Antonio Dajer Abimerhi

Expediente 1544/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1544/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Antonio Dajer Abimerhi

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el memorial suscrito por el quejoso Antonio Dajer Abimerhi, con el que cumple la prevención que se le hizo en auto de dos de septiembre del presente año. Ahora bien de la lectura integral de la demanda de amparo el suscrito juzgador advierte se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, toda vez que se estima que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que se deba desechar de plano, de conformidad con lo establecido por el artículo 112 de la Ley de la Amparo. En efecto, a consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 172, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita, se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto, por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuanto el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1ª/J.94/2008 de la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 167896, en la página 256, Tomo XXIX, febrero de 2009, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Como se expuso, el acto reclamado en el juicio de amparo, se hizo consistir en la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 28/2021, del índice del Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que confirmó la parte conducente del auto de veinte de febrero de dos mil veinte, que no admitió el incidente de nulidad de notificaciones relativas al emplazamiento promovido por el demandado, aquí quejoso, Antonio Dájer Abimerhi, dictado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el juicio ejecutivo civil 94/2019, promovido en su contra. Por tanto, resulta claro que dicha determinación, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, a virtud que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través de dicha cuestión incidental no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la determinación que desechó el incidente de nulidad de emplazamiento y actuaciones. En otras palabras, los efectos de la ejecutoria combatida que confirmó el auto que no admitió el incidente referido, en su caso, se actualizarían al dictarse el fallo en el juicio de origen, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo de haberse desechado el incidente de nulidad de emplazamiento y actuaciones, se vulneraron las defensas del quejoso y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascienda al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el entendido que dicho incidente lo promovió tras comparecer al juicio a dar contestación a la demanda instada en su contra, lo que denota que con incorporarse a la Litis sin que aún se hubiera dictado sentencia, tendría oportunidad de ejercer su adecuada defensa en el procedimiento de origen. Asimismo, no se soslaya que antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido criterios orientadores para determinar cuándo se trataba de actos que, por sus consecuencias dentro del juicio, eran de imposible reparación; sin embargo, por disposición expresa del artículo sexto transitorio de la ley vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuaría en vigor en lo que no se opusiera a la nueva, lo cual no acontece en el presente caso, porque la legislación de amparo en vigor es clara en señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Sin que lo antes expuesto contravenga las disposiciones de derecho internacional contenidas en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y 8.1, 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), pues en el caso no se le está vedando su garantía de acceso a la justicia ni a un recurso efectivo. El establecimiento de requisitos o presupuestos formales establecidos por el legislador en la Ley de Amparo, para instar el citado medio extraordinario de defensa, como son las causas de improcedencia del juicio de amparo, no constituye en sí mismo, una violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Lo anterior, obedece a razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, por lo que los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para instar un juicio o recurso, incluido el amparo indirecto. Orienta a lo anterior, en lo atinente, el criterio aislado 1a. CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 525, que dice lo siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 172, fracción I, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Antonio Dajer Abimerhi, en contra de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que comunica que por proveído de veintiocho de julio acabado de transcurrir, declaró ejecutoriado el diverso de trece de julio de esta anualidad, en el que dicha superioridad determinó que carecía de competencia legal para conocer de la presente demanda y la declinó a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Yucatán; asimismo, adjunta el expediente de amparo directo 466/2021 que contiene la demanda de amparo promovida por Antonio Dajer Abimerhi en contra de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida; de igual manera remite el expedientillo de suspensión, el informe con justificación de la responsable consistente en el toca de apelación 28/2021. Acúsese recibo. En consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1544/2021-I. Ahora bien, a efecto de acordar lo relativo a la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene al quejoso para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba seis copias de su demanda, pues solo exhibió una, cuando debió presentar siete copias, esto es, una para la autoridad responsable, cinco más para la parte tercera interesada, otra para el Agente del Ministerio Público Federación adscrita a este Juzgado; apercibiéndolo que de no exhibir las copias de la demanda en el término señalado, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo establecido en el invocado artículo 114 de la Ley de a materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado Alberto Enesis Ramírez Canché, en los términos restringidos a los que alude el citado artículo 12 de la Ley de Amparo; lo anterior, en razón que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la ley de la materia; sin embargo, en el momento de que pretenda ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si está inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Por otro lado, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición de que se le permita a su autorizado el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Se tiene por señalado el correo electrónico y número de celular únicamente como datos de contacto de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Por último, se exhorta a las parte quejosa para que, cuando le sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

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