Antonio Cortes Rosas

Expediente 897/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
897/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Antonio Cortes Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase a la Jueza del Juzgado Cuarto Familiar de Cuautitlán, Estado de México, acusando recibo de los tomos de pruebas que le fueron remitidos. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Ahora, visto el estado procesal de autos, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de ser conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se negó la protección constitucional. Es conservable el incidente de suspensión, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. Además de que este asunto no tiene relevancia documental, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 897/2023-IV, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en la Ciudad del mismo nombre en el Estado de México, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas la tercera interesada Elisa Medina Romero y las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que la tercera interesada, realizó manifestaciones en vía de alegatos mediante escrito registrado con el folio 10879. El Juez de Distrito acuerda: De conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas sus manifestaciones en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver. El Juez acuerda: Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 897/2023-IV; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado de Distrito, el doce siguiente a este Juzgado Federal, ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en la Ciudad del mismo nombre en el Estado de México y otra autoridad. II. Trámite de la demanda. Previo desahogo de la prevención formulada el catorce del julio del año en curso, mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal por una parte desechó parcialmente la demanda (respecto de los actos atribuidos al Secretario adscrito al Juzgado Cuarto Familiar con residencia en Cuautitlán, México, Estado de México, en los términos ahí establecidos), y por la otra admitió a trámite la citada demanda, registrándola con el número 897/2023-IV, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a juicio de la tercera interesada ***********; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; y 49 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado pertenece a la materia civil y se atribuye a una autoridad con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La orden de arresto (de diez horas), emitida en auto de quince de junio de dos mil veintitrés, en el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra en diverso de tres de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente 2145/2017 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar con residencia en Cuautitlán, Estado de México, así como su ejecución. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y Coordinadora de Presentaciones, Comparecencias, Mandamientos Judiciales de Zona Norte con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto, por tanto, se tiene por cierto. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitieron en apoyo a su informe de ley. Cuarto. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito Juzgador advierte que se actualice alguna; por lo tanto, procede el análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. En ellos señala: Refiere que la autoridad responsable, vulneró en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales en virtud de que no le fue notificado personalmente el acuerdo en el que fue decretado el arresto reclamado, toda vez que en todo momento ha dado cumplimiento a los requerimientos formulados. Refiere que la autoridad de origen no ha realizado las notificaciones de manera personal en el expediente 2145/2017 (juicio sucesorio testamentario a bienes de José Antonio Genaro Fragoso Rubio), vulnerando con ello lo establecido en el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del estado de México, al no haber sido legalmente notificada. Aduce que, de ejecutarse el arresto decretado en su contra, sería un acto de molestia de imposible reparación, violando con ello el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional. En ese tenor, como punto de partida, conviene tomar en cuenta los siguientes antecedentes del asunto: 1.- El once de octubre de dos mil veintidós, la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México (en el expediente 2145/2017, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de José Antonio Genaro Fragoso Rubio y/o José Antonio Fragoso Rubio) requirió al quejoso ********************, para que en el plazo de cinco días, diera cumplimiento a la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno (la cual fue superada por la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós), y auto de once de octubre de dos mil veintidós, -con los lineamientos ordenados en dicha resolución-, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se haría acreedor a un arresto inconmutable de diez horas, por desacato a un mandato judicial, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.124, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, en razón de que se considera una aplicación mayor en término mínimo que faculta la ley, esto es, de una hora, dado que se toman en cuenta los dos elementos necesarios para el mismo, a saber: "a) El objetivo que corresponde a la gravedad de la infracción que se hace consistir en que ANTONIO CORTES ROSAS, cumplimiento a la sentencia de fecha 29 veintinueve de noviembre de dos mil veintidós y proveído de fecha 11 once de octubre de la presente anualidad. b) El subjetivo que se refiere a las circunstancias personales del infractor, que en este caso corresponde a una persona adulta que se desarrolla en un ambiente urbano que conoce los deberes y obligaciones que se deben cumplir tratándose de un procedimiento jurisdiccional y que su actuar daña la esfera y el interés de los coherederos en la presente sucesión. Circunstancias objetivas y subjetivas que permiten en el ánimo del Juzgador considerar que el arresto en una duración de 10 diez horas, si se ajusta a la realidad en que se encuentra decretada, pero sobre todo a las del requerido quien por ser una persona adulta entiende a plenitud las consecuencias de sus actos sean estos por acción o por omisión al no cumplir con las determinaciones de este Tribunal, debe ser sancionada de acuerdo a sus circunstancias personales. Notifíquese personalmente a ANTONIO CORTES ROSAS la presente resolución en su domicilio particular señalado para tal efecto. (.)" 2. El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, quedó debidamente notificado de manera personal el quejoso del proveído del tres de noviembre de dos mil veintidós. 3. Luego, mediante promoción presentada el veinte de febrero del año en curso, el quejoso pretendió interponer recurso de revocación (contra el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós), mismo que el acuerdo de veintiuno siguiente no fue admitido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.135, 1.138 y 1.365, del Código de Procedimientos Civiles aplicable, en virtud de haber sido interpuesto de manera extemporánea. 4. Así, el quince de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó el siguiente acuerdo: "(.) CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; 15 QUINCE DE JUNIO DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el escrito y anexo que presenta ELISA MEDINA MORENO, visto su contenido y el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1.134, 1.135, 1.153 y 1.215 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, como lo solicita, se tiene por precluido el derecho de ANTONIO CORTES ROSAS, para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 03 tres de noviembre de dos mil veintidós, en el plazo concedido para tal efecto, el cual inició el día 17 diecisiete de febrero de dos mil veintitrés y feneció el 23 veintitrés de febrero de dos mil veintitrés y feneció el 23 veintitrés de febrero del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se impone a ANTONIO CORTES ROSAS una medida de apremio consistente en UN ARRESTO DE 10 DIEZ HORAS, que deberá cumplir la persona antes mencionada en los separos de la Policía Municipal de Tultepec, México, dado que en esta territorialidad tiene su domicilio del apremiado. En atención a lo anterior, para la ejecución del arresto ordenado gírese atento oficio al Coordinador de Prestaciones y Mandamientos Judiciales en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para que de cumplimiento en el plazo de cinco días, al arresto ordenado en líneas, que anteceden en la persona de ANTONIO CORTES ROSAS, quien tiene como domicilio particular el ubicado CALLE IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO 62, BARRIO SAN MARTÍN TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, una vez que materialice el arresto de 10 HORAS, tendrá que poner al señor ANTONIO CORTES ROSAS, a disposición de la galeras que tiene a su cargo el Titular en Turno de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora del Municipio de Tultepec, Estado de México, hecho lo anterior, se dejará en libertad y lo hará del conocimiento de este Juzgado, apercibido que de no dar cumplimiento a dicha orden, se le impondrá una MULTA. Se deja a disposición de la promovente el oficio ordenado, para que lo haga llegar a su destino. . Notifíquese personalmente a ANTONIO CORTES ROSAS la presente resolución en su domicilio particular señalado para tal efecto. (.)". Orden de arresto, impuesta en el auto del quince de junio de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. De las constancias recién transcritas, se advierte lo infundado de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, es incierto que la juez responsable no haya acatado las formalidades legales que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para imponer la medida de apremio consistente en arresto; pues contrario a lo que alude, se plasman las siguientes consideraciones. La facultad con que cuenta el órgano jurisdiccional para imponer una medida de apremio, deviene de lo preceptuado en el artículo 17 constitucional, párrafo tercero, que a la letra dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones." En ese contexto, la voluntad del Constituyente fue hecha valer por la legislación local, al plasmar los artículos 1.124 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, cuyo contenido dice: "Artículo 1.124. Los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones, siempre que no existan otros específicos determinados por la Ley, pueden emplear indistintamente, los siguientes medios de apremio: I. Multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, que podrá duplicarse en caso de reincidencia. II. Uso de la fuerza pública; III. Rompimiento de cerraduras; IV. Cateo por orden escrita; V. Arresto hasta por treinta y seis horas. Impuesta la medida de apremio y de no ser cumplimentada la determinación judicial, previo apercibimiento, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia. "Artículo 1.138. La dirección del proceso está confiada al Juez, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código; deberá tomar las medidas que ordena la ley para prevenir y, en su caso, sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas o dilatorias". De tal forma que, el apercibimiento de hacer efectivo tales medidas de apremio, es una advertencia que se dirige a quien se le impone un mandamiento de hacer o dejar de hacer una conducta, con la advertencia, como en el caso, de hacer efectivo un arresto, debe contener como mínimo los siguientes requisitos: La existencia de una determinación judicial, fundada en el precepto legal aplicable y debidamente motivada. Que deba ser cumplida por el quejoso. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicaría una medida de apremio precisa y concreta. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.6o.C. J/18 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 193425, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Agosto de 1999, página 687, de rubro y texto: "MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe destacarse que los medios de apremio que regula dicho numeral, tienen como finalidad conseguir el cumplimiento de las determinaciones que dicten los Jueces, obligando a las personas a través de tales medios a que los acaten; pero para ello se requiere en primer lugar que se dé la existencia previa del apercibimiento respectivo; en segundo término que conste en forma indubitable que a quien se pretenda imponer la medida correspondiente, conozca a qué se expone en caso de desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar, que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que se trate y no persona distinta". Formalidades, que en la especie la autoridad ordenadora acató, como en seguida se demuestra: 1. Sí es una determinación judicial, emitida en el caso por la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. 2. Como fundamento para la emisión del mismo, la Juzgadora responsable citó los numerales 1.134, 1.135, 1.153 y 1.215 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. 3. Como motivación, si bien la autoridad no expresó la motivación correspondiente en el auto de quince de junio de dos mil veintitrés, por el que se hizo efectivo el apercibimiento de arresto, lo cierto es que dicha circunstancia no constituye violación alguna a los derechos de aquel a quien se aplica dicha medida, si en el auto precedente (tres de noviembre de dos mil veintidós), mediante la cual se impuso el apercibimiento de arresto, la juzgadora si expuso las circunstancias objetivas y subjetivas que le permitieron considerar que el arresto de una duración de 10 diez horas, se encontraba ajustado a derecho, pues refirió que se ajustaba a la realidad en que se encontraba decretada, pero sobre todo a las del requerido (ahora quejoso), quién por ser una persona adulta entiende a plenitud las consecuencias de sus actos sean estos por acción u omisión al no cumplir con las determinaciones de dicho tribunal, mismo que debía ser sancionado de acuerdo a sus circunstancias personales, por lo que se advierte una suficiente y correcta fundamentación y motivación, requisitos estos que deben entenderse aplicados al acto consecuente como el proveído en el que se ordenó hacer efectivo el arresto de mérito, dada la estrecha vinculación existente entre uno y otro, como sucedió en la especie. Sirve de apoyo la tesis I.6o.C.74 K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con registro digital 181207, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 1679, de rubro y texto: "ARRESTO. SI EL AUTO EN QUE SE APERCIBE PARA IMPONERLO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, PERO EL QUE ESTABLECE SU IMPOSICIÓN NO CUMPLE CON ESOS REQUISITOS, ESTA CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE VIOLACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS DE AQUEL A QUIEN SE APLICA DADA LA ESTRECHA VINCULACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNO Y OTRO. El apercibimiento es una prevención especial de la autoridad a la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer, algo que debe cumplirse y que se concreta en una advertencia conminatoria. Por tanto, los requisitos indispensables que debe contener el apercibimiento de arresto son: 1) la existencia de una determinación de un órgano jurisdiccional; 2) que tal determinación se encuentre debidamente fundada y motivada; 3) que deba ser cumplida por las partes o por los terceros involucrados en el litigio; 4) la comunicación oportuna, mediante la notificación personal al obligado; y, 5) el apercibimiento de que en caso de desobediencia se aplicará una medida de apremio precisa y concreta en la que se especifique la temporalidad del arresto con que se apercibe. Desde esta perspectiva, se advierte la estrecha vinculación que existe entre el apercibimiento de arresto y su imposición, a cuyo respecto aquél constituye un requisito mínimo indispensable de ésta, lo cual implica que no obstante que la autoridad no exprese en el auto por el que se impone el arresto la fundamentación y motivación suficientes, respecto de su duración, lo cierto es que esa circunstancia no constituye violación alguna a los derechos de aquel a quien se aplica dicha medida, si en el auto precedente, mediante el cual se apercibió, se advierte una suficiente y correcta fundamentación y motivación, requisitos estos que deben entenderse aplicados al acto consecuente como el arresto, dada la estrecha vinculación existente entre uno y otro. En este contexto, la circunstancia de que la debida fundamentación y motivación de la orden de arresto se encuentre en un auto anterior y distinto, pero estrechamente vinculado con la misma, no puede llevar a la conclusión de que por ello se dejó al gobernado en estado de indefensión, toda vez que desde el momento en que se le hizo el apercibimiento en los términos ya señalados y se enteró de ellos mediante la notificación pertinente, tuvo conocimiento de los motivos, razones y fundamentos por los que podía ser sujeto a la imposición de tal medida, en caso de incumplir con lo ordenado por el órgano jurisdiccional correspondiente". 4. El auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, en que se apercibió con la medida de apremio que mediante diverso de quince de junio del año en curso, se ordenó hacer efectiva, fue dirigida directamente al quejoso, y le fue notificada en forma personal el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.4o.C. J/4 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 203524, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 157, de rubro y texto: "MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICION Y LA OBLIGACION A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Por lo que ve a los medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a quien se exija, el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento o disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la notificación personal, que es el artículo 114, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requerimiento. Tal situación se justifica, además, porque para estar en aptitud de cumplir un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que impidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; que se encontraran en posesión de persona distinta, a la que en el momento de la diligencia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre al momento de la diligencia, etcétera; casos todos en que no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento". Dadas las consideraciones expuestas, es infundado lo que aduce el quejoso en su concepto de violación, en el sentido que la Juez Cuarto Familiar de origen, viola en su perjuicio lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es así porque la orden de arresto quedó legalmente justificada en cuanto a su forma legal y de las constancias reseñadas, está acreditada la actitud omisiva del quejoso para el cumplimiento de las disposiciones ordenadas por la Jueza responsable, de conformidad como lo estableció y precisó para su cumplimiento en el auto en que lo apercibió. En consecuencia, al no haber dado cumplimiento el quejoso -en sus términos- la sentencia interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno (misma que fue superada por la diversa de veintitrés de mayo de dos mil veintidós) y auto de once de octubre de dos mil veintidós, ni informó sobre impedimento alguno para dar cumplimiento al requerimiento formulado para tal efecto en acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós; por acuerdo de quince de junio del año en curso, ordenó hacer efectiva la medida de apremio consistente en un arresto por diez horas, girando el oficio correspondiente al Coordinador de Presentaciones y Mandamiento Judiciales en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para su ejecución. Asimismo, este juzgador advierte que el acto reclamado se ajusta sustancialmente al párrafo primero del artículo 16 constitucional, el cual establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Al efecto, debe decirse que conforme a la jurisprudencia sostenida por el más Alto Tribunal de la República, debe entenderse por fundamentación, la cita con precisión de las normas legales que al respecto la autoridad considere se encuentran actualizadas y que sustentan el acto reclamado; y la motivación consiste en la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración la autoridad para la emisión del mismo, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Sirve de apoyo la jurisprudencia 40 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 390963, visible en el Apéndice al S.J.F. 1917-2000, Tomo III, materia Administrativa, página 46, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En ese sentido, la responsable cumplió con la garantía de legalidad que establece el artículo 16 constitucional, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de su determinación, porque en su resolución citó los preceptos legales que sirvieron de apoyo y expresó los razonamientos que llevaron a dicha autoridad a imponer la medida de apremio consistente en el arresto por diez horas al ahora impetrante de amparo. Por tanto, el proceder de la responsable no infringe garantía alguna al ahora inconforme, toda vez que la medida de apremio de que se duele fue resultado de su conducta contumaz, existiendo previamente un apercibimiento, que no es otra cosa que la advertencia que la autoridad hace a la persona de quien se trate, de las consecuencias desfavorables que podrá traerle la realización de ciertos actos o la omisión de ejecutar otros, lo cual permitió al hoy quejoso, conocer a qué se exponía en caso de desacatar el requerimiento formulado por la autoridad judicial, además de que fue impuesta después de haber sido apercibido, e incluso hechos efectivos diversos arrestos previos. Resolución en la que la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, citó los artículos 1.134, 1.135, 1.153 y 1.215 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, para establecer de manera suficiente, los motivos y razones particulares que le permitieron aplicar al quejoso una medida de apremio consistente en un arresto hasta por diez horas; con lo que se surte el requisito de fundamentación y motivación exigido en el numeral 16 constitucional. Por tal virtud, este juzgador considera que no se violó garantía alguna al peticionario de amparo, habida cuenta que se le notificó personalmente en el domicilio señalado para tal efecto, a fin de que diera cumplimiento en sus términos a la sentencia interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno (misma que fue superada por la diversa de veintitrés de mayo de dos mil veintidós) y auto de once de octubre del año pasado; así como la medida de apremio que se le impondría en caso de no cumplir con dicho mandato; y pese al requerimiento con apercibimiento de imponerle un arresto de diez horas, continuó con su conducta renuente, es decir, no cumplió con la obligación que había contraído en ese juzgado, no obstante de que le fue hecho de su conocimiento el proveído en el que se le conminó a que diera cumplimiento al mandato por parte de la autoridad judicial; por tanto, resulta patente que la responsable actuó conforme a derecho al hacer efectivo el arresto reclamado. Además de que, tal medida de apremio tiene la finalidad vencer la actitud contumaz del quejoso quien con su actitud no permite la prosecución pronta y expedita del juicio de origen, cuya continuación es de orden público; razón por la cual resulta eficaz dicha orden de arresto decretada. Por otra parte, cabe precisar que la finalidad del apercibimiento es dar a conocer, en el caso, concreto al solicitante de amparo una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se le podría aplicar en caso de incumplimiento, lo que en el presente asunto aconteció según las constancias remitidas a este juzgador, por lo que se estima legal la medida de apremio impuesta al quejoso consistente en un arresto por diez horas. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 20/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 189438, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001, página 122, de rubro y texto: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta". Finalmente, cabe resaltar que la autoridad judicial responsable se encuentra facultada para emplear de forma indistinta los medios de apremio previstos en la legislación procesal invocada, con plena libertad en el ejercicio de tal facultad para hacer cumplir sus determinaciones; sin embargo, la misma tiene como único límite, el irrestricto respeto de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, mismas que observó la juez responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 21/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 200117, materias Constitucional, Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 31, de rubro y texto: "MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate". En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Coordinadora de Presentaciones, Comparecencias, Mandamientos Judiciales de Zona Norte con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, (en su denominación correcta), ya que no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia del arresto impuesto. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de la autoridad precisada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgado a la tercero interesada mediante proveído de veintidós de agosto en el que se concedió la vista respectiva con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese la notificación de cuenta, de la que se advierte que el actuario judicial adscrito emplazó a la tercero interesada Elisa Medina Moreno, a este juicio de amparo. Toda vez que por auto de veintidós de agosto pasado se tuvo por apersonada y se le dio vista con los informes que obran en autos. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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