Antonio Cruz Camacho
Expediente 385/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 30 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antonio Cruz Camacho
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE A LA QUE SE LE DEJÓ AVISO, LA RESOLUCIÓN QE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los presentes autos, el escrito de cuenta, suscrito por el impetrante...mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada mediante proveído de veinte de mayo del año en curso, y al efecto, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se enteró del injustificado cobro por...atento lo anterior, acuérdese lo conducente en relación a la demanda de amparo...Vista nuevamente la demanda de amparo y los dos escritos aclaratorios, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 62, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de amparo de que se trata, dado que habrá de desecharse de plano, al advertirse diversas causas de improcedencia manifiestas e indudables, cuya observancia son de oficio, atenta su naturaleza de orden público....En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios, se advierte que el impetrante reclama los siguientes actos: 1. De los Ayuntamientos de Veracruz y de Medellín de Bravo, Veracruz: El procedimiento de licitación pública para la selección de un socio inversionista-operador, de reconocido prestigio y solvencia, para formar parte de una empresa mixta de participación pública-privada, bajo la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión...2. Del Congreso del Estado de Veracruz, residente en Xalapa: El decreto de veinte de agosto de dos mil quince, por el que se autoriza a los Ayuntamientos de Veracruz y de Medellín de Bravo, a través del Organismo Público Descentralizado Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz-Boca del Río y Medellín, a otorgar la concesión del servicio de agua y saneamiento y a suscribir diversos convenios. 3. Del Director de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, residente en Xalapa: a) La publicación efectuada el veintiocho de marzo de dos mil tres, del acuerdo que crea el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín, como un Organismo Público Descentralizado. b) La publicación efectuada el seis de febrero de dos mil quince, del acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, su desincorporación del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín. c) La publicación efectuada el seis de febrero de dos mil quince, del acuerdo por el que se autoriza a los Ayuntamientos de Medellín y Veracruz, a través del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín, a realizar el procedimiento de licitación pública para la selección de un socio inversionista-operador, para formar parte de la conformación de una empresa mixta de participación pública-privada, bajo la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión....d) La publicación efectuada el veinte de agosto de dos mil quince, del decreto por el que se autoriza a los Ayuntamientos de Veracruz y de Medellín de Bravo, a través del Organismo Público Descentralizado Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz-Boca del Río y Medellín, a otorgar la concesión del servicio de agua y saneamiento y a suscribir diversos convenios. ..4. Del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V.: El excesivo cobro por el servicio de agua potable efectuado en su domicilio particular. ..Destacado lo anterior, el suscrito advierte que el último de los citados actos reclamados, identificado con el número 4, fue consentido tácitamente, dado que el impetrante presentó su demanda de amparo de forma extemporánea; lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo...La causa de inejercicio que nos ocupa, prevé la improcedencia por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo. La porción normativa antes transcrita tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto...En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: ..Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. En vinculación directa con lo anterior, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo....Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente....Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, sea a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal; por tanto, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. ..En ese contexto, respecto del acto reclamado identificado con el número 4, consistente en el excesivo cobro por el servicio de agua potable efectuado en el domicilio particular, por parte de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V., el impetrante refirió bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de ello, desde el ocho de noviembre de dos mil dieciocho; por tanto, es incuestionable que trascurrió en exceso el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda constitucional, dado que esto aconteció el tres de mayo de dos mil diecinueve, según se advierte de la papeleta correspondiente; por tanto, dicho acto reclamado es extemporáneo al haberse consentido tácitamente. Por otra parte, respecto a los restantes actos reclamados, identificados con los números 1, 2 y 3, incisos a), b), c) y d), se materializa la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la invocada Ley de Amparo, en relación a las siguientes consideraciones...En relación con el interés legítimo a que refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5º, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). En ese contexto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación de los quejosos frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. ...Asimismo, en relación a la oportunidad de exigir el acreditamiento del interés legítimo desde la presentación de la demanda, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que es válido, y que para ello el juzgador debe realizar una aproximación inicial, una evaluación preliminar y un ejercicio hipotético de subsunción, mediante el cual determine si el planteamiento del quejoso, en su formulación conceptual, y con los elementos probatorios disponibles, es una posibilidad potencial de actualización de su interés legítimo o que exista una duda razonable, y sólo desechar cuando estime que no existe esa posibilidad lógica...De modo que el auto inicial sí es propicio para examinar las particularidades de la reclamación desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés legítimo, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma resulta ocioso...En ese contexto, se reitera, en el presente juicio de amparo, se materializa la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente, por su orden...El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades....De acuerdo con lo anterior el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º, de la propia legislación de la materia. ..Al respecto, cabe decir que, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de Justicia del País, el interés legítimo, distinto al jurídico, es aquel interés personal, individual o colectivo, actual, real y jurídicamente relevante del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; o sea, se trata de un presupuesto procesal establecido constitucionalmente para que las personas accedan al juicio de amparo, en ausencia del cual los jueces constitucionales no podrían someter a examen jurisdiccional los actos de las autoridades políticas, particularmente, de aquellas elegidas de manera democráticamente, pues la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención de establecer una regla absoluta...Por lo tanto, es indudable que a través del juicio de amparo no se puede evaluar cualquier acto de autoridad, pues la existencia del interés legítimo garantiza un fin negativo del principio de división de poderes, a saber, que los jueces no se posicionen, en todo momento, como órganos supervisores permanentes de veto de las decisiones mayoritarias con legitimidad democrática, sino sólo de afectaciones jurídicamente relevantes que una persona puede resentir, es decir, se traten de actuales, reales y cualificadas, de modo que aquéllas que sean mayoritarias, ideológicas y políticas deben corresponder a los órganos políticos....Así, conviene precisar que en el interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no precisamente patrimonial o económica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse...De lo anterior, se colige que las características esenciales del interés legítimo son: ..En ese orden de ideas, para que pueda reconocerse el interés legítimo a una persona respecto a actos que no es destinataria debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, so pena de vulnerar el principio de división de poderes, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. ..Ahora bien, en el caso concreto, el impetrante acude a la presente instancia constitucional a combatir el procedimiento de licitación pública para la selección de un socio inversionista-operador, de reconocido prestigio y solvencia, para formar parte de una empresa mixta de participación pública-privada, bajo la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión; así como, el decreto de veinte de agosto de dos mil quince, por el que se autoriza a los Ayuntamientos de Veracruz y de Medellín de Bravo, a través del Organismo Público Descentralizado Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz-Boca del Río y Medellín, a otorgar la concesión del servicio de agua y saneamiento y a suscribir diversos convenios, diversos acuerdos de veintiocho de marzo de dos mil tres y seis de febrero de dos mil quince, y sus respectivas publicaciones...Actos reclamados que se encuentran relacionados al proceso de licitación y creación del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V., para prestar el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento. En ese orden de ideas, atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, el suscrito advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo del quejoso, para acceder a esta instancia extraordinaria, habida cuenta que no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Así es, en el caso, la parte quejosa únicamente cuenta con un interés simple para impugnar los acto materia de reclamo y no legítimo, menos aún jurídico; toda vez que de la lectura de la demanda, se observa que sólo busca lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor. En efecto, su situación se traduce en el interés simple que tiene todo gobernado en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, pues para ello, se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso. El interés planteado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en este Estado, en que el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, se preste en las mejores condiciones y con tarifas accesibles; por lo que, se insiste, los actos objeto de reclamo, no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa, tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico del accionante, es decir, el beneficio que obtendría el promovente no sería concreto sino abstracto, de tal manera que tampoco podría diferenciarse del que recibiría el resto de la sociedad. Así, no basta que el promovente del amparo refiera que es usuario del servicio público de agua potable, y que por esa razón debió participar en el proceso de licitación y creación del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V., para prestar el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento; habida cuenta que respecto de dicho procedimiento de licitación y creación no es destinatario, sino, únicamente como integrante de la sociedad, tiene un interés simple en que el servicio de agua potable se preste en las mejores condiciones y con tarifas accesibles...Es decir, una persona respecto a actos que no es destinataria debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, so pena de vulnerar el principio de división de poderes, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto...Así es, no se advierte la titularidad del derecho cuestionado, ni cuenta con una especial situación frente a ese derecho; y en ese sentido, contrario a lo indicado, no tienen el interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que se requiere para que la anulación de los actos que se reclaman produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, no se justifica, ni en forma provisional, el interés legítimo, pues no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere....Lo anterior se afirma, a la luz de los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para tener por configurado un interés de tal naturaleza, se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, tal como lo exige la propia norma constitucional y en la especie, no se advierte la existencia de una afectación en específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica del quejoso, ante la cual una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, pues lo que se advierte es un interés simple, igual al de cualquier gobernado, ya que sólo se endereza una defensa abstracta del derecho cuestionado. Ello implica un interés abstracto o simple y no el legítimo, el cual consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico; de ahí que, el interés legítimo no implica la generalización de una acción, sino el acceso a los tribunales ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos...De tal suerte, que si con el juicio de amparo promovido no se restituirá al quejoso en el goce de algún derecho concreto, ni aun de manera indirecta, es claro que la promoción del medio de defensa no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues este está condicionado a que el solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la anulación de los actos que se reclamen. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo lleva a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto que no cumpla con el marco constitucional y legal, lo cual tornaría al juicio de amparo en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador. Lo anterior es así, porque, como se ha sostenido, el interés legítimo es el presupuesto procesal establecido en la Constitución para acceder al juicio de amparo, en ausencia del cual los órganos de control constitucional se encuentran inhabilitados para someter a revisión jurisdiccional los actos de las autoridades políticas, especialmente, de aquellas elegidas democráticamente. Así, la preservación del interés legítimo garantiza un fin negativo del principio de división de poderes: que los órganos de control constitucional no se posicionen como órganos supervisores permanentes o aduanas de veto de las decisiones con legitimidad democrática; por otra parte, garantiza el fin positivo de ese mismo principio: aprovechar las funciones de control constitucional para utilizarse en su máxima capacidad en el ámbito en el que los jueces gozan de ventajas institucionales sobre los poderes políticos, a saber, la resolución imparcial de controversias concretas mediante la aplicación del derecho. ..Por tanto, dentro del universo de afectaciones que las personas pueden resentir, los jueces constitucionales -mediante amparo- sólo son aptos para conocer de aquellas calificables como actualizadoras del interés legítimo o jurídico y no otras, lo que no ocurre en el presente caso, al evidenciarse que se trata de interés simple, porque no se le ocasiona al quejoso, un agravio real, palpable y cualitativamente distinto al de los demás, como lo exige la fracción I del artículo 107 constitucional, lo que no implica que el resto de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en este momento, habida cuenta que las afectaciones mayoritarias, ideológicas y políticas corresponde a los órganos políticos resolverlas, y no, a los órganos de control constitucional. Lo anterior, de conformidad con la tesis siguiente:..En ese orden de ideas, si, como ya se dijo, la existencia del interés legítimo o en los casos en los que no se posee uno jurídico, es legalmente indispensable para la procedencia de la acción de amparo y, en la especie, se insiste, no se justificó, ni existe la posibilidad de acreditarlo durante la tramitación del juicio, pues no hay evidencia alguna al respecto, de ello se sigue que es procedente el desechamiento de la demanda origen del presente juicio de amparo, por ese motivo, se ajusta al supuesto jurídico expresamente contemplado para esos casos, que deriva de relacionar lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, con el diverso 5º, fracción I, ibídem. Por otra parte, aunque hasta lo aquí razonado es suficiente para patentizar la improcedencia del juicio, en aras de exhaustividad, a lo expuesto cabría agregar como una razón adicional, que por sí sola soporta también la determinación de desechamiento, que ese tipo de acciones que pretende el solicitante de amparo, son de tipo general, por lo que no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto que se actualizan las causales de improcedencia analizadas a lo largo de este proveído; en consecuencia, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda constitucional promovida por el impetrante...
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