Antonio Daniel Hernández Herrera

Expediente 436/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
436/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
29/11/2017

Partes del expediente

  • Antonio Daniel Hernández Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante el auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis se ordenó archivar el juicio en que se actúa como asunto concluido y, toda vez que el Jefe de la Unidad de Causa y Gestión del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Sede Guanajuato, Primera Región del Estado de Guanajuato, de esta ciudad, remitió documental en un disco compacto y en virtud de que ya no son necesarias las referidas constancias, se ordena devolver a la autoridad aludida el citado disco, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    ARCHIVO DE EXPEDIENTE. Del estado de autos se advierte que transcurrió el término legal sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia mediante la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, y se ordena el ARCHIVO de este expediente como asunto concluido, el cual se estima que es de aquellos susceptibles de DESTRUCCIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con lo anterior, se ordena dar cuenta en el incidente de suspensión respectivo. DEVOLUCIÓN DE DISCOS COMPACTOS. Se ordena devolver al Jefe de la Unidad de Causa y Gestión del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Sede Guanajuato, Primera Región del Estado y por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, ambos con sede en esta ciudad, los dos discos compactos que adjuntaron a su informe justificado, los cuales se guardaron en el secreto del juzgado.

  3. Incidental

    ARCHIVO DE EXPEDIENTE. En virtud de que en el presente incidente se negó y se concedió la suspensión definitiva, se estima que el original deberá ser depurado y el duplicado destruído, una vez que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el artículo vigésimo primero fracción III del Acuerdo General invocado, mientras tanto, se ordena remitir al legajo correspondiente.

  4. Principal

    Se recibe oficio que signa el Jefe de la Unidad de Causa y Gestión del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Sede Guanajuato, Primera Región del Estado, de esta ciudad, por medio del cual cumple con el requerimiento inserto en el proveído de veinticinco de julio del año en curso y remite copia certificada en un disco compacto que contiene el registro de audio y video de las audiencias de solicitud de resolución jurisdiccional genérica y suspensión condicional de fechas veintiuno y veintisiete de julio del presente año. A lo anterior se acuerda: DISCO COMPACTO EN RESGUARDO DEL SECRETO DEL JUZGADO. Se ordena guardar en la caja de valores de este Juzgado Federal, el disco compacto que la autoridad responsable de cuenta, anexo a su oficio de cuenta. Ahora bien, del análisis integral del presente expediente y de las constancias que obran en disco compacto, este tribunal de amparo considera que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse que para que cesen los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, además de revocarse el acto o se cambie la situación jurídica que le dio origen, resulta imperioso que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esto es restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene lo anterior, en virtud que la improcedencia del juicio constitucional que establece la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de garantías, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, Constitucionales, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V y 77, todos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causal de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Así las cosas, en el caso concreto, el acto reclamado consiste en las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención y cateo dictadas por el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Sede Guanajuato, de la Primera Región del Estado. Sin embargo, se cuenta con los discos compactos remitidos por la autoridad responsable, de los que se advierte que en la causa penal 1 P 1416-230, mediante la audiencia del veintisiete de julio del año en curso, se dejó sin efectos la orden de reaprehensión girada el quince de junio del año en curso en contra del aquí quejoso y, se decretó la suspensión condicional del proceso por el término de un año. Como consecuencia de lo anterior el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Sede Guanajuato, de la Primera Región del Estado, al haber comparecido el quejoso voluntariamente ante dicho juzgado para sujetarse a la acción de la justicia, solicitó una salida interna como la suspensión condicional establecida. De lo expuesto con anterioridad, se desprende que cesaron en sus efectos los actos que reclama el quejoso; se sostiene lo anterior, ya que la responsable dejó sin efectos el mandamiento de captura girada en contra del solicitante de la tutela federal y en la audiencia de veintisiete de julio del año en curso, se le fijaron las medidas cautelares antes indicadas, con ello se constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al impetrante en el goce de la garantía violada, dado que en la sentencia constitucional que, en su caso, se llegara a dictar se tendría que analizar la constitucionalidad de la orden de aprehensión que se reclama; sin embargo, dicho mandamiento de captura se dejó sin efectos por la autoridad señalada como responsable. Lo anterior se traduce en que se destruyeron los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional, lo que implica que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de la garantía violada. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 y 62, en relación con el diverso 77, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio constitucional fuera de audiencia. Asimismo, cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, puesto que, como ya se analizó, la causa de improcedencia que se actualiza en el presente asunto es manifiesta e indudable; y, en cambio, esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, provocaría el retraso de la impartición de justicia, lo que es contrario a lo que dispone el artículo 17 constitucional, en cuanto a la celeridad procesal. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA. Atendiendo a lo anterior, se deja insubsistente la fecha que había sido señalada para las nueve horas quince minutos del quince de agosto de dos mil dieciséis, para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese de manera personal a las partes.

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