Antonio Cortés López
Expediente 189/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Cortés López
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó en el juicio, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACION. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó y concedió la medida cautelar solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución en un cuaderno, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa asistida de Erika Ivonne Carballal López, secretaria que da fe.
- Principal
Por este medio se notifica a parte quejosa el siguiente determinación con engrose de veintiséis de octubre de dos mil veinte que en síntesis refiere: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 189/2020. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonio Cortes López, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisado en el considerando segundo, por los motivos precisados en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE CON ESTRICTO APEGO A LOS PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PERSONAL, PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE QUIENES REALICEN LA NOTIFICACIÓN Y DE LAS PERSONAS JUSTICIABLES. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, hoy veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante la secretaria Janette Pérez García, con quien actúa y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 189/2020. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte (foja 2), Antonio Cortes López, por propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto contra actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 189/2020 (fojas 15-20). Previo los trámites de ley, el veinticuatro de septiembre pasado (fojas 38-39), se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. El quejoso reclama de la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La medida cautelar de separación de persona decretada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dentro el expediente 987/2019 formado con motivo de la demanda que en la vía ordinaria familiar oral sobre divorcio sin expresión de casusa presentó Blanca Fanny Cervantes Aburto frente al aquí quejoso Antonio Cortes López; materializada el treinta y uno de enero de dos mil veinte en el domicilio ubicado en calle Jade número 73 del Fraccionamiento Real Hacienda Metrópolis I, Tarímbaro, Michoacán. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado que se imputa a la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues al rendir su informe justificado aceptó su existencia (foja 25). Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la Juez natural con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio esta juzgadora advierte la actualización de alguna, por lo que se procede al análisis de los conceptos de violación. QUINTO. Antecedentes. Para un mejor entendimiento del presente se considera necesario precisar los antecedentes que dan origen al acto reclamado. El dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, Blanca Fanny Cervantes Aburto, promovió demanda en la vía ordinaria oral en ejercicio de la acción de estado civil sobre divorcio sin expresión de causa en contra de Antonio Cortes López. El veinte de septiembre de dos mil diecinueve, la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán admitió a trámite la demanda; ordenó el emplazamiento a juicio del demandado; dio intervención al ministerio público en razón de que se involucran derechos de menores; designó tutora especial de la niña de iniciales D.P.C.C., a la representante en ese juzgado de la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; ordenó el desahogo de pruebas para mejor proveer; fijó fecha para escuchar a la menor; fijó medida cautelar de separación de persona; y, reconoció el derecho de alimentos. Específicamente con relación a la medida cautelar de separación de persona, refirió: "En aras de prevenir cualquier situación que pudiera poner en peligro la integridad física de la solicitante, en términos de los artículos 857, 859, 860, 861, 862 y 865 del Código Familiar, se autoriza la separación de cónyuges (personas) solicitada. Luego, con fundamento en el numeral 861 del Código Familiar, ponderando los actos de violencia que se atribuyen a Antonio Cortes López, la calidad de cónyuge agresor, se ordena a éste salir domicilio que se señala como hogar conyugal, sito en la calle Jade número setenta y tres, del Conjunto Habitacional de interés social denominado Real Hacienda, primera etapa, conocido también como Fraccionamiento Metrópolis I, en Tarímbaro, Michoacán. De igual forma, en atención al interés del núcleo familiar, se decreta además: - La prohibición para Antonio Cortes López de ir al domicilio conyugal señalado por su contraria. - La prohibición para Antonio Cortes López de acercarse a su aún esposa, a una distancia no menor de 100 cien metros, a menos de que lo haga en presencia de una autoridad, y sin riesgo de peligro de ella. De conformidad con lo que dispone el artículo 825 del ordenamiento legal invocado, notifíquese personalmente esta determinación a Antonio Cortes López, previniéndolo para que se abstenga de impedir la separación o causar molestias a su cónyuge; además informará sobre el lugar de su residencia, bajo apercibimiento de ley. Envista de ello, a efecto de materializar la separación decretada, se fija días y horas hábiles, así como inhábiles de despacho, para que el personal de éste juzgado -juntamente con la actora, agente del ministerio público adscrito y tutora se constituyan en legal y debida forma en calle Jade número setenta y tres, del Conjunto Habitacional de interés social denominado Real Hacienda, primera etapa, conocido también como Fraccionamiento Metrópolis I, en Tarímbaro, Michoacán, a fin de llevar a cabo la citada diligencia, ordenando a Antonio Cortes López, salir de esa casa habitación antes señalada, con los bienes de su uso personal y los que requiera para el desempeño de su actividad laboral, previo inventario, previniéndolo para que se abstenga de impedir la separación o causar molestias a su cónyuge, así como de concurrir a dicho domicilio. (.)" El treinta y uno de enero de dos mil veinte, a las nueve horas con treinta minutos, emplazó a juicio al demandado Antonio Cortes López, posteriormente se levantó el acta de separación de persona, en la cual se asentó: "Acto continuo se procede a tocar en el domicilio siendo atendidos por Antonio Cortes López, con quien nos identificamos plenamente y a quien le hacemos saber el motivo de nuestra presencia, enterado de ello accede a desocupar el inmueble sin llevarse objetos de su propiedad, por lo que se procede previa autorización al cambio de chapas de la puerta de ingreso.- Acto continuo se concede el uso de la palabra a la fiscal y tutora quienes de manera conjunta manifiestan estar de acuerdo con el desahogo de la presente diligencia.- Acto continuo (se con) previa lectura de la presente se da por terminada la presente diligencia firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para su debida constancia legal, en el entendido de que en todo momento se encontró presente la actora Blanca Fanny Cervantes Aburto, y que la presente no es firmada por el demandado quien se retiró del lugar, así mismo en este acto se requirió a la actora para que en el término de tres días exhiba inventario. Doy fe." SEXTO. Estudio de fondo. La parte quejosa aduce esencialmente como conceptos de violación: Que el acto reclamado viola su derecho humano de seguridad jurídica contenida en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que impiden que se defienda adecuadamente y sea vencido en juicio. Lo considera así pues refiere que sin haber sido condenado en juicio y sin que exista prueba alguna, se le aplicó la medida cautelar de separación de persona, imposibilitándole ejercer su oficio de cocinero ya que los instrumentos necesarios para realizar su trabajo se encuentran dentro de su domicilio y al haberlo sacado de su casa tiene que pagar renta y no cuenta con un salario por la falta de trabajo. Sigue refiriendo que al decretar la medida de separación de persona la responsable no acató lo que establece la fracción V del artículo 260 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Adicionalmente, señala que la responsable no acató lo que señalan los artículos 861, 863 y 864 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, pues no levantó un inventario de bienes, no fijó el plazo de ocho días con el que contaba la actora para presentar la denuncia de violencia familiar, posterior a que fue decretada la medida cautelar, por lo que, al haberse cumplido el plazo sin haberse presentado la denuncia, la medida debe dejarse sin efectos. Refiere además que la medida cautelar fue decretada en base a hechos falsos, que si bien la responsable la decretó atendiendo al interés de su menor hija, en el expediente no está acreditado el daño psicológico y golpes que dicen propinó a su esposa, pues no se ha presentado ninguna denuncia de violencia familiar, por lo que la responsable debió levantar la suspensión de la medida cautelar hace mucho tiempo. Que en razón de que ya pasaron más de veinticuatro días para el plazo que establece el código familiar para acreditar la necesidad de mantener vigente la medida, no existe ningún sustento para que se mantenga vigente. Precisados los conceptos de violación que formula el quejoso, debe señalarse que en el presente asunto no opera la suplencia de la queja, dado que el quejoso no se encuentra dentro de ninguno los supuestos que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. La totalidad de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa resultan infundados como a continuación se expone: El quejoso a través de los motivos de disenso refiere que se vulnera su derecho de seguridad jurídica pues considera que la medida cautelar de separación de persona lo afecta sin haber sido condena en juicio y sin que existan pruebas para decretarla. Lo infundado de su manifestación deriva en razón de que el Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, no requiere para decretar una medida cautelar que deba existir sentencia previa y que necesariamente se hayan desahogado pruebas para decretar la medida cautelar. Ello es así pues, basta con tener a la vista el artículo 260 del aludido ordenamiento, el cual establece: "Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: I. Separar a los cónyuges, considerando para tal efecto, las circunstancias personales de cada uno; II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; III. Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad; IV. La forma en que el cónyuge que no tenga la guarda y custodia deberá convivir con sus hijos menores de edad o con discapacidad; V. Las necesarias para que no se causen daño en su persona o en sus bienes; y, VI. Las demás que considere necesarias el juez. La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos legalmente previstos." Como se advierte de la transcripción de dicho precepto, cuando se admita la solicitud de divorcio, y mientras dure el procedimiento -esto es el juicio de divorcio-, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas, lo que incluso podrá decretar de manera oficiosa, considerando siempre la protección de los hijos menores de edad, y atendiendo siempre a su interés superior. En ese tenor, en el caso concreto el juez actuó de forma correcta al decretar la medida cautelar, pues la acción ejercita en el juicio de origen es una solicitud de divorcio presentada por Blanca Fanny Cervantes Aburto, además de que la concedió en aras de prevenir cualquier situación que pudiera poner en peligro la integridad física de la solicitante. Asimismo, cabe decir que la necesidad de la medida obedece a la ponderación probatoria realizada por la Juez de instancia del poco material probatorio que tenía a su alcance en ese momento, que en la especie fueron las manifestaciones de la tercera interesada en el escrito de presentación de demanda, así como las documentales exhibidas hasta ese momento. De ahí que, la medida que aquí se analiza por ahora es necesaria, sin menoscabo de que a la postre ambas partes puedan ofrecer diverso material probatorio ya sea para fortalecer y que la medida perdure o que eventualmente sea tomada una diversa decisión, todo siempre atendiendo a la integridad física de los solicitantes. Asimismo, resulta infundado lo manifestado por el quejoso en el sentido de que la medida cautelar de separación de persona, lo imposibilita para ejercer su oficio de cocinero ya que los instrumentos necesarios para realizar su trabajo se encuentran dentro de su domicilio y al haberlo sacado de su casa tiene que pagar renta y no cuenta con un salario por la falta de trabajo. Ello en razón de que desde el proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en el que el juez fijó la medida cautelar de separación de persona, ordenó al quejoso salir de la casa habitación con los bienes de su uso personal y los que requiriera para el desempeño de su actividad laboral, previo inventario; proveído del que tuvo cocimiento el quejoso previo al desahogo de la diligencia de separación de persona, pues fue emplazado al juicio a las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de enero de dos mil veinte, haciéndose le saber la medida cautelar decretada y el que podía llevarse sus pertenencias. En ese tenor, si al momento del desahogo de la diligencia de separación de persona, que lo fue a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil veinte -posterior al emplazamiento-, ya tenía conocimiento de que podía extraer del domicilio sus pertenencias e instrumentos necesarios para realizar su trabajo, al no haberlo hecho así, aceptó las consecuencias de salir del domicilio sin objeto alguno. Ahora bien, en relación a que refiere que le causa perjuicio el haber salido del domicilio y tener que rentar, sin contar con trabajo, esa manifestación no es suficiente para modificar la medida cautelar de separación de persona, pues esta fue decretada por la Juez en atención a los actos de violencia que se atribuyen al quejoso; esto es, la medida atiende a la necesidad de salvaguardar la integridad física de la actora, por lo que, la manifestación del quejoso no es suficiente para modificar dicha medida cautelar. Máxime que estuvo en condiciones de obtener los objetos que requería para realizar su trabajo y así ejercer su actividad laboral para recibir un recurso para su manutención y el pago de la renta, sin embargo, no obstante decidió no llevárselos aun cuando estos le habían sido autorizados. Por otra parte, contrario a lo que señala el quejoso, la responsable al dictar la medida cautelar si acató lo que establece la fracción V del artículo 260 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, pues la consideró necesaria para prevenir cualquier situación que pudiera poner en peligro la integridad física de la solicitante, además de que atendió al interés del núcleo familiar. Ello pues, si bien la actora no exhibió pruebas como lo refiere el quejoso, la Juez responsable atendió a los hechos de violencia física y consumo de bebidas embriagantes y otras sustancias que narró la actora en el escrito de demanda de divorcio sin expresión de causa. Es así, pues del escrito de demanda en esencia se advierte que refirió que desde que contrajo matrimonio en el año de mil novecientos noventa y tres, se ha hecho cargo de los gastos del hogar debido al alcoholismo de su esposo; que desde su primer embarazo comenzó a violentarla de manera física, pues le pegaba a puño cerrado, le daba patadas y de todas formas como le era posible; que hace aproximadamente quince años empeoraron los problemas de alcoholismo y empezó a consumir drogas; que debido a su forma de beber y drogarse es que le pidió que terminaran su matrimonio amenazándola que el día que lo hiciera la iba a matar. Sobre los cuales no se requiere prueba, ya que de los artículos 857 al 861 del Código Familiar se desprende que para su dictado, el Juez podrá recabarlas, más no es obligación hacerlo debido a que la naturaleza urgente de dichas medidas no es acorde con una dilación probatoria, máxime tratándose de posibles actos de violencia familiar. También resulta infundada su argumento en el sentido de que la responsable no levantó inventario de bienes, ello pues desde el momento en que decretó la medida cautelar les hizo saber a las partes que a ellas correspondía exhibir bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, especificando además el título bajo el cual se adquirieron o poseen, y el valor que estimaran. Finalmente, resultan infundados sus argumentos en el sentido de que la responsable no acató lo que señalan los artículos 861, 863 y 864 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, pues no levantó un inventario de bienes, no fijó el plazo de ocho días con el que contaba la actora para presentar la denuncia de violencia familiar, posterior a que fue decretada la medida cautelar, por lo que, al haberse cumplido el plazo sin haberse presentado la denuncia, la medida debe dejarse sin efectos. Para evidenciar lo anterior, resulta necesario hacer transcripción de dichos preceptos: "Artículo 861. En la resolución en que la medida se decrete o en la diligencia en que se practique, el juez podrá decidir cuál de los cónyuges, hijos menores de edad o con discapacidad permanecerán en el domicilio conyugal. Asimismo, determinará con quién de los cónyuges se quedan los hijos en custodia provisional, estando siempre a su interés superior. Levantará un inventario de las pertenencias personales que el cónyuge que es separado se lleve, incluyendo las necesarias para el ejercicio de su profesión, arte u oficio, así como de todos los bienes que se queden en el domicilio conyugal. Artículo 863. En la resolución en que se decrete la separación, se señalará el término de que dispondrá el solicitante para presentar la demanda, denuncia o querella, que no deberá ser mayor de ocho días contados a partir del siguiente de efectuada aquella. A juicio del juez, podrá concederse por una sola vez, una prórroga hasta por igual término. Artículo 864. Si al vencimiento del plazo concedido no se acredita al juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la separación, debiendo el cónyuge regresar al domicilio conyugal dentro de los tres días naturales siguientes. Pudiendo solicitar al juez su reincorporación al mismo. Observándose en ella lo previsto, en lo conducente, para la separación. Cualquier dificultad que surgiere en la reincorporación, el juez la resolverá de plano y sin más trámite." Como se puede advertir de la anterior transcripción, la responsable no vulneró dichos preceptos, pues desde que decretó la medida cautelar señaló que sería el cónyuge agresor el que debía salir del domicilio conyugal; si bien no levantó inventario al momento del desahogo de la diligencia de separación del domicilio, este no fue necesario en razón de que el quejoso no se llevó ningún objeto. Además, no era necesario que la Juez le fijara un término a la solicitante de la medida cautelar para que presentara la demanda, denuncia o querella, y la apercibiera de que si no lo hacía en el término señalado cesarían los efectos de la separación; ello pues la medida cautelar fue decretada dentro de juicio, con posterioridad a la presentación de la demanda de divorcio, de ahí que no existe obligación por parte de la responsable de fijar un término, pues ello está contemplado para aquellos casos en los que se solicite la medida cautelar de separación del domicilio conyugal previo a la demanda de divorcio, lo que en la especie no acontece. Por último, no se soslaya que la fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional (fojas 28 y 29) formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". En mérito de lo anterior, lo procedente es negar el amparo solicitado por Antonio Cortes López. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonio Cortes López, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisado en el considerando segundo, por los motivos precisados en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE CON ESTRICTO APEGO A LOS PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PERSONAL, PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE QUIENES REALICEN LA NOTIFICACIÓN Y DE LAS PERSONAS JUSTICIABLES. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, hoy veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante la secretaria Janette Pérez García, con quien actúa y da fe.
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