Antonio Celaya Gamboa

Expediente 241/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
241/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Antonio Celaya Gamboa
  • Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje en Boca del Río, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en el sentido que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el ocho de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que se establece como fecha probable el once de mayo de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior tanto en la carátula del juicio principal como de los cuadernos incidentales. Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Maribel Rodríguez Rojas, secretaria con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe.MRR/Ecg*

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta y su anexo, agréguese a los autos y téngase a la Presidenta de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, rindiendo su informe justificado. Ahora, del escrito inicial de demanda, origen del presente asunto, se advierte que fue promovido por Antonio Celaya Gamboa, alegando la omisión o dilación en dictar el proveído relativo a la admisión de pruebas correspondiente al juicio laboral 693/IX/2014, dentro de los plazos y términos legales que establece la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas; se advierte que en el citado juicio de origen, el veintiocho de marzo del año en curso, fue acordado el material probatorio aportado por los contendientes en el expediente laboral 693/IX/2014, cuya omisión y/o dilación constituye el acto reclamado, como se advierte del proveído firmado por los integrantes de la Junta Local número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el que señalaron diversas fechas y horas para el desahogo de dichas pruebas; auto que fue notificado a la parte actora (aquí quejosa) por comparecencia el veintinueve siguiente, según lo observado en dicha constancia. Por lo anterior, es inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal transcrito se tiene que esta causa de improcedencia opera, entre otros casos, cuando haya quedado sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, lo que trae como resultado que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la pretendida trasgresión constitucional, como si el acto combatido en amparo no hubiera afectado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedarán destruidos como si nunca hubiesen existido. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia en cuestión en el sentido señalado, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la propia autoridad responsable, o bien, por otra facultada para ello. Por lo tanto, para considerar, que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que el acto deba quedar insubsistente, sin huella alguna. Lo anterior, atento a la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, al haberse acordado respecto al material probatorio aportado por los contendientes en el expediente laboral 693/IX/2014 del índice de la responsable e incluso se fijó fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, cuya omisión y/o dilación de proveer constituye el acto reclamado, dentro de los autos del expediente laboral citado del índice de la Junta Local responsable, se pone de manifiesto que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado, porque cesaron los efectos de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo y, en consecuencia, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio constitucional fuera de audiencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2ª./J.10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por cuanto hace a la certificación de la secretaria, en el sentido de que en este asunto se señalaron las diez horas con veinte minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, en razón de lo determinado en este acuerdo, se dejan sin efectos las mencionadas fecha y hora. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 08-04-2022, POR NO ATENDER A LOS AVISOS DE 12-04-2022: .. Boca del Río, Veracruz, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta y su anexo, agréguese a los autos y téngase a la Presidenta de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, rindiendo su informe justificado. Ahora, del escrito inicial de demanda, origen del presente asunto, se advierte que fue promovido por Antonio Celaya Gamboa, alegando la omisión o dilación en dictar el proveído relativo a la admisión de pruebas correspondiente al juicio laboral 693/IX/2014, dentro de los plazos y términos legales que establece la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas; se advierte que en el citado juicio de origen, el veintiocho de marzo del año en curso, fue acordado el material probatorio aportado por los contendientes en el expediente laboral 693/IX/2014, cuya omisión y/o dilación constituye el acto reclamado, como se advierte del proveído firmado por los integrantes de la Junta Local número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el que señalaron diversas fechas y horas para el desahogo de dichas pruebas; auto que fue notificado a la parte actora (aquí quejosa) por comparecencia el veintinueve siguiente, según lo observado en dicha constancia. Por lo anterior, es inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal transcrito se tiene que esta causa de improcedencia opera, entre otros casos, cuando haya quedado sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, lo que trae como resultado que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la pretendida trasgresión constitucional, como si el acto combatido en amparo no hubiera afectado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedarán destruidos como si nunca hubiesen existido. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia en cuestión en el sentido señalado, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la propia autoridad responsable, o bien, por otra facultada para ello. Por lo tanto, para considerar, que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que el acto deba quedar insubsistente, sin huella alguna. Lo anterior, atento a la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, al haberse acordado respecto al material probatorio aportado por los contendientes en el expediente laboral 693/IX/2014 del índice de la responsable e incluso se fijó fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, cuya omisión y/o dilación de proveer constituye el acto reclamado, dentro de los autos del expediente laboral citado del índice de la Junta Local responsable, se pone de manifiesto que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado, porque cesaron los efectos de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo y, en consecuencia, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio constitucional fuera de audiencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2ª./J.10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por cuanto hace a la certificación de la secretaria, en el sentido de que en este asunto se señalaron las diez horas con veinte minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, en razón de lo determinado en este acuerdo, se dejan sin efectos las mencionadas fecha y hora. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales correspondientes, el escrito signado por los quejosos, Janai Reyes Cambrano, José Miguel García Joaquín y Francisco Alexander Paz Mora, mediante el cual desahogan la vista que les fue otorgada en proveído de once de marzo del año en curso, respecto de las constancias remitidas por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en este expediente el veinticinco de febrero pasado, las cuales serán tomadas en consideración al momento de que este órgano jurisdiccional, en atención de lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pronuncie la resolución en la que declare si dicha sentencia se encuentra cumplida o no lo está. En el entendido que conforme con lo establecido en el diverso numeral 192 de la ley de la materia, tal pronunciamiento se realizará, en su caso, una vez que se reciba el testimonio de la sentencia que en su momento emita el tribunal colegiado en materia penal de este circuito que conozca del recurso de revisión que los mencionados quejosos interpusieron en contra de la aludida sentencia dictada en este juicio de amparo, respecto del cual se ordenó dar trámite en proveído de veintidós de marzo en curso. Notifíquese

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