Antonio Daniel Estupiñan Gordillo

Expediente 278/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
278/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Comisionado del Órgano Administrativo Desconcetrado de Prevención Y Readaptación Social, Dependiente de la Comisión Nacional de Protección Ciudadana Con Residencia En la Ciudad de Zacatecas
  • Antonio Daniel Estupiñan Gordillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

  2. Principal

    León, Guanajuato, nueve de julio de dos mil veintiuno. I. Quejoso desahoga prevención. Agréguese a los autos la constancia de notificación personal que antecede, a través de la cual el quejoso Antonio Daniel Estupiñan Gordillo, en atención a lo acordado en auto de veintiocho de junio del año en curso, manifestó que reconoce como suyos los antecedentes del acto reclamado que fueron señalados por su Defensor Público Federal en el escrito registrado con el número 5815, los cuales narra bajo protesta de decir verdad y ratifica el diverso escrito aclaratorio presentado por el referido funcionario público, el cual se registró bajo el número 7042. En atención a ello se acuerda: II. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito de demanda; se precisa que el peticionario reclama: La orden de traslado ejecutada del Centro Preventivo de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, la cual fue calificada de legal el siete de enero de dos mil veinte. III. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso concreto, se hace patente la actualización de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en razón de que, de la constancia remitida por la Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, con residencia en Cieneguillas, se advierte que el quejoso fue notificado de la orden de traslado y de su calificación el veintiocho de enero de dos mil veinte, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, es decir, al veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (fecha en que se depositó en la Oficina de Correos de México la pieza postal que contiene la demanda de amparo, como se advierte en autos), ésta resulta por demás extemporánea. Para evidenciarlo, conviene tener en cuenta el contenido del 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" De la causal transcrita se colige que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el numeral 18 de la ley en cita, dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos, se colige que, por regla general, la demanda de amparo deberá promoverse dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; o dentro de los quince días siguientes al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de ellos o de su ejecución. Asimismo, el numeral 17 citado señala excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo, sin que sea el caso hacer referencia a ellas, pues no se surten en la especie, ya que en este juicio de derecho fundamentales la parte quejosa reclama el traslado ejecutado del que fue objeto, el cual fue calificado de legal el siete de enero de dos mil veinte; por lo que es claro que aplica el plazo genérico a que se refiere el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, y no el de treinta días; ocho años; siete años; o en cualquier tiempo, previstos en las fracciones I, II, III y IV, respectivamente. En la especie, las constancias que obran en autos revelan que el quejoso tuvo conocimiento formal del traslado del que fue objeto y de la determinación que lo calificó como legal, el veintiocho de enero de dos mil veinte, tal y como se aprecia a continuación: Así pues, como se dijo, conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de derechos fundamentales será de quince días y se contarán: a) Desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o b) Aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de ellos o de su ejecución. En ese tenor, como se apuntó anteriormente, el impetrante del amparo fue notificado personalmente del traslado y de su calificativa en su lugar de reclusión, el veintiocho de enero de dos mil veinte, por tanto, esa data es la que sirve de base para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." En virtud de lo anterior, es evidente que el cómputo de los quince días para promover la acción constitucional debe iniciarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practicó para informarle acerca de su traslado y su calificativa; de ahí que el cómputo relativo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr a partir del día siguiente hábil, al en que surtió sus efectos la respectiva notificación, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir: Desde el treinta de enero de dos mil veinte, feneciendo el veintiuno de febrero de la pasada anualidad, excluyendo, como se dijo, los sábados, domingos y días festivos, por ser inhábiles. De tal suerte que, al haber presentado su demanda de amparo hasta el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (fecha en que se depositó en la Oficina de Correos de México la pieza postal que contiene la demanda de amparo, como se advierte en autos), es evidente que tal presentación resulta extemporánea, ya que se presentó después de transcurrido el plazo de quince días que establece para ello el artículo 17 de la Ley de Amparo. Invariablemente, y en caso de haberse promovido la demanda de amparo a tiempo, se actualiza la diversa causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en razón de que se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso como medio de defensa aplicable contra la determinación que calificó de legal el traslado que combate en el presente juicio de amparo. Se cita a continuación el referido numeral: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]" El precepto legal en comento consigna la causa de improcedencia que establece que en caso de reclamar en juicio de amparo, un acto que pueda ser modificado, revocado o nulificado, en virtud de un recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso, el juicio de amparo resulta improcedente. Para materializarse la citada hipótesis de improcedencia se requieren los siguientes elementos: 1) Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; 2) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se encuentre en trámite; y, 3) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, diciembre de dos mil, página 15, que indica lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Supuesto que se actualiza en el caso concreto, como se precisa a continuación. De la relatoría de los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad (los cuales hizo suyos), así como de las constancias solicitadas al Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en Guadalupe, Zacatecas y Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, con residencia en Cieneguillas, se desprende que el primero de los requisitos, consistente en que el recurso previsto en la ley ordinaria lo haya promovido el quejoso, se tiene satisfecho, pues se advierte la existencia de la determinación de siete de enero de dos mil veinte, dictada por la Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, con residencia en Cieneguillas, a través de la cual calificó de legal el traslado que pretende combatir el solicitante del amparo, le fue notificada mediante exhorto el veintiocho de enero de dos mil veinte, y en ese instante el impetrante señaló que promovía el recurso de apelación contra "la decisión de traslado". Máxime que, tal y como se aprecia de la constancia de notificación personal de cuenta, el quejoso al hacer suyos los antecedentes narrados por su Defensor Público Federal, refirió que "apeló la determinación de su traslado", de ahí que se robustece la actualización del primer requisito de la causa de improcedencia invocada, al haber manifestado que reconocía como suyos dichos antecedentes y narrarlos bajo protesta de decir verdad. Ahora, respecto al segundo de los requisitos consistente en que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se encuentra en trámite, también se tiene por satisfecho, ya que la Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, con residencia en Cieneguillas, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que le dio trámite al recurso de apelación promovido por el quejoso y que el mismo fue remitido el treinta de abril de este año, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, para seguir con su substanciación, sin que se haya resuelto. Circunstancia que se corrobora con la narración que, bajo protesta de decir verdad, realizó el solicitante del amparo de los antecedentes del acto reclamado, al haber reconocido como suyos los que narró su Defensor Público Federal, ya que refirió que después de haber apelado en el instante en que le fue notificada la determinación en la que se le hacía del formal conocimiento su traslado y que éste había sido calificado de legal, que "ya no le llegó otra notificación", entendiéndose entonces que aún no se ha resuelto y, por ende, no ha tenido noticia alguna de su resultado. Finalmente, el último de los requisitos, a saber, que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, también se advierte colmado, pues los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código". "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas: asas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". De lo anterior, se observa que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. De manera que, en el caso, el recurso de apelación que el quejoso interpuso contra la determinación de la calificación de legal del traslado ejecutado que combate por esta vía, tiene por efecto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, así como sus consecuencias jurídicas. Por consiguiente, la determinación asumida por las autoridades responsables, en realidad no es definitiva como para estimar que procede su análisis por la vía constitucional, ya que está supeditada a lo que se resuelva a través del referido medio de impugnación. En razón de lo antes expuesto deviene innegable que en la especie se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia en estudio; y, por ende, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada legislación, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. Notifíquese personalmente al quejoso y a su Defensor Público Federal. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José de Jesús Rodríguez Montiel, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    I. Defensor público pretende desahogar prevención, no ha lugar, se ordena dar vista al quejoso para que manifieste bajo protesta de decir verdad hechos narrados por su Defensor y por ratificación de diverso escrito. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por ********************, Defensor Público Federal del quejoso ********************, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en autos, refiriendo que solicita que se le pida al quejoso que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos que narró en su demanda de amparo. En atención a lo anterior, no ha lugar a proveer de conformidad, ya que dichos antecedentes si fueron narrados bajo protestad de decir verdad por el solicitante del amparo, tal y como se aprecia de la demanda de amparo, de ahí que resulta improcedente su solicitud. Ahora, si bien es cierto, el ocursante vuelve a ser omiso en referir que antecedentes solicita que el impetrante manifieste bajo protesta de decir verdad, ya que los que refirió en el escrito de cuenta fueron narrados con la expresión correspondiente por el quejoso al elaborar su demanda de amparo, también lo es que de autos se advierte un escrito presentado por el aludido Defensor Público en el que transcribió ciertos antecedentes y del cual no pidió que fuera puesto a la vista del impetrante a fin de que éste los narrara bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, a fin de que el quejoso tenga un debido acceso a la justicia que no debe ser obstaculizada y que, tomando en consideración que la narrativa de hechos corresponde únicamente al solicitante del amparo, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, a fin de que ponga a la vista del directo quejoso el escrito registrado con el número 5815 y, previa lectura en voz alta de dicho ocurso, lo requiera para que al momento de la diligencia de notificación del presente proveído manifieste sí reconoce como suyos los antecedentes de los cuales se le dio lectura y que fueron asentados por su Defensor Público Federal, y de ser así, manifieste si los narra o no bajo protesta de decir verdad; asimismo, para que manifieste si ratifica o no el contenido del diverso ocurso aclaratorio presentado por su Defensor, el cual fue registrado con el número 7042; apercibido que para el caso de omisión, este Juzgado de Distrito no tomará en cuenta los ocursos mencionados con antelación y se pronunciará respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo únicamente con aquellos escritos que hayan sido debidamente ratificados. II. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad. Por cuestiones de seguridad e higiene, para salvaguardar la integridad tanto del encausado de mérito, privado de la libertad, como del funcionario que le notifique el presente proveído, se faculta al actuario judicial para que realice la notificación de este proveído por los medios electrónicos habilitados e implementados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19); lo anterior, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  4. Principal

    Quejoso realiza manifestaciones. Agréguese a los autos la constancia de notificación personal que antecede, a través de la cual el quejoso ******, en atención a lo acordado en auto de diez de junio del año en curso, informa que cumplirá la prevención formulada en autos dentro del término otorgado para ello y por conducto de su defensor. En atención a lo anterior, se tiene por hechas sus manifestaciones, para los efectos legales a que haya lugar.

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