Antonio Correa Alcalá y Otros.

Expediente 315/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
315/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Antonio Correa Alcalá y Otros.
  • Secretario de Salud del Estado de Guanajuato
  • Antonio Correa Alcalá

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    En la ciudad de León, Guanajuato, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, María Milagros Quiroz Mendoza, secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, hago constar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo el expediente electrónico coincide con las constancias integradas en el impreso. Por tal motivo, con esta fecha se envía al archivo definitivo, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.María Milagros Quiroz MendozaLa secretaria.Firmado electrónicamente

  2. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós que en resumen dice: "Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado, dentro del plazo legal, el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia como lo establece el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el apartado 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, dado que se concedió la suspensión de plano, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa, por lo que se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación..."

  3. Principal

    Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado, dentro del plazo legal, el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia como lo establece el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el apartado 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, dado que se concedió la suspensión de plano, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa, por lo que se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.

  4. Principal

    León, Guanajuato, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Se sobresee en el juicio fuera de audiencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de TRES DÍAS, indicara por escrito, si acudió a la cita señalada para la valoración y eventual aplicación del esquema de vacunación de la persona menor de edad quejosa y lo acreditara o bien, justificara la imposibilidad que tuviera para ello, sin que lo hiciera. Por tanto, tal omisión de dar respuesta al requerimiento, debe ser tomada como una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado, en los términos previstos en el artículo 61 fracción XIII de la ley de la materia, lo que provoca el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63, del dispositivo legal invocado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada consultable en la página 13, volumen 139-144, primera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 232527, estableció lo siguiente. "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." De tal manera que el consentimiento entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado y que son los siguientes: La existencia del acto o ley reclamados. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Ahora, en relación con el requisito identificado en el inciso a, se tiene que la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables de aplicar la vacuna contra el Virus SARS-CoV-2 a las persona menor de edad y que, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en este juicio, aquellas señalaron como fecha para la valoración y eventual aplicación de la primera dosis las ocho horas del veintiuno de junio del año en curso; data que se le notificó de manera personal a la amparista a efecto de que acudiera. Ante tal circunstancia por auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se le formuló requerimiento para que, dentro del plazo de tres días, siguientes a la fecha señalada para la vacunación, indicara por escrito, sí acudió a la mencionada cita, justificara la inasistencia o allegara el comprobante correspondiente que demostrara la referida inoculación, bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo solicitado o bien, omitir informar el impedimento legal o material que tuviera para ello, se sobreseería en el juicio fuera de audiencia por consentimiento del acto reclamado. Por otro lado, el requisito señalado en el inciso b también se encuentra satisfecho, pues la parte promovente fue debidamente notificada de la vista indicada en el auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, sin que al día de hoy realizara manifestación alguna respecto si acudió a la referida cita, justificara su inasistencia ni anexó el comprobante de vacunación correspondiente; de tal manera que esa falta de contestación deba de entenderse como aquella manifestación de la voluntad que entraña el consentimiento de la omisión reclamada. Ello es así, pues si bien ese silencio pudiera considerarse como inexpresivo, debe decirse que esto surge únicamente cuando aquél se encuentra aislado, de tal manera que por sí solo no formaría un consentimiento tácito al no manifestarse nada; sin embargo, hay ocasiones en que la inacción de las partes se efectúa de tal manera que al no expresar nada, aceptan o consienten la proposición que se les hace; lo que acontece cuando el consentimiento resulta de hechos que acompañan al silencio y que le dan una significación que no tiene por sí mismo. En ese sentido, el silencio aquí expresado para las resultas del juicio, genera la consecuencia del desinterés en la inoculación inicialmente solicitada y por ende, el consentimiento de la omisión reclamada, pues aquel requerimiento que se le formuló, se encuentra acompañado de un apercibimiento y de una notificación practicada de manera personal, de manera que no pueda considerarse inexpresivo, pues no surgió aisladamente. Finalmente, se precisa que aunado al desinterés de la parte quejosa, en este tipo de asuntos y por la situación que aún prevalece respecto al fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, es de trascendental importancia asegurar que no se desaprovechen los recursos humanos, materiales y farmacéuticos que la responsable ha puesto a su disposición, pues en cumplimiento a la suspensión de plano que les fue concedida, se han señalado fechas para la aplicación del biológico y citas para valoración, lo que ha provocado que ante la inasistencia y desinterés de las partes, se desperdicien las dosis ya destinadas al no ser reutilizables, las cuales además se encuentran en escasez; asimismo, por lo que hace a la valoración previa a la inoculación, los hospitales se encuentren con una saturación en sus agendas, lo que implica que se desatiendan las diversas actividades que tienen que cubrir en esos nosocomios. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase lo anterior, del conocimiento de las autoridades responsables. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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