Antonio Castillo Medina
Expediente 102/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Castillo Medina
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días, para que el quejoso ********************, recurriera el auto de dos de febrero de este año, en el que se desechó su demanda de amparo. Se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Recepción y registro de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Antonio Castillo Medina, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 102/2023-II. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgado se encuentra obligado a precisar el acto reclamado por el quejoso en consideración a todos los datos que emanen de la demanda de amparo, en atención a la intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, al fijar el acto reclamado, el juzgador de amparo debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, la lectura íntegra de la demanda permite advertir que el quejoso reclama la resolución de doce enero de dos mil veintitrés, dictada por la Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, en el expediente C-697/2016 de su índice, mediante la cual confirma el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que lo tuvo desinteresado de la prueba confesional a cargo de Alfonso Castillo Medina. No pasa desapercibido el hecho que en el capítulo de actos reclamados, haya señalado como tales los autos de ocho de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veintidós, sin embargo, sobre ellos no realiza ningún pronunciamiento a fin de combatirlos por vicios propios. En todo caso, la impugnación contra el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós sería extemporánea, pues el quejoso también informó que éste se le notificó el nueve de noviembre de dos mil veintidós, y si lo reclama hasta ahora es evidente que no es oportuno pues el plazo transcurrió del once de noviembre al dos de diciembre de dos mil veintidós. Ahora, el diverso auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, consiste en la determinación que combatió a través del recurso de revocación, que dio origen al acto reclamado en la presente instancia. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación, pues sólo produce efectos en aspectos adjetivos que puede remediarse en el fallo definitivo que en su momento dicte el juzgador de origen. El acto que reclama el promovente del amparo no es de imposible reparación, pues el hecho de que lo hayan tenido desinteresado de la prueba confesional a cargo de Alfonso Castillo Medina, dentro del juicio C-697/2016, es un acto intraprocesal que puede ser reparado en definitiva en caso de que el demandado -aquí quejoso- obtenga sentencia favorable, y así, puede no producir ningún efecto o perjuicio. Y para el caso de que la sentencia le sea desfavorable, está en aptitud de hacer valer tal circunstancia como violación procesal, puede promover juicio de amparo directo en contra de tal determinación conforme al artículo 172, fracción III de la Ley de amparo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), estableció que la jurisprudencia P./J. 4/2001, según la cual la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, debía estudiarse en amparo indirecto, ya que con esa decisión se afectaba a las partes en grado predominante o superior, no es aplicable en los asuntos tramitados bajo la vigencia de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. La razón toral que expuso el Pleno la Corte para determinar que la Ley de Amparo vigente interrumpió la aplicabilidad de la jurisprudencia que permitía el análisis de la acción de amparo en la vía indirecta contra actos intraprocesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior fue que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante la disposición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo. Además, la Corte agregó que para analizar actos emitidos dentro de un proceso judicial o jurisdiccional en la vía indirecta de amparo, éstos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, es decir, que fueran susceptibles de afectar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por las anteriores razones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que: "(.) dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." [Énfasis añadido] Conforme la anterior jurisprudencia, la cual es obligatoria para este juzgado de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, se tiene que el juicio de amparo procede contra actos en juicio -intraprocesales- cuyos efectos sean de imposible reparación, entendido como tal los que afecten materialmente derechos sustantivos. En el caso, el quejoso reclama la resolución que confirmó el auto en el que lo tienen desinteresado de la prueba confesional a cargo de Alfonso Castillo Medina, que ofreció en el juicio natural. Luego, de acuerdo con las consideraciones apuntadas, el acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues sólo produce una afectación a derechos adjetivos que puede remediarse en el fallo definitivo que en su momento dicte el juzgador familiar, y en caso de que la sentencia sea desfavorable a los intereses del quejoso, podrá hacer valer dicha violación procesal al promover juicio de amparo directo en contra de tal determinación, conforme con el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales3, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho. Transparencia y protección de datos personales Con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante Bertha Maciel García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Vista la demanda de amparo promovida por Antonio Castillo Medina, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 102/2023-II. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgado se encuentra obligado a precisar el acto reclamado por el quejoso en consideración a todos los datos que emanen de la demanda de amparo, en atención a la intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, al fijar el acto reclamado, el juzgador de amparo debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, la lectura íntegra de la demanda permite advertir que el quejoso reclama la resolución de doce enero de dos mil veintitrés, dictada por la Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, en el expediente C-697/2016 de su índice, mediante la cual confirma el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que lo tuvo desinteresado de la prueba confesional a cargo de Alfonso Castillo Medina. No pasa desapercibido el hecho que en el capítulo de actos reclamados, haya señalado como tales los autos de ocho de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veintidós, sin embargo, sobre ellos no realiza ningún pronunciamiento a fin de combatirlos por vicios propios. En todo caso, la impugnación contra el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós sería extemporánea, pues el quejoso también informó que éste se le notificó el nueve de noviembre de dos mil veintidós, y si lo reclama hasta ahora es evidente que no es oportuno pues el plazo transcurrió del once de noviembre al dos de diciembre de dos mil veintidós. Ahora, el diverso auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, consiste en la determinación que combatió a través del recurso de revocación, que dio origen al acto reclamado en la presente instancia. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación, pues sólo produce efectos en aspectos adjetivos que puede remediarse en el fallo definitivo que en su momento dicte el juzgador de origen. El acto que reclama el promovente del amparo no es de imposible reparación, pues el hecho de que lo hayan tenido desinteresado de la prueba confesional a cargo de Alfonso Castillo Medina, dentro del juicio C-697/2016, es un acto intraprocesal que puede ser reparado en definitiva en caso de que el demandado -aquí quejoso- obtenga sentencia favorable, y así, puede no producir ningún efecto o perjuicio. Y para el caso de que la sentencia le sea desfavorable, está en aptitud de hacer valer tal circunstancia como violación procesal, puede promover juicio de amparo directo en contra de tal determinación conforme al artículo 172, fracción III de la Ley de amparo. La razón toral que expuso el Pleno la Corte para determinar que la Ley de Amparo vigente interrumpió la aplicabilidad de la jurisprudencia que permitía el análisis de la acción de amparo en la vía indirecta contra actos intraprocesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior fue que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante la disposición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo. Además, la Corte agregó que para analizar actos emitidos dentro de un proceso judicial o jurisdiccional en la vía indirecta de amparo, éstos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, es decir, que fueran susceptibles de afectar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso, el quejoso reclama la resolución que confirmó el auto en el que lo tienen desinteresado de la prueba confesional a cargo de Alfonso Castillo Medina, que ofreció en el juicio natural. Luego, de acuerdo con las consideraciones apuntadas, el acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues sólo produce una afectación a derechos adjetivos que puede remediarse en el fallo definitivo que en su momento dicte el juzgador familiar, y en caso de que la sentencia sea desfavorable a los intereses del quejoso, podrá hacer valer dicha violación procesal al promover juicio de amparo directo en contra de tal determinación, conforme con el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo. se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información..."
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