Antonio Cruz Fuente
Expediente 239/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Antonio Cruz Fuente
- Guillermo González Olguín
- Mónica Paola Álvarez Correa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta que anteceden, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede al examen de los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, a fin de verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. I. Concesión del amparo. En sesión de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, este Tribunal Colegiado concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, para los siguientes efectos: [...] II. Análisis del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio ********** de nueve de octubre de dos mil veintitrés, la responsable remitió copia certificada del acuerdo de esa misma fecha, de la que se advierte lo siguiente: Se dejó insubsistente la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada en los autos del expediente **********[termina efecto 1]. Por otra parte, por oficio ********** de treinta de octubre de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la sentencia de esa misma fecha, de la que se desprende en la parte conducente de los considerandos VII y VIII, lo siguiente: En el considerando VII: -Que el treinta de octubre de dos mil veintitrés, se emitió otra sentencia en el expediente **********del índice de la autoridad [termina efecto 2]. -Que el actor **********, señaló haber adquirido derechos agrarios, a virtud de un convenio de cesión de derechos celebrado el uno de abril de dos mil dieciséis con la persona de nombre **********, respecto de la parcela **********del ejido de **********, **********, Estado de México, que se encuentra inscrita en el Registro Agrario nacional a nombre de la persona llamada Rosa Palma, el cual legitima al promovente para ejercitar la acción de prescripción adquisitiva en el asunto y, que constituye el origen o causa generadora de su posesión [termina efecto a)]. -Que es de destacarse que dentro del expediente existen datos que permiten establecer que **********, realizó actos respecto de la parcela **********, en concepto de ejidatario, como lo son los recibos exhibidos por concepto de pagos de predial de diversas fechas, gestiones para el derribo de árboles para plantar aguacate "JAZZ" en la superficie que señaló de su propiedad, así como la constancia en la que se indica que es productor de aguacate [termina efecto b) 1]. -Que la posesión misma puede generar en favor de **********, el que en su oportunidad sea reconocido como avecindado, posesionario y/o ejidatario, por lo cual, se estimó que puede llegar a adquirir la titularidad de derechos ejidatarios [termina efecto b) 2]. -Que resulta evidente que en las tierras respecto en las cuales se encuentra promovida la acción de prescripción adquisitiva que se resuelve, está referida la parcela **********del ejido **********, **********, Estado de México y, por exclusión, no se trata de tierras destinadas al asentamiento humano ni de bosques o selvas, por lo que se cumplió con otro de los requisitos legalmente previstos [termina efecto b) 3]. En el considerando VIII: -Que no obstante lo anterior, de la revisión de las constancias que integran el expediente y las pruebas desahogadas, quedó acreditado que, en el caso, no se configuró la posesión calificada para la procedencia de la acción de prescripción adquisitiva en materia agraria. -Que resulta que el promovente no ha tenido una posesión continua y sobre todo actual del bien materia de su reclamación, por lo que no se surte el elemento que resulta necesario para la procedencia de su acción. -Que los artículos 2 y 167 de la Ley Agraria, en consideración lo dispuesto por el artículo 828 del Código Civil Federal, que disponen que la posesión se pierde por abandono, por lo que si en algún momento el actor en juicio detento posesión de la superficie reclamada, no ha sido continua, ni actual para que se surtan los atributos de la posesión, de lo cual, resulta que la actora no acreditó los elementos de su acción de prescripción adquisitiva y, por ende, la misma resultó improcedente [termina efecto b) 4]. De lo anterior se advierte que la responsable 1) dejó insubsistente la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio agrario ********** y, 2) emitió otra en la que sin perjuicio de confirmar las consideraciones que no fueron motivo de la presente concesión, conforme a los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo, analizó si se configuró la prescripción adquisitiva, a) determinando si con el contrato de cesión de derechos de fecha uno de abril de dos mil seis, respecto de los derechos parcelarios de la parcela **********, se acreditó la causa generadora de la posesión, es decir el motivo por el cual tiene la posesión, para poder determinar si esta fue originaria o derivada y de buena o mala fe; y, b) analizando si se acreditaron los demás requisitos para adquirir la titularidad de los derechos de ejidatario, sobre la parcela **********, en controversia, consistentes en: 1. Que la posesión se ejerza en concepto de titular de derechos de ejidatario; 2. Que la posesión se haya ejercido por quien pueda adquirir la titularidad de derechos de ejidatario; 3. Que la posesión se haya ejercido respecto de tierras ejidales que no sean de las destinadas al asentamiento humano, ni se trate de bosques o selvas; y, 4. Que la posesión haya sido pacífica, pública y continua por los plazos que para el caso especificó señala la ley; y, resolvió lo que en derecho estimó correspondiente. Las actuaciones reseñadas ponen de manifiesto que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se tiene por cumplida. Por otra parte, no se aprecia que la autoridad responsable hubiese incurrido en exceso o defecto alguno, pues únicamente llevó a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida. III. Manifestaciones. Con la resolución dictada en cumplimiento, mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes a fin de que expresaran lo que a su interés conviniera; vista que fue desahogada por la parte quejosa, en la cual, en esencia expone: Que se advierte incumplida la ejecutoria de amparo en su punto b) 4, "Que la posesión haya sido pacífica, pública y continua por los plazos que para el caso especificó señala la ley.", ya que no está acatando la litis planteada en el escrito de ampliación de la demanda, donde se asentó la posesión y las fechas de cómo ocurrieron y, si bien es cierto lo invocado por la responsable con incongruencias del planteamiento de la demanda, ello no debe prevalecer por sobre la ampliación de la demanda que se expresó y se probó. Que la variación de la posesión no es un factor para descartar la posesión originaria, pues del debido probatorio la responsable solo debe valorar si la posesión se llevó por más de cinco años, y la ampliación de la demanda es parte de la litis, no aceptar dicho planteamiento seria de contextualizar la ampliación de la demanda, en que el caso se hizo y se precisaron fecha de posesión, y de ahí que se haya distribuido las cargas probatorias. Que la sentencia que se examina incumple con los lineamientos, pues no valora la ampliación de la demanda, que es una factor, y por tanto, la responsable debe avocarse a la ampliación de la demanda, pues es claro que dichas imprecisiones invocadas, fueron subsanadas en la ampliación de la demanda, que la autoridad responsable omite considerarlas, de ahí que se considere un desacierto lo invocado y con ello transgreda el lineamiento, invocado. Que la autoridad responsable está aceptando que la posesión probada y originaria ocurrió desde el año dos mil doce y hasta la fecha de presentación de la demanda que fue en el año dos mil diecinueve, lo que supera en creces más de cinco años. Que la autoridad está equivocadamente determinando que no se da la posesión porque la parte actora no tiene plantados aguacates, lo que en si intrínsecamente somete a decisión factores exógenos, como lo determina que es el abandono, que no quedo probado, ni siquiera fue alegado por las partes, de ahí que sea un vicio de congruencia externa de la sentencia. Que de forma acertada los testigos manifestaron que posesión de la parcela **********, por parte del quejoso, se venía desarrollando desde el año dos mil trece, de ahí que los cinco años deben correr desde dos mil doce y al año dos mil diecinueve, lo que evidencia que no se está acatando los lineamientos, por esa razón, solicita que se declare incumplida la sentencia protectora, y se le ordene a la responsable emita otra en donde purgue estos vicios de impartición de justicia. Sin embargo, debe estimarse que tales manifestaciones no pueden ser objeto de análisis en el presente acuerdo de cumplimiento del fallo protector, porque no constituye su materia, pues en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, la protección constitucional se concedió para el único efecto de que se dictara una nueva sentencia en la que la responsable resolviera conforme a los lineamientos antes detallados; y, resolviera la controversia como en derecho correspondiera. Lo anterior es así, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la nueva Ley de Amparo, al hacer el análisis del cumplimiento de la ejecutoria correspondiente, este órgano judicial cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si fue o no acatada o si se incurrió en exceso o defecto; sin embargo, para ello debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que se haya otorgado a la responsable, en virtud de que no es factible que a través de esta resolución se analice la legalidad de las consideraciones de la nueva sentencia emitida por la autoridad responsable con libertad de jurisdicción, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados en el fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J.76/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, Décima Época, de rubro y texto "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." IV. Medio de impugnación en contra de la presente resolución. Conforme a los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, las partes cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, el que será del conocimiento del Pleno de este órgano colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente con relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el artículo 214 de la ley en cita. V. Notificaciones Para los fines antes indicados, notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista a los terceros interesados. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad por medio de oficio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en los términos indicados.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto la certificación que antecede, se acuerda: Estado de autos. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la ley de la materia, se considera que la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, ha causado ejecutoria. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis 2a.V/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1521, Tomo II, Febrero de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN SIN QUE LAS PARTES LO HAYAN HECHO VALER, SE DEBE EMITIR AUTO QUE LA DECLARE EJECUTORIA.". Se comunica lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Recepción del oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales procedentes. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con copia de la resolución aludida en líneas que anteceden, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, apercibiéndoles que de no desahogar la vista, este tribunal, conforme a las constancias que obren en autos, resolverá lo que corresponda acerca del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por lista a los terceros interesados.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta que antecede, se acuerda: I. Recepción del oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, para los efectos legales procedentes. II. Se reserva acordar lo conducente, al trámite procesal. Del análisis de las constancias del presente asunto, se advierte que se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes, si a su interés legal conviene, recurran la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por lo que se estima que se debe reservar respecto de las documentales con las que la autoridad responsable aduce el cumplimiento al fallo protector, hasta en tanto, transcurra el término descrito en líneas que anteceden. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de este fallo, por los motivos y fundamentos expuestos en el penúltimo considerando de esta resolución, y para los efectos precisados en el último de los mismos.
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