Antonio Castro Silva
Expediente 1230/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 27 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1230/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 27/11/2015
Partes del expediente
- Antonio Castro Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintidós de octubre de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
En cumplimiento al auto de veintitrés de febrero de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del veintitrés de octubre de dos mil quince, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar personalmente por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la tercero interesada Máximo Reynaldo Carrillo Simental, el auto de veintidós de octubre de dos mil quince, QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 13892, 17629, 21610, 23394, 24277 y 26202, las autoridades responsables manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables, en lo que interesa, al Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: "El emplazamiento al juicio ordinario civil 21/2011, instaurado por Máximo Reynaldo Carrillo Simental en contra del quejoso, y en consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento, en especial, el embargo de los derechos que le corresponden al peticionario como socio de la Unión de Propietarios de Carritos al Servicio del Turismo y Pasaje en General de Pangas para Embarque de Pasaje y Similares, Agentes de Pasaje y Dueños de Embarcaciones para Amarar Barcos en el Puerto de Ensenada, que se realizó en cumplimiento a la sentencia que lo condenó al pago de las prestaciones que le fueron reclamadas." Ahora bien, mediante resolución firmada el veintitrés de abril de dos mil quince, emitida por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el veinte de mayo de la presente anualidad, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California: a) Reponga el procedimiento y deje insubsistente el emplazamiento practicado al quejoso y, por ende, las actuaciones posteriores, incluida la sentencia definitiva y el remate realizado en ejecución de la misma, en el juicio ordinario civil 21/2011, debiendo proveer lo necesario para emplazar al peticionario. [.]" ACTOS DE AUTORIDAD Por oficios registrados con los folios 13892, 17629, 21610, 23394, 24277 y 26202, las autoridades responsables informaron que procedieron en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditaron con las constancias que acompañaron; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior se evidencia por el hecho de que el juez responsable, mediante acuerdo de veintidós de mayo de dos mil quince, dictado en el juicio ordinario civil 21/2011 de su índice -dejó insubsistente el emplazamiento practicado al ahora quejoso Antonio Castro Silva, así como todas y cada de las actuaciones posteriores, incluso, la sentencia definitiva y remate - y en el diverso de uno de julio del citado año -ordenó girar oficios a diversas dependencias para la localización del domicilio cierto y actual del ahora quejoso Antonio Castro Silva-, sin que fuera posible localizarlo. De tal suerte que agotó los medios de localización para llevar a cabo su emplazamiento, tan es así que solicitó a este juzgado se le proporcionara el domicilio señalado en autos, con el objeto de que cumpliera con el fallo protector. ANÁLISIS EVALUATIVO En ese sentido, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo, quedó subsanada al dejar -la autoridad responsable- insubsistente el acto de autoridad que constituyó lo reclamado en esta instancia y proveer lo necesario para emplazar a juicio al peticionario de amparo. Así es, como ya se vio, el amparo se concedió a efecto de: - Que reponga el procedimiento y deje insubsistente el emplazamiento practicado al quejoso; - Dejar insubsistentes las actuaciones posteriores, incluida la sentencia definitiva y el remate realizado en ejecución de la misma, en el juicio ordinario civil 21/2011; y - Deberá proveer lo necesario para emplazar al peticionario. De las constancias que integran el presente asunto, así como de los efectos que han quedado precisados, se aprecia que para dar cumplimiento a la sentencia, el juez responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de mayo de dos mil quince por el que dejó insubsistente el emplazamiento de siete de septiembre de dos mil once, practicado al ahora quejoso Antonio Castro Silva, y por ende, dejó insubsistentes las actuaciones posteriores al mismo, lo que desde luego incluyó la sentencia definitiva y remate. Consecuentemente, a fin de que se procediera a realizar el emplazamiento ordenado al ahora quejoso Antonio Castro Silva, mediante acuerdo de uno de julio de dos mil quince, dictado en el juicio ordinario civil 21/2011, la autoridad responsable giró medios de localización para identificar el domicilio cierto y actual del quejoso, y una vez que las dependencias correspondientes informaron lo propio, la citada autoridad ordenó el emplazamiento del peticionario de amparo en los mismos, resultando infructuoso, tal como se desprende de las razones actuariales que acompañó en copia certificada. Luego entonces, no obstante haber agotado los medios necesarios para localizar y emplazar al quejoso, solicitó a este juzgado le proporcionara el domicilio señalado en los presentes autos, sin embargo, informó que le resultó imposible llevar a cabo el llamamiento, de ahí que dicha autoridad proveyó lo relativo a su emplazamiento, sin que este se verificara. Como se ve, la autoridad responsable dio cumplimiento con los lineamientos de la sentencia en la que se ordenó que repusiera el procedimiento y se proveyera lo necesario para emplazar al peticionario de amparo. Lo anterior es así, pues si bien es cierto no se llevó a cabo el emplazamiento de Antonio Castro Silva, sin embargo lo anterior no fue porque la autoridad no haya proveído lo necesario para su emplazamiento a juicio, sino se debió a causas ajenas al encargado de la diligencia, e imputables a la actora, como ya se vio, por lo tanto, esto no implica que la autoridad haya dejado de observar la ejecutoria y que por ello exista defecto; sino por el contrario, se cumplió con el núcleo esencial de la sentencia emitida, dado que la autoridad responsable proveyó lo necesario para llevar a cabo su emplazamiento, sin que se efectuara. Apoya la anterior determinación, la tesis 1a. CLVII/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 438, tomo XXX, Septiembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuya sinopsis es: "CARGAS PROCESALES RELACIONADAS CON EL IMPULSO PROCESAL. ATENTO AL PRINCIPIO DISPOSITIVO, EL LEGISLADOR PUEDE ESTABLECERLAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. En los juicios de derecho público, en los que normalmente se ventilan cuestiones que interesan y afectan a toda la sociedad, prevalece el principio inquisitivo del procedimiento, en términos del cual, el juzgador tiene la facultad y la función de llegar a la verdad de los hechos mediante el empleo de todos los medios a su alcance. En cambio, en los juicios de derecho privado, donde se afectan únicamente intereses particulares, como son, salvo excepciones muy concretas, los juicios del orden civil, debe prevalecer el principio dispositivo sobre el inquisitivo, pues en términos del primero, son las partes quienes encauzan y determinan el desarrollo del procedimiento, porque en éste se ventilan sus propios intereses; de manera que el juez debe conformarse con llegar a la mayor veracidad posible respecto de los hechos controvertidos, a través de los medios de convicción y argumentos que aporten las partes. Esto es, en este tipo de procedimientos pesa sobre las partes el impulso procesal; de ahí que al regular estos juicios, atento al mencionado principio dispositivo, el legislador puede establecer cargas procesales relacionadas con el impulso procesal, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de procurar una pronta impartición de justicia y dar celeridad al procedimiento, el cual es una concatenación sucesiva de etapas en que la procedencia y naturaleza de cada una depende de la manera en que concluyó la anterior." A mayor abundamiento, resulta inconcuso que la autoridad responsable cumplió con el núcleo esencial de la ejecutoria, que estableció que se proveyera lo necesario para emplazar al peticionario de amparo, circunstancia que desplegó de acuerdo a la legislación que regula el acto reclamado; máxime que no resultaría factible esperar a que el mismo se lleve a cabo, dado que no podría ser materia de estudio en el cumplimiento que ahora se analiza. Resulta aplicable, la tesis VI.2o.C.626 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1412, tomo XXVIII, Septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuya sinopsis es: "SENTENCIA DE AMPARO. AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLA EN LA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJARA INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO DE ORIGEN, Y SE ORDENARA LA LEGAL REALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO, NO PUEDEN ANALIZARSE LOS VICIOS DE LA NUEVA DILIGENCIA DE LLAMAMIENTO A JUICIO. Al resolver sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo, en la que se concedió la protección constitucional para el efecto de que el Juez de lo Civil responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen y ordenara la legal realización del emplazamiento del demandado, no pueden analizarse los vicios de los que pudiera adolecer la nueva diligencia de llamamiento a juicio, pues ésta no forma parte del núcleo esencial de la violación por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. Esto es así, porque si en la ejecutoria correspondiente no se impuso a dicha autoridad la obligación de realizar materialmente el nuevo emplazamiento, sino que únicamente se le conminó a que ordenara que éste se practicara, es inconcuso que la nueva diligencia de llamamiento a juicio no está comprendida dentro de las conductas y actuaciones que la referida autoridad responsable debía desplegar para dar cumplimiento al fallo protector, por lo que las irregularidades que pudieran viciarla no pueden ser materia de análisis al resolver sobre éste." En las relatadas condiciones y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que las autoridades responsables, acataron el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
En cumplimiento al auto de veintitrés de febrero de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del siete de octubre de dos mil quince, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar personalmente por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la tercero interesada Máximo Reynaldo Carrillo Simental, el auto de seis de octubre de dos mil quince, que dice: Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el 1. Juez Tercero Civil de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, el cual se relaciona con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la presente fecha las responsables 1. Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia y 3. Actuarios adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia, ambas con residencia en esta ciudad, hayan cumplido cabalmente con la ejecutoria pronunciada en este juicio; ni mucho menos que del libro de gobierno se desprenda promoción en el sentido de que las referidas autoridades hayan realizado manifestación alguna sobre el cumplimiento a la misma desde el once de septiembre del presente año (fojas 398 a 403); en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en autos, o en su caso, informen las gestiones tendentes a cumplimentarla, apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, en términos del ordinal 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, en turno, para continuar con el trámite ahí previsto para la inejecución.
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