Antonio Cisneros Cuayahuitl

Expediente 565/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
565/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Antonio Cisneros Cuayahuitl

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, quince de diciembre de dos mil veinte. Causa estado auto. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena archivo y destrucción. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Manifestaciones autoridad. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual remite copia certificada de las constancias de notificación del laudo de diez de noviembre del año en curso, dentro del expediente laboral 1098/2018. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el doce de noviembre del presente año, se tuvo a la citada autoridad informando que el diez de noviembre del año en curso, dictó laudo dentro del expediente laboral 1098/2018, remitiendo copia certificada de dicho laudo. Se actualiza causal de improcedencia. En consecuencia de lo anterior, como de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: "[.] la ilegal e injustificada OMISIÓN EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO dentro del Juicio individual de Seguridad Social con número de EXPEDIENTE 1098/2018, radicado en el Libro de Gobierno de la H. Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Tlaxcala [.]" En ese sentido, es evidente que en el presente asunto sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)." De la transcripción anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no esta´ surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejo´ huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Por tanto, como se anunció con anterioridad, si al presentar la demanda (dieciséis de octubre de dos mil veinte), la responsable no había dictado el laudo cuya abstención se reclama y lo realiza hasta el diez de noviembre posterior, es evidente que con ello cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, pues incluso ya se notificó a las partes la aludida resolución. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, al estar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Es aplicable a la anterior consideración, por su identidad jurídica la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Se deja sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la secretaria judicial licenciada Mercedes Salazar Ávila, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de tres días concedido mediante proveído de doce de los cursantes al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, a efecto de que remita este juzgado copia certificada de la notificación al quejoso del laudo dictado en el juicio de origen, transcurre de la presente data al veinticuatro de dicho mes y año. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de noviembre de dos mil veinte. Se recibe laudo y se requiere constancia de notificación del mismo. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual informa que el diez de noviembre del año en curso, dictó laudo dentro del expediente laboral ********************; lo que acredita con la documental que adjunta a su oficio de cuenta en copia certificada. Por lo anterior, a fin de acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en los artículos 61 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia debidamente certificada de la notificación practicada al aquí quejoso del laudo; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del término fijado, se sancionará con una multa por la cantidad que resulte equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Mercedes Salazar Ávila, que autoriza. Doy fe.

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