Antonio de Jesus Aguilera Rodriguez

Expediente 1117/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1117/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Antonio de Jesus Aguilera Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCION I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEIDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA SINTESIS DEL ACUERDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, mediante el cual comunica que aceptó la competencia planteada por este Juzgado, para conocer de la demanda de amparo promovida por Antonio de Jesús Aguilera Rodriguez; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este Juzgado Federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el Punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción.

  2. Principal

    SE REMITE EN INCOMPETENCIA

  3. Principal

    MESA VI CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCION I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEIDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA SINTESIS DE ESE PROPIO ACUERDO: Visto el escrito de la demanda de amparo promovida por Antonio de Jesús Aguilera Rodríguez, contra actos del Servicio de Administración Tributaria Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y de otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1117/2018-V-B. INCOMPETENCIA En principio, debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso. Por tanto, debe establecerse si este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, tiene competencia legal o no para conocer del presente asunto. En virtud de que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente, regulada en esta materia en el artículo 37 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo deberá decidirse en relación con ésta. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia, como sigue:. El precepto legal transcrito, contiene reglas de competencia basadas en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse tal ejecución, y para el caso de que el acto reclamado no requiera de ella materialmente, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que haya dictado la resolución reclamada, o en su caso, ante el cual se presente la demanda. Así, del artículo trascrito se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación de la naturaleza del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demanda que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la autoridad responsable de la ejecución de éste, será la encargada de afectar la esfera de derechos del gobernado. Ello es así, en virtud de que el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitarán, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio; por eso, tratándose de la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, debe tomarse en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el Juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias, y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o en su caso de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En esa tesitura, en el caso concreto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vaya a ejecutar el acto reclamado. Lo anterior, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso, lo cual es acorde a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente por el derecho a la jurisdicción. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado entre otros la orden de presentación que pretende ejecutar en su contra la Policía Ministerial de la Procuraduría con base en la Ciudad de Pánuco, Veracruz. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, narra que la Policía Ministerial de la Procuraduría con base en la Ciudad de Pánuco, Veracruz, acudió a su domicilio ubicado en calle Ricardo Flores Magón, sin número, esquina con 24 de Febrero, colonia Rafael Hernández Ochoa, en Pánuco, Veracruz, para presentarlo en Xalapa, Veracruz, ante la autoridad ministerial. En esas condiciones, tomando en consideración que el acto reclamado trata de ejecutarse en Pánuco, Veracruz, y dado que no se advierte la existencia de diverso acto de esa naturaleza, este órgano de control constitucional, declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. Por tanto, tomando en consideración el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, es evidente que este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, carece de competencia legal para conocer de la presente demanda. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, fracción XIX, último párrafo, del Acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, la competencia para el estudio constitucional de los actos reclamados se surte a favor de un Juzgado de Distrito el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, que por turno corresponda. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes, y una vez que se encuentre debidamente notificada la parte promovente, remítase el cuaderno de la presente demanda y copias de la misma a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, para que lo hagan llegar al órgano jurisdiccional que por turno corresponda, a fin de que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente, quien deberá manifestar si acepta o no la competencia para conocer del presente asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado, por lo que deberá realizarse las notificaciones por lista de acuerdos, por así haberlo solicitado. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a José Manuel González Robles, con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos de la parte final, segundo párrafo del invocado numeral, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a José Manuel González Perales, por no estar registrado en dicho Sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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