Antonio Cesar Guzman

Expediente 247/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
247/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2017

Partes del expediente

  • Antonio Cesar Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes; sin que obste el hecho de que el precepto legal invocado se refiera únicamente a las sentencias, en razón de que el auto en cuestión puso fin al presente juicio de garantías; por lo tanto, se equipara a una sentencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que por auto de veintiocho de febrero del presente año, se desechó la demanda de amparo ordenándose notificar a las partes sin embargo, se omitió la publicación del mismo; en consecuencia de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, procédase a realizar la publicación de dicha resolución por lista que se fija en los estrados a fin de que las partes se encuentre debidamente notificadas de la misma. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en veintiuno de febrero de dos mil diecisiete; consecuentemente se provee: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso. El citado precepto legal menciona: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso en concreto, de un estudio íntegro de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado lo siguiente: La notificación del quince de febrero del año en curso del oficio JCAQI/2854/2017 de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, y como de ello que la sentencia del expediente 1492/2016/QI haya causado ejecutoria. Así las cosas, este juzgador considera que que el promovente Antonio Cesar Guzmán en su carácter de Secretario de Juzgado Cívico Municipal del Municipio de Querétaro, se torna improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, 1° y 7º, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 103 Constitucional, que establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrá solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." Para explicar los anteriores artículos se estima oportuno hacer alusión a la interpretación que la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación ha efectuado, en la tesis de jurisprudencia 2ª/J. 45/2003, en cuanto a las relaciones jurídicas que legitiman a aquéllas para ejercitar la acción constitucional. Que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es salvaguardar los derechos fundamentales del gobernado que puedan verse vulneradas por normas generales o actos de la autoridad. Que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o cualquier acto de autoridad que se reclame en esa vía; es decir, se debe atender al principio rector del juicio de amparo denominado instancia de parte agraviada. Que son parte en el juicio constitucional, entre otros, el agraviado y la autoridad responsable; el primero recae en el gobernado quien estima que las garantías individuales que le otorga la Constitución Federal fueron violentadas por la norma general o por el acto de autoridad reclamados y, el segundo, recae en aquel ente facultado por la ley para dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar la norma general o el acto reclamado. Que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, esto es, cuando esa afectación tenga como origen la actuación del organismo público dentro de una relación de coordinación, o sea, cuando realiza actividades como persona moral particular o de carácter privado, pero no cuando están íntimamente relacionadas con el quehacer público que la Constitución y las leyes encomiendan a sus titulares. De lo anterior, se puede observar que los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son prerrogativas creadas en favor de los gobernados con la finalidad de reconocer que sus derechos mínimos sean respetados por el Estado en el ejercicio de poder que llevan a cabo las autoridades, siendo el juicio de amparo el medio legal para frenar la conducta desbordante de los órganos del Estado frente a los gobernados. Por tanto, si bien el Estado por conducto de las personas morales oficiales puede ocurrir en solicitud de amparo y protección de la justicia federal, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, ello será posible sólo cuando se vean afectados en sus intereses patrimoniales; en el entendido de que, para que la persona moral oficial cuente con la legitimación para promover juicio de amparo en contra de normas generales o actos de autoridad, la afectación a sus intereses patrimoniales debe ser derivada o que tenga su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas, el organismo público es una autoridad que crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la afectación a los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales se actualiza cuando tenga como origen actividades que el ente realiza como persona moral de derecho privado o de carácter particular, pero no en funciones que están relacionadas con el quehacer público que la Constitución Federal y demás leyes comunes le encomiendan, en tanto en este último supuesto actúa como autoridad. Por tanto, para que las personas morales oficiales estén legitimadas para ejercitar la acción constitucional, se deben actualizar dos presupuestos de procedencia: El acto reclamado se produzca dentro de la relación de coordinación que las personas morales oficiales sostengan con los particulares o, por carecer de imperio en la actividad relativa, de subordinación respecto de otro ente público, en el que se equipara a un particular como personas morales de derecho privado. El acto o la ley reclamados afecten sus intereses patrimoniales. Por lo que hace al primero de los presupuestos de procedencia, acorde a lo que se puntualizó en párrafo precedentes, un ente público actúa en un plano de igualdad con los particulares como si se tratara de una persona moral de derecho privado (relación de coordinación); o por carecer de imperio, subordinada al ejercicio de facultades de otras autoridades que despliegan sus actos en el ámbito de su competencia administrativa exclusiva, sin abandonar su calidad de ente público (relación de supra a subordinación), pero materialmente como persona de derecho privado. Por su contenido e informe apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 45/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII (junio de 2003), Novena Época, página doscientos cincuenta y cuatro, que dispone lo siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado.". Por tanto, el ordinal 7 de la Ley de Amparo vigente exige que la afectación a los intereses patrimoniales de la persona moral oficial derive o tenga su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado bajo un plano de igualdad en una relación frente a otro gobernado, y si en el caso que se trata el Secretario de Juzgado Cívico del Municipio de Querétaro, (lo que se acredita con la constancia de expedida por la Secretaría de Administración del municipio de Querétaro), acude en demanda de amparo con el carácter de autoridad, señalando como acto reclamado la notificación del quince de febrero del año en curso del oficio JCAQI/2854/2017 de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, y como consecuencia de ello que la sentencia del expediente 1492/2016/QI haya causado ejecutoria, es evidente que no se colman los requisitos de legitimación que establece el dispositivo citado, en tanto que no se defienden derechos patrimoniales del Municipio de Querétaro. Lo procedente encuentra apoyo la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del sexto Circuito, visible en la página 1286, Tomo XII (Octubre de 2000), del Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES AQUÉLLA INTERPUESTA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CUANDO ACUDE COMO AUTORIDAD SIN DEFENDER DERECHOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO RESPECTIVO. De la interpretación armónica de los artículos 103 de la Constitución Política Federal, 1o., 4o. y 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales públicas u oficiales sólo pueden acudir en demanda de amparo como sujetos de derecho privado, a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o ley que se reclame afecte de modo directo sus derechos patrimoniales; por lo que si en la especie el presidente municipal acude en demanda de amparo con el carácter de autoridad, señalando como actos reclamados del procurador general de Justicia de la entidad, entre otras, el que no se haya realizado el nombramiento de agentes del Ministerio Público subalternos en favor de personas propuestas por dicha autoridad, es obvio que resulta improcedente el juicio de garantías intentado y en consecuencia debe sobreseerse en el mismo, en tanto que no se defienden derechos patrimoniales del Ayuntamiento respectivo, sino otros de tipo competencial entre autoridades que pueden ser reclamados por diverso medio." Así también, la diversa sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 1515, Tomo XIX (Marzo de 2004), del Semanario Judicial y su Gaceta, Novena época, que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LO PROMUEVE UNA AUTORIDAD POR ACTOS QUE AFECTEN LOS INTERESES QUE TUTELA COMO ENTE PÚBLICO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo cuando el acto o la ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales y el artículo 1o. de la misma ley, en su fracción I dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; este precepto y fracción son literalmente coincidentes con lo que establece el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal. Lo anterior permite establecer que el juicio de amparo sólo es procedente cuando quien lo impetra es el gobernado por violación a sus garantías individuales, en virtud de los actos o leyes de las autoridades; y tal actuación sólo puede ocurrir cuando la ley o acto autoritario frente al gobernado se da en una relación de supra a subordinación; en esa medida, también pueden ocurrir al amparo las autoridades que se vean afectadas en su patrimonio cuando actúan como entes particulares dentro de la doble personalidad que pueden adoptar en la realización de sus actividades, y siempre que esa lesión la origine una autoridad con sus actos o leyes en una relación de supra a subordinación; por tanto, y por exclusión, el juicio de amparo no es procedente cuando lo promueve una autoridad por actos que afecten el ejercicio de su imperio, esto es, cuando el acto de autoridad que ataca lesiona sus intereses o los intereses que tutela como ente público, dentro de su ámbito de soberanía, pues en este caso existe entre dicha autoridad y la que emite la ley o acto una relación de coordinación, la cual no encuadra en las hipótesis de los artículos 1o., fracción I y 9o. de la Ley de Amparo; en consecuencia, es improcedente el juicio de garantías que promueve un Ayuntamiento municipal contra la Ley de Coordinación Fiscal, por cuanto ésta rige relaciones entre entidades públicas en ejercicio de su soberanía, y para salvaguardar los intereses del ámbito territorial, social y político en el que ejercen su imperio, dentro de una relación de coordinación, no de supra a subordinación, que consiste, entre otros fines, en buscar el bien para beneficio de la comunidad o entidad que representan, a través de la realización de obras que disfrutan sus habitantes, no para obtener mejoras en su patrimonio, entendido como aquel que se integra de los bienes sobre los cuales el ente quejoso tiene dominio, como los inmuebles o muebles que le sirven directamente para llevar a cabo sus funciones administrativas. Conviene precisar que los criterios citados en esta determinación fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, sin embargo al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de acuerdo con su transitorio sexto. Y la tesis X.A.T. J/2 (10a.) sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "PERSONAS MORALES PÚBLICAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN DEFENSA DE ACTOS EMITIDOS EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD. El principal objetivo del juicio de amparo es dirimir cualquier controversia suscitada por leyes o actos que violen derechos humanos, los cuales, como derechos subjetivos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las entidades públicas. No obstante, esa regla admite como excepción el supuesto contenido en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, conforme al cual, las personas morales públicas pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los servidores públicos o representantes que designen las leyes respectivas, cuando el acto o la ley que reclamen afecten sus intereses patrimoniales. Por tanto, carecen de legitimación para promover el juicio contra resoluciones del procedimiento contencioso administrativo, en defensa de actos emitidos en su carácter de autoridad, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que actúan como personas morales de derecho privado." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS INTERPUESTA por Antonio Cesar Guzmán en su carácter de Secretario de Juzgado Cívico Municipal del Municipio de Querétaro, con apoyo en el ordinal 113 de la precitada Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podrían ser estudiadas en la audiencia de fondo que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, por similitud el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido Asimismo, del análisis de las constancias se advierte que obra el billete de depósito XXX expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito; el cual ampara la cantidad de veinte mil pesos en moneda nacional ($20,000.00), en ese sentido, una vez que suceda el plazo que señala el artículo 156 de la Ley de Amparo provéase lo conducente. Finalmente, en el referido auto diez de febrero de dos mil diecisiete, se ordenó la devolución de los documentos originales exhibidos por la parte quejosa; sin que se haya notificado personalmente tal determinación; por tanto a fin de no causar ningún perjuicio a la parte quejosa, se ordena notificar personalmente dicho auto, así como el presente proveído. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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