, solicitó la imposición de medidas cautelares; una vez escuchado a las partes, el Juez de Control resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prevista por el artículo 155 Fracción XIV, en relación con el 167, párrafo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un plazo que no debía exceder de doce meses. (minuto 01:14:50 video 3). 11. Así, en fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia señalada para efecto de resolver la situación jurídica del imputado hoy quejoso, el Juez de Control Resolvió vincular a proceso a *******, por el delito de *******. Reseñados los antecedentes, y con el objeto de dar mayor ilustración a la decisión asumida en este juicio de control constitucional, es indispensable fijar la litis radicada en este asunto, la que, a la luz de la pretensión perseguida por la parte quejosa, en función de los actos reclamados, es dable determinar la legalidad del auto de vinculación a proceso. Así, se destaca que el auto de vinculación a proceso emitido por la autoridad responsable dentro de la causa penal *******, se ajusta a las directrices jurídicas exigidas por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre tal punto conviene traer a cita el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)" Así como el referido arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De lo transcrito, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, como elementos de forma los siguientes: a. Se haya verificado imputación (formalización o judicialización del procedimiento) y escuchado la declaración del imputado o que éste haya manifestado su deseo de abstenerse a declarar. b. Precisión del delito que se imputa. c. Las circunstancias de ejecución, tiempo y lugar. d. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación. Asimismo, deben considerarse como elementos de fondo, los siguientes: Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. La ley señale como delito a ese hecho. Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos del arábigo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos del tipo penal, es decir, el doctrinalmente denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo cometió o participó en su comisión. De ello se colige, que el Juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad de los factores expuestos por las partes, para concluir si se justifican o no las consecuencias que aducen, teniendo siempre como factor principal la duda razonable. Expuesto lo anterior, conviene señalar que de la reproducción de los discos ópticos remitidos por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que se cumplió con los requisitos formales aludidos, ya que de manera previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, en audiencia de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso, por su probable participación en la comisión del ilícito de Robo Calificado, previsto y sancionado en el arábigo 208, fracción I, 211 fracción VI, en relación con el artículo 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. De igual modo, se constató por parte del Juez de Control, que el imputado conociera los derechos que establece a su favor el artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constató que contara con defensa técnica por parte de profesionales licenciados en derecho, los cuales se identificaron con copia certificada de su cedula profesional, se le dieron a conocer los hechos que se le imputaron y se le dio oportunidad de rendir su declaración, asimismo, previo conocimiento de los datos de prueba que obran agregados en la carpeta de investigación, el Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. En cuanto a los requisitos de fondo, se estima que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, concretamente el delito de Robo Calificado, previsto y sancionado en el arábigo 208, fracción I, 211 fracción VI, en relación con el artículo 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Porciones normativas que en lo conducente establecen: "Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrá: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de quinientas veces el salario, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien veces el salario. (.) Artículo 211. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de seis meses a tres años, cuando el robo: (.) VI. Se cometa con la intervención de dos o más personas. (.) Artículo 212. Además de las sanciones que correspondan conforme al artículo 208 se aplicarán de uno a diez años de prisión, cuando el robo: (.) II. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. (.)" En efecto, los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso, arrojaron una evidencia razonable de que aconteció un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, conducta cuya descripción típica se encuentra en los numerales anteriormente reproducidos. Así mismo, en la audiencia de vinculación a proceso, la defensora particular del hoy quejoso, desahogó el medio de prueba ofertado, consistentes en la entrevista realizada a un menor, queja ante la Comisión de Derechos Humanos, signada por *******, copia del nombramiento de defensor, e impresión de la página de consulta de detenciones. Ahora bien, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación, así como los proporcionados por la defensa particular y que fueron todos tomados en cuenta por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso que se analiza, son específicamente los siguientes: 1). Denuncia de fecha veintitrés de enero de dos mil veintiuno, presentada por *******, en la que indicó que: el veintiuno de enero del dos mil veintiuno, recibió una llamada telefónica de *******, quien le informó que habían entrado a robar a su negocio de uñas, que se ubica en *******, que como a las diecisiete horas llegaron tres sujetos, que había entrado primero uno de ellos para preguntar por un servicio, que sacó una pistola y les dijo que se tiraran al suelo, y preguntó que donde estaba la caja, que después entraron otros sujetos, uno traía un cuchillo en las manos, y amenazó a una clienta y le quito el celular, y otro sujeto se había quedado en el exterior del local, que a ella le robaron un teléfono celular y la cantidad de siete mil pesos en efectivo. En fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, mediante comparecencia, llevo a cabo la ampliación de su denuncia, en la cual hizo saber que su negocio se llama "*******" y es de uñas acrílicas y pestañas, acreditó ser la propietaria de ese negocio, con la siguiente documentación. 1.1- Acuse de movimiento de actualización de situación fiscal del negocio, que se encuentra a su nombre. 1.2- Contrato de arrendamiento del local comercial en el cual se encuentra la negociación "*******". 1.3- Reporte general de ventas, consistente en arqueo de las ventas del día de los hechos, del cual se desprende que la cantidad que se llevaron fue $******* (*******). 2). Denuncia de hechos, de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, presentada por *******, la cual manifestó que es empleada de la negociación "*******" ubicado en calle venus número, 1689 del fraccionamiento satélite, de esta ciudad y que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, se encontraba en su lugar de trabajo, a donde entró un sujeto que preguntó por un servicio y luego sacó de atrás de su pantalón un arma de fuego, les apuntó a las cinco personas que estaban en el local y les dijo que se tiraran al piso, que en ese momento entraron otros dos sujetos, que una de las clientas se quedó sentada en una silla cerca de la mesa de trabajo y su bolsa la tenía arriba de sus piernas, por lo que uno de los sujetos le quitó la bolsa a la clienta, la cual dijo que traía veinte mil pesos, identificaciones, tarjetas y las llaves de su carro, que el mismo sujeto agarró el teléfono de ******* de la mesa donde estaba trabajando ella, luego, que a una clienta le esculcó la chamarra y le quitó su teléfono celular, que un sujeto preguntó que donde estaba el dinero y ******* le contestó que en la recepción, que luego el tercer sujeto se fue hacia donde está el mostrador y abrió la caja de metal y sacó todo el dinero que estaba ahí, siendo aproximadamente la cantidad de siete mil pesos moneda nacional, en efectivo, después el primero sujeto que entró al negocio les dijo a los otros dos sujetos que agarraran la computadora y todos los teléfonos celulares y se salieron los tres del negocio, agrega que la computadora que se llevaron es de su propiedad, marca *******, color *******. Menciona que pudiera reconocer al sujeto que entró en primer lugar al local. 3). Denuncia de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, presentada por *******, narró que: es empleada de la negociación "*******", ubicada en *******, de esta ciudad, que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, eran aproximadamente las diecisiete horas, se encontraba en su lugar de trabajo, con varias clientas, en eso entraron dos mujeres preguntando por una cita y cuando salieron, ingresó un sujeto y preguntó por un servicio, luego sacó de entre sus ropas un arma de fuego, y les apuntó a las cinco personas que estaban en el local, dijo que se tiraran todas al piso, que ella no se tiró al piso, que se quedó sentada en su mesa de trabajo, inmediatamente escuchó que se abrió la puerta del negocio y observó que entraron dos sujetos, que un sujeto agarró su teléfono celular que estaba en la mesa, que después le pidió la bolsa de mano a la clienta con la que se encontraba, que después preguntó que dónde estaba el dinero y como no le contestó, empezó a esculcar los cajones de su mesa y nuevamente preguntó que donde estaba el dinero y fue cuando le dijo que estaba en la recepción en una caja, que no se fijó quien de los otros dos sujetos agarró el dinero, pero tomó la cantidad aproximada de siete mil pesos, que un sujeto flaco que traía un cuchillo le exigió a ******* su teléfono celular y como ******* le dijo que no, este sujeto la empezó a esculcar y le quitó el teléfono que traía en una de las bolsas de su chamarra, luego, el sujeto robusto que traía el arma de fuego le dijo a los otros dos que agarraran la laptop, la cual estaba en la recepción al igual que un teléfono, que luego se fueron del lugar. Menciona que pudiera reconocer al sujeto que entró en primer lugar al local. 4.) Declaración testimonial de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, a cargo de *******, en su calidad de testigo de preexistencia respecto del mueble consistente en una *******, color *******, con un valor aproximado de $******* (*******), la cual pertenece a la *******, que es su esposa, computadora que fue sustraída del local comercial antes señalado. 5). Oficio número ******* de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, elaborado por la Licenciada *******, Agente del Ministerio Público de la Unidad especializada en investigación del delito con persona detenida, dirigido a la coordinadora de la unidad con imputado desconocido Licenciada *******, agente del Ministerio público de la unidad de imputados desconocidos, en el cual hace de su conocimiento para que informe si los ciudadanos ******* y otra, tienen algún investigación pendiente a su cargo y en caso de ser así comunicar su respuesta. Así mismo informó que dichas personas se encontraban detenidos por el delito de desobediencia y resistencia de particulares. 6). Denuncia de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, interpuesta por *******, ante el agente del ministerio Público, señaló que el día veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, acudió a un negocio de uñas de nombre "*******", ubicado en ******* en esta ciudad, que estaba junto con ella su sobrina de nombre *******, que cuando le estaban realizando el trabajo, a dicho sitio ingresó un sujeto, después de preguntar por un servicio, de la parte media de la cintura saca un arma de fuego color negro, y dice que es un asalto, que se tiren al suelo, que ese sujeto agarró una laptop que estaba en un mostrador, y le dijo que le diera su bolsa y se la entregó, la cual contenía $******* (*******) en efectivo, las llaves de su carro, su credencial de elector, licencia, tarjetas de crédito y de débito, sus lentes, una funda de terciopelo, que entró otro sujeto que traía un cuchillo, al que el sujeto de la pistola le da la orden de que le sacara el celular a su sobrina ******* y el sujeto que traía un cuchillo empezó a tocar a su sobrina en su cuerpo como buscando el celular, que el sujeto del cuchillo le quitó a ******* el celular que traía en la chamarra, que el sujeto que traía el arma de fuego le quita a Eunice su teléfono celular y este mismo sujeto del arma empieza a esculcar los cajones del mostrador, y otro sujeto que era el más bajo de los tres sujetos, le dijo a ******* que le abriera el registro y el sujeto tomó el dinero que había en la caja registradora, que el del cuchillo toma el teléfono celular que estaba en la recepción y se sale, que el sujeto que trae el arma de fuego les dice que no se salgan y se van en un vehículo tipo ******* como ******* o *******. Sujetos a los cuales pudo ver claramente pues los tuvo de frente durante los hechos. 7). Denuncia de menor de edad, fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, en la cual compareció *******, de dieciséis años de edad, la cual comparece en compañía de su madre *******, asi como de la Licenciada *******, quien es psicóloga de la comisión ejecutiva de atención a víctimas, de la Fiscalía General del Estado, informó la menor que en fecha veintiuno de enero del dos mil veintiuno, su papá la llevó a donde generalmente se hace las uñas de nombre "*******", que se ubica en *******, que la alugar también arribó su tía de nombre *******, que recuerda que al estar esperando a su tía para que le hicieran su trabajo, ingresaron unas mujeres pidiendo cita para un trabajo, que luego, ingresó un sujeto quien llegó preguntando por un servicio, que le llamó la atención que un hombre preguntara por ese servicio, lo describe físicamente, luego sacó de entre sus ropas una pistola y grito "esto es un asalto, todos al suelo", que después ingresó un sujeto que traía un cuchillo, el cual le exigió la bolsa a su tía, quien había ido al banco a sacar dinero, que el sujeto que traía el arma de fuego le quitó su bolsa, que ella ocultó su celular entre sus ropas, pero el sujeto de la pistola la vio y el sujeto del cuchillo, se acercó y empezó a esculcarla y como la empezó a tocar en el cuerpo, mejor le dio el celular, agrega que los activos posteriormente se fueron y ella se quedó tirada llorando, porque no reaccionaba. Acto seguido, la madre de la declarante, la señora de nombre *******, manifestó que interponían la denuncia de robo en contra de quien resultase responsable. 8). Comparecencia de fecha dos febrero del año dos mil veintiuno, de *******, ante el agente del Ministerio Público, en la cual interpone denuncia por robo y buso sexuales en perjuicio de su menor hija de iniciales *******, así mismo menciona el hecho que vieron en la televisión una nota respecto a unos sujetos que aprehendieron por robo, que al ver la nota su menor hija, se puso nerviosa puesto que reconoció a los sujetos de la noticia como quienes cometieron los hechos narrados por dicha menor pues reconoció la complexión, las características físicas y la voz de los mismos. 9). Parte informativo de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, realizado por el Licenciado *******, Suboficial de la Policía Investigadora de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo, con imputado desconocido, en la cual informa que inició una investigación, con número de carpeta *******, por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de las víctimas, *******, *******, *******, *******, y la menor de edad *******, representada por su madre. 9.1. Agrega el agente a su parte informativo, entrevistas de todas estas víctimas, en las cuales menciona los mismos hechos que en sus respectivas denuncias. 9.2. Anexa oficio de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se recibió una vista derivada de la carpeta *******, la cual se sigue por el delito de desobediencia y resistencia de particulares simple, toda vez que se tenía conocimiento de la probable participación de las personas detenidas en esa carpeta en la comisión de algún delito, *******, y otra persona, quienes cumplen con las características físicas dadas de las personas que intervinieron en los actos. 9.3. Así mismo, informa el agente que esas personas se encontraban detenidas en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, por lo cual ingresó la ficha de identificación de *******, y de la otra persona detenida. 9.4. Así mismo anexó las entrevistas realizadas a las víctimas, así como serie fotográfica donde aparecen las fotografías del negocio donde sucedieron los hechos, que consta de siete fotografías. 9.5. Reconocimiento de persona en cámara ******* de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la ciudadana *******, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, la cual en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos narrados con anterioridad. 9.6. Se cuenta también con diverso reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, en cámara *******, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la ciudadana *******, constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, la cual en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos denunciados con anterioridad. 9.7. Así mismo, se cuenta con diverso reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, en cámara *******, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la ciudadana *******, constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, la cual en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos denunciados con anterioridad. 9.8. Así mismo, se cuenta con diverso reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, en cámara *******, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la menor de iniciales *******, en compañía de la licenciada *******, psicóloga adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como de su madre *******, las cuales una vez constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, y en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos denunciados con anterioridad. 10. Dictamen pericial del estado psicológico, de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el licenciado *******, perito en materia de Psicología, adscrito a servicios periciales y ciencias forenses, hizo evaluación psicológica sobre la menor de iniciales *******, cuya conclusión fue en el sentido de que refiere afectación psicológica derivada de la exposición a los hechos delictivos a que fue sometida, requiriendo sesiones de terapia para tal situación. Así mismo, en audiencia de vinculación a proceso de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, la defensa particular del hoy quejoso, desahogó los medios de prueba ofertados, consistentes en: La entrevista realizada a un menor, de edad *******, de quince años de edad, quien es hijo de *******, persona que dio entrevista ante la defensora particular, en su despacho particular, la cual le manifestó que se encontraba en el lugar donde detuvieron al hoy imputado, por lo cual, la defensora acredita la pertinencia de la entrevista puesto que al declarante le consta los hechos de la detención pues los presenció, a lo cual manifestó: que el día primero de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dos de la tarde, iban en a camioneta de su mamá, su mamá, Antonio y él, que cuando iban ingresando al estacionamiento de soriana las torres, se les atravesaron unas camionetas de policías ministeriales, y se bajaron como cuatro personas con sus armas y con sus armas les apuntaron , dos hombres y dos mujeres, que con palabras fuertes bajaron a su mamá de la camioneta, pegándole y luego bajaron a Antonio, y también lo golpean y por último lo bajaron a él, y a él y a ******* los suben en una misma camioneta, y en el transcurso a fiscalía iban torturando a ******* preguntándole que donde estaba el dinero, que cuando llegaron a fiscalía, bajaron a ******* de la camioneta y a su mama se la llevaron otros agentes, que los policías se repartían las cosas que había en la camioneta de su mamá, manifiesta que su mamá y ******* de dedican a vender ropa nueva y usada desde hace mucho tiempo. Queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, con oficio *******, signada por *******, quien es concubina del quejoso y fue detenida juntamente con él. Sellado de recibido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, queja en la cual manifiesta que el día primero de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a la una de la tarde, iban entrando a plaza las torres en su camioneta, *******, ******* color *******, en compañía de su pareja y de su hijo *******, cuando se les cerraron al paso dos camionetas de policías ministeriales, y se bajaron dos hombres y dos mujeres, apuntándoles con sus armas, y les gritaron que se bajaran, que se bajaron y los agentes se les fueron encima para esposarlos, incluyendo a su hijo, lo subieron a una camioneta y se fueron a fiscalía, que a ella la golpeaban y le preguntaban a que se dedicaban, y la amenazaban con llevar a sus hijos al DIF, si no confesaba que se dedicaban a robar celulares, y la seguían maltratando, que le pidieron hacer su declaración por escrito, haciendo un trato que sí lo hacía, le entregarían a su hijo, que le negaron la llamada. Luego la pasaron al área de celdas, donde la siguieron amenazando, y vio como en otra celda estaba detenido *******, al cual sacaban muchas veces de su celda y lo regresaban muy golpeado, incluso que los otros detenidos lo golpearon y los guardias no hicieron nada al respecto, lo alcanzaba a ver muy golpeado de su cara y con la nariz abierta. Sigue mencionando que no le regresaron la totalidad de la cantidad de dinero que traía al momento de la detención, así mismo, que no le devolvieron la ropa que traía en su camioneta. Copia del nombramiento de defensor, ante la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del delito con Personas Detenidas, dentro de la carpeta de investigación *******, donde ******* y *******, el día dos de febrero nombran como defensores particulares, a los Licenciados *******, así como la Licenciada *******, nombramiento que se encuentra firmado únicamente por *******. Impresión de la página https://consultadedetenciones.sspc.gob.mx/, en el cual, obra el dato de la detención del imputado, la cual fue llevado a cabo en Ciudad Juárez, en la colonia San Antonio, calle Eje Víal, entre Calle Aserradero, en la fiscalía general del estado, el día tres de febrero de dos mil veintiuno a las a las cuatro treinta p.m. por policías ministeriales. Acto seguido, la Agente del Ministerio Público, hizo manifestaciones respecto a los datos de prueba expuestos por la defensa: por lo que hace al escrito mediante el cual se nombra defensores particulares, este escrito fue exhibido en la carpeta de investigación *******, sin embargo, aclara que la audiencia de vinculación a proceso en que se actúa, se resuelve respecto a la investigación seguida bajo número de carpeta *******. Así mismo, manifiesta que respecto a las manifestaciones vertidas por *******, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que respecta a que ******* se veía muy lastimado en su cara, nariz y chichones en la cabeza, se desvirtúan, puesto que existe certificado medico por parte de la Médico Legista Doctora *******, la cual manifiesta en dicho certificado, que el imputado, al estar detenido en las instalaciones de la fiscalía, no presenta huellas de lesiones físicas recientes visibles, únicamente se observa una escoriación menor en columna nasal de antigua data. Acto seguido, la defensa manifiesta que el imputado desea hacer uso de su derecho a declarar, por lo cual, el juez responsable, lo hizo sabedor de su derecho a hacerlo, así mismo le pidió que lo manifestara de su propia voz, a lo cual el imputado así lo manifestó. El juez lo invitó que se condujera con verdad, así mismo le preguntó si entendió sus derechos a lo cual el imputado manifestó que sí, por lo cual el imputado declaró lo siguiente: A preguntas del defensor: "¿Le puedes decir al juez como fue que te detuvieron? Nos dirigíamos, mi esposa *******, mi hijastro ******* y yo, a plaza las torres a hacer un depósito de una mercancía que nos había llegado, nos detuvieron unos ministeriales con armas de fuego, lo subieron a la patrulla junto con su hijastro y los comenzaron a golpear en la cabeza, para decirles que donde traía el dinero, esto lo presenció mi hijastro, una vez que llegaron a fiscalía lo siguieron golpeando y preguntando que donde estaba el dinero, me lastimaron la nariz, luego me bajaron a las celdas. ¿En la audiencia anterior aquí ante el juez traías tu nariz abierta y los ojos inflamados? Sí, de hecho ahorita los traigo inflamados. ¿Qué día ocurrió esta detención? Fue el día primero, como a la una de la tarde. ¿Y en el vehículo que iban que llevaban? Pantalones de varios tipos, un porta bebe, una carreola, zapatos de Andrea, unas botas personales, herramienta, chamarras, y otras cosas. ¿Recuerdas que te hayan llevado a una cámara de Gessel a que te reconocieran? No, siempre estuve solo. ¿En algún momento te pusieron frente a otras personas para que te reconocieran? No, siempre estuve solo, recuerdo que como de la una hasta las cinco o cinco y media que fue mi entrada ya legal a fiscalía. ¿Desde que te golpean hasta que te ponen en libertad por ese problema, fue algún defensor a hablar contigo? No, porque al día siguiente los mismos ministeriales me sacaron, de hecho, cuando fueron a llevarme a mi reconocimiento pues yo sabía que tenía una licenciada, que me estaba buscando y nunca me encontró, pues me sacaron unas tres o cuatro veces para preguntarme que donde estaba el dinero. Son todas las preguntas por parte de la defensa". A continuación se corrió traslado a la Agente del Ministerio Público, la cual manifestó su interés por formular preguntas al imputado. El imputado manifestó que no era su deseo contestar las preguntas de la Agente del Ministerio Público. A pregunta expresa por parte del Juez, el imputado refirió que quería dar por concluido su declaración. Siendo dichos medios de convicción, la totalidad de los datos de prueba ofrecidos por parte de la defensa.En esa tesitura, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado los cometió. Es así, ya que las víctimas son coincidentes en sus declaraciones vertidas ante la representación social, mismas que se encuentran adminiculadas con otros medios de convicción. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es:El esclarecimiento de los hechos;Proteger al inocente;Procurar que el culpable no quede impune; y,Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por ello -en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- lo que se busca es dar cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Así, de los datos narrados por la fiscalía y de las pruebas ofrecidas y desahogadas en la audiencia de vinculación a proceso por parte de la defensa, que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control, se estiman suficientes, para considerar que se cometieron los hechos que se atribuyen a la parte quejosa y la probabilidad de que cometió el ilícito o participó en su comisión. Es así, toda vez que contrario a lo vertido por el quejoso, esta Resolutora Federal considera que el auto de vinculación a proceso emitido en ocho de febrero de dos mil veintiuno, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que satisface los requisitos de fondo que derivan del arábigo 19 constitucional, pues se advierte que el Juez responsable, al evaluar los datos reseñados y la declaración del imputado, todos en la audiencia de vinculación a proceso, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 356. Libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código." "Artículo 359. Valoración de la prueba. El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado."Dispositivos legales que norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica, y de esa valoración expuso los razonamientos correctos que lo condujeron a estimar que los datos expuestos, son eficaces y suficientes para tener por demostrado en términos del artículo 316 del ordenamiento procesal aludido, la existencia del hecho delictivo tipificado por las leyes ordinarias como Robo Calificado, imputado al hoy quejoso *******, así como la probable participación de éste en su comisión.Lo anterior, aunado a la circunstancia que ciertamente los hechos por los que se decretó su vinculación a proceso, se adecuan a esa figura delictiva, pues, como se dijo, hasta este momento procesal está acreditado que de manera probable el quejoso participó en su comisión, desplegando la conducta típica y antijurídica que se le reprocha. Ello es así, dado que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, valoró en su conjunto y adminiculó entre sí, en su enlace lógico y natural concatenado, los datos reseñados por la agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, en específico el contenido en las declaraciones en sede ministerial, por las víctimas *******, *******, *******, ******* y la menor de iniciales *******, representado por su madre y representante legal de nombre *******, quienes fueron contestes al señalar al quejoso como la persona que el día veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, ingresó al negocio de uñas de nombre "*******", ubicado en ******* en esta ciudad, y luego de sacar de entre sus ropas un arma de fuego, las amagó, detrás de él entraron dos sujetos más al establecimiento, entre los cuales despojaron de las pertenencia a las personas que se encontraban en ese lugar. Así mismo, tuvo por acreditado el desapoderamiento de los objetos pertenecientes a las víctimas presenciales del hecho, así como del dinero en efectivo perteneciente a una de las victimas presenciales como a la propietaria de la negociación señalada con antelación, con las declaraciones de las víctimas, así como de la testigo referencial, quien es propietaria de la negociación denominada "*******", ubicado en ******* en esta ciudad. Lo anterior lo concatenó de igual manera con la información rendida mediante Parte informativo de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, realizado por el Licenciado *******, Suboficial de la Policía Investigadora de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo, con imputado desconocido, del cual se desprenden entrevistas realizadas a las testigos así como serie fotográfica del lugar en el cual fueron realizados los hechos. Con el objeto de establecer los objetos que sufrieron el apoderamiento por parte de los sujetos activos del hecho ilícito en comento, aún y cuando las víctimas reclaman diversos artículos, lo cierto es que algunos de ellos no fueron considerados por la Representación Social, quien en su imputación limitó el desapoderamiento de los bienes siguientes: De ******* a una computadora de la marca *******; de ******* a un celular *******; de ******* a un celular *******; al negocio de *******, al numerario en efectivo y a ******* a $******* (*******), unas llaves de su vehículo y unos lentes. Bienes los apuntados que fueron reclamados por las denunciantes y que coinciden con los objetos que se refieren las presenciales, pues del dicho de *******, *******, y ******* se advierte que a ******* la desapoderaron de una bolsa, cuyo contenido refirió la pasivo, como numerario, llaves y lentes, entre otros, informando *******, que su tía había ido al banco; ahora bien, ******* reclama un celular *******, del que dio cuenta *******; mientras que esta última reclamó una computadora, de la cual dieron cuenta ******* y *******; Siendo que las tres últimas citadas y *******, dijeron haber advertido cómo los activos sustrajeron la cantidad en efectivo, precisando ******* y *******, que la suma era aproximadamente de $******* (*******) y que la propietaria de la negociación es *******. Por último, del celular de ******* dio cuenta *******, ******* y *******. Por lo que hace al tema del ánimo de dominio, por parte de los activos respecto al apoderamiento de los objetos antes mencionados, el Juez de Control lo tuvo por satisfecho dado a que los sujetos activos del hecho, se retiraron del lugar llevándose consigo los objetos, sin dato alguno que revele que las denunciantes hayan recuperado los artículos que reclaman, por lo que debe entenderse que los agentes se apropiaron de los objetos, y al llevárselos consigo se condujeron como propietarios de los mismos. De igual manera, respecto a la ajeneidad de dichos objetos, consideró el juez responsable, tener por demostrado que los bienes muebles, cuya desposesión, dio origen a la causa penal, le era ajenos a los activos, ya que, hasta ese momento procesal, no obra dato de prueba alguno que revele que a quien se le atribuye el injusto, detentara el derecho de propiedad sobre los objetos, por el contrario, dicha propiedad debe entenderse que se acredita a favor de *******, *******, *******, *******. Ello es así, ya que la primera, apoyada en el Reporte general de ventas, reclamó la cantidad de $******* (*******), como producto de las actividades del negocio de su propiedad denominado "*******", acreditando estas particularidades con el contrato de arrendamiento, las actualizaciones fiscales y el dicho de las empleadas de nombre ******* y *******, quienes se dijeron empleadas de dicha negociación a donde ingresaron los activos y sustrajeron un numerario en efectivo, además de que reconocieron a ******* como la propietaria del establecimiento; Así mismo, la propiedad de la computadora que reclama *******, fue avalada por ******* y *******; por otro lado, ******* reclamó la propiedad de un celular marca *******, en color *******, acreditándose dicha particularidad con los testimonios de ******* y *******, objetos que han sido valorados con antelación; en cuanto al celular ******* de *******., ésta acreditó la propiedad con el dicho de *******, quien a su vez reclamó la propiedad de $******* (*******), unas llaves y lentes, que son objetos que dijo se encontraban en su bolsa, cuya existencia refirieron *******, *******, y *******, pues dijeron que advirtieron que a ******* le quitaron la bolsa, informando *******, que su tía había ido al banco. Así mismo, establece que toda vez que no obran datos que revelen que los declarantes se conducen con falsedad y conforme lo establece el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las documentales son soporte de información la cual es conteste con el dicho de *******, es por lo que tuvo por cierto, que los bienes muebles que reclama las denunciantes, son de su propiedad y con ello, ajenos a los activos. En lo concerniente a la ausencia del consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, para el apoderamiento de los objetos descritos en párrafos anteriores, el Juez de Control lo tuvo por acreditado puesto que las victimas *******, *******, *******, ******* y *******, son quienes en su calidad de dueñas, legalmente podían disponer de los bienes muebles en cita, u otorgar su consentimiento a persona diversa para tal efecto, y no se demostró que las sujetos pasivos, hubieran brindado su anuencia para que los activos dispusieran de los bienes muebles que nos ocupa o que aquellos estuvieran facultados por algún mandato judicial o ejercicio de un derecho para ello, sino por el contrario, debemos entender que era ilegítima la aprehensión material de los bienes, pues de otra forma no hubiese sido necesaria la violencia sobre las víctimas, al amagarlas con un arma de fuego y un objeto punzo cortante, según refieren las propias víctimas. De lo anterior, el Juez de Control responsable, tuvo por acreditado el hecho de que alrededor de las diecisiete horas del día veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, en el interior del establecimiento denominado "*******" ubicado en *******, en esta Ciudad, alguien, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, se apoderó con ánimo de dominio de los bienes descritos en párrafos anteriores, una computadora de la marca *******; un celular *******; un celular *******; la suma de $******* (*******), unas llaves de un vehículo, unos lentes y $******* (*******), que son bienes muebles que le eran ajenos, con el consiguiente perjuicio patrimonial de los propietarios de los objetos, a saber, de manera respectiva de *******, *******, *******, *******, y menor de iniciales *******. De ahí que habiéndose fijado los bienes muebles que cada una de las denunciantes reclama, es por lo que ese juzgador tuvo por acreditado el hecho que la Ley señala como delito de *******, revisto por el numeral 208 del Código Penal, que atendiendo el valor que cada una de las pasivos le brinda a sus artículos, se debe ubicar en la fracción I, del citado cardinal. Ilícito que debe considerarse contrario al orden jurídico, ya que el Juez de Control no encontró norma que autorizara a los activos para producirse en los términos en que lo hicieron; además, tampoco advirtió ninguna causa de exclusión del delito, por el contrario, de la mecánica de los hechos consideró patente que al menos un activo, estaba provisto de un arma de fuego y otro, con un cuchillo, por lo que consideró que los activos conocían la ilicitud de sus actos y no obstante que pudieron ajustar su conducta a la norma, voluntariamente decidieron vulnerarla, y para ello, ejecutaron los medios comisivos hasta lograr el apoderamiento de los bienes. Ahora bien, a criterio de está resolutora, el Juez de Control consideró de manera correcta, que el injusto se agrava en términos de los cardinales 211, fracción VI y 212 fracción II, ambos del Código Penal, ya que del dicho de *******, *******, ******* y la menor de iniciales ******* se desprende que fue más de un sujeto el que participó en el desapoderamiento que denuncian, pues ubican a un individuo con un arma de fuego con la cual las sometió, para luego ingresar un sujeto con un cuchillo, estableciendo algunas de las declarantes que existió un tercer individuo; siendo precisas en señalar que el primero de los individuos que ingresó, las violentó moralmente al grado de doblegar su voluntad con el amago que le brindaba el portar un arma de fuego, tan es así que ******* presenta una alteración emocional moderada, en razón a los hechos materia de la imputación, según se colige de la impresión diagnóstica realizada sobre su persona; de ahí que como las declarantes manifiestan hechos que conocieron a través de los sentidos y dan a conocer sin reticencia alguna el evento del que tuvieron conocimiento, es por la que la unión de todas sus manifestaciones, dirigidas en el mismo sentido, llevaron a la responsable a tener por cierto que: en el hecho intervinieron dos o más personas y que se ejerció violencia moral sobre las víctimas, al utilizarse un arma de fuego y un objeto punzo corto penetrante. Por lo que hace a la probable responsabilidad del hoy quejoso. La autoridad responsable, en su resolución de vinculación a proceso, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada en términos del artículo 21 fracción III, del Código Penal del Estado, la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de ******* en estudio, ya que en su contra obran las diligencias de reconocimiento realizadas con las exigencias del cardinal 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las que *******, *******, *******, *******, reconocieron al imputado como la persona que las sometió con el amago que le brindaba el portar un arma de fuego, sin que se desconozca que de dichas declaraciones también existieron otros intervinientes, entre ellos, uno provisto por un objeto punzo corto penetrante. Así mismo el Juez de Control, atendió a las manifestaciones vertidas por el Defensor Particular, en las que argumentó lo siguiente: La imposibilidad de que fuera reconocido su representado en razón del atuendo que lo cubría. Manifiesta el Juez responsable, que las denunciantes narran los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, además, no obran datos que sugieran que tienen un motivo espurio, como resentimiento, venganza o enemistad contra el imputado, para declarar en la forma en que lo hacen, por lo que la unión de dichas afirmaciones, hacen probable que *******, haya intervenido con otros individuos, bajo un plan común, por lo que cada uno de ellos debe responder por la totalidad del evento, al haber participado bajo la división de tareas. Reiterando ese Juzgador, que no soslaya que las denunciantes indicaron que los activos al momento de los hechos, portaba cubre bocas; empero, ello no es suficiente para considerar que estaban imposibilitadas para realizar el reconocimiento de referencia, ya que las mismas exponentes fueron precisas en indicar que pese a dicha particularidad, estaban en condiciones de identificar a la persona que atribuyen el hecho. En ese sentido, consideró de manera probable, la intervención en calidad de coautor de ******* en la comisión del delito de ******* analizado en esa audiencia de vinculación. La Defensa incorporó datos de prueba que fueron tomados en consideración por ese Juzgador, a saber: 1.- El dicho de un menor de edad, y el contenido de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por *******, además de la declaración de la persona detenida, de cuyas manifestaciones, en conjunto, se advirtió que fueron detenidos el día primero de febrero del año dos mil veintiuno por elementos Ministeriales que atravesaron sus unidades para detener su marcha, bajando cuatro agentes que, con armas de fuego, los amagaron para luego someterlos y detenerlos, refiriéndose en la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, así como la declaración del señor *******, que existieron actos que trasgredieron la integridad física de los detenidos. 2.- También, se destacó, por parte de la defensa, un nombramiento particular de los profesionistas que actualmente llevan la representación del señor *******, y una impresión de una página sobre la consulta de la detención. Bajo esos datos y argumentos, la defensa solicitó un auto de no vinculación a proceso en favor de su representado; sin embargo, el Juez responsable no concordó con las apreciaciones de la defensa en razón de lo siguiente: Manifiesta ese Juzgador, quedarle claro, por los datos que proporciona la defensa, la detención llevada a cabo del día primero de febrero de dos mil veintiuno, así como la posibilidad de la existencia de actos de tortura, tan es así que dio vista a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para su investigación y se ordenó el inicio del llamado Protocolo de Estambul, sobre a persona del señor *******. Destacó la defensa también, que existió una falta de registro de la detención de *******, señaló la defensa la posibilidad que ello haya sido para generar esa tortura, en esa tesitura, dijo el responsable, que aun y cuando es cierto que el numeral 357 del Ordenamiento Procesal de la Materia, establece la legalidad de la prueba y señala que debe ser considerada nula aquella obtenida a través de violaciones a Derechos Humanos, menciona que lo cierto es que de esa tortura o de esa falta de registro de la detención, no se advierte ninguna prueba directa, no se advierte ninguna confesión que haya sido utilizada para incriminar en el hecho que nos ocupa al señor *******. Por lo que hace a la falta del registro que menciona el defensor particular, el juez responsable, determinó que la misma Ley que prevé precisamente su registro de detención, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, en su artículo 21 en su segundo párrafo indica "Las instituciones de procuración de justicia o aquellas que conozcan de faltas administrativas, a quienes les sea puesta a disposición una persona detenida, van a proceder de inmediato a actualizar la información de ese Registro" Y establece en su segundo párrafo "En caso de que no existiese un registro preexistente deberá iniciar uno; dejando constancia de esa negligencia y se dará vista a la autoridad competente". Menciona la responsable, que ha cumplido con esa vista al indicar que también por ello se de vista al Fiscal General del Estado; sin embargo, de ese numeral no se advierte que tenga como efecto directo declarar alguna prueba ilícita, si bien es cierto, en el siguiente párrafo establece "El Juez de control o la autoridad correspondiente, debe valorar la demora o la imposibilidad del registro", lo cierto es que como se ha dicho, no se advierte que se haya obtenido alguna probanza de esa retención y de los actos de tortura que se reclaman, en ese sentido debe de establecerse que la Primera Sala de la Suprema Corte ha señalado o ha establecido que la prueba en cita no es algo que pueda tomarse de manera amplia, pues tiene límites. Luego, la responsable invoca la tesis señalada en la décima época, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, página 993, con registro número 2010354 con el rubro "PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN". donde señala precisamente lo atenuado de un acto ilícito, ello atendiendo a la lejanía que puede ocurrir entre el evento.Luego entonces, indicó la responsable, de esa detención, tortura, o de esa falta de registro, no se produjo una prueba que haya sido tomada directamente ante ese Tribunal, no hay prueba que haya tomado en cuenta ese resolutor, por lo tanto, no accede a lo solicitado bajo esa consideración. Por otra parte, señaló el defensor en la audiencia, que no hay un nexo causal entre la forma en que fue presentado *******, a una diligencia de reconocimiento, sin embargo, manifiesta el Juez de Control, que tampoco comparte dicha consideración, pues manifiesta que el agente policial, que lo es *******, anexó ficha de identificación de personas, ello tomando en cuenta que las características de la persona detenida, que lo era el señor *******, coincidía con los datos que le proporcionaron las víctimas y a través de un oficio emitido por la Licenciada *******, se tuvo conocimiento de la detención de dicha persona, por lo que contrario a lo que sostiene el señor defensor, la responsable consideró que sí existe un nexo que permita justificar precisamente como se tuvo conocimiento de la persona. Hizo señalamiento el defensor particular, en el sentido de que había un nombramiento para que él llevara la representación legal de *******, sin embargo, también destaca la defensa, que dicho nombramiento no estaba signado por el hoy quejoso, de ahí que el juez responsable, consideró que el nombramiento del licenciado *******, Defensor Penal Público, se debe reconocer como legítimo, pues los defensores que participaron en la audiencia de vinculación a proceso, así como en la audiencia inicial, no tenían esa calidad al momento de las diligencias de reconocimiento. Por lo que hace a las diligencias de reconocimiento, argumentó el defensor particular que no se llevaron adecuadamente, pues una persona que lo reconoce, primero hizo una identificación, después fue retirado el imputado y posteriormente se presentaron las personas y volvieron a la diligencia. En ese sentido, manifestó la responsable, que el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no establece, con el rigor que destaca el señor defensor, lo destacado por éste, por lo que, el requerimiento de dicho numeral, es que se debe de hacer constar cómo se desarrolló el reconocimiento, y aunque es cierto que el señor Defensor ha destacado que las personas que se presentaron junto con su representado no corresponden a las mismas características que la persona que se reconoció por parte de las denunciantes, lo cierto es también que el numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece esa posibilidad, señala que deberá presentarse al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan.Así, al existir esa salvedad, es que el juez responsable no compartió el argumento de la defensa de dejar de forma tajante, una actuación como la que se destaca por parte de la representación social, sin la valoración adecuada, armónicamente con los demás datos. Por lo que respecta a lo manifestado por el defensor, en cuanto a que no pudieron haber reconocido a *******, ya que traía el cubrebocas y traían otras vestimentas que cubrían su rostro y su cabeza, según el dicho de las propias víctimas, eso lo hace imposible de su reconocimiento; considera la responsable, que como lo indicó con anterioridad, las propias víctimas refieren que estaban en condiciones de identificar a las personas a las que les atribuyen el hecho y también las mismas dieron cuenta de datos que cualquier persona en su misma posición pudiera haber brindado, de ahí que insiste que existen datos que revelan la probable participación del señor *******, máxime que en cuanto a la identificación que hace la de nombre *******, aduce que la madre de ésta dio cuenta como al tener a la vista una nota periodística a través de medios electrónicos sufrió una alteración emocional, por lo que se hace creíble que pueda hacer el reconocimiento de que se trata. En ese sentido, considera la responsable, satisfecha la probabilidad de intervención del imputado en el hecho que se le atribuye. Por lo que respecta a las causas de extinción de la acción penal o excluyente del delito. La autoridad responsable manifiesta que, en la causa penal en estudio, no se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En consecuencia, concluyó el Juez de Control, como el artículo 19 de nuestra Carta Magna, no requiere que esté plenamente demostrada la responsabilidad del inculpado, sino únicamente que se haga probable, y al no estar acreditada, hasta ese momento procesal, ninguna excluyente de incriminación, a favor de *******, quien rechazó inicialmente su derecho, para posteriormente ejercerlo en la audiencia de vinculación a proceso, en cuanto a la facultad de rendir declaración, es por lo que el Juez responsable, consideró dictar en su contra AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO por el delito de ROBO AGRAVADO previsto por el numeral 208 fracción I, en relación con los numerales 211 fracción VI y 212 fracción II, todos del Código Penal Estado de Chihuahua, cometidos en perjuicio de *******, *******, *******, *******, Y *******. No pasa inadvertido el Juez de control en su resolución, el hecho de que la persona detenida alegue en su descargo que nunca se verificaron los reconocimientos con los cuales se llega a la determinación de vinculación a proceso; sin embargo, en apoyo a su manifestación no se allegó dato alguno, por el contrario, señala la responsable, obran los datos de prueba destacados por la Representación Social, y no basta la sola manifestación del imputado, de tener por cierto ello, pues sería desvirtuar todo un mecanismo lógico y primar a todo aquel que niegue un hecho sin confirmación alguna. De la resolución anteriormente analizada, se desprende que los antecedentes narrados por la Representación Social, y declaración del imputado, a los que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, correctamente les otorgó valor al haber sido vertidos ante una autoridad competente como lo es el agente del Ministerio Público, los antecedentes de investigación y ante dicho juzgador, por lo que hace a la declaración del propio imputado, así como los medios de prueba aportados por la defensa particular del mismo. En ese tenor, tal y como lo señaló el Juez responsable, dada la mecánica de los hechos, conducen a afirmar racionalmente que el sujeto activo fue la persona que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno aproximadamente a las diecisiete horas, ingresó al establecimiento denominado "*******" ubicado en *******, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, y después de solicitar información de un servicio, sacó de entre sus ropas un arma de fuego color negro tipo escuadra, con la cual amenazó a los presentes diciendo: "todas al suelo, esto es un asalto, no griten", para posteriormente, junto con la intervención de dos sujetos más, despojarlas de sus pertenencias. OCTAVO.- Del análisis de los conceptos de violación. Culminado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de amparo. Ahora, por técnica jurídica, en el examen de los conceptos de violación, no se respetará el orden en el que fueron propuestos, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. Razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, esta juzgadora considera pertinente establecer que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte inconforme inserta razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Sin embargo, debe destacarse que esos aspectos no serán objeto de un pronunciamiento específico por parte de este tribunal federal, en la medida en que no constituyen razonamientos en los que se haga valer un auténtico concepto de violación o que, por sí solos, puedan llevar a la convicción de que el acto reclamado es inconstitucional. En efecto, el examen de los actos reclamados en el juicio de amparo debe ceñirse a los razonamientos jurídicos que, a título de conceptos de violación, se hagan valer en su contra, sea que para ello se destine un apartado específico o se advierta del análisis integral del escrito de demanda, por lo cual si tales planteamientos no reflejan, por sí, la inconstitucionalidad aseverada mediante la expresión de un agravio o perjuicio causado en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sólo sirven como un complemento o marco de referencia para ilustrar la postura que asume en torno a un tópico o tema, es patente que no ameritan una calificación, ni un análisis sobre ese particular. En tal virtud, si a partir de esas consideraciones la hoy parte impetrante expone razonamientos jurídicos que, en concreto, haga valer en calidad de conceptos de violación, respecto de los cuales esta resolutora está obligada a emitir un pronunciamiento particular, tales manifestaciones sólo serán tomadas en cuenta para el efecto de clarificar la causa de pedir y, a la postre, para que este tribunal adopte un criterio sobre las cuestiones propuestas por la parte quejosa. Al efecto, cabe citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis: 1341. Página: 1503.) "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Mayo de 2007. Tesis: 1a. CVIII/2007. Página: 793.) Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 todos de la Carta Magna, mediante conceptos de violación que van dirigidos a la resolución en que se resolvió su situación jurídica, los cuales son los siguientes: 1.- En esencia la parte quejosa manifiesta que se viola el derecho humano al debido proceso, debido a una inexacta valoración de los datos de prueba, toda vez que el Juez de Control se apartó de las reglas establecidas en los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber utilizado como elemento toral de su resolución los cuatro reconocimientos de personas llevados a cabo por las víctimas, puesto que esos reconocimientos se encuentran viciados de origen, toda vez que, aduce, que el imputado fue puesto a la vista de las victimas previamente a ser puesto junto con las diversas tres personas en la diligencia de reconocimiento. 2.- La detención del hoy quejoso, jamás fue registrada en el registro nacional de detenciones, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 17, 21 y 28 de la ley Nacional de Registro de Detenciones, pues con ello deviene ilícita la detención y los datos de prueba emanadas de la misma. 3.- La diligencia de reconocimiento de persona, se llevó a cabo sin presencia del defensor penal público, puesto que el designado al quejoso para tal efecto, se encontraba presente en la diligencia de reconocimiento de persona, el mismo día y a la misma hora, por lo cual deben ser nulas dichas diligencias. Por lo que hace al motivo de señalado por la responsable, cono número uno, aduce el quejoso, viola el derecho humano al debido proceso, contemplado en el artículo 16 Constitucional, toda vez que esa determinación no fue debidamente fundada, puesto que existe una inexacta valoración de los datos de prueba. Se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, toda vez que a criterio de quien resuelve el auto de vinculación a proceso satisface dicha prerrogativa pues, contrariamente a lo que sostiene la parte quejosa, la autoridad responsable, ciñó su resolución a los parámetros procesales correspondientes. En efecto, para fundar dicho acto el juez responsable en el auto de vinculación a proceso, citó los artículos 19 y 104, fracción I, de nuestra carta magna, artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 208 fracción I, en relación con el 211 fracción VI y 212 fracción II, todos del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Igualmente, para motivar los propios actos, el Juez de Control expuso que, en el caso, los datos en la causa resultan aptos y suficientes para estimar que se cometió el hecho ilícito de Robo Calificado y que existe la probabilidad de que la parte quejosa participó en su comisión en el caso concreto. En último orden, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la responsable para sustentar la decisión asumida en los actos que nos ocupan, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuraron las hipótesis jurídicas, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. Por tanto, contra lo estimado por la parte quejosa, se estima que la responsable, al momento de analizar la probable responsabilidad del quejoso en la realización de los hechos que originaron la causa penal, y valorar los datos y antecedentes derivados de la causa penal, no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. De dicha resolución se advierte que la responsable, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada en términos del artículo 21 fracción III, del Código Penal del Estado, la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de robo agravado. Pues adujo, que las diligencias de reconocimiento fueron realizadas bajo las exigencias del cardinal 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las que *******, *******, ******* y *******, reconocieron al imputado como la persona que las sometió al amagarlas con un arma de fuego. En ese sentido, manifestó la responsable, que el requerimiento que ordena el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que se debe de hacer constar cómo se desarrolló el reconocimiento, y si bien es cierto como lo destacó el señor Defensor, que las personas que se presentaron junto con su representado no corresponden a las mismas características que la persona que se reconoció por parte de las denunciantes, lo cierto es también que el numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece esa posibilidad, pues señala que deberá presentarse al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan.Así, ante esa salvedad, es que el juez responsable determinó darle la valoración adecuada, a una actuación de investigación como la que se destaca por parte de la representación social, máxime que la valora armónicamente con los demás datos de prueba ante él vertidos. Por lo que respecta a lo manifestado por el defensor, en cuanto a que no pudieron haber reconocido a *******, ya que traía el cubrebocas y traían otras vestimentas que cubrían su rostro y su cabeza, según el dicho de las propias víctimas, considera la responsable, que como lo indicó con anterioridad, las propias víctimas refieren que estaban en condiciones de identificar a las personas a las que le atribuyen el hecho puesto que lo tuvieron de frente todo el tiempo en que estuvo dentro del local, ya que a una de ellas, a *******, el hoy quejoso le pidió la bolsa por lo que ésta, se la entregó en su propia mano. Aunado a lo anterior, es que también las victimas dieron cuenta de datos que cualquier persona en su misma posición pudiera haber brindado, de ahí que insiste que existen datos que revelan la probable participación del señor *******, máxime que en cuanto a la identificación que hace la de nombre *******, aduce que la madre de ésta dio cuenta cómo al tener a la vista una nota periodística a través de medios electrónicos sufrió una alteración emocional, por lo que se hace creíble que pueda hacer el reconocimiento de que se trata. Así mismo, el Juez de Control, refiere que las denunciantes narran los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, además dijo, no obran datos que sugieran que tiene un motivo espurio, como resentimiento, venganza o enemistad contra el imputado, para declarar en la forma en que lo hacen, por lo que la unión de dichas afirmaciones, hacen probable que el hoy quejoso, haya intervenido con otros individuos, bajo un plan común, por lo que cada uno de ellos debe responder por la totalidad del evento, al haber participado bajo la división de tareas. Reitera ese Juzgador en su resolución, que no soslaya que las denunciantes indicaron que el quejoso al momento de los hechos, portaba cubre bocas; sin embargo, ello no es suficiente para considerar que estaban imposibilitadas para realizar el reconocimiento de referencia, ya que las mismas exponentes fueron precisas en indicar que pese a dicha particularidad, estaban en condiciones de identificar a la persona que atribuyen el hecho puesto que los tuvieron a corta distancia. En ese sentido, consideró de manera probable, la intervención en calidad de coautor de ******* en la comisión del delito de ******* analizado en esa audiencia de vinculación. Así pues, la responsable correctamente concedió valor a los datos de prueba emanados de la diligencia de reconocimiento de personas, llevados a cabo en sede ministerial en la llamada cámara *******, puesto que, como ya se dijo, cumplió con los parámetros establecidos en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor. Ahora bien, aduce la quejosa en sus conceptos de violación, que *******, fue puesto a la vista de las victimas previamente al desarrollo de la diligencia de reconocimiento, esto es, primeramente se puso solo ante las victimas para que los reconocieran y posteriormente en compañía de los otros tres sujetos ante la cámara de *******, sin embargo, de los antecedentes narrados por la representación social en la audiencia de formulación de imputación, los cuales se tuvieron por reproducidos en la audiencia de vinculación a proceso, no se advierte tal situación tal y como la menciona la parte quejosa. Así, de la reproducción de los discos de audio y video, en los cuales constan las audiencias antes mencionadas, del disco número 1 (audiencia de cuatro de febrero de 2021), en el video 4, se observa a la Agente del Ministerio Público, narra ante el Juez de Control, así como ante la defensa particular y el hoy quejoso, los antecedentes de investigación, entre los cuales, describe las diligencias de reconocimientos de personas llevadas a cabo en sede ministerial, de lo cual se desprende lo siguiente: Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, Comparece la ciudadana de nombre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, cumpliendo con los requisitos establecidos por el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la fiscalía zona norte, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona que había mencionado participó en los hechos el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, narrados en su denuncia, a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de estatura de ******* metros, tez ******* y de complexión *******, refiriendo que lo había tenido a una distancia de un metro y medio, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Acto seguido se pidió al imputado que eligiera un número, a lo cual eligió el número 3, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pidió a las personas que pasaran de manera secuencial, de características físicas similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenia a la vista se encontraba la persona que entro con un arma de fuego tipo escuadra y que la asaltó el veintiuno de enero del año en curso, a lo que la víctima señaló que reconocía sin temor a equivocarse a la persona que portaba el número tres, en ese momento la representación social le hizo saber el nombre de la persona que portaba el número tres, que es el hoy quejoso. Se le concedió el uso de la voz al defensor público, el Licenciado *******, quien preguntó que cuánto tiempo lo tuvo a la vista, la compareciente dijo que por unos segundos, preguntó que a qué distancia, a lo que la compareciente respondió que a metro y medio. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 50:20 al 54:12, del disco 1, video 4). Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, comparece la ciudadana de nombre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona que había mencionado participó en los hechos narrados en su denuncia el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de estatura de *******metros, tez ******* y de complexión *******, traía puesta chamarra negra, cubreboca de color negro, refiriendo que lo había tenido cerca por varios minutos, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Se le cuestionó si lo había visto con posterioridad a los hechos, y dijo que sí, en las noticias. Acto seguido se pidió al imputado que eligiera un número, del uno al cuatro, a lo cual eligió el número 3, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pidió a las personas que pasaran de manera secuencial, de características similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenía a la vista se encontraba la persona que entro con un arma de fuego tipo escuadra y que la asaltó el veintiuno de enero del año en curso, a lo que una vez que observó detenidamente a las personas, la víctima señaló que reconocía plenamente y sin temor a equivocarse a la persona que portaba el número tres, en ese momento la representación social le hizo saber el nombre de la persona que portaba el número tres, que es el hoy quejoso. Se le concedió el uso de la palabra al defensor público, el Licenciado *******, quien preguntó que cuánto tiempo lo tuvo a la vista, la compareciente respondió que seis minutos, que lo vio a los ojos. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 54:10 al 56:15, del disco 1, video 4). Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, Comparece la ciudadana de nombre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, cumpliendo con los requisitos establecidos por el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la fiscalía zona norte, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona que la asaltó y le quitó el teléfono *******, el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de tez morena clara y de complexión robusta, 1.65 metros de estatura, traía puesta sudadera negra, cubreboca de color negro, pantalón de mezclilla, un gorro negro, refiriendo que lo había tenido cerca por varios minutos, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Se le cuestionó si lo había visto son posterioridad a los hechos, y dijo que sí, en un video en redes sociales. Posteriormente, se pidió al imputado que eligiera un número, del uno al cuatro, a lo cual eligió el número 1, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pidió a las personas que pasaran de manera secuencial, de características similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenía a la vista se encontraba la persona que había mencionado reconocía por su de tez ******* y de complexión *******, ******* metros de estatura, por sus ojos y sus características físicas, y mencionó que reconocía plenamente y sin temor a equivocarse a la persona que portaba el número uno, en ese momento la representación social le hizo saber que esa persona responde al nombre de *******, el. Se le concedió el uso de la palabra al defensor público, el Licenciado *******, quien no hizo preguntas. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 56:15 al 58:36, del disco 1, video 4). Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, Comparece la menor de dada *******, acompañada por la licenciada Psicóloga *******, así como de su madre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, ingresó al negocio "*******" a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de tez morena clara y de complexión robusta, 1.66 metros de estatura, traía un arma de fuego entre sus ropas y la apuntó con el arma, y se tiró al suelo, que lo reconocía porque lo vio a los ojos, las entradas de su cabello que lo miró a los ojos por dos minutos, que lo tuvo cerca como a tres metros de distancia aproximadamente, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Se le preguntó si lo había visto posteriormente a los hechos, y dijo que sí, en unas noticias de tv azteca. Posteriormente, se pidió al imputado que eligiera un número, del uno al cuatro, a lo cual eligió el número 2, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pusieron a la vista las cuatro personas de manera secuencial, de características similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenía a la vista se encontraba la persona que mencionó que el veintiuno de enero del dos mil veintiuno, ingresó al negocio "*******" con un arma de fuego, dijo que reconocía plenamente y sin temor a equivocarse al que portaba el número dos, se le informó a al compareciente que este responde al nombre de *******, el. Se le concedió el uso de la palabra al defensor público, el Licenciado *******, quien preguntó que cuanto tiempo lo tuvo a la vista, la compareciente respondió que aproximadamente dos minutos, que lo vió a los ojos. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 58:36,al 1:00:54 del disco 1, video 4). De lo anterior se advierte, que en los antecedentes de investigación presentados por la Representación Social, ante el Juez de Control en ningún momento se advierte que el imputado haya sido puesto, de manera individual, a la vista de alguna de las victimas que llevaron a cabo dicho reconocimiento, sino que fue puesto a la vista de ellas una vez que eligió número y junto con personas de similares características físicas, cumpliendo con ello con lo establecido en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así mismo, la quejosa hace referencia a la imposibilidad de haber sido reconocido en la cámara *******, puesto que se encontraba lesionado a tal grado que le haría irreconocible para las víctimas que llevaron a cabo la diligencia de reconocimiento de persona, sin embargo, la Representación Social hizo referencia a la existencia de dictamen médico de integridad física, emitido por la Médico Legista Doctora *******, en el cual establece que el imputado hoy quejoso, no presentaba lesiones recientes, únicamente presentaba escoriación menor en la columna nasal de data antigua, así mismo, de la reproducción de los discos de audio y video de la audiencia inicial, se puede apreciar en el disco número 1, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el video 4, en el minuto 59:00 al 01:01:38, se puede observar claramente el rostro del imputado, en el cual no se advierte huellas de lesiones que hicieran imposible su reconocimiento, así mismo, en el disco 2, de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, en el video 2, en el minuto 30:00, el imputado se quita el cubrebocas con el fin de ser escuchado de una mejor manera al momento de rendir declaración en la audiencia de vinculación a proceso, momento en el cual, se puede observar su rostro completo y no se advierte ni en los ojos, nariz o boca, huella de lesión alguna que pudieran derivar de golpes recibidos recientemente en la humanidad de dicha persona. Por lo que hace al motivo de disenso señalado con número dos, aduce también la quejosa que la detención del hoy quejoso, jamás fue registrada en el registro nacional de detenciones, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 17, 21 y 28 de la ley Nacional de Registro de Detenciones. Deviene fundado pero inoperante el motivo de disenso, puesto que, como señala la responsable en su resolución de vinculación a proceso, aun y cuando es cierto que el numeral 357 del Ordenamiento Procesal de la Materia, establece la legalidad de la prueba y señala que debe ser considerada nula aquella obtenida a través de violaciones a Derechos Humanos, menciona que lo cierto es que de esa falta de registro de la detención, no se advierte alguna prueba directa, no se advierte alguna confesión que haya sido utilizada para incriminar en el hecho que nos ocupa, al hoy quejoso. El artículo 357 del del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece:"Artículo 357. Legalidad de la prueba La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código." Por lo que la falta del registro que menciona el defensor particular, la misma Ley que prevé precisamente su registro de detención, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, en su artículo 21 en su segundo párrafo indica: "Artículo 21. Las instituciones de procuración de justicia o aquellas que conozcan de faltas administrativas, a quienes les sea puesta a disposición una persona detenida, procederán de inmediato a actualizar la información en el Registro sobre la situación que guarda dicha persona bajo su custodia, utilizando como referencia el número de registro de la detención que la autoridad aprehensora hubiere especificado en el informe. En caso de que no existiese un registro preexistente deberá iniciar uno; dejando constancia de la omisión o negligencia por parte de la autoridad, dando vista a la autoridad competente para determinar las responsabilidades que en derecho correspondan. Cuando exista demora o resulte imposible generar el registro, la autoridad aprehensora, bajo su más estricta responsabilidad, deberá motivar dicha circunstancia. El Juez de control o la autoridad que corresponda, deberán considerar dicha situación al momento de resolver sobre el particular.". Menciona la responsable, que ha cumplido con esa vista, al indicar que de ello se dio vista al Fiscal General del Estado; sin embargo, de ese numeral no se advierte que tenga como efecto directo declarar nula alguna prueba, si bien es cierto, en el último párrafo establece "El Juez de control o la autoridad correspondiente, debe valorar la demora o la imposibilidad del registro", lo cierto es que como lo indicó, no se advierte que se haya obtenido alguna probanza de esa retención. Por lo que respecta a los actos de tortura que hace alusión el abogado defensor, en ese sentido debe de mencionarse, que la presente causa penal, emana de una orden de aprehensión dictada por diverso Juez de Control, en contra del aquí quejoso, por los hechos narrados en la audiencia inicial de la causa penal *******, por lo que, de los actos de tortura a que hace referencia la parte quejosa, el Juez de Control responsable en el presente juicio de amparo, dio vista al Fiscal General del Estado de Chihuahua, para su investigación y ordenó dar inicio al Protocolo de Estambul, sobre la persona de nombre *******, como quedó asentado en el auto de vinculación a proceso en estudio.Luego entonces, indicó la responsable, de esa detención, tortura o falta de registro de detención, no se produjo una prueba que hubiera sido tomada directamente ante ese Tribunal, no hay dato de prueba que haya tomado en cuenta ese resolutor, por lo tanto, no accedió a lo solicitado bajo esa consideración. Por lo que hace al motivo de disenso señalado con número tres, aduce también la quejosa que la diligencia de reconocimiento de persona, se llevó a cabo sin presencia del Defensor Penal Público, puesto que el designado al quejoso para tal efecto, se encontraba presente en la diligencia de reconocimiento de persona, el mismo día y a la misma hora, por lo cual deben ser nulas dichas diligencias. Argumento el anterior que deviene de igual manera infundado, pues de lo expuesto por la agente de Ministerio Público en la audiencia inicial, se desprende el nombramiento del Defensor Penal Público, licenciado *******, como defensor de *******, por lo cual se debe reconocer como legítimo, pues al momento de las diligencias de reconocimiento, quedó establecido que dicho profesionista se encontraba presente, tan es así, que le dieron la voz e intervino en las cuatro diligencias de reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno. "Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor. Por lo cual, correctamente, el Juez de Control, tuvo por satisfecho el requisito establecido por el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a que debe cumplirse con el procedimiento para reconocer personas, esto es, debe llevarse a cabo en presencia del defensor del imputado, ya que, según lo refiere la representante social al reseñar los antecedentes de investigación ante el Juez responsable, firmaron al calce quienes intervinieron en dichas audiencia, motivo por el cual no le asiste la razón a la parte quejosa en su argumento. Por lo anterior, esta resolutora considera que la responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados por las partes, pues, adverso a lo sostenido por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable omitió valorar correctamente los datos de prueba expuestos en el juicio, el tribunal responsable no sólo valoró los datos existentes en la causa penal, sino también los valoró correctamente, según lo expuesto ya, en líneas superiores. Esto se debe a que el Juez responsable, al valorar los datos y antecedentes de la causa penal no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. En tal virtud, no tiene razón jurídica la parte quejosa, pues, contra lo que sostiene, al valorar los propios datos y antecedentes la juez del conocimiento se ajustó a los lineamientos que para ello contempla el artículo 20, en su apartado A, fracción II, constitucional y el diverso 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual carece de sustento jurídico lo alegado sobre ese particular, de ahí que lo conducente es desestimar, por infundado, los conceptos de violación analizados. Ahora bien, debe decirse que es verdad que la reforma al artículo 1o. de la carta magna de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, ni siquiera con intención de establecer la interpretación más amplia o extensiva, a final de cuentas porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro: XXV, octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.), del tenor literal que siguen: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.) En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio el auto de vinculación a proceso, reclamado en esta vía de control constitucional al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de que se ha dado noticia, e infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra, los conceptos de violación esgrimidos, como se puntualizó en párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, bajo el texto y rubro siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, y se, R E S U E L V E: PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, consistentes en el auto de vinculación a proceso, dictado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:diecisiete de julio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del juicio de amparo 144/2021-III, promovido por *******, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua; y, R E S U L T A N D O: Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el día hábil siguiente, el quejoso *******, promovió demanda de amparo contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua, de quien reclamó lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: "De la responsable, se reclama el inconstitucional auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal *******, dictado en mi contra, el día 8 de febrero de 2021, como probable responsable del delito de *******." SEGUNDO.- Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 259, 265, 314 y 315, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO.- De la tramitación del juicio constitucional. En proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 144/2021-III, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se llevó a cabo el emplazamiento de las terceros interesadas y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con base en la constancia que antecede. CUARTO.- De los terceros interesados. En el acuerdo antes precisado, se tuvo como terceros interesados en el presente asunto a las víctimas *******, *******, *******, ******* y la menor de iniciales *******, representada por su madre y representante legal de nombre *******, las cuales fueron emplazadas al presente Juicio; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Del análisis de la competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO.- De la precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el arábigo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente:"ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, la diversa tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice:"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión. Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que la parte impetrante en esencia reclama: El auto de vinculación a proceso, dictado por el Juez de Control responsable, en audiencia celebrada el ocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******. TERCERO.- De la existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso, de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal *******, en contra del aquí quejoso, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación en fecha seis de abril del dos mil veintiuno, certeza que se corrobora con los discos ópticos que al mismo acompañó, así como con la copia certificada de la transcripción de dicha resolución, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226.). Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO.- Del análisis de las causales de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Cabe señalar, que no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el accionante de la tutela constitucional, toda vez que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO.- Estudio oficioso. Previo a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio de la declaración de legalidad del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control responsable en contra del aquí quejoso, dentro de los autos de la causa penal *******. En tal virtud, de la reproducción en tiempo real de los discos ópticos que acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: 1.- En cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el licenciado *******, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, aperturó la audiencia inicial dentro de la causa penal *******, la cual se llevó a cabo a través del videoconferencia, y pidió a las partes que se identificaran ante el Tribunal, entre ellos la Representante Social licenciada *******, así mismo la defensora penal pública del imputado, licenciada *******, con cedula profesional registrada bajo el número *******, cédulas registradas ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Asimismo identificó a la persona que se encontraba presente en la audiencia, quien manifiestó ser el imputado y dijo llamarse *******, quien a pregunta expresa del juez, manifestó que contaba con defensora particular, a lo cual, una vez que la misma compareció a la audiencia, el juez hizo un receso para efecto de que se apersonara la misma. (video1). 2.- Reanudada la audiencia, la responsable cuestionó al imputado *******, si deseaba nombrar defensores particulares, a lo cual manifestó que deseaba nombrar a los abogados que se encontraban presentes en la sala de audiencia, quienes se identificaron como: Licenciado *******, con cedula profesional número *******, así como la Licenciada *******, con cedula profesional número con número de registro de la S.E.P. *******, cédulas registradas ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua; en el mismo acto los profesionistas en comento aceptaron y protestaron el cargo conferido. (video 3). 3.- Posteriormente, el Juez de Control, cuestionó al imputado respecto a sus datos generales, así como si conocía sus derechos como imputado, a lo cual se manifestó que era sabedor de los mismos. (minuto 2:00 del video 3).4.- Previa autorización del Juez de Control, la Representación Social formuló imputación a *******, haciéndole saber los hechos por los cuales se seguía una investigación en su contra, indicándole lo siguiente: (minuto 3:30): 4.1 "que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno aproximadamente a las diecisiete horas, ******* ingresó al establecimiento denominado "*******" ubicado en *******, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, quien ingreso al establecimiento antes referido y después de solicitar información de un servicio, sacó de entre sus ropas un arma de fuego color negro tipo escuadra y con la cual amenazó a los presentes diciendo: "todas al suelo, esto es un asalto, no griten" en eso, detrás de él ingresan dos sujetos del sexo masculino de quien hasta el momento se desconoce su identidad y paradero, y mientras tanto el imputado *******, continuaba amagando a las empleadas y clientes, los sujetos que le acompañaban despojaban de sus pertenencias a las empleadas de nombre *******consistente en una computadora de la marca ******* con un valor aproximado de ******* (*******);******* consistente en un celular ******* color ******* con un valor aproximado de $******* (*******), así como a las clientas de nombre *******, logrando sustraer lo siguiente: en relación a la víctima de nombre ******* la cantidad en efectivo de $******* (*******), en relación a la víctima de nombre ******* un celular *******, este con un valor aproximado de la cantidad de $******* (*******) y en relación a la víctima de nombre ******* la cantidad en efectivo de $******* (*******), unas llaves de su vehículo con un valor de ******* dólares dando un valor de $******* (*******), unos lentes de valor aproximado de $******* (*******) dando un total en relación a esta víctima la cantidad de $******* (*******), dando una suma total de la cantidad de $******* (*******), para una vez apoderándose usted, *******, junto con los diversos sujetos que lo acompañaban, con ánimo de dominio de los objetos descritos y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlos, dándose a la fuga en un vehículo sin rumbo conocido". (minuto 06:50 video 3). Hechos consumados de manera instantánea, a título de dolo, en calidad de coautor y se le informó de las personas que depusieron en su contra, que son; *******, ******* la menor de edad *******, representada por su madre, *******, *******, así como *******, quien es agente de la Agencia Estatal de Investigación. (Minuto 08:04 video 3). Clasificación jurídica. Los hechos que se le atribuyen al imputado constituyen el delito de robo calificado, previsto y sancionado en el arábigo 208, fracción I, 211 fracción VI, en relación con el artículo 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. 7. Posteriormente, el Juez natural obsequió oportunidad al imputado para declarar, quien desestimó hacerlo, posteriormente, otorgó el uso de la voz a la representación social quien solicitó vincular a proceso al aquí quejoso, por lo que la responsable la conminó a que narrara los antecedentes obrantes en la carpeta de investigación a fin de cuestionar al imputado respecto cuándo era su deseo resolver su situación jurídica. (minuto 10:00 video 3) 8. Acto seguido, la Representación Social narró los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación. (minuto 11:56 al 01:04:00 video 3) 9. Se preguntó al imputado, respecto al término para resolver su situación jurídica, a lo cual previa consulta con sus defensores, indicó que solicitaba la duplicidad del término constitucional, para lo cual se señalaron las once horas, del ocho de febrero de dos mil veintiuno para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. 10. Hecho lo anterior, la Agente del Ministerio Publico, solicitó la imposición de medidas cautelares; una vez escuchado a las partes, el Juez de Control resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prevista por el artículo 155 Fracción XIV, en relación con el 167, párrafo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un plazo que no debía exceder de doce meses. (minuto 01:14:50 video 3). 11. Así, en fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia señalada para efecto de resolver la situación jurídica del imputado hoy quejoso, el Juez de Control Resolvió vincular a proceso a *******, por el delito de *******. Reseñados los antecedentes, y con el objeto de dar mayor ilustración a la decisión asumida en este juicio de control constitucional, es indispensable fijar la litis radicada en este asunto, la que, a la luz de la pretensión perseguida por la parte quejosa, en función de los actos reclamados, es dable determinar la legalidad del auto de vinculación a proceso. Así, se destaca que el auto de vinculación a proceso emitido por la autoridad responsable dentro de la causa penal *******, se ajusta a las directrices jurídicas exigidas por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre tal punto conviene traer a cita el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)" Así como el referido arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De lo transcrito, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, como elementos de forma los siguientes: a. Se haya verificado imputación (formalización o judicialización del procedimiento) y escuchado la declaración del imputado o que éste haya manifestado su deseo de abstenerse a declarar. b. Precisión del delito que se imputa. c. Las circunstancias de ejecución, tiempo y lugar. d. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación. Asimismo, deben considerarse como elementos de fondo, los siguientes: Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. La ley señale como delito a ese hecho. Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos del arábigo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos del tipo penal, es decir, el doctrinalmente denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo cometió o participó en su comisión. De ello se colige, que el Juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad de los factores expuestos por las partes, para concluir si se justifican o no las consecuencias que aducen, teniendo siempre como factor principal la duda razonable. Expuesto lo anterior, conviene señalar que de la reproducción de los discos ópticos remitidos por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que se cumplió con los requisitos formales aludidos, ya que de manera previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, en audiencia de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso, por su probable participación en la comisión del ilícito de Robo Calificado, previsto y sancionado en el arábigo 208, fracción I, 211 fracción VI, en relación con el artículo 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. De igual modo, se constató por parte del Juez de Control, que el imputado conociera los derechos que establece a su favor el artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constató que contara con defensa técnica por parte de profesionales licenciados en derecho, los cuales se identificaron con copia certificada de su cedula profesional, se le dieron a conocer los hechos que se le imputaron y se le dio oportunidad de rendir su declaración, asimismo, previo conocimiento de los datos de prueba que obran agregados en la carpeta de investigación, el Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. En cuanto a los requisitos de fondo, se estima que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, concretamente el delito de Robo Calificado, previsto y sancionado en el arábigo 208, fracción I, 211 fracción VI, en relación con el artículo 212 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Porciones normativas que en lo conducente establecen: "Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrá: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de quinientas veces el salario, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien veces el salario. (.) Artículo 211. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de seis meses a tres años, cuando el robo: (.) VI. Se cometa con la intervención de dos o más personas. (.) Artículo 212. Además de las sanciones que correspondan conforme al artículo 208 se aplicarán de uno a diez años de prisión, cuando el robo: (.) II. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. (.)" En efecto, los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso, arrojaron una evidencia razonable de que aconteció un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, conducta cuya descripción típica se encuentra en los numerales anteriormente reproducidos. Así mismo, en la audiencia de vinculación a proceso, la defensora particular del hoy quejoso, desahogó el medio de prueba ofertado, consistentes en la entrevista realizada a un menor, queja ante la Comisión de Derechos Humanos, signada por *******, copia del nombramiento de defensor, e impresión de la página de consulta de detenciones. Ahora bien, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación, así como los proporcionados por la defensa particular y que fueron todos tomados en cuenta por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso que se analiza, son específicamente los siguientes: 1). Denuncia de fecha veintitrés de enero de dos mil veintiuno, presentada por *******, en la que indicó que: el veintiuno de enero del dos mil veintiuno, recibió una llamada telefónica de *******, quien le informó que habían entrado a robar a su negocio de uñas, que se ubica en *******, que como a las diecisiete horas llegaron tres sujetos, que había entrado primero uno de ellos para preguntar por un servicio, que sacó una pistola y les dijo que se tiraran al suelo, y preguntó que donde estaba la caja, que después entraron otros sujetos, uno traía un cuchillo en las manos, y amenazó a una clienta y le quito el celular, y otro sujeto se había quedado en el exterior del local, que a ella le robaron un teléfono celular y la cantidad de siete mil pesos en efectivo. En fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, mediante comparecencia, llevo a cabo la ampliación de su denuncia, en la cual hizo saber que su negocio se llama "*******" y es de uñas acrílicas y pestañas, acreditó ser la propietaria de ese negocio, con la siguiente documentación. 1.1- Acuse de movimiento de actualización de situación fiscal del negocio, que se encuentra a su nombre. 1.2- Contrato de arrendamiento del local comercial en el cual se encuentra la negociación "*******". 1.3- Reporte general de ventas, consistente en arqueo de las ventas del día de los hechos, del cual se desprende que la cantidad que se llevaron fue $******* (*******). 2). Denuncia de hechos, de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, presentada por *******, la cual manifestó que es empleada de la negociación "*******" ubicado en calle venus número, 1689 del fraccionamiento satélite, de esta ciudad y que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, se encontraba en su lugar de trabajo, a donde entró un sujeto que preguntó por un servicio y luego sacó de atrás de su pantalón un arma de fuego, les apuntó a las cinco personas que estaban en el local y les dijo que se tiraran al piso, que en ese momento entraron otros dos sujetos, que una de las clientas se quedó sentada en una silla cerca de la mesa de trabajo y su bolsa la tenía arriba de sus piernas, por lo que uno de los sujetos le quitó la bolsa a la clienta, la cual dijo que traía veinte mil pesos, identificaciones, tarjetas y las llaves de su carro, que el mismo sujeto agarró el teléfono de ******* de la mesa donde estaba trabajando ella, luego, que a una clienta le esculcó la chamarra y le quitó su teléfono celular, que un sujeto preguntó que donde estaba el dinero y ******* le contestó que en la recepción, que luego el tercer sujeto se fue hacia donde está el mostrador y abrió la caja de metal y sacó todo el dinero que estaba ahí, siendo aproximadamente la cantidad de siete mil pesos moneda nacional, en efectivo, después el primero sujeto que entró al negocio les dijo a los otros dos sujetos que agarraran la computadora y todos los teléfonos celulares y se salieron los tres del negocio, agrega que la computadora que se llevaron es de su propiedad, marca *******, color *******. Menciona que pudiera reconocer al sujeto que entró en primer lugar al local. 3). Denuncia de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, presentada por *******, narró que: es empleada de la negociación "*******", ubicada en *******, de esta ciudad, que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, eran aproximadamente las diecisiete horas, se encontraba en su lugar de trabajo, con varias clientas, en eso entraron dos mujeres preguntando por una cita y cuando salieron, ingresó un sujeto y preguntó por un servicio, luego sacó de entre sus ropas un arma de fuego, y les apuntó a las cinco personas que estaban en el local, dijo que se tiraran todas al piso, que ella no se tiró al piso, que se quedó sentada en su mesa de trabajo, inmediatamente escuchó que se abrió la puerta del negocio y observó que entraron dos sujetos, que un sujeto agarró su teléfono celular que estaba en la mesa, que después le pidió la bolsa de mano a la clienta con la que se encontraba, que después preguntó que dónde estaba el dinero y como no le contestó, empezó a esculcar los cajones de su mesa y nuevamente preguntó que donde estaba el dinero y fue cuando le dijo que estaba en la recepción en una caja, que no se fijó quien de los otros dos sujetos agarró el dinero, pero tomó la cantidad aproximada de siete mil pesos, que un sujeto flaco que traía un cuchillo le exigió a ******* su teléfono celular y como ******* le dijo que no, este sujeto la empezó a esculcar y le quitó el teléfono que traía en una de las bolsas de su chamarra, luego, el sujeto robusto que traía el arma de fuego le dijo a los otros dos que agarraran la laptop, la cual estaba en la recepción al igual que un teléfono, que luego se fueron del lugar. Menciona que pudiera reconocer al sujeto que entró en primer lugar al local. 4.) Declaración testimonial de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, a cargo de *******, en su calidad de testigo de preexistencia respecto del mueble consistente en una *******, color *******, con un valor aproximado de $******* (*******), la cual pertenece a la *******, que es su esposa, computadora que fue sustraída del local comercial antes señalado. 5). Oficio número ******* de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, elaborado por la Licenciada *******, Agente del Ministerio Público de la Unidad especializada en investigación del delito con persona detenida, dirigido a la coordinadora de la unidad con imputado desconocido Licenciada *******, agente del Ministerio público de la unidad de imputados desconocidos, en el cual hace de su conocimiento para que informe si los ciudadanos ******* y otra, tienen algún investigación pendiente a su cargo y en caso de ser así comunicar su respuesta. Así mismo informó que dichas personas se encontraban detenidos por el delito de desobediencia y resistencia de particulares. 6). Denuncia de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, interpuesta por *******, ante el agente del ministerio Público, señaló que el día veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, acudió a un negocio de uñas de nombre "*******", ubicado en ******* en esta ciudad, que estaba junto con ella su sobrina de nombre *******, que cuando le estaban realizando el trabajo, a dicho sitio ingresó un sujeto, después de preguntar por un servicio, de la parte media de la cintura saca un arma de fuego color negro, y dice que es un asalto, que se tiren al suelo, que ese sujeto agarró una laptop que estaba en un mostrador, y le dijo que le diera su bolsa y se la entregó, la cual contenía $******* (*******) en efectivo, las llaves de su carro, su credencial de elector, licencia, tarjetas de crédito y de débito, sus lentes, una funda de terciopelo, que entró otro sujeto que traía un cuchillo, al que el sujeto de la pistola le da la orden de que le sacara el celular a su sobrina ******* y el sujeto que traía un cuchillo empezó a tocar a su sobrina en su cuerpo como buscando el celular, que el sujeto del cuchillo le quitó a ******* el celular que traía en la chamarra, que el sujeto que traía el arma de fuego le quita a Eunice su teléfono celular y este mismo sujeto del arma empieza a esculcar los cajones del mostrador, y otro sujeto que era el más bajo de los tres sujetos, le dijo a ******* que le abriera el registro y el sujeto tomó el dinero que había en la caja registradora, que el del cuchillo toma el teléfono celular que estaba en la recepción y se sale, que el sujeto que trae el arma de fuego les dice que no se salgan y se van en un vehículo tipo ******* como ******* o *******. Sujetos a los cuales pudo ver claramente pues los tuvo de frente durante los hechos. 7). Denuncia de menor de edad, fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, en la cual compareció *******, de dieciséis años de edad, la cual comparece en compañía de su madre *******, asi como de la Licenciada *******, quien es psicóloga de la comisión ejecutiva de atención a víctimas, de la Fiscalía General del Estado, informó la menor que en fecha veintiuno de enero del dos mil veintiuno, su papá la llevó a donde generalmente se hace las uñas de nombre "*******", que se ubica en *******, que la alugar también arribó su tía de nombre *******, que recuerda que al estar esperando a su tía para que le hicieran su trabajo, ingresaron unas mujeres pidiendo cita para un trabajo, que luego, ingresó un sujeto quien llegó preguntando por un servicio, que le llamó la atención que un hombre preguntara por ese servicio, lo describe físicamente, luego sacó de entre sus ropas una pistola y grito "esto es un asalto, todos al suelo", que después ingresó un sujeto que traía un cuchillo, el cual le exigió la bolsa a su tía, quien había ido al banco a sacar dinero, que el sujeto que traía el arma de fuego le quitó su bolsa, que ella ocultó su celular entre sus ropas, pero el sujeto de la pistola la vio y el sujeto del cuchillo, se acercó y empezó a esculcarla y como la empezó a tocar en el cuerpo, mejor le dio el celular, agrega que los activos posteriormente se fueron y ella se quedó tirada llorando, porque no reaccionaba. Acto seguido, la madre de la declarante, la señora de nombre *******, manifestó que interponían la denuncia de robo en contra de quien resultase responsable. 8). Comparecencia de fecha dos febrero del año dos mil veintiuno, de *******, ante el agente del Ministerio Público, en la cual interpone denuncia por robo y buso sexuales en perjuicio de su menor hija de iniciales *******, así mismo menciona el hecho que vieron en la televisión una nota respecto a unos sujetos que aprehendieron por robo, que al ver la nota su menor hija, se puso nerviosa puesto que reconoció a los sujetos de la noticia como quienes cometieron los hechos narrados por dicha menor pues reconoció la complexión, las características físicas y la voz de los mismos. 9). Parte informativo de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, realizado por el Licenciado *******, Suboficial de la Policía Investigadora de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo, con imputado desconocido, en la cual informa que inició una investigación, con número de carpeta *******, por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de las víctimas, *******, *******, *******, *******, y la menor de edad *******, representada por su madre. 9.1. Agrega el agente a su parte informativo, entrevistas de todas estas víctimas, en las cuales menciona los mismos hechos que en sus respectivas denuncias. 9.2. Anexa oficio de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se recibió una vista derivada de la carpeta *******, la cual se sigue por el delito de desobediencia y resistencia de particulares simple, toda vez que se tenía conocimiento de la probable participación de las personas detenidas en esa carpeta en la comisión de algún delito, *******, y otra persona, quienes cumplen con las características físicas dadas de las personas que intervinieron en los actos. 9.3. Así mismo, informa el agente que esas personas se encontraban detenidas en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, por lo cual ingresó la ficha de identificación de *******, y de la otra persona detenida. 9.4. Así mismo anexó las entrevistas realizadas a las víctimas, así como serie fotográfica donde aparecen las fotografías del negocio donde sucedieron los hechos, que consta de siete fotografías. 9.5. Reconocimiento de persona en cámara ******* de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la ciudadana *******, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, la cual en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos narrados con anterioridad. 9.6. Se cuenta también con diverso reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, en cámara *******, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la ciudadana *******, constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, la cual en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos denunciados con anterioridad. 9.7. Así mismo, se cuenta con diverso reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, en cámara *******, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la ciudadana *******, constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, la cual en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos denunciados con anterioridad. 9.8. Así mismo, se cuenta con diverso reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, en cámara *******, ante el Agente del Ministerio Público Licenciada ******* y en presencia del Licenciado *******, defensor Público, compareció la menor de iniciales *******, en compañía de la licenciada *******, psicóloga adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como de su madre *******, las cuales una vez constituidos en la cámara *******, de la fiscalía Zona Norte, y en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual, previa descripción física de la media filiación de la persona que participó en los hechos delictivos narrados, llevó a cabo el reconocimiento de *******, sin temor a equivocarse, como la persona que intervino en los hechos delictivos denunciados con anterioridad. 10. Dictamen pericial del estado psicológico, de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el licenciado *******, perito en materia de Psicología, adscrito a servicios periciales y ciencias forenses, hizo evaluación psicológica sobre la menor de iniciales *******, cuya conclusión fue en el sentido de que refiere afectación psicológica derivada de la exposición a los hechos delictivos a que fue sometida, requiriendo sesiones de terapia para tal situación. Así mismo, en audiencia de vinculación a proceso de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, la defensa particular del hoy quejoso, desahogó los medios de prueba ofertados, consistentes en: La entrevista realizada a un menor, de edad *******, de quince años de edad, quien es hijo de *******, persona que dio entrevista ante la defensora particular, en su despacho particular, la cual le manifestó que se encontraba en el lugar donde detuvieron al hoy imputado, por lo cual, la defensora acredita la pertinencia de la entrevista puesto que al declarante le consta los hechos de la detención pues los presenció, a lo cual manifestó: que el día primero de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dos de la tarde, iban en a camioneta de su mamá, su mamá, Antonio y él, que cuando iban ingresando al estacionamiento de soriana las torres, se les atravesaron unas camionetas de policías ministeriales, y se bajaron como cuatro personas con sus armas y con sus armas les apuntaron , dos hombres y dos mujeres, que con palabras fuertes bajaron a su mamá de la camioneta, pegándole y luego bajaron a Antonio, y también lo golpean y por último lo bajaron a él, y a él y a ******* los suben en una misma camioneta, y en el transcurso a fiscalía iban torturando a ******* preguntándole que donde estaba el dinero, que cuando llegaron a fiscalía, bajaron a ******* de la camioneta y a su mama se la llevaron otros agentes, que los policías se repartían las cosas que había en la camioneta de su mamá, manifiesta que su mamá y ******* de dedican a vender ropa nueva y usada desde hace mucho tiempo. Queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, con oficio *******, signada por *******, quien es concubina del quejoso y fue detenida juntamente con él. Sellado de recibido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, queja en la cual manifiesta que el día primero de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a la una de la tarde, iban entrando a plaza las torres en su camioneta, *******, ******* color *******, en compañía de su pareja y de su hijo *******, cuando se les cerraron al paso dos camionetas de policías ministeriales, y se bajaron dos hombres y dos mujeres, apuntándoles con sus armas, y les gritaron que se bajaran, que se bajaron y los agentes se les fueron encima para esposarlos, incluyendo a su hijo, lo subieron a una camioneta y se fueron a fiscalía, que a ella la golpeaban y le preguntaban a que se dedicaban, y la amenazaban con llevar a sus hijos al DIF, si no confesaba que se dedicaban a robar celulares, y la seguían maltratando, que le pidieron hacer su declaración por escrito, haciendo un trato que sí lo hacía, le entregarían a su hijo, que le negaron la llamada. Luego la pasaron al área de celdas, donde la siguieron amenazando, y vio como en otra celda estaba detenido *******, al cual sacaban muchas veces de su celda y lo regresaban muy golpeado, incluso que los otros detenidos lo golpearon y los guardias no hicieron nada al respecto, lo alcanzaba a ver muy golpeado de su cara y con la nariz abierta. Sigue mencionando que no le regresaron la totalidad de la cantidad de dinero que traía al momento de la detención, así mismo, que no le devolvieron la ropa que traía en su camioneta. Copia del nombramiento de defensor, ante la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del delito con Personas Detenidas, dentro de la carpeta de investigación *******, donde ******* y *******, el día dos de febrero nombran como defensores particulares, a los Licenciados *******, así como la Licenciada *******, nombramiento que se encuentra firmado únicamente por *******. Impresión de la página https://consultadedetenciones.sspc.gob.mx/, en el cual, obra el dato de la detención del imputado, la cual fue llevado a cabo en Ciudad Juárez, en la colonia San Antonio, calle Eje Víal, entre Calle Aserradero, en la fiscalía general del estado, el día tres de febrero de dos mil veintiuno a las a las cuatro treinta p.m. por policías ministeriales. Acto seguido, la Agente del Ministerio Público, hizo manifestaciones respecto a los datos de prueba expuestos por la defensa: por lo que hace al escrito mediante el cual se nombra defensores particulares, este escrito fue exhibido en la carpeta de investigación *******, sin embargo, aclara que la audiencia de vinculación a proceso en que se actúa, se resuelve respecto a la investigación seguida bajo número de carpeta *******. Así mismo, manifiesta que respecto a las manifestaciones vertidas por *******, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que respecta a que ******* se veía muy lastimado en su cara, nariz y chichones en la cabeza, se desvirtúan, puesto que existe certificado medico por parte de la Médico Legista Doctora *******, la cual manifiesta en dicho certificado, que el imputado, al estar detenido en las instalaciones de la fiscalía, no presenta huellas de lesiones físicas recientes visibles, únicamente se observa una escoriación menor en columna nasal de antigua data. Acto seguido, la defensa manifiesta que el imputado desea hacer uso de su derecho a declarar, por lo cual, el juez responsable, lo hizo sabedor de su derecho a hacerlo, así mismo le pidió que lo manifestara de su propia voz, a lo cual el imputado así lo manifestó. El juez lo invitó que se condujera con verdad, así mismo le preguntó si entendió sus derechos a lo cual el imputado manifestó que sí, por lo cual el imputado declaró lo siguiente: A preguntas del defensor: "¿Le puedes decir al juez como fue que te detuvieron? Nos dirigíamos, mi esposa *******, mi hijastro ******* y yo, a plaza las torres a hacer un depósito de una mercancía que nos había llegado, nos detuvieron unos ministeriales con armas de fuego, lo subieron a la patrulla junto con su hijastro y los comenzaron a golpear en la cabeza, para decirles que donde traía el dinero, esto lo presenció mi hijastro, una vez que llegaron a fiscalía lo siguieron golpeando y preguntando que donde estaba el dinero, me lastimaron la nariz, luego me bajaron a las celdas. ¿En la audiencia anterior aquí ante el juez traías tu nariz abierta y los ojos inflamados? Sí, de hecho ahorita los traigo inflamados. ¿Qué día ocurrió esta detención? Fue el día primero, como a la una de la tarde. ¿Y en el vehículo que iban que llevaban? Pantalones de varios tipos, un porta bebe, una carreola, zapatos de Andrea, unas botas personales, herramienta, chamarras, y otras cosas. ¿Recuerdas que te hayan llevado a una cámara de Gessel a que te reconocieran? No, siempre estuve solo. ¿En algún momento te pusieron frente a otras personas para que te reconocieran? No, siempre estuve solo, recuerdo que como de la una hasta las cinco o cinco y media que fue mi entrada ya legal a fiscalía. ¿Desde que te golpean hasta que te ponen en libertad por ese problema, fue algún defensor a hablar contigo? No, porque al día siguiente los mismos ministeriales me sacaron, de hecho, cuando fueron a llevarme a mi reconocimiento pues yo sabía que tenía una licenciada, que me estaba buscando y nunca me encontró, pues me sacaron unas tres o cuatro veces para preguntarme que donde estaba el dinero. Son todas las preguntas por parte de la defensa". A continuación se corrió traslado a la Agente del Ministerio Público, la cual manifestó su interés por formular preguntas al imputado. El imputado manifestó que no era su deseo contestar las preguntas de la Agente del Ministerio Público. A pregunta expresa por parte del Juez, el imputado refirió que quería dar por concluido su declaración. Siendo dichos medios de convicción, la totalidad de los datos de prueba ofrecidos por parte de la defensa.En esa tesitura, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado los cometió. Es así, ya que las víctimas son coincidentes en sus declaraciones vertidas ante la representación social, mismas que se encuentran adminiculadas con otros medios de convicción. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es:El esclarecimiento de los hechos;Proteger al inocente;Procurar que el culpable no quede impune; y,Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por ello -en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- lo que se busca es dar cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Así, de los datos narrados por la fiscalía y de las pruebas ofrecidas y desahogadas en la audiencia de vinculación a proceso por parte de la defensa, que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control, se estiman suficientes, para considerar que se cometieron los hechos que se atribuyen a la parte quejosa y la probabilidad de que cometió el ilícito o participó en su comisión. Es así, toda vez que contrario a lo vertido por el quejoso, esta Resolutora Federal considera que el auto de vinculación a proceso emitido en ocho de febrero de dos mil veintiuno, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que satisface los requisitos de fondo que derivan del arábigo 19 constitucional, pues se advierte que el Juez responsable, al evaluar los datos reseñados y la declaración del imputado, todos en la audiencia de vinculación a proceso, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 356. Libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código." "Artículo 359. Valoración de la prueba. El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado."Dispositivos legales que norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica, y de esa valoración expuso los razonamientos correctos que lo condujeron a estimar que los datos expuestos, son eficaces y suficientes para tener por demostrado en términos del artículo 316 del ordenamiento procesal aludido, la existencia del hecho delictivo tipificado por las leyes ordinarias como Robo Calificado, imputado al hoy quejoso *******, así como la probable participación de éste en su comisión.Lo anterior, aunado a la circunstancia que ciertamente los hechos por los que se decretó su vinculación a proceso, se adecuan a esa figura delictiva, pues, como se dijo, hasta este momento procesal está acreditado que de manera probable el quejoso participó en su comisión, desplegando la conducta típica y antijurídica que se le reprocha. Ello es así, dado que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, valoró en su conjunto y adminiculó entre sí, en su enlace lógico y natural concatenado, los datos reseñados por la agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, en específico el contenido en las declaraciones en sede ministerial, por las víctimas *******, *******, *******, ******* y la menor de iniciales *******, representado por su madre y representante legal de nombre *******, quienes fueron contestes al señalar al quejoso como la persona que el día veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, ingresó al negocio de uñas de nombre "*******", ubicado en ******* en esta ciudad, y luego de sacar de entre sus ropas un arma de fuego, las amagó, detrás de él entraron dos sujetos más al establecimiento, entre los cuales despojaron de las pertenencia a las personas que se encontraban en ese lugar. Así mismo, tuvo por acreditado el desapoderamiento de los objetos pertenecientes a las víctimas presenciales del hecho, así como del dinero en efectivo perteneciente a una de las victimas presenciales como a la propietaria de la negociación señalada con antelación, con las declaraciones de las víctimas, así como de la testigo referencial, quien es propietaria de la negociación denominada "*******", ubicado en ******* en esta ciudad. Lo anterior lo concatenó de igual manera con la información rendida mediante Parte informativo de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, realizado por el Licenciado *******, Suboficial de la Policía Investigadora de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo, con imputado desconocido, del cual se desprenden entrevistas realizadas a las testigos así como serie fotográfica del lugar en el cual fueron realizados los hechos. Con el objeto de establecer los objetos que sufrieron el apoderamiento por parte de los sujetos activos del hecho ilícito en comento, aún y cuando las víctimas reclaman diversos artículos, lo cierto es que algunos de ellos no fueron considerados por la Representación Social, quien en su imputación limitó el desapoderamiento de los bienes siguientes: De ******* a una computadora de la marca *******; de ******* a un celular *******; de ******* a un celular *******; al negocio de *******, al numerario en efectivo y a ******* a $******* (*******), unas llaves de su vehículo y unos lentes. Bienes los apuntados que fueron reclamados por las denunciantes y que coinciden con los objetos que se refieren las presenciales, pues del dicho de *******, *******, y ******* se advierte que a ******* la desapoderaron de una bolsa, cuyo contenido refirió la pasivo, como numerario, llaves y lentes, entre otros, informando *******, que su tía había ido al banco; ahora bien, ******* reclama un celular *******, del que dio cuenta *******; mientras que esta última reclamó una computadora, de la cual dieron cuenta ******* y *******; Siendo que las tres últimas citadas y *******, dijeron haber advertido cómo los activos sustrajeron la cantidad en efectivo, precisando ******* y *******, que la suma era aproximadamente de $******* (*******) y que la propietaria de la negociación es *******. Por último, del celular de ******* dio cuenta *******, ******* y *******. Por lo que hace al tema del ánimo de dominio, por parte de los activos respecto al apoderamiento de los objetos antes mencionados, el Juez de Control lo tuvo por satisfecho dado a que los sujetos activos del hecho, se retiraron del lugar llevándose consigo los objetos, sin dato alguno que revele que las denunciantes hayan recuperado los artículos que reclaman, por lo que debe entenderse que los agentes se apropiaron de los objetos, y al llevárselos consigo se condujeron como propietarios de los mismos. De igual manera, respecto a la ajeneidad de dichos objetos, consideró el juez responsable, tener por demostrado que los bienes muebles, cuya desposesión, dio origen a la causa penal, le era ajenos a los activos, ya que, hasta ese momento procesal, no obra dato de prueba alguno que revele que a quien se le atribuye el injusto, detentara el derecho de propiedad sobre los objetos, por el contrario, dicha propiedad debe entenderse que se acredita a favor de *******, *******, *******, *******. Ello es así, ya que la primera, apoyada en el Reporte general de ventas, reclamó la cantidad de $******* (*******), como producto de las actividades del negocio de su propiedad denominado "*******", acreditando estas particularidades con el contrato de arrendamiento, las actualizaciones fiscales y el dicho de las empleadas de nombre ******* y *******, quienes se dijeron empleadas de dicha negociación a donde ingresaron los activos y sustrajeron un numerario en efectivo, además de que reconocieron a ******* como la propietaria del establecimiento; Así mismo, la propiedad de la computadora que reclama *******, fue avalada por ******* y *******; por otro lado, ******* reclamó la propiedad de un celular marca *******, en color *******, acreditándose dicha particularidad con los testimonios de ******* y *******, objetos que han sido valorados con antelación; en cuanto al celular ******* de *******., ésta acreditó la propiedad con el dicho de *******, quien a su vez reclamó la propiedad de $******* (*******), unas llaves y lentes, que son objetos que dijo se encontraban en su bolsa, cuya existencia refirieron *******, *******, y *******, pues dijeron que advirtieron que a ******* le quitaron la bolsa, informando *******, que su tía había ido al banco. Así mismo, establece que toda vez que no obran datos que revelen que los declarantes se conducen con falsedad y conforme lo establece el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las documentales son soporte de información la cual es conteste con el dicho de *******, es por lo que tuvo por cierto, que los bienes muebles que reclama las denunciantes, son de su propiedad y con ello, ajenos a los activos. En lo concerniente a la ausencia del consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, para el apoderamiento de los objetos descritos en párrafos anteriores, el Juez de Control lo tuvo por acreditado puesto que las victimas *******, *******, *******, ******* y *******, son quienes en su calidad de dueñas, legalmente podían disponer de los bienes muebles en cita, u otorgar su consentimiento a persona diversa para tal efecto, y no se demostró que las sujetos pasivos, hubieran brindado su anuencia para que los activos dispusieran de los bienes muebles que nos ocupa o que aquellos estuvieran facultados por algún mandato judicial o ejercicio de un derecho para ello, sino por el contrario, debemos entender que era ilegítima la aprehensión material de los bienes, pues de otra forma no hubiese sido necesaria la violencia sobre las víctimas, al amagarlas con un arma de fuego y un objeto punzo cortante, según refieren las propias víctimas. De lo anterior, el Juez de Control responsable, tuvo por acreditado el hecho de que alrededor de las diecisiete horas del día veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, en el interior del establecimiento denominado "*******" ubicado en *******, en esta Ciudad, alguien, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, se apoderó con ánimo de dominio de los bienes descritos en párrafos anteriores, una computadora de la marca *******; un celular *******; un celular *******; la suma de $******* (*******), unas llaves de un vehículo, unos lentes y $******* (*******), que son bienes muebles que le eran ajenos, con el consiguiente perjuicio patrimonial de los propietarios de los objetos, a saber, de manera respectiva de *******, *******, *******, *******, y menor de iniciales *******. De ahí que habiéndose fijado los bienes muebles que cada una de las denunciantes reclama, es por lo que ese juzgador tuvo por acreditado el hecho que la Ley señala como delito de *******, revisto por el numeral 208 del Código Penal, que atendiendo el valor que cada una de las pasivos le brinda a sus artículos, se debe ubicar en la fracción I, del citado cardinal. Ilícito que debe considerarse contrario al orden jurídico, ya que el Juez de Control no encontró norma que autorizara a los activos para producirse en los términos en que lo hicieron; además, tampoco advirtió ninguna causa de exclusión del delito, por el contrario, de la mecánica de los hechos consideró patente que al menos un activo, estaba provisto de un arma de fuego y otro, con un cuchillo, por lo que consideró que los activos conocían la ilicitud de sus actos y no obstante que pudieron ajustar su conducta a la norma, voluntariamente decidieron vulnerarla, y para ello, ejecutaron los medios comisivos hasta lograr el apoderamiento de los bienes. Ahora bien, a criterio de está resolutora, el Juez de Control consideró de manera correcta, que el injusto se agrava en términos de los cardinales 211, fracción VI y 212 fracción II, ambos del Código Penal, ya que del dicho de *******, *******, ******* y la menor de iniciales ******* se desprende que fue más de un sujeto el que participó en el desapoderamiento que denuncian, pues ubican a un individuo con un arma de fuego con la cual las sometió, para luego ingresar un sujeto con un cuchillo, estableciendo algunas de las declarantes que existió un tercer individuo; siendo precisas en señalar que el primero de los individuos que ingresó, las violentó moralmente al grado de doblegar su voluntad con el amago que le brindaba el portar un arma de fuego, tan es así que ******* presenta una alteración emocional moderada, en razón a los hechos materia de la imputación, según se colige de la impresión diagnóstica realizada sobre su persona; de ahí que como las declarantes manifiestan hechos que conocieron a través de los sentidos y dan a conocer sin reticencia alguna el evento del que tuvieron conocimiento, es por la que la unión de todas sus manifestaciones, dirigidas en el mismo sentido, llevaron a la responsable a tener por cierto que: en el hecho intervinieron dos o más personas y que se ejerció violencia moral sobre las víctimas, al utilizarse un arma de fuego y un objeto punzo corto penetrante. Por lo que hace a la probable responsabilidad del hoy quejoso. La autoridad responsable, en su resolución de vinculación a proceso, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada en términos del artículo 21 fracción III, del Código Penal del Estado, la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de ******* en estudio, ya que en su contra obran las diligencias de reconocimiento realizadas con las exigencias del cardinal 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las que *******, *******, *******, *******, reconocieron al imputado como la persona que las sometió con el amago que le brindaba el portar un arma de fuego, sin que se desconozca que de dichas declaraciones también existieron otros intervinientes, entre ellos, uno provisto por un objeto punzo corto penetrante. Así mismo el Juez de Control, atendió a las manifestaciones vertidas por el Defensor Particular, en las que argumentó lo siguiente: La imposibilidad de que fuera reconocido su representado en razón del atuendo que lo cubría. Manifiesta el Juez responsable, que las denunciantes narran los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, además, no obran datos que sugieran que tienen un motivo espurio, como resentimiento, venganza o enemistad contra el imputado, para declarar en la forma en que lo hacen, por lo que la unión de dichas afirmaciones, hacen probable que *******, haya intervenido con otros individuos, bajo un plan común, por lo que cada uno de ellos debe responder por la totalidad del evento, al haber participado bajo la división de tareas. Reiterando ese Juzgador, que no soslaya que las denunciantes indicaron que los activos al momento de los hechos, portaba cubre bocas; empero, ello no es suficiente para considerar que estaban imposibilitadas para realizar el reconocimiento de referencia, ya que las mismas exponentes fueron precisas en indicar que pese a dicha particularidad, estaban en condiciones de identificar a la persona que atribuyen el hecho. En ese sentido, consideró de manera probable, la intervención en calidad de coautor de ******* en la comisión del delito de ******* analizado en esa audiencia de vinculación. La Defensa incorporó datos de prueba que fueron tomados en consideración por ese Juzgador, a saber: 1.- El dicho de un menor de edad, y el contenido de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por *******, además de la declaración de la persona detenida, de cuyas manifestaciones, en conjunto, se advirtió que fueron detenidos el día primero de febrero del año dos mil veintiuno por elementos Ministeriales que atravesaron sus unidades para detener su marcha, bajando cuatro agentes que, con armas de fuego, los amagaron para luego someterlos y detenerlos, refiriéndose en la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, así como la declaración del señor *******, que existieron actos que trasgredieron la integridad física de los detenidos. 2.- También, se destacó, por parte de la defensa, un nombramiento particular de los profesionistas que actualmente llevan la representación del señor *******, y una impresión de una página sobre la consulta de la detención. Bajo esos datos y argumentos, la defensa solicitó un auto de no vinculación a proceso en favor de su representado; sin embargo, el Juez responsable no concordó con las apreciaciones de la defensa en razón de lo siguiente: Manifiesta ese Juzgador, quedarle claro, por los datos que proporciona la defensa, la detención llevada a cabo del día primero de febrero de dos mil veintiuno, así como la posibilidad de la existencia de actos de tortura, tan es así que dio vista a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para su investigación y se ordenó el inicio del llamado Protocolo de Estambul, sobre a persona del señor *******. Destacó la defensa también, que existió una falta de registro de la detención de *******, señaló la defensa la posibilidad que ello haya sido para generar esa tortura, en esa tesitura, dijo el responsable, que aun y cuando es cierto que el numeral 357 del Ordenamiento Procesal de la Materia, establece la legalidad de la prueba y señala que debe ser considerada nula aquella obtenida a través de violaciones a Derechos Humanos, menciona que lo cierto es que de esa tortura o de esa falta de registro de la detención, no se advierte ninguna prueba directa, no se advierte ninguna confesión que haya sido utilizada para incriminar en el hecho que nos ocupa al señor *******. Por lo que hace a la falta del registro que menciona el defensor particular, el juez responsable, determinó que la misma Ley que prevé precisamente su registro de detención, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, en su artículo 21 en su segundo párrafo indica "Las instituciones de procuración de justicia o aquellas que conozcan de faltas administrativas, a quienes les sea puesta a disposición una persona detenida, van a proceder de inmediato a actualizar la información de ese Registro" Y establece en su segundo párrafo "En caso de que no existiese un registro preexistente deberá iniciar uno; dejando constancia de esa negligencia y se dará vista a la autoridad competente". Menciona la responsable, que ha cumplido con esa vista al indicar que también por ello se de vista al Fiscal General del Estado; sin embargo, de ese numeral no se advierte que tenga como efecto directo declarar alguna prueba ilícita, si bien es cierto, en el siguiente párrafo establece "El Juez de control o la autoridad correspondiente, debe valorar la demora o la imposibilidad del registro", lo cierto es que como se ha dicho, no se advierte que se haya obtenido alguna probanza de esa retención y de los actos de tortura que se reclaman, en ese sentido debe de establecerse que la Primera Sala de la Suprema Corte ha señalado o ha establecido que la prueba en cita no es algo que pueda tomarse de manera amplia, pues tiene límites. Luego, la responsable invoca la tesis señalada en la décima época, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, página 993, con registro número 2010354 con el rubro "PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN". donde señala precisamente lo atenuado de un acto ilícito, ello atendiendo a la lejanía que puede ocurrir entre el evento.Luego entonces, indicó la responsable, de esa detención, tortura, o de esa falta de registro, no se produjo una prueba que haya sido tomada directamente ante ese Tribunal, no hay prueba que haya tomado en cuenta ese resolutor, por lo tanto, no accede a lo solicitado bajo esa consideración. Por otra parte, señaló el defensor en la audiencia, que no hay un nexo causal entre la forma en que fue presentado *******, a una diligencia de reconocimiento, sin embargo, manifiesta el Juez de Control, que tampoco comparte dicha consideración, pues manifiesta que el agente policial, que lo es *******, anexó ficha de identificación de personas, ello tomando en cuenta que las características de la persona detenida, que lo era el señor *******, coincidía con los datos que le proporcionaron las víctimas y a través de un oficio emitido por la Licenciada *******, se tuvo conocimiento de la detención de dicha persona, por lo que contrario a lo que sostiene el señor defensor, la responsable consideró que sí existe un nexo que permita justificar precisamente como se tuvo conocimiento de la persona. Hizo señalamiento el defensor particular, en el sentido de que había un nombramiento para que él llevara la representación legal de *******, sin embargo, también destaca la defensa, que dicho nombramiento no estaba signado por el hoy quejoso, de ahí que el juez responsable, consideró que el nombramiento del licenciado *******, Defensor Penal Público, se debe reconocer como legítimo, pues los defensores que participaron en la audiencia de vinculación a proceso, así como en la audiencia inicial, no tenían esa calidad al momento de las diligencias de reconocimiento. Por lo que hace a las diligencias de reconocimiento, argumentó el defensor particular que no se llevaron adecuadamente, pues una persona que lo reconoce, primero hizo una identificación, después fue retirado el imputado y posteriormente se presentaron las personas y volvieron a la diligencia. En ese sentido, manifestó la responsable, que el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no establece, con el rigor que destaca el señor defensor, lo destacado por éste, por lo que, el requerimiento de dicho numeral, es que se debe de hacer constar cómo se desarrolló el reconocimiento, y aunque es cierto que el señor Defensor ha destacado que las personas que se presentaron junto con su representado no corresponden a las mismas características que la persona que se reconoció por parte de las denunciantes, lo cierto es también que el numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece esa posibilidad, señala que deberá presentarse al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan.Así, al existir esa salvedad, es que el juez responsable no compartió el argumento de la defensa de dejar de forma tajante, una actuación como la que se destaca por parte de la representación social, sin la valoración adecuada, armónicamente con los demás datos. Por lo que respecta a lo manifestado por el defensor, en cuanto a que no pudieron haber reconocido a *******, ya que traía el cubrebocas y traían otras vestimentas que cubrían su rostro y su cabeza, según el dicho de las propias víctimas, eso lo hace imposible de su reconocimiento; considera la responsable, que como lo indicó con anterioridad, las propias víctimas refieren que estaban en condiciones de identificar a las personas a las que les atribuyen el hecho y también las mismas dieron cuenta de datos que cualquier persona en su misma posición pudiera haber brindado, de ahí que insiste que existen datos que revelan la probable participación del señor *******, máxime que en cuanto a la identificación que hace la de nombre *******, aduce que la madre de ésta dio cuenta como al tener a la vista una nota periodística a través de medios electrónicos sufrió una alteración emocional, por lo que se hace creíble que pueda hacer el reconocimiento de que se trata. En ese sentido, considera la responsable, satisfecha la probabilidad de intervención del imputado en el hecho que se le atribuye. Por lo que respecta a las causas de extinción de la acción penal o excluyente del delito. La autoridad responsable manifiesta que, en la causa penal en estudio, no se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En consecuencia, concluyó el Juez de Control, como el artículo 19 de nuestra Carta Magna, no requiere que esté plenamente demostrada la responsabilidad del inculpado, sino únicamente que se haga probable, y al no estar acreditada, hasta ese momento procesal, ninguna excluyente de incriminación, a favor de *******, quien rechazó inicialmente su derecho, para posteriormente ejercerlo en la audiencia de vinculación a proceso, en cuanto a la facultad de rendir declaración, es por lo que el Juez responsable, consideró dictar en su contra AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO por el delito de ROBO AGRAVADO previsto por el numeral 208 fracción I, en relación con los numerales 211 fracción VI y 212 fracción II, todos del Código Penal Estado de Chihuahua, cometidos en perjuicio de *******, *******, *******, *******, Y *******. No pasa inadvertido el Juez de control en su resolución, el hecho de que la persona detenida alegue en su descargo que nunca se verificaron los reconocimientos con los cuales se llega a la determinación de vinculación a proceso; sin embargo, en apoyo a su manifestación no se allegó dato alguno, por el contrario, señala la responsable, obran los datos de prueba destacados por la Representación Social, y no basta la sola manifestación del imputado, de tener por cierto ello, pues sería desvirtuar todo un mecanismo lógico y primar a todo aquel que niegue un hecho sin confirmación alguna. De la resolución anteriormente analizada, se desprende que los antecedentes narrados por la Representación Social, y declaración del imputado, a los que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, correctamente les otorgó valor al haber sido vertidos ante una autoridad competente como lo es el agente del Ministerio Público, los antecedentes de investigación y ante dicho juzgador, por lo que hace a la declaración del propio imputado, así como los medios de prueba aportados por la defensa particular del mismo. En ese tenor, tal y como lo señaló el Juez responsable, dada la mecánica de los hechos, conducen a afirmar racionalmente que el sujeto activo fue la persona que el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno aproximadamente a las diecisiete horas, ingresó al establecimiento denominado "*******" ubicado en *******, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, y después de solicitar información de un servicio, sacó de entre sus ropas un arma de fuego color negro tipo escuadra, con la cual amenazó a los presentes diciendo: "todas al suelo, esto es un asalto, no griten", para posteriormente, junto con la intervención de dos sujetos más, despojarlas de sus pertenencias. OCTAVO.- Del análisis de los conceptos de violación. Culminado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de amparo. Ahora, por técnica jurídica, en el examen de los conceptos de violación, no se respetará el orden en el que fueron propuestos, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. Razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, esta juzgadora considera pertinente establecer que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte inconforme inserta razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Sin embargo, debe destacarse que esos aspectos no serán objeto de un pronunciamiento específico por parte de este tribunal federal, en la medida en que no constituyen razonamientos en los que se haga valer un auténtico concepto de violación o que, por sí solos, puedan llevar a la convicción de que el acto reclamado es inconstitucional. En efecto, el examen de los actos reclamados en el juicio de amparo debe ceñirse a los razonamientos jurídicos que, a título de conceptos de violación, se hagan valer en su contra, sea que para ello se destine un apartado específico o se advierta del análisis integral del escrito de demanda, por lo cual si tales planteamientos no reflejan, por sí, la inconstitucionalidad aseverada mediante la expresión de un agravio o perjuicio causado en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sólo sirven como un complemento o marco de referencia para ilustrar la postura que asume en torno a un tópico o tema, es patente que no ameritan una calificación, ni un análisis sobre ese particular. En tal virtud, si a partir de esas consideraciones la hoy parte impetrante expone razonamientos jurídicos que, en concreto, haga valer en calidad de conceptos de violación, respecto de los cuales esta resolutora está obligada a emitir un pronunciamiento particular, tales manifestaciones sólo serán tomadas en cuenta para el efecto de clarificar la causa de pedir y, a la postre, para que este tribunal adopte un criterio sobre las cuestiones propuestas por la parte quejosa. Al efecto, cabe citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis: 1341. Página: 1503.) "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Mayo de 2007. Tesis: 1a. CVIII/2007. Página: 793.) Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 todos de la Carta Magna, mediante conceptos de violación que van dirigidos a la resolución en que se resolvió su situación jurídica, los cuales son los siguientes: 1.- En esencia la parte quejosa manifiesta que se viola el derecho humano al debido proceso, debido a una inexacta valoración de los datos de prueba, toda vez que el Juez de Control se apartó de las reglas establecidas en los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber utilizado como elemento toral de su resolución los cuatro reconocimientos de personas llevados a cabo por las víctimas, puesto que esos reconocimientos se encuentran viciados de origen, toda vez que, aduce, que el imputado fue puesto a la vista de las victimas previamente a ser puesto junto con las diversas tres personas en la diligencia de reconocimiento. 2.- La detención del hoy quejoso, jamás fue registrada en el registro nacional de detenciones, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 17, 21 y 28 de la ley Nacional de Registro de Detenciones, pues con ello deviene ilícita la detención y los datos de prueba emanadas de la misma. 3.- La diligencia de reconocimiento de persona, se llevó a cabo sin presencia del defensor penal público, puesto que el designado al quejoso para tal efecto, se encontraba presente en la diligencia de reconocimiento de persona, el mismo día y a la misma hora, por lo cual deben ser nulas dichas diligencias. Por lo que hace al motivo de señalado por la responsable, cono número uno, aduce el quejoso, viola el derecho humano al debido proceso, contemplado en el artículo 16 Constitucional, toda vez que esa determinación no fue debidamente fundada, puesto que existe una inexacta valoración de los datos de prueba. Se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, toda vez que a criterio de quien resuelve el auto de vinculación a proceso satisface dicha prerrogativa pues, contrariamente a lo que sostiene la parte quejosa, la autoridad responsable, ciñó su resolución a los parámetros procesales correspondientes. En efecto, para fundar dicho acto el juez responsable en el auto de vinculación a proceso, citó los artículos 19 y 104, fracción I, de nuestra carta magna, artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 208 fracción I, en relación con el 211 fracción VI y 212 fracción II, todos del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Igualmente, para motivar los propios actos, el Juez de Control expuso que, en el caso, los datos en la causa resultan aptos y suficientes para estimar que se cometió el hecho ilícito de Robo Calificado y que existe la probabilidad de que la parte quejosa participó en su comisión en el caso concreto. En último orden, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la responsable para sustentar la decisión asumida en los actos que nos ocupan, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuraron las hipótesis jurídicas, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. Por tanto, contra lo estimado por la parte quejosa, se estima que la responsable, al momento de analizar la probable responsabilidad del quejoso en la realización de los hechos que originaron la causa penal, y valorar los datos y antecedentes derivados de la causa penal, no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. De dicha resolución se advierte que la responsable, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada en términos del artículo 21 fracción III, del Código Penal del Estado, la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de robo agravado. Pues adujo, que las diligencias de reconocimiento fueron realizadas bajo las exigencias del cardinal 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las que *******, *******, ******* y *******, reconocieron al imputado como la persona que las sometió al amagarlas con un arma de fuego. En ese sentido, manifestó la responsable, que el requerimiento que ordena el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que se debe de hacer constar cómo se desarrolló el reconocimiento, y si bien es cierto como lo destacó el señor Defensor, que las personas que se presentaron junto con su representado no corresponden a las mismas características que la persona que se reconoció por parte de las denunciantes, lo cierto es también que el numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece esa posibilidad, pues señala que deberá presentarse al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan.Así, ante esa salvedad, es que el juez responsable determinó darle la valoración adecuada, a una actuación de investigación como la que se destaca por parte de la representación social, máxime que la valora armónicamente con los demás datos de prueba ante él vertidos. Por lo que respecta a lo manifestado por el defensor, en cuanto a que no pudieron haber reconocido a *******, ya que traía el cubrebocas y traían otras vestimentas que cubrían su rostro y su cabeza, según el dicho de las propias víctimas, considera la responsable, que como lo indicó con anterioridad, las propias víctimas refieren que estaban en condiciones de identificar a las personas a las que le atribuyen el hecho puesto que lo tuvieron de frente todo el tiempo en que estuvo dentro del local, ya que a una de ellas, a *******, el hoy quejoso le pidió la bolsa por lo que ésta, se la entregó en su propia mano. Aunado a lo anterior, es que también las victimas dieron cuenta de datos que cualquier persona en su misma posición pudiera haber brindado, de ahí que insiste que existen datos que revelan la probable participación del señor *******, máxime que en cuanto a la identificación que hace la de nombre *******, aduce que la madre de ésta dio cuenta cómo al tener a la vista una nota periodística a través de medios electrónicos sufrió una alteración emocional, por lo que se hace creíble que pueda hacer el reconocimiento de que se trata. Así mismo, el Juez de Control, refiere que las denunciantes narran los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, además dijo, no obran datos que sugieran que tiene un motivo espurio, como resentimiento, venganza o enemistad contra el imputado, para declarar en la forma en que lo hacen, por lo que la unión de dichas afirmaciones, hacen probable que el hoy quejoso, haya intervenido con otros individuos, bajo un plan común, por lo que cada uno de ellos debe responder por la totalidad del evento, al haber participado bajo la división de tareas. Reitera ese Juzgador en su resolución, que no soslaya que las denunciantes indicaron que el quejoso al momento de los hechos, portaba cubre bocas; sin embargo, ello no es suficiente para considerar que estaban imposibilitadas para realizar el reconocimiento de referencia, ya que las mismas exponentes fueron precisas en indicar que pese a dicha particularidad, estaban en condiciones de identificar a la persona que atribuyen el hecho puesto que los tuvieron a corta distancia. En ese sentido, consideró de manera probable, la intervención en calidad de coautor de ******* en la comisión del delito de ******* analizado en esa audiencia de vinculación. Así pues, la responsable correctamente concedió valor a los datos de prueba emanados de la diligencia de reconocimiento de personas, llevados a cabo en sede ministerial en la llamada cámara *******, puesto que, como ya se dijo, cumplió con los parámetros establecidos en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor. Ahora bien, aduce la quejosa en sus conceptos de violación, que *******, fue puesto a la vista de las victimas previamente al desarrollo de la diligencia de reconocimiento, esto es, primeramente se puso solo ante las victimas para que los reconocieran y posteriormente en compañía de los otros tres sujetos ante la cámara de *******, sin embargo, de los antecedentes narrados por la representación social en la audiencia de formulación de imputación, los cuales se tuvieron por reproducidos en la audiencia de vinculación a proceso, no se advierte tal situación tal y como la menciona la parte quejosa. Así, de la reproducción de los discos de audio y video, en los cuales constan las audiencias antes mencionadas, del disco número 1 (audiencia de cuatro de febrero de 2021), en el video 4, se observa a la Agente del Ministerio Público, narra ante el Juez de Control, así como ante la defensa particular y el hoy quejoso, los antecedentes de investigación, entre los cuales, describe las diligencias de reconocimientos de personas llevadas a cabo en sede ministerial, de lo cual se desprende lo siguiente: Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, Comparece la ciudadana de nombre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, cumpliendo con los requisitos establecidos por el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la fiscalía zona norte, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona que había mencionado participó en los hechos el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, narrados en su denuncia, a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de estatura de ******* metros, tez ******* y de complexión *******, refiriendo que lo había tenido a una distancia de un metro y medio, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Acto seguido se pidió al imputado que eligiera un número, a lo cual eligió el número 3, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pidió a las personas que pasaran de manera secuencial, de características físicas similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenia a la vista se encontraba la persona que entro con un arma de fuego tipo escuadra y que la asaltó el veintiuno de enero del año en curso, a lo que la víctima señaló que reconocía sin temor a equivocarse a la persona que portaba el número tres, en ese momento la representación social le hizo saber el nombre de la persona que portaba el número tres, que es el hoy quejoso. Se le concedió el uso de la voz al defensor público, el Licenciado *******, quien preguntó que cuánto tiempo lo tuvo a la vista, la compareciente dijo que por unos segundos, preguntó que a qué distancia, a lo que la compareciente respondió que a metro y medio. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 50:20 al 54:12, del disco 1, video 4). Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, comparece la ciudadana de nombre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona que había mencionado participó en los hechos narrados en su denuncia el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de estatura de *******metros, tez ******* y de complexión *******, traía puesta chamarra negra, cubreboca de color negro, refiriendo que lo había tenido cerca por varios minutos, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Se le cuestionó si lo había visto con posterioridad a los hechos, y dijo que sí, en las noticias. Acto seguido se pidió al imputado que eligiera un número, del uno al cuatro, a lo cual eligió el número 3, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pidió a las personas que pasaran de manera secuencial, de características similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenía a la vista se encontraba la persona que entro con un arma de fuego tipo escuadra y que la asaltó el veintiuno de enero del año en curso, a lo que una vez que observó detenidamente a las personas, la víctima señaló que reconocía plenamente y sin temor a equivocarse a la persona que portaba el número tres, en ese momento la representación social le hizo saber el nombre de la persona que portaba el número tres, que es el hoy quejoso. Se le concedió el uso de la palabra al defensor público, el Licenciado *******, quien preguntó que cuánto tiempo lo tuvo a la vista, la compareciente respondió que seis minutos, que lo vio a los ojos. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 54:10 al 56:15, del disco 1, video 4). Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, Comparece la ciudadana de nombre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, cumpliendo con los requisitos establecidos por el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la fiscalía zona norte, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona que la asaltó y le quitó el teléfono *******, el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de tez morena clara y de complexión robusta, 1.65 metros de estatura, traía puesta sudadera negra, cubreboca de color negro, pantalón de mezclilla, un gorro negro, refiriendo que lo había tenido cerca por varios minutos, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Se le cuestionó si lo había visto son posterioridad a los hechos, y dijo que sí, en un video en redes sociales. Posteriormente, se pidió al imputado que eligiera un número, del uno al cuatro, a lo cual eligió el número 1, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pidió a las personas que pasaran de manera secuencial, de características similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenía a la vista se encontraba la persona que había mencionado reconocía por su de tez ******* y de complexión *******, ******* metros de estatura, por sus ojos y sus características físicas, y mencionó que reconocía plenamente y sin temor a equivocarse a la persona que portaba el número uno, en ese momento la representación social le hizo saber que esa persona responde al nombre de *******, el. Se le concedió el uso de la palabra al defensor público, el Licenciado *******, quien no hizo preguntas. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 56:15 al 58:36, del disco 1, video 4). Reconocimiento de persona en cámara *******. De fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público *******, Comparece la menor de dada *******, acompañada por la licenciada Psicóloga *******, así como de su madre *******, y en presencia del Licenciado *******, en su carácter de Defensor Público, se le requirió a la compareciente para que describiera a la persona el día veintiuno de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas, ingresó al negocio "*******" a lo que refirió que la media filiación de la persona que va a reconocer, a lo cual lo describe como una persona de tez morena clara y de complexión robusta, 1.66 metros de estatura, traía un arma de fuego entre sus ropas y la apuntó con el arma, y se tiró al suelo, que lo reconocía porque lo vio a los ojos, las entradas de su cabello que lo miró a los ojos por dos minutos, que lo tuvo cerca como a tres metros de distancia aproximadamente, que por eso lo podía reconocer plenamente, se le cuestionó si lo había visto con anterioridad al hecho a lo que respondió que no. Se le preguntó si lo había visto posteriormente a los hechos, y dijo que sí, en unas noticias de tv azteca. Posteriormente, se pidió al imputado que eligiera un número, del uno al cuatro, a lo cual eligió el número 2, de cuatro personas que participarían en la diligencia, posteriormente se pusieron a la vista las cuatro personas de manera secuencial, de características similares y se le cuestionó a la compareciente si de las personas que tenía a la vista se encontraba la persona que mencionó que el veintiuno de enero del dos mil veintiuno, ingresó al negocio "*******" con un arma de fuego, dijo que reconocía plenamente y sin temor a equivocarse al que portaba el número dos, se le informó a al compareciente que este responde al nombre de *******, el. Se le concedió el uso de la palabra al defensor público, el Licenciado *******, quien preguntó que cuanto tiempo lo tuvo a la vista, la compareciente respondió que aproximadamente dos minutos, que lo vió a los ojos. Firmaron quienes participaron en la misma. (Minuto 58:36,al 1:00:54 del disco 1, video 4). De lo anterior se advierte, que en los antecedentes de investigación presentados por la Representación Social, ante el Juez de Control en ningún momento se advierte que el imputado haya sido puesto, de manera individual, a la vista de alguna de las victimas que llevaron a cabo dicho reconocimiento, sino que fue puesto a la vista de ellas una vez que eligió número y junto con personas de similares características físicas, cumpliendo con ello con lo establecido en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así mismo, la quejosa hace referencia a la imposibilidad de haber sido reconocido en la cámara *******, puesto que se encontraba lesionado a tal grado que le haría irreconocible para las víctimas que llevaron a cabo la diligencia de reconocimiento de persona, sin embargo, la Representación Social hizo referencia a la existencia de dictamen médico de integridad física, emitido por la Médico Legista Doctora *******, en el cual establece que el imputado hoy quejoso, no presentaba lesiones recientes, únicamente presentaba escoriación menor en la columna nasal de data antigua, así mismo, de la reproducción de los discos de audio y video de la audiencia inicial, se puede apreciar en el disco número 1, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el video 4, en el minuto 59:00 al 01:01:38, se puede observar claramente el rostro del imputado, en el cual no se advierte huellas de lesiones que hicieran imposible su reconocimiento, así mismo, en el disco 2, de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, en el video 2, en el minuto 30:00, el imputado se quita el cubrebocas con el fin de ser escuchado de una mejor manera al momento de rendir declaración en la audiencia de vinculación a proceso, momento en el cual, se puede observar su rostro completo y no se advierte ni en los ojos, nariz o boca, huella de lesión alguna que pudieran derivar de golpes recibidos recientemente en la humanidad de dicha persona. Por lo que hace al motivo de disenso señalado con número dos, aduce también la quejosa que la detención del hoy quejoso, jamás fue registrada en el registro nacional de detenciones, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 17, 21 y 28 de la ley Nacional de Registro de Detenciones. Deviene fundado pero inoperante el motivo de disenso, puesto que, como señala la responsable en su resolución de vinculación a proceso, aun y cuando es cierto que el numeral 357 del Ordenamiento Procesal de la Materia, establece la legalidad de la prueba y señala que debe ser considerada nula aquella obtenida a través de violaciones a Derechos Humanos, menciona que lo cierto es que de esa falta de registro de la detención, no se advierte alguna prueba directa, no se advierte alguna confesión que haya sido utilizada para incriminar en el hecho que nos ocupa, al hoy quejoso. El artículo 357 del del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece:"Artículo 357. Legalidad de la prueba La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código." Por lo que la falta del registro que menciona el defensor particular, la misma Ley que prevé precisamente su registro de detención, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, en su artículo 21 en su segundo párrafo indica: "Artículo 21. Las instituciones de procuración de justicia o aquellas que conozcan de faltas administrativas, a quienes les sea puesta a disposición una persona detenida, procederán de inmediato a actualizar la información en el Registro sobre la situación que guarda dicha persona bajo su custodia, utilizando como referencia el número de registro de la detención que la autoridad aprehensora hubiere especificado en el informe. En caso de que no existiese un registro preexistente deberá iniciar uno; dejando constancia de la omisión o negligencia por parte de la autoridad, dando vista a la autoridad competente para determinar las responsabilidades que en derecho correspondan. Cuando exista demora o resulte imposible generar el registro, la autoridad aprehensora, bajo su más estricta responsabilidad, deberá motivar dicha circunstancia. El Juez de control o la autoridad que corresponda, deberán considerar dicha situación al momento de resolver sobre el particular.". Menciona la responsable, que ha cumplido con esa vista, al indicar que de ello se dio vista al Fiscal General del Estado; sin embargo, de ese numeral no se advierte que tenga como efecto directo declarar nula alguna prueba, si bien es cierto, en el último párrafo establece "El Juez de control o la autoridad correspondiente, debe valorar la demora o la imposibilidad del registro", lo cierto es que como lo indicó, no se advierte que se haya obtenido alguna probanza de esa retención. Por lo que respecta a los actos de tortura que hace alusión el abogado defensor, en ese sentido debe de mencionarse, que la presente causa penal, emana de una orden de aprehensión dictada por diverso Juez de Control, en contra del aquí quejoso, por los hechos narrados en la audiencia inicial de la causa penal *******, por lo que, de los actos de tortura a que hace referencia la parte quejosa, el Juez de Control responsable en el presente juicio de amparo, dio vista al Fiscal General del Estado de Chihuahua, para su investigación y ordenó dar inicio al Protocolo de Estambul, sobre la persona de nombre *******, como quedó asentado en el auto de vinculación a proceso en estudio.Luego entonces, indicó la responsable, de esa detención, tortura o falta de registro de detención, no se produjo una prueba que hubiera sido tomada directamente ante ese Tribunal, no hay dato de prueba que haya tomado en cuenta ese resolutor, por lo tanto, no accedió a lo solicitado bajo esa consideración. Por lo que hace al motivo de disenso señalado con número tres, aduce también la quejosa que la diligencia de reconocimiento de persona, se llevó a cabo sin presencia del Defensor Penal Público, puesto que el designado al quejoso para tal efecto, se encontraba presente en la diligencia de reconocimiento de persona, el mismo día y a la misma hora, por lo cual deben ser nulas dichas diligencias. Argumento el anterior que deviene de igual manera infundado, pues de lo expuesto por la agente de Ministerio Público en la audiencia inicial, se desprende el nombramiento del Defensor Penal Público, licenciado *******, como defensor de *******, por lo cual se debe reconocer como legítimo, pues al momento de las diligencias de reconocimiento, quedó establecido que dicho profesionista se encontraba presente, tan es así, que le dieron la voz e intervino en las cuatro diligencias de reconocimiento de persona de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno. "Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor. Por lo cual, correctamente, el Juez de Control, tuvo por satisfecho el requisito establecido por el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a que debe cumplirse con el procedimiento para reconocer personas, esto es, debe llevarse a cabo en presencia del defensor del imputado, ya que, según lo refiere la representante social al reseñar los antecedentes de investigación ante el Juez responsable, firmaron al calce quienes intervinieron en dichas audiencia, motivo por el cual no le asiste la razón a la parte quejosa en su argumento. Por lo anterior, esta resolutora considera que la responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados por las partes, pues, adverso a lo sostenido por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable omitió valorar correctamente los datos de prueba expuestos en el juicio, el tribunal responsable no sólo valoró los datos existentes en la causa penal, sino también los valoró correctamente, según lo expuesto ya, en líneas superiores. Esto se debe a que el Juez responsable, al valorar los datos y antecedentes de la causa penal no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. En tal virtud, no tiene razón jurídica la parte quejosa, pues, contra lo que sostiene, al valorar los propios datos y antecedentes la juez del conocimiento se ajustó a los lineamientos que para ello contempla el artículo 20, en su apartado A, fracción II, constitucional y el diverso 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual carece de sustento jurídico lo alegado sobre ese particular, de ahí que lo conducente es desestimar, por infundado, los conceptos de violación analizados. Ahora bien, debe decirse que es verdad que la reforma al artículo 1o. de la carta magna de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, ni siquiera con intención de establecer la interpretación más amplia o extensiva, a final de cuentas porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro: XXV, octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.), del tenor literal que siguen: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.) En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio el auto de vinculación a proceso, reclamado en esta vía de control constitucional al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de que se ha dado noticia, e infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra, los conceptos de violación esgrimidos, como se puntualizó en párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, bajo el texto y rubro siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, y se, R E S U E L V E: PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, consistentes en el auto de vinculación a proceso, dictado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano