Antonio Cruz Ramírez

Expediente 501/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
501/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/05/2018

Partes del expediente

  • Antonio Cruz Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    VI.- Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (foja 21), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Antonio Cruz Ramírez, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el diverso artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Finalmente, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de trece de abril de dos mil dieciocho (fojas 15 a 19); en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ***. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Principal

    BV._ se agrega a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual, la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria de seis de abril de dos mil dieciocho, pronunciada por el Tribunal de su adscripción, en autos del recurso de revisión 74/2018, cuyos resolutivos establecen: "PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPRA Y PROTEGE a MARÍA GUADALUPE SERRANO CASTILLO, contra los actos, autoridad y en los términos precisados por el Juez de Distrito." Por tanto, acúsese recibo, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, para la substanciación del referido medio de impugnación y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y procédase a la destrucción inmediata del citado cuaderno de antecedentes. En esas condiciones, mediante oficio remítase a la autoridad responsable Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las constancias que adjuntó como complemento a su respectivo informe justificado consistentes en: (cuatro cuadernos del juicio familiar 1203/2014, y dos legajos de copia certificadas de las constancias tomadas en consideración para la emisión del acto reclamado). Solicitándosele el acuse de recibo respectivo, con el apercibimiento que en caso de no remitirlo dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se le aplicará una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos Transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 259, en relación con los diversos 237, fracción I y 238, todos de la Ley de Amparo. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, para que dé cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, lo cual deberá informar dentro del mismo término y deberá acompañar las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se precisa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime a la autoridad de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso resulte procedente requerir al superior jerárquico, pues la autoridad responsable no tiene para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues se trata de un organismo autónomo en el ámbito jurídico. El citado artículo establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria y apercibirlo de multa, y de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. En el caso de los Jueces y Magistrados de las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, éstos carecen de superior jerárquico a quién formularle el requerimiento porque, por un lado, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como en su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, que sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal prevé que la función judicial que desempeñan las distintas autoridades que lo integran se rige, entre otros principios, por el de imparcialidad e independencia que implica la autonomía de los Jueces y Magistrados en el dictado de sus resoluciones las que deben ajustarse a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación. Por tanto, los Jueces y Magistrados carecen de superior jerárquico para efectos del juicio de amparo. No obsta a lo anterior la existencia de un presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, porque el primero, entre otras facultades, representa al tribunal, pero no puede tener facultades de superior jerárquico con relación a la función jurisdiccional de los Jueces y Magistrados, porque las facultades de estos últimos las prevén la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y las leyes procesales respectivas. El referido Consejo de la Judicatura, solamente es un órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina que no puede tener injerencia en las decisiones judiciales sino, en su caso, únicamente sancionar. La propia ley orgánica que lo regula establece que se trata de un órgano de naturaleza administrativa, cuya función es manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, el presupuesto tanto del Tribunal Superior de Justicia como el propio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestal." Si bien es cierto que el precepto citado dispone que debe entenderse como superior jerárquico de la autoridad responsable a aquel que ejerza sobre ella poder o mandato para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida por la sentencia de amparo, o bien, para cumplir esta última por sí misma; también lo es que, de conformidad con los artículos 40, 104, 105 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no tiene facultades para ordenar a los órganos jurisdiccionales en que se deposita dicho poder, a actuar en la forma exigida por la sentencia de amparo, en virtud que sus atribuciones dentro del ámbito de la disciplina de los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, se limitan a la aplicación de las correcciones disciplinarias, respecto de sus actuaciones irregulares, mas no de jerarquía, autoridad o fuerza sobre las decisiones jurisdiccionales de los Jueces de primera instancia, ya que en términos de los artículos 17, párrafo sexto y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez, y en relación con sus sentencias, que sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial lo que, además, se encuentra contenido en los numerales 2 y 40, fracciones I y II, de la citada ley orgánica, al establecer que la función jurisdiccional que desempeñan los órganos jurisdiccionales, se encuentra depositada en el Poder Judicial del Estado, el cual goza de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones, ajustándose a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación. Ahora bien, respecto al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el artículo 173 de su reglamento interior, señala que cualquier autoridad debe abstenerse de dirigirse al Juez, secretario o personal judicial, con el propósito de encomendar, instruir, aconsejar o tratar de influir en el criterio de aquél, para que las resoluciones se dicten en determinado sentido, pues el consejo es solamente un órgano administrativo que no tiene injerencia en las decisiones judiciales sino, en su caso, sancionarlas, previa denuncia por escrito debidamente ratificada, siempre y cuando no sean hechos de naturaleza jurisdiccional; de ahí que no existe un orden jerarquerizado de naturaleza jurisdiccional, pues sus atribuciones no están encaminadas a resolver conflictos jurisdiccionales, sino que posee facultades de organización interna, de administración, reglamentarias, de designación, disciplina y de carrera judicial, por lo que no existe una relación jerárquica entre los Jueces de primera instancia y menos aún de dependencia o sumisión en el desarrollo de sus funciones." Notifíquese.

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