Antonio Cordova García
Expediente 53/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Antonio Cordova García
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda presentado por ANTONIO CORDOVA GARCÍA por su propio derecho contra actos de la PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO y otras autoridades; fórmese el expediente 53/2022-III, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa sustancialmente reclama la negativa del Ayuntamiento señalado como responsable de dar contestación al escrito mediante el cual solicita la pensión por jubilación, presentado en dos de septiembre de dos mil veintiuno. Por consiguiente, dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que si en el caso se actualiza alguna causal, observando que en el particular tiene vigencia la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 fracción l y 5 fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ahora bien, en el artículo 1°, fracción I de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5°, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Así, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacione con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el caso, el hecho de que el quejoso sea integrante de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ahora bien, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores; sin embargo, lo cierto es que en la fracción XIII, se establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior, implica que los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa con el Estado, esto es, que no se trata de una relación de índole laboral en sentido estricto [que se rija por el derecho del trabajo], sino que dichos servidores públicos están excluidos, por disposición constitucional, de la aplicación de las normas de trabajo para los demás servidores públicos del Estado. Esto quiere decir que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, solo que son designados mediante actos condición y no mediante contratos de trabajo. Por esa razón, en oposición a los demás empleados públicos, los miembros de las instituciones policiales no pueden acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver sus conflictos individuales, en términos del artículo 123, Apartado B, fracción XII, de la Constitución; sin embargo, ello no implica que no exista una vía ordinaria para ello, pues por afinidad, pueden acudir al Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso Estatal, por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa. Al respecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 82/98, que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL". En el caso, el quejoso se duele en esencia de la omisión del Ayuntamiento señalado como responsable de resolver su petición mediante el cual solicita pensión por jubilación, presentado desde el dos de septiembre de dos mil veintiuno, lo que pone de manifiesto que dicho acto únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con la suspensión, remoción o cese de éstos. No obstante, en el caso, aun cuando el quejoso se desempeñó como policías del Ayuntamiento de Tlaquiltenango y están sujetos al régimen de excepción previsto en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, lo cierto es que el acto que reclaman no se vincula con "el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él" que la Segunda Sala del Alto Tribunal buscó tutelar con la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." Lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo para dilucidar controversias relacionadas con aspectos suscitados con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues para ello existen vías ordinarias. Entonces, en el juicio de amparo no se puede analizar esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias, en el caso, el artículo 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, establece que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General, y que las controversias que se generen con motivo de seguridad social serán competencia del Tribunal Contencioso Administrativo. El artículo 2º de Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Morelos, establece quienes son sujetos de dicha ley, y en la parte que interesa establece lo siguiente: "Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia siguientes: [.] Municipales.- El Secretario de Seguridad Pública, los Titulares, Mandos Superiores y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los elementos policiacos y operativos de Seguridad Pública; [.] Asimismo, el Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a favor de los miembros de las Instituciones Policiales Municipales y Servidores Públicos al Servicio del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, en su artículo 20 prevé que el Ayuntamiento, al otorgar los citados beneficios de Seguridad Social a sus servidores públicos y elementos policiales, así como a sus beneficiarios, tendrá un término de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se tenga por recibida y convalidada la documentación requerida para su tramitación, por lo que una vez agotado el término, resolverá y emitirá los Acuerdos de Pensión correspondientes en uno u otro sentido. Por otra parte el artículo 66 del mismo ordenamiento legal, prevé que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Morelos, serán competentes para conocer de los conflictos individuales que se susciten con el presente Reglamento. De lo anterior es inconcuso que en el caso, el juicio de amparo deviene improcedente, y que el impetrante deberá acudir a las instancias ordinarias, en el caso, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación administrativa que une al quejoso con la autoridad que en el presente asunto se precisó como responsable. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.T. J/39 (10a.), que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA)". Dicho de otra manera, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre integrante de la Policía del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos y la dependencia para la que prestó sus servicios, con motivo del desarrollo de éstos, si no se vinculan con su suspensión remoción o con el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo. Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria [de supra a subordinación]; sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "instancia ordinaria" para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. En las relatadas circunstancias, se desecha la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIll, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustentan, la jurisprudencia de Registro digital 2014236visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, página 1426, de rubro y texto: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." -Lo resaltado es propio- DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, que es de la literalidad siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL MEDIOS NO PROCESALES En otro aspecto indíquese al promovente que no ha lugar a tener por señalado como domicilio procesal los medios electrónicos que señala (números telefónicos y correo electrónico), toda vez que conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativas a la serie de medidas preventivas frente al coronavirus covid-19; éstos únicamente son formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales; no así notificaciones formales; máxime que tampoco se encuentran contemplados en la Ley de la Materia. No obstante a lo anterior, acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que establezca contacto con dicha parte procesal en caso de considerarlo necesario para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá ser registrado y su caso asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. SE HABILITA ACTUARIOS EN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por último, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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