Antonio Correa Hernández

Expediente 924/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
924/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Antonio Correa Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda de amparo promovida por Antonio ....; fórmese el expediente relativo con el número 924/2023-VI, que le correspondió en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. Previo al pronunciamiento de la procedencia de la presente demanda de amparo, se considera oportuno tener a la vista lo actuado en el diverso 592/2022-VI, de este Juzgado Federal, lo cual se cita como un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo; en efecto, en el sumario citado, el veintiséis de junio del presente año se dictó resolución de cumplimiento a la ejecutoria de amparo -veintitrés de diciembre de dos mil veintidós-, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Antonio Correa Hernández, para que en la causa penal 168/2021, el Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, realizara lo siguiente: "a). Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia (siempre y cuando subsistan el sentido y los efectos de la misma) deje insubsistente la orden de aprehensión de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de la causa penal 168/2021; b) Emita otra con libertad de jurisdicción, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior o en otro distinto, pero purgando los vicios formales siguientes: - Valore la totalidad de las pruebas, asimismo especifique con cuáles tuvo por acreditado cada uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude específico que se imputa al quejoso. - Asigne valor probatorio a cada una de los medios de convicción, esto es, precise su valor de indicio o pleno, citando correctamente los preceptos que rigen su valoración; todo ello deberá realizarlo de manera fundada y motivada.". Por lo tanto, en cumplimiento a esa ejecutoria, por oficio 1072, recibido el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en este Juzgado de Distrito, el Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, remitió copia certificada de la determinación de veintinueve de mayo de esta anualidad, resaltando los puntos siguientes: a) En proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés dejó sin efectos la orden de aprehensión de uno de diciembre de dos mil veintiuno, librada en contra de Antonio Correa Hernández, por el delito de fraude específico, en agravio de Bertha Cornejo Cornejo. b) Con plenitud de jurisdicción, una vez que valoró la totalidad de las pruebas allegadas a la causa penal, tuvo por acreditado cada uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude específico; en consecuencia, consideró procedente librar la orden de aprehensión solicitada por la representación social en contra del aquí quejoso Antonio Correa Hernández, dentro de la causa penal 168/2021. Por ello, previa vista que se le otorgó a la parte quejosa con la precitada determinación, se estimó que el fallo protector fue cumplido en su totalidad, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en tanto que, la autoridad responsable acató la ejecutoria dictada en auto, razón por la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo. DESECHAMIENTO Ahora bien, los actos reclamados por el solicitante de la protección constitucional Antonio Correa Hernández, en esta instancia biinstancial, consisten en: 1. La orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 2. su ejecución. Así, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, como las constancias del juicio de amparo 592/2022-VI, invocado como un hecho notario ante esta instancia Constitucional, este Juzgador considera que en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV1 , en relación con los diversos 172 , y 183 , todos de la Ley de Amparo, por haber sido consentidos tácitamente los actos combatidos. En efecto, esta causa de improcedencia parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, aquellos actos que para los efectos de éste se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La razón legal del aludido principio responde, evidentemente, a una cuestión de certidumbre jurídica, orientado a evitar que el peticionario del amparo haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse -ilegítimamente-, de los efectos de la conducta que él 1Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.). 2Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: 3Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. mismo haya exteriorizado de manera libre y espontánea, con arreglo al acto o ley de que se trate. Esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse al quejoso que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque con ello obtiene algún beneficio o por simple desinterés para controvertirlo, pero posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. En ese sentido, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición legal en estudio, puede decirse que la conformidad con el acto reclamado comprende tanto lo que la doctrina considera en sí mismo al consentimiento expreso, como lo que se entiende por consentimiento tácito; connotaciones que el Código Civil Federal recoge en su artículo 18034 , el cual es supletorio de la ley de la materia, en términos de su ordinal 2°. Según la legislación civil, el consentimiento expreso es aquél en el que la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos; mientras que el tácito, resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Bajo esa óptica, se estima que el impetrante del amparo expresó tácitamente su conformidad con la orden de aprehensión que reclama, en virtud de que no promovió el juicio de amparo contra el acto que ahora combate, dentro de los plazos señalados en la Ley de Amparo, como se explicará enseguida. 4Artículo 1803. El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo siguiente: I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y II.- El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Como se destacó en párrafos precedentes, las constancias que integran el juicio de amparo 592/2022-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, revelan que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional una orden de aprehensión que fue emitida en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Al respecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el término genérico para presentar la demanda de amparo es de quince días -excepto en los supuestos que señala la disposición en cita- el cual debe ser considerado en el presente caso, ya que el acto reclamado por la parte quejosa (orden de aprehensión) no se encuentra en alguna de las excepciones que contempla el citado ordenamiento legal. Por su parte, el numeral 18 de la ley de la materia, establece de manera categórica tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse el plazo de quince días; esto es, a partir de que: a) Haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acto reclamado; b) Haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Aunado a lo anterior, para el caso que nos ocupa, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Ley de Amparo no establece una excepción para el cómputo del plazo de quince días, cuando se trata de actos emitidos en cumplimiento de sentencias federales que concedieron la protección constitucional, por lo que en ese supuesto no debe operar excepción alguna a la regla general, ya que el legislador federal no lo previó de esa forma. Por lo tanto, en esa hipótesis, el plazo para la promoción del juicio transcurre a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, emitido en cumplimiento del fallo protector, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se 02/02/24 18:15:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.01.52 AMALIA BORJA TORIBIO ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Asimismo, es necesario destacar que para determinar la fecha a partir de la cual comenzó a transcurrir el término de quince días, para que la parte quejosa promoviera juicio de amparo, no basta con el dicho, bajo protesta de decir verdad, del solicitante de la salvaguarda Constitucional respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto que combate, sino que esa circunstancia debe corroborarse con las constancias que obren en autos y sólo en el caso de que en ellas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de amparo, debe tenerse por cierta la señalada en su demanda. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/194 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable con el registro digital 190848, de rubro: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO.". En efecto, como se relató en párrafos que anteceden, el aquí quejoso Antonio Correa Hernández, promovió diverso juicio de amparo (registrado con el número 592/2022-VI) en el que se le concedió la protección constitucional contra la ordena la búsqueda, localización y aprehensión librada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 168/2021. En dicho juicio de amparo se concedió la protección de la Justicia Federal al impetrante y, en cumplimiento a dicho fallo, la autoridad responsable ordenadora, el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitió una nueva orden de aprehensión, misma que ahora se combate en el presente juicio de amparo. Una vez que se recibió el oficio por el que se comunicó la emisión de ese acto y la copia certificada del mismo, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de la determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; así 02/02/24 18:15:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.01.52 AMALIA BORJA TORIBIO mediante escrito recibido en este Juzgado el siete de junio del año que transcurre, el quejoso desahogó dicha vista y el veintiséis de junio siguiente, se tuvo por cumplida la concesión del amparo otorgada para los efectos ahí precisados. Por todo lo expuesto con anterioridad, se concluye que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto ahora reclamado, al menos desde el siete de junio de este año, fecha en que realizó -por su propio derecho- diversas manifestaciones contra la orden de aprehensión dictada en cumplimiento del referido juicio de amparo 592/2022-VI, y no hasta el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, como lo refiere en su demanda, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que familiares le manifestaron que se presentaron en su domicilio particular elementos de la policía de investigación, quienes le informaron traer una orden de aprehensión en su contra. Por lo tanto, es evidente que el plazo de quince días para que Antonio Correa Hernández, promoviera su demanda de amparo en contra de la nueva orden de aprehensión de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, transcurrió en demasía; circunstancia que pone de manifiesto el consentimiento del acto reclamado por parte del quejoso, pues aunque tuvo la posibilidad legal de impugnar dicha orden de aprehensión, dejó transcurrir el término perentorio de quince días, contemplado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin presentar su demanda, lo que revela tácitamente su conformidad con dicho acto. En apoyo de estas consideraciones, se cita la jurisprudencia 40/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o 5 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 5, materia común, con registro 2010666. resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva.". Ante tal situación, es evidente que si el quejoso asumió una actitud pasiva y dejó pasar el tiempo sin ejercer la acción constitucional, con su actuar consintió tácitamente el acto reclamado. En las relatadas condiciones, al ser esta causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en el artículo 113 de la normatividad de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Con relación al correo electrónico y número telefónico que señala, toda vez que la citada ley no los contempla como un medio para oír y recibir notificaciones, únicamente se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. También se tienen por autorizadas a las personas que menciona en términos del artículo 12, primer párrafo, de la citada codificación, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y las restantes para los efectos que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del numeral 21 de la legislación aplicable, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el numeral 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con este expediente, siempre y cuando tengan firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las bases siguientes: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto, dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente tanto al quejoso como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

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