Antonio Contreras Arellano
Expediente 2005/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2005/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Antonio Contreras Arellano
Actuaciones
- Incidental
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito signado por ***, quejosa en el presente asunto, por el que desahoga la visa dada en auto de ocho de noviembre del año en curso, y al efecto precisa que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y será tomado en consideración en su momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda promovida por el quejoso ***, por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 2005/2023-1-A, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. PROCEDENCIA A su vez, se admite la presente demanda, atendiendo a que del análisis integral de la demanda, se desprende que la quejosa reclama como actos destacados: " (.) La discusión, aprobación y emisión de la LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO, particularmente sus artículos 20, en relación con su diverso 14; y 36 en relación con el 40 (.)". "(.) La discusión, aprobación y emisión de la LEY DE CONTROL VEHICULAR PARA EL ESTADO DE HIDALGO, particularmente el primer párrafo del artículo 26. (.)" La discusión, aprobación y emisión de las REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, particularmente los puntos 3.2.4 y 3.3.4. "(.) El acto discriminatorio en sí mismos consistente en la omisión de creación de placas de discapacidad y a su vez de auto ecológico, respecto de mi vehículo híbrido que detallaré en el apartado de antecedentes. (.)" - "(.) La discusión, aprobación y emisión del PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023, particularmente el punto 2.2. (.)" Lo que hasta este momento podría actualizar la hipótesis de procedencia prevista en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que al momento de resolver el presente asunto sean precisados, en términos del artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado en último término. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, III y X Constitucionales, 37, 107, fracción VI, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo vigente a partir del día tres de abril de dos mil trece, SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE AMPARO. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En términos del considerando DECIMO SEGUNDO del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, en relación con los artículo 3 párrafo séptimo y 128 segundo párrafo de la Ley de Amparo, fórmese por separado el original del incidente de suspensión, por haberlo solicitado la parte quejosa. En el entendido que de ser promovidos los recursos de queja y revisión, el duplicado será sustituido por la versión digital disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE) de este juzgado. FECHA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. PETICIÓN DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTOS Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 117, ambos de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días, en el cual, la autoridad expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A su vez, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su respectivo informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta, en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que al rendir informe justificado expresando un hecho falso o negando la verdad de los hechos, es constitutivo de delito en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, y se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. NOTIFICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso c) de Ley de Amparo, emplácese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, vía oficio, anexándole al mismo copia de la demanda de amparo y auto admisorio de referencia. PRUEBAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales públicas que ofrece y anexa a la demanda de amparo; lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de ellas durante el desarrollo de la audiencia constitucional y ser tomadas en consideración al momento de resolver lo que conforme a derecho corresponda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, esto es, el usuario electrónico. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Elizabeth Nava Rivera, Irving Alejandro Galicia Arteaga, Esteban Alain Vera Ángeles, al acreditar contar con registro de cédula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes. ALTA USUARIO Se tiene a la parte quejosa designado el medio en línea para su consulta del expediente electrónico, a través del usuario "Acaeld" Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Oficial Judicial A, dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. COMUNICACIONES NO PROCESALES Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico, para que en caso de ser necesario se realicen comunicaciones no procesales. HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. NOTIFICACIONES DE POSIBLES DIFERIMIENTOS POR LISTA. Se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.
- Incidental
Con las copias simples de cuenta y como se encuentra ordenado en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia, con fundamento en el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 128 y 130 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2005/2023-1-A, promovido por el quejoso ***, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y otras autoridades. SOLICITUD DE INFORMES PREVIOS Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, solicítese el informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos exhibidos por el quejoso. A su vez, en el informe previo las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Con el apercibimiento que de no rendir su respectivo informe, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo. De igual forma, de actualizarse dicho supuesto omisivo, se harán acreedoras a una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de que al rendir su informe previo expresen un hecho falso o nieguen la verdad de los hechos, se les impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo. En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, por tanto, de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) al resolver el fondo del asunto, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Para que tenga verificativo la audiencia incidental se señalan las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL En el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados son: " (.) La discusión, aprobación y emisión de la LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO, particularmente sus artículos 20, en relación con su diverso 14; y 36 en relación con el 40 (.)". "(.) La discusión, aprobación y emisión de la LEY DE CONTROL VEHICULAR PARA EL ESTADO DE HIDALGO, particularmente el primer párrafo del artículo 26. (.)" La discusión, aprobación y emisión de las REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, particularmente los puntos 3.2.4 y 3.3.4. "(.) El acto discriminatorio en sí mismos consistente en la omisión de creación de placas de discapacidad y a su vez de auto ecológico, respecto de mi vehículo híbrido que detallaré en el apartado de antecedentes. (.)" - "(.) La discusión, aprobación y emisión del PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023, particularmente el punto 2.2. (.)" Es importante señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión para los efectos específicos que solicita la parte quejosa, esto es: "(.) Se solicita la suspensión (provisional y definitiva) para el efecto de que la autoridad responsable MTRA. MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS, SECRETARIA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, emita una placa de discapacidad y ambiental (auto híbrido) para el vehículo del suscrito. Se solicita la suspensión (provisional y definitiva) para el efecto de que se otorgue al suscrito el holograma exento para mi vehículo híbrido, condicionado al pago correspondiente, bajo el descuento que amerite por ser una persona con discapacidad. Se solicita la suspensión (provisional y definitiva) para el efecto de que se devuelva al suscrito la cantidad pagada por concepto de impuesto sobre tenencia, actualización de tenencia y recargo de tenencia, en el monto que exceda lo que legalmente correspondía de pago, atendiendo a que fue mal calculado o bien, sin aplicar el descuento respectivo al ser persona con discapacidad, en los términos propuestos en esta demanda de amparo." En esas condiciones, con apoyo en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, se precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte promovente debe cumplir para que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, los cuales a saber son: Que lo solicite el quejoso; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, Que la ejecución del acto autoritario cause perjuicio de difícil reparación (peligro en la demora). No está por demás precisar que previo al análisis del posible perjuicio al interés social o la contravención de disposiciones de orden público que conllevaría la concesión de la medida precautoria solicitada, se requiere como presupuesto lógico (1) que existan los actos reclamados, los que se presumirán como ciertos al proveerse sobre la suspensión provisional, en base a la protesta de decir verdad expuesta por la parte quejosa. Sumado a ello, en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta (2) la naturaleza de los actos reclamados, de lo que se deriva la obligación de verificar si son susceptibles de suspenderse, por lo que deberá tomarse en consideración la clasificación que de los mismos ha hecho la jurisprudencia (consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.). Una vez que se determine la existencia de los actos reclamados en los términos apuntados, así como que éstos sean susceptibles de ser suspendidos, debe determinarse si la parte quejosa (3) tiene derecho a obtener la medida precautoria solicitada, esto es, si cuenta con interés para ello y que, en caso de ser legítimo, deberá el inconforme acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso que se niegue, y la importancia social que justifique su otorgamiento. Se citan en apoyo de lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 98/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 430, con número de registro 2005049, cuyo rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Así como, la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 956, con número de registro 2011840, cuyo rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL RTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA.." Bajo ese contexto, se NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado, por cuanto a hace a los efectos solicitados por la parte quejosa precisados con anterioridad, ya que de otorgarse la medida cautelar en los términos instados por la parte incidentista se contravendrían las disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, en atención a las consideraciones que a continuación se expondrán. En primer término, cabe aclarar que el concepto de disposiciones de orden público se refiere a aquéllas plasmadas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio; mientras que por interés social se entiende el hecho, acto o situación que reporta a la sociedad una ventaja, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 266/2007-SS, estableció que los conceptos de orden público e interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tendía al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traducía en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por lo anterior, se considera que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiriera un daño que de otra manera no resentiría; un perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa, a la que se niega la medida cautelar. Ahora, la parte quejosa se duele de la "LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO, particularmente sus artículos 20, en relación con su diverso 14; y 36 en relación con el 40; LEY DE CONTROL VEHICULAR PARA EL ESTADO DE HIDALGO, particularmente el primer párrafo del artículo 26; REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, particularmente los puntos 3.2.4 y 3.3.4.; PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023, particularmente el punto 2.2." Luego, de conceder la medida suspensional en los términos que indica la promovente, se vulnerarían las disposiciones de orden público y se contravendría el interés social, pues la sociedad está interesada en que se cumplan con los requisitos previstos en la normatividad aplicable para el tránsito de vehículos conforme a las reglas establecidas en las mencionadas leyes. En otras palabras, la sociedad está interesada en que se vigile y verifique que se cumplan las disposiciones establecidas en las leyes aplicables, y de conceder la medida cautelar en los términos solicitados por la parte quejosa (hasta que cause ejecutoria el juicio de donde deriva este incidente), implicaría por parte de esta potestad, el reconocimiento de un derecho del cual, pues implicaría dar a la medida suspensional efectos restitutivos. Consecuentemente, no se actualiza la hipótesis del invocado artículo 128, fracción II y, por ende, resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión solicitada, al afectarse el orden público y el interés social según se precisó. Por todo ello, no es válido ordenar suspender el acto reclamado en esta instancia constitucional. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL por cuanto hace a las normas reclamadas. Por otro lado respecto de las consecuencias y efectos de los actos reclamados antes citados, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, toda vez que de inicio, por regla general, la suspensión sólo opera contra los actos de autoridad de carácter positivo, es decir, contra la actividad autoritaria traducida en la decisión o ejecución de un hacer. En cambio, no procede la suspensión, contra los actos negativos que constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades, a través de las cuales se rehúsan a hacer algo u omiten efectuar lo impetrado por los gobernados. Asimismo, al resolverse sobre la suspensión no pueden abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues ello equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Atento a ello, se advierte que el acto reclamado consistente en no otorgar placas de discapacidad y a su vez de auto ecológico, respecto de un vehículo híbrido, y entregar holograma exento de verificación, no es un acto susceptible de suspenderse, pues sus consecuencias serán materia del fondo de la sentencia que se emita en el juicio principal. Lo anterior, toda vez que es un acto íntegramente negativo, sin ningún efecto positivo o prohibitivo, del cual puedan hacerse derivar actos consecuentes positivos, contra los cuales proceda la suspensión; y, por tanto, no existe materia para concederla, ya que no puede suspenderse lo que no es susceptible de realizarse. Al respecto, resulta aplicable la tesis 1096, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo VI, parte HO, página 759, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS NEGATIVOS.- SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra ellos es improcedente conceder la suspensión." En otro orden, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las pruebas documentales anexas a su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de éstas al celebrarse la audiencia incidental. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, esto es, el usuario electrónico. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************al acreditar contar con registro de cédula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes. ALTA USUARIO Se tiene a la parte quejosa designado el medio en línea para su consulta del expediente electrónico, a través del usuario ******************** Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Oficial Judicial A, dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. COMUNICACIONES NO PROCESALES Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico, para que en caso de ser necesario se realicen comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. NOTIFICACIONES DE POSIBLES DIFERIMIENTOS POR LISTA Se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia incidental. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.
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